El principio de oportunidad en los delitos contra la administración pública. Análisis crítico

Resumo

El Principio de Oportunidad se encuentra consagrado en el artículo 323 de la Ley 906 de 2004, modificado por el artículo 1 de la Ley 1312 de 2009, como la facultad constitucional que le permite a la Fiscalía General de la Nación, no obstante la existencia de fundamento para adelantar la persecución penal, suspenderla, interrumpirla o renunciar a ella, por razones de política criminal, según las causales taxativamente definidas en la ley, con sujeción a la reglamentación expedida por el Fiscal General de la Nación y sometido a control de legalidad ante el Juez de Garantías.

La regulación del principio de oportunidad en lo relacionado con los delitos contra la administración pública, resulta particularmente problemática, en su aplicación, no solamente porque existen varios tipos penales contra la administración pública, en los cuales el sujeto activo no es calificado, porque no debe ostentar la calidad de servidor público, sino también porque no permite la aplicación de este principio, a los particulares, que actúan en un delito de sujeto activo calificado, ya sea a título de cómplices, intervinientes o determinadores. En el caso del cohecho, la aplicación de este principio, se torna sobremanera difícil en la práctica, en cuanto se exige la reparación integral, lo que no se compadece con la figura del cohecho, en cuanto a través de ella, no se causa un perjuicio económicamente valorable a la administración pública.