La tutela: ¿Requisito administrativo o acción constitucional?

Resumen

El propósito del presente escrito es analizar el alcance del artículo 86 de la norma primaria colombiana, para determinar su naturaleza de acción constitucional, o en su defecto, si se trata de un requisito administrativo que exigen algunos servidores públicos y entidades del Estado, para hacer efectivo el cumplimiento de los derechos humanos y fundamentales que consagra la Constitución Política de Colombia, 1991, dentro del ordenamiento jurídico colombiano. 

En suma, la Ley 1474, Estatuto Anticorrupción, 2011, es una herramienta de naturaleza legal que fortalece la función pública, como estrategia de una gestión de calidad, para prevenir el daño antijurídico a los coasociados y que sea el Estado el establecimiento de la defensa jurídica de garantías constitucionales, reconociendo las marcadas diferencias de las relaciones generales y especiales de sujeción.

Con base en lo anterior, la existencia normativa no implica que el sistema estructural del Estado funcione de manera armónica; tampoco, que la indebida aplicación teórica de los servidores públicos, que representan el poder del Estado, signifique un error de las categorías deónticas que conforma el sistema jurídico. Por lo tanto, el punto de equilibrio para racionalizar los trámites administrativos y satisfacer un adecuado servicio a los ciudadanos es concientizar, capacitar, vigilar y sancionar al funcionario del Estado. No es dable permitir el uso reiterado e injustificado de procedimientos judiciales como la tutela, para impulsar o concretar un derecho subjetivo, el cual está reglado conforme al mandato del artículo 6 constitucional, es decir, los particulares realizarán todo aquello que no se encuentre prohibido, a diferencia de los servidores públicos, que efectuarán todo aquello que se encuentre permitido, bajo el mandato del principio de legalidad.

La acción de tutela, según el artículo 86 de la Carta Política de 1991, es el mecanismo por el cual los ciudadanos pretenden reclamar la protección inmediata de sus derechos fundamentales, cuando consideren han sido afectados o amenazados por las autoridades públicas o entidades privadas. Asimismo, bajo la modalidad de proceder de algunos funcionarios públicos, ante las solicitudes verbales o escritas presentadas por los sujetos de derecho, puede entenderse que se ha ido constituyendo como un requisito administrativo, y no como una verdadera acción constitucional.