Ley 2213 de 2022: las TIC al servicio de la Administración de Justicia
DOI:
https://doi.org/10.24142/indis.v8n15a4Palabras clave:
Ley, artículo, decreto, TIC, derechoResumen
En el presente ensayo, basado en una revisión bibliográfica sobre las TIC (Tecnologías de la Información y las Comunicaciones), se desarrollan los aspectos esenciales de la ley 2213, ley que posibilita implementar TIC en procesos judiciales.
Igualmente, contiene una revisión bibliográfica sobre cómo se llevan a cabo el uso de las TIC en otros países de América Latina, teniendo en cuenta sus avances y retrocesos, así como la relación que se establece entre el derecho y las TIC en materia jurisprudencial, en aquellos casos en los que pueda ser más eficiente.
Por último, se desarrolla la tesis sobre la administración de justicia y la ley 2213 de 2022, sus diferencias y similitudes sustanciales, así como las críticas y observaciones tanto a la ley como al decreto 806 de 2020.
Al final se dan a conocer las principales conclusiones y consideraciones una vez hecha la revisión bibliográfica y elaborado el ensayo, así como la idea de dejar líneas abiertas para que otros investigadores o interesados en el tema, continúen indagando sobre el mismo.
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Referencias
Centro de Estudios de Justicia de las Américas, CEJA, (2008). Perspectivas de uso e impactos de las TIC en la administración de justicia en América Latina. Recuperado de: https://biblioteca.cejamericas.org/bitstream/handle/2015/3955/Libroblancoe-justicia.pdf
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Becerra, J., Flórez, G., García C., et al. (2015). El derecho y las tecnologías de la información y la comunicación (TIC). Bogotá: Universidad Católica de Colombia.
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Congreso de Colombia (2022). Ley 2213 de 2022 mediante la cual se implementó la justicia digital como legislación permanente. Recuperado de https://cms.law/es/col/publication/ley-2213-de-2022-mediante-la-cual-se-implemento-la-justicia-digital-como-legislacion-permanente.
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Derechos de autor 2023 James Wilber Acevedo Pamplona, Viviana María Gallego Castaño
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Autoría de trabajos científicos
Con el fin de establecer la autoría de los trabajos científicos, la Universidad Autónoma Latinoamericana considera que, dentro de sus publicaciones, se entiende como autor:
- Quien participó en la formulación del problema y la hipótesis.
- Quien conceptualizó, creó, diseñó, estudió, revisó, analizó o interpretó los datos.
- Quien participó en la elaboración creativa o el manuscrito, o edición del análisis estadístico.
- Quien tuvo un papel preponderante en la versión final de la obra o escribió una porción del texto.
- Quien participó en la interpretación de los resultados.
- Quien es el investigador principal del proyecto de investigación y ha generado la idea central de todo el manuscrito.
- Quien tiene la capacidad para explicar y defender porciones del trabajo o de estudio en lugares públicos o académicos (CNRSI, 2008).
- Quien es coautor dentro de la obra por haber participado en alguna de las etapas de la investigación, en cualquiera de los ítems anteriores (“La Comisión de las Comunidades Europeas”, 2005).[1]
[1] Ley 93 de 1998, la sentencia C-1023/12 de la Corte Constitucional Colombiana- 14. En un primer momento, la sentencia en comento adelantó un completo estudio sobre la protección constitucional del derecho de autor, a partir de su consagración en el artículo 61 Constitucion Política de Colombia 1991 Así, estableció las siguientes reglas a ese respecto:
14.1. A partir de la normatividad nacional e internacional sobre la materia, se concluye que la protección jurídica del derecho de autor recae sobre todas aquellas creaciones del espíritu, en el campo científico, literario o artístico, cualquiera que sea el género, forma de expresión, y sin que importe el mérito literario o artístico, ni su destino. Dentro de esta protección, y en los términos mencionados, se incluyen los libros, folletos y otros escritos, sin que se excluya ninguna especie.14.2. El derecho de autor contiene dos tipos de prerrogativas: los derechos morales, que están relacionados con la facultad que tiene el creador, en tanto persona natural, para que su obra se conozca y mantenga su integridad y titularidad, por lo que tienen carácter personal, extrapatrimonial, imprescriptible, irrenunciable, e inalienable. Los derechos morales, en tal sentido, versan sobre (i) el derecho a divulgar la obra; (ii) el derecho al reconocimiento de la paternidad intelectual; (iii) el derecho al respeto y a la integridad de la obra, impidiendo las modificaciones no autorizadas sobre la misma; y (iv) el derecho al retracto, que le permite al autor retirarla del comercio.
De otro lado, los derechos patrimoniales de autor tienen, como su nombre lo indica, contenido económico y se concentran en el pago al creador o a la persona natural o jurídica titular de los derechos por aquellas actividades que involucren la explotación de la obra protegida. Dentro de las variables de esas facultades están (i) el derecho de reproducción material; (ii) el derecho de comunicación pública no material, de representación, ejecución pública y radiodifusión; y (iii) la transformación, traducción, adaptación y arreglo musical, así cómo cualquier otra forma de utilización de la obra.Derechos de propiedad intelectual. Los empleadores y/o financiadores deben velar por que los investigadores se beneficien, en cualquier etapa de su carrera, de la eventual explotación de sus resultados en I+D mediante la adecuada protección jurídica, especialmente en materia de protección de derechos de propiedad intelectual y de derechos de autor. Las políticas y las prácticas deben especificar los derechos que corresponden a los investigadores y/o, en su caso, a sus empleadores u otras partes interesadas, incluidas las entidades comerciales o industriales exteriores, según lo previsto posiblemente bajo acuerdos específicos de colaboración u otros tipos de acuerdo. Coautoría. Al evaluar al personal, las instituciones deben valorar positivamente la coautoría ya que demuestra un planteamiento constructivo de la práctica en la investigación. Por lo tanto, Los empleadores y/o financiadores deben desarrollar estrategias, prácticas y procedimientos que ofrezcan a los investigadores, incluidos aquellos que están al principio de sus carreras, las condiciones necesarias para que puedan disfrutar del derecho a ser reconocidos, mencionados y/o citados, dentro de sus contribuciones reales, como coautores de informes, patentes, etc. o publicar los resultados de su propia investigación, independientemente de sus supervisores (“La Comisión de las Comunidades Europeas”, 2005).
