La interdisciplinariedad en el ámbito probatorio de casos ambientales. Una propuesta desde la experiencia del Grupo de Acciones Públicas
Palabras clave:
derecho al ambiente sano, Grupo de Acciones Públicas (GAP), interdisciplinariedad, dificultades probatorias, acceso a la justicia, interés públicoResumen
El objetivo principal de este texto es mostrar cómo las dificultades probatorias en los asuntos ambientales que ha asumido el Grupo de Acciones Públicas de la Universidad del Rosario (GAP), en el marco de sus acciones de litigio estratégico y educación legal clínica, están ampliamente relacionadas con la ausencia de un enfoque interdisciplinar al decretar, practicar y evaluar pruebas por parte del juez. Dicha falta tiene efectos sobre los derechos que se pretenden proteger en las acciones de tipo ambiental, dentro de los que se encuentran derechos de carácter fundamental, como el acceso a la administración de justicia, y colectivos como el derecho al ambiente sano.
Para exponer dichas dificultades probatorias se analizan tres casos adelantados por la Clínica Jurídica, el primero es la acción popular instaurada a favor del parque público Sunrise Park en San Andrés; el segundo es la acción popular instaurada en contra de la explotación aurífera denominada La Colosa en Cajamarca y, finalmente, se expone la acción popular interpuesta en contra de la expedición irregular del pot del municipio de La Calera.
En virtud de las dificultades mencionadas, se plantean algunas propuestas para generar cambios en las instituciones del Estado, de tal manera que sea más eficiente y efectiva la designación y financiación de dictámenes periciales y la ejecución de inspecciones judiciales, entre otros medios probatorios relevantes para la defensa del interés público.
Citas
Araújo, R. M. (2011). “Acceso a la justicia efectiva. Propuesta para fortalecer la justicia administrativa. Visión de derecho comparado”. Revista Estudios Socio-Jurídicos, 13.
Cuevas, A. (2014). “La Colosa afectaría páramos del Tolima”. El Espectador. Recuperado de http://www.elespectador.com/noticias/medio-ambiente/colosa-afectaria-paramos-del-tolima-articulo-466736
Jantsh, E. (1980). “Hacia la interdisciplinariedad y la trandisciplinariedad en la enseñanza”. Revista de la Educación Superior, (34), p.142.
Londoño, B., Guiza L. y Rodríguez C. D. (2015). “La judicialización de los conflictos ambientales: un estudio del caso de la cuenca hidrográfica del río Bogotá”. Revista Internacional de Contaminación Ambiental, 31(2).
Minaberry, C. M. (2015). “El avance de la implementación de los Tribunales Ambientales en América Latina”. Revista Gestión y Ambiente, 18(2), p. 97.
Molina, C. A. (2012). “La Enseñanza Clínica del Derecho, presupuestos metodológicos y teóricos para la inclusión de la interdisciplinariedad en la formación jurídica”. Revista Ratio Juris, 7(15).
Plumer, M. C. (2013). “Los Tribunales Ambientales se completa la reforma a la institucionalidad ambiental”. Anuario de Derecho Público UDP, pp. 298-315
Sarmiento, J. (2009). La participación y la interdisciplinariedad como elementos de gestión ambiental-educativa para la construcción de lineamientos curriculares de educación ambiental. Estudio de caso Gimnasio Vermont. Localidad de Suba. Bogotá, Colombia: Pontificia Universidad Javeriana. Facultad de Estudios Ambientales y Rurales.
Tilbury, D. y Hernández-Ramos, M. J. (2006). “Educación para el desarrollo sostenible, ¿nada nuevo bajo el sol?: consideraciones sobre cultura y sostenibilidad”. Revista Iberoamericana de Educación, (40).
Jurisprudencia
Normas y leyes
L. 472/1998
L. 20600/2012
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Autoría de trabajos científicos
Con el fin de establecer la autoría de los trabajos científicos, la Universidad Autónoma Latinoamericana considera que, dentro de sus publicaciones, se entiende como autor:
- Quien participó en la formulación del problema y la hipótesis.
- Quien conceptualizó, creó, diseñó, estudió, revisó, analizó o interpretó los datos.
- Quien participó en la elaboración creativa o el manuscrito, o edición del análisis estadístico.
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- Quien participó en la interpretación de los resultados.
- Quien es el investigador principal del proyecto de investigación y ha generado la idea central de todo el manuscrito.
- Quien tiene la capacidad para explicar y defender porciones del trabajo o de estudio en lugares públicos o académicos (CNRSI, 2008).
- Quien es coautor dentro de la obra por haber participado en alguna de las etapas de la investigación, en cualquiera de los ítems anteriores (“La Comisión de las Comunidades Europeas”, 2005).[1]
[1] Ley 93 de 1998, la sentencia C-1023/12 de la Corte Constitucional Colombiana- 14. En un primer momento, la sentencia en comento adelantó un completo estudio sobre la protección constitucional del derecho de autor, a partir de su consagración en el artículo 61 Constitucion Política de Colombia 1991 Así, estableció las siguientes reglas a ese respecto:
14.1. A partir de la normatividad nacional e internacional sobre la materia, se concluye que la protección jurídica del derecho de autor recae sobre todas aquellas creaciones del espíritu, en el campo científico, literario o artístico, cualquiera que sea el género, forma de expresión, y sin que importe el mérito literario o artístico, ni su destino. Dentro de esta protección, y en los términos mencionados, se incluyen los libros, folletos y otros escritos, sin que se excluya ninguna especie.14.2. El derecho de autor contiene dos tipos de prerrogativas: los derechos morales, que están relacionados con la facultad que tiene el creador, en tanto persona natural, para que su obra se conozca y mantenga su integridad y titularidad, por lo que tienen carácter personal, extrapatrimonial, imprescriptible, irrenunciable, e inalienable. Los derechos morales, en tal sentido, versan sobre (i) el derecho a divulgar la obra; (ii) el derecho al reconocimiento de la paternidad intelectual; (iii) el derecho al respeto y a la integridad de la obra, impidiendo las modificaciones no autorizadas sobre la misma; y (iv) el derecho al retracto, que le permite al autor retirarla del comercio.
De otro lado, los derechos patrimoniales de autor tienen, como su nombre lo indica, contenido económico y se concentran en el pago al creador o a la persona natural o jurídica titular de los derechos por aquellas actividades que involucren la explotación de la obra protegida. Dentro de las variables de esas facultades están (i) el derecho de reproducción material; (ii) el derecho de comunicación pública no material, de representación, ejecución pública y radiodifusión; y (iii) la transformación, traducción, adaptación y arreglo musical, así cómo cualquier otra forma de utilización de la obra.Derechos de propiedad intelectual. Los empleadores y/o financiadores deben velar por que los investigadores se beneficien, en cualquier etapa de su carrera, de la eventual explotación de sus resultados en I+D mediante la adecuada protección jurídica, especialmente en materia de protección de derechos de propiedad intelectual y de derechos de autor. Las políticas y las prácticas deben especificar los derechos que corresponden a los investigadores y/o, en su caso, a sus empleadores u otras partes interesadas, incluidas las entidades comerciales o industriales exteriores, según lo previsto posiblemente bajo acuerdos específicos de colaboración u otros tipos de acuerdo. Coautoría. Al evaluar al personal, las instituciones deben valorar positivamente la coautoría ya que demuestra un planteamiento constructivo de la práctica en la investigación. Por lo tanto, Los empleadores y/o financiadores deben desarrollar estrategias, prácticas y procedimientos que ofrezcan a los investigadores, incluidos aquellos que están al principio de sus carreras, las condiciones necesarias para que puedan disfrutar del derecho a ser reconocidos, mencionados y/o citados, dentro de sus contribuciones reales, como coautores de informes, patentes, etc. o publicar los resultados de su propia investigación, independientemente de sus supervisores (“La Comisión de las Comunidades Europeas”, 2005).
