Bojayá: Una historia de olvido
DOI:
https://doi.org/10.24142/indis.v6n11a1Palavras-chave:
Desplazamiento forzado, interseccionalidad, enfoque diferencial, comunidades afrodescendientes, reparación colectivaResumo
El litigio estratégico, entendido como el manejo jurídico dado a un caso de alto impacto, con la finalidad de propiciar un cambio en la sociedad que vaya más allá del simple interés particular de quien ejerce la acción o hace uso de la respectiva institución jurídica, es una herramienta utilizada frecuentemente por las clínicas jurídicas con el propósito de mejorar las condiciones de un grupo poblacional que ha sido vulnerado en sus derechos.
El presente artículo se propone entonces dar cuenta de la labor que está desarrollando el Grupo de Acciones Públicas (GAPI) en conjunto con el Centro de Estudios Afrodiaspóricos (CEAF), ambos de la Universidad Icesi, a partir del acercamiento de este último Centro con la población étnica afrodescendiente habitante del municipio de Bojayá y especialmente con el grupo de lideresas que habitan su cabecera municipal Bellavista, con la finalidad de otorgar voz y visibilidad a la comunidad directamente afectada por la masacre perpetrada en mayo del año 2002. Con la intervención del GAPI, el CEAF busca obtener a través del trabajo de clínicas jurídicas, una alternativa y reivindicación de los derechos de dicha comunidad, a través del litigio de alto impacto ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH), con la finalidad de conseguir no solamente el cumplimiento de las medidas de reparación y de restitución prometidas por el Estado colombiano a lo largo de los años, sino también saldar la deuda histórica a través de la protección colectiva y diferenciada de tal grupo poblacional.
Dicho trabajo implica un esfuerzo interdisciplinario que conjuga un análisis tanto jurídico, como sociológico, atendiendo a las cualidades étnicoraciales de aquellas comunidades y la necesidad de emplear el enfoque diferencial e interseccional que estas merecen, visibilizando el desplazamiento forzado como un fenómeno que afecta de manera desproporcionada a las comunidades habitantes de la subregión del Atrato en el departamento del Chocó, las cuales históricamente han estado en medio de la confluencia de los actores del conflicto armado, sin ser parte de este.
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Referências
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. (2018). Tendencias globales: desplazamiento forzado en 2017. España: ACNUR.
Auto 005 de 2009 (Corte Constitucional 26 de Enero de 2009).
Bernal, A. C. (2016). Incorporación del análisis interseccional en las sentencias de la Corte IDH sobre grupos vulnerables, su articulación con la interdependencia e indivisibilidad de los derechos humanos.
Bonilla Maldonado, D., Recalde, G., & Luna Blanco, T. (enero-junio de 2017). Justicia de pobres: Una genealogía de los… Revista de Derecho(47), 1-72.
Bonilla Maldonado, D., Recalde, G., & Luna Blanco, T. (2017). Justicia de pobres: Una genealogía de los. REVISTA DE DERECHO, 1-72. Obtenido de http://rcientificas.uninorte.edu.co/index.php/derecho/article/view/8686/9772
Bonilla-Maldonado, D. (2013). Legal Clinics in the Global North and South: Between Equality and Subordination - An Essay. Yale Human Rights and Development Law Journal, 16(1), 1-41.
C-370 de 2006 (Corte Constitucional 18 de mayo de 2006).
Caso Chitay Nech y otros Vs. Guatemala, Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, párrafo 201 (COIDH 25 de mayo de 2010).
Caso de la masacre de Mapiripán Vs. Colombia, Fondo, Reparaciones y Costas, párrafo 175 (COIDH 15 de septiembre de 2005).
Caso de las Comunidades afrodescendientes desplazados de la Cuenca del río Cacarica (Operación Génesis Vs. Colombia, párrafo 87. (COIDH 20 de noviembre de 2013).
Caso de las masacres de Ituango Vs. Colombia, Fondo, Reparaciones y Costas, párrafo 201 (COIDH 1 de julio de 2006).
Caso Masacre de río Negro Vs. Guatemala, Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas (COIDH 4 de septiembre de 2012).
CIDH. (2011). La situación de las personas afrodescendientes en las Américas.
Clavel, T. (21 de septiembre de 2017). Colombia Judicial Corruption Scandal Expands With Fmr Top Judge’s Arrest. Recuperado el 24 de marzo de 2018, de InSight Crime: https://www.insightcrime.org/news/brief/colombia-judicial-corruption-scandal-expands-fmr-top-judge-arrest/
CNRR - Grupo de Memoria Histórica. (2010). Bojayá: La guerra sin límites. Bogotá: Ediciones Semana.
Colombia, C. d. (1997). Ley 388.
Colombia, C. d. (2001). Ley 685.
Colombia, C. d. (2011). Acto Legislativo n.° 5.
Constitución Política de Colombia. (1991).
Corte Constitucional, C 891 (Corte Constitucional 2002).
Corte Constitucional, C 395 (2012).
Corte Constitucional, C-123 (Corte Constitucional 05 de marzo de 2014).
Corte Constitucional, C 273 (2016).
Corte Constitucional, T 445 (2016).
Corte Constitucional, SU 095 (Corte Constitucional 2018).
Declaración y Programa de Acción de Durban (Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados abril de 2009).
Desarrollo, M. d. (2018). Audiencia Pública Consultas Populares sobre proyectos minero energéticos. (C. Constitucional, Entrevistador)
Desplazados Internos, AG/RES. 2508 (XXXIX-O/09) (Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados 04 de junio de 2009).
Ecopetrol, D. d. (2018). Audiencia Pública Consultas Populares Sobre Proyectos Minero Energéticos. (C. Constitucional, Entrevistador)
El Espectador. (9 de 4 de 2018). Estudiantes de Derecho deberán aprobar un nuevo examen para poder graduarse como abogados. El Espectador, pág. 1.
Energía, M. d. (2006). Plan Nacional para el Desarrollo Minero. Bogotá.
Energía, M. d. (abril de 2018). Audiencia pública consultas populares sobre proyectos minero energéticos. (C. Constitucional, Entrevistador)
Estado, A. N. (2018). Audiencia Pública Consulta Popular sobre proyectos minero energéticos. (C. Constitucional, Entrevistador)
Hidrón, J. H. (2015). El Poder Municipal. Bogotá: Escuela Superior de Administración Pública.
Histórica, C. d. (2010). Bojayá: guerra sin límites .
Humanas, C. I. (2011). La situación de las personas afrodescendientes en las Américas.
HUMANOS, C. I. (2011). La situación de las personas afrodescendientes en las Américas.
Ibañez Londoño, A. M. (2008). El desplazamiento forzoso en Colombia: Un camino sin retorno hacia la pobreza. Bogotá: Universidad de los Andes.
Ibañez, A. M. (2009). ¿Cómo superar el desplazamiento? La Corte, la política pública y la crisis del desplazamiento forzado. Bogotá: Universidad de los Andes.
Informe de la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre su Misión de Observación en el Medio Atrato (Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos 20 de mayo de 2002).
Leal, M. C., & Morales, J. F. (2013). Implicaciones ambientales y sociales del modelo extractivista en Colombia. En L. J. Salamanca, Minería en Colombia: Derechos, Políticas Públicas y Gobernanza (pág. 214). Bogota: Contraloría General de la Nación.
Londoño Toro, B. (2016). Los cambios que requieren las clinicas juridicas iberoamericanas. Estudio de caso en seis paises de la región. Boletin mexicano de derecho comparado(146), 119 -148.
Marion, Y. I. (2011). Responsabilidad por la justicia. Madrid: Morata.
Minera, A. N. (2018). Audiencia Pública Consultas populares sobre proyectos mineroenergéticos. (C. Constitucional, Entrevistador)
Molina Betacur, C. M. (10 de marzo de 2016). ¿El fin de los consultorios jurídicos en las facultades de Derecho? Obtenido de Ambito Jurídico: https://www.ambitojuridico.com/noticias/academia/educacion-y-cultura/el-fin-de-los-consultorios-juridicos-en-las-facultades-de
Molina Betancur, C. M. (12 de 12 de 2013). Las prácticas judiciales en las facultades de Derecho. Obtenido de https://www.ambitojuridico.com/noticias/academia/educacion-y-cultura/las-practicas-judiciales-en-las-facultades-de-derecho
Montes, R. E. (2013). Derechos, minería y conflictos. En P. P. Minería en Colombia: Derechos, Luis Jorge Garay Salamanca (pág. 214). Bogota: Contraloría Genral de la República.
Morales, J. F. (2012). Políticas Mineras en Colombia. Bogota: Instituto Latinoamericano para una sociedad y un Derecho alternativo.
Nino, C. S. (1980). Introduccion al analisis del derecho. Buenos Aires: Astrea.
Orduz, C. G. (2010). El desplazamiento forzado de los afrocolombianos .
Por los Derechos Humanos. (s. f.). Historia del pleito jurídico por la quebrada La Picacha. Obtenido de Por los Derechos Humanos.com: https://www.porlosderechoshumanos.com/?s=la+picacha
porlosderechoshumano.com. (4 de 20 de 2018). Historia del pleito jurídico por la quebrada La Picacha. Obtenido de porlosderechoshumano.com: https://www.porlosderechoshumanos.com/historia-de-la-quebrada-la-picacha-contada-por-la-clinica-juridica-de-udem/
Principios Rectores de los Desplazamientos Internos de las Naciones Unidas (Comisión de Derechos Humanos 11 de febrero de 1998).
Principios sobre la restitución de las viviendas y el patrimonio de los refugiados y las personas desplazadas, E/CN.4/Sub.2/2005/17 (Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas 28 de junio de 2008).
Rodolfo, S. (2001). El derecho de la sobrevivencia: la lucha de los pueblos indígenas contra el racismo .
Rodríguez Garavito, C., Alfonso Sierra, T., Cavelier Adarve, I., & Antonio Rosero, F. (2009).
Raza y derechos humanos en Colombia: informe sobre discriminación racial y derechos de la población afrocolombiana. Bogotá: Universidad de los Andes.
Sentencia SU 090 de 2000 (Corte Constitucional 02 de febrero de 2000).
T-025 de 2004 (Corte Constitucional 22 de enero de 2004).
T-602 de 2003 (Corte Constitucional 23 de julio de 2003).
Valencia, F. V. (2013). Minería, conflicto armado y despojo de tierras: impactos, desafíos y posibles soluciones jurídicas. En L. J. Salamanca, Minería en Colombia: Derechos, Políticas Públicas y Gobernanza (pág. 214). Bogotá: Contraloría General de la República.
Velasquéz, H. (2012). El trabajo social de los consultorios ¿necesidad u obstaculo? Revista FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS, 51’76.
Vignoli, R. (2001). Vulnerabilidad y grupos vulnerables: un marco de referencia conceptual mirando a los jovenes, Organización de Naciones Unidas, Santiago de Chile.
Villa, H. V. (2010). Cartas de batalla: una crítica del constitucionalismo colombiano. Bogotá: Panamericana Editorial.
Zamora, G. R. (2013). Participación del Estado y la Sociedad en la Renta Minera. En L. J. Salamanca, Minería en Colombia: Derechos, políticas públicas y Gobernanza (pág. 214). Bogotá: Contraloría General de la República.
Zapata, D. C. (2012). Autonomía territorial y potestad normativa reglamentaria de los Concejos municipales. Medellín: Universidad de Antioquia.
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- Liderança ou Liderança: mostra o número de artigos de um país ou instituição ou pesquisador
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[1] Lei 93 de 1998, sentença C-1023/12 do Tribunal Constitucional da Colômbia- 14. Inicialmente, a sentença em questão realizou um estudo completo sobre a proteção constitucional dos direitos autorais, com base em sua consagração no artigo 61 Constituição Política da Colômbia 1991 Assim, estabeleceu as seguintes regras a esse respeito:
14.1 A partir dos regulamentos nacionais e internacionais sobre o assunto, conclui-se que a proteção legal dos direitos autorais recai sobre todas as criações do espírito, no campo científico, literário ou artístico, independentemente do gênero, forma de expressão e independentemente do mérito literário ou artístico ou de seu destino. Dentro desta proteção e nos termos mencionados, livros, brochuras e outros escritos estão incluídos, sem excluir nenhuma espécie. Os direitos autorais contêm dois tipos de prerrogativas: direitos morais, relacionados à faculdade do criador, como pessoa natural, para que seu trabalho seja conhecido e mantenha sua integridade e propriedade, para que sejam pessoais, extra-patrimonial, imprescritível, inalienável e inalienável. Os direitos morais, nesse sentido, tratam de (i) o direito de divulgar o trabalho; (ii) o direito ao reconhecimento da paternidade intelectual; (iii) o direito ao respeito e integridade do trabalho, impedindo modificações não autorizadas; e (iv) o direito de retirada, que permite ao autor retirá-lo da negociação.
Por outro lado, os direitos autorais possuem, como o nome indica, conteúdo econômico e concentram-se no pagamento ao criador ou à pessoa singular ou coletiva que detém os direitos pelas atividades que envolvem a exploração da obra protegida. Entre as variáveis dessas faculdades estão (i) o direito de reprodução do material; (ii) o direito à comunicação pública não material, representação, desempenho público e radiodifusão; e (iii) transformação, tradução, adaptação e arranjo musical, bem como qualquer outra forma de uso da obra. Os empregadores e / ou financiadores devem garantir que os pesquisadores se beneficiem, em qualquer estágio de suas carreiras, da possível exploração de seus resultados de P&D por meio de proteção legal adequada, especialmente na área de proteção dos direitos de propriedade intelectual e de direitos autorais. As políticas e práticas devem especificar os direitos que correspondem aos pesquisadores e / ou, quando apropriado, a seus empregadores ou outras partes interessadas, incluindo entidades comerciais ou industriais externas, conforme previsto possivelmente sob acordos de colaboração específicos ou outros tipos de acordo. Co-autoria. Ao avaliar a equipe, as instituições devem valorizar positivamente a co-autoria, pois demonstra uma abordagem construtiva da prática de pesquisa. Portanto, os empregadores e / ou financiadores devem desenvolver estratégias, práticas e procedimentos que ofereçam aos pesquisadores, incluindo aqueles que estão no início de suas carreiras, as condições necessárias para que possam usufruir do direito de serem reconhecidos, mencionados e / ou citados, dentro de suas contribuições reais, como coautores de relatórios, patentes etc. ou publicar os resultados de suas próprias pesquisas, independentemente de seus supervisores ("A Comissão das Comunidades Europeias", 2005).
