Introducción
Para el Estado colombiano desde el discurso, lo formal, simbólico y normativo el
fenómeno paramilitar llegó a su fin con la desmovilización de los 34 bloques
militares que componían las Autodefensas Unidas de Colombia AUC en el año
2005. Luego de un doble periodo presidencial del gobierno de Álvaro Uribe Vélez
quien promovió la desmovilización de por lo menos 12 mil miembros de este grupo
armado, el cual no solo realizaba labores propias del paramilitarismo o supuesto
apoyo irregular al gobierno en contra de las guerrillas, sino que sus miembros eran
a su vez reconocidos narcotraficantes como lo evidencia el caso de alias Adolfo
Paz o Don Berna (Diego Murillo Bejarano), y su asesor Antonio López, alias Job
(Caracol, 2015) (espectador, 2015) (Grajales, 2011) Ello ilustra la delgada línea
que existe entre el paramilitarismo, el gobierno de turno y el crimen organizado.
Los orígenes del conflicto en Colombia son multicausales (Guzmán et all 1988),
derivados de asuntos como las constantes crisis políticas a lo largo de la historia
(Leal Buitrago, 1987), la lucha contra los enemigos imaginarios como el
comunismo y la búsqueda de la seguridad (Leal Buitrago, 2011), las luchas
guerrilleras y el paramilitarismo en Colombia (Insuasty Rodríguez, Valencia
Grajales, & Agudelo Galeano, 2016) como a nivel local municipal, departamental y nacional (Insuasty Rodríguez, Valencia Grajales, & Restrepo Marín, 2017), la
falta de un adecuado control constitucional e ineficacia de las instituciones
judiciales (Valencia Grajales, 2018), un ejército diezmado, ineficaz, ineficiente,
ante la falta de estrategias militares, sin equipo, sin hombres, y por momentos
demasiado politizado (Insuasty y Valencia Grajales, enero 2011), además de la
dictadura ejercida de facto por medio de pactos o intrigas (Valencia Grajales, 2014)
sumado finalmente a que no ha existido el monopolio de la fuerza por parte del
Estado y por el contrario esté se lo ha entregado a particulares con normas como el
Estatuto de Defensa Nacional (Decreto 3398 de 1965 y ley 48 de 1968), las
Asociaciones Comunitarias de Vigilancia Rural (Convivir, Decreto 356 de 1994) y
teniendo claro que desde la ley 69 del 2 de noviembre de 1928, la posibilidad de
crear movimientos sociales, políticos o de disidencia fuera de los partidos
existentes estaban prohibidos.
A lo anterior se debe añadir que el desarrollo económico al igual que la guerra ha
sido un asunto regionalizado, y que depende de elementos tales como el
desplazamiento por razones de la violencia o por las necesidades económicas,
surgidas de la falta de oportunidades en el campo, la falta de vías, una
industrialización sectorizada y focalizada en unas pocas ciudades, las dificultades
geográficas, el gamonalismo político y la fragmentación de los recursos públicos
(Leal Buitrago 1987)
Sin embargo, la violencia se articula a los factores productores o fuentes de la
riqueza, sean de carácter lícito o ilícito, ya que en el pasado cercano, entre los años
de 1920 a 1980 se dependió principalmente del creciente aunque incipiente
desarrollo industrial, determinado por la CEPAL y organismos internacionales
como el Banco Mundial BM y Banco Interamericano de Desarrollo BID, pero con
problemas estructurales de huelgas, eliminación sistemática de los sindicatos,
además de la precarización de los empleos (Kalmanovitz, 2010), mientras los
periodos que van desde los años ochenta en adelante estarán marcados por la
construcción de una cultura ilegal del narcotráfico, la delincuencia organizada y la
corrupción política como caldos de cultivo constante que determinan los hilos
políticos, sociales y culturales.
Antioquia: elementos para la geopolítica.
La capital del departamento de Antioquia es Medellín, la cual es la segunda ciudad
más poblada del país. El departamento se ubica al noroeste de Colombia. Hace
parte de la región Andina. Limita al norte con el mar Caribe (océano Atlántico),
con los departamentos de Córdoba y Bolívar, al este con Santander y Boyacá, al
sur con Caldas y Risaralda, y al oeste con Chocó. Según estimados poblacionales
2018 tiene 5.974.788 habitantes (El Espectador, 2019) y una extensión territorial,
63.600 km², (DANE, 1998) siendo el segundo más poblado (El Espectador, 2019) y el sexto más extenso, después de Amazonas, Vichada, Caquetá, Meta y Guainía
(DANE, 1998).
El departamento comprende nueve subregiones (Valle de Aburrá, Norte, nordeste,
Bajo Cauca, Magdalena Medio, occidente y Uraba) y 125 municipios. La mitad de
la población reside en el área metropolitana del Valle de Aburrá. La economía del
departamento genera el 13.9 % del PIB colombiano, obteniendo, después de
Bogotá, el segundo lugar (DANE, 1998).
En relación con su situación geoestratégica Antioquia se ubica como un
departamento con salida al mar caribe por el noroeste (Cámara de Comercio de
Medellín, 2008). Este acceso al océano Atlántico por vía del mar Caribe, hace parte
de la planeación que el empresariado Antioqueño tiene a 2050 para su incursión en
el mercado internacional y que se constituyó en uno de los principales proyectos
políticos de la gobernación 2016-2019 del Gobernador de Antioquia Luís Pérez
Gutiérrez, y continua su camino de la mano del Gobernador Aníbal Gaviria, aunque
con representación de un Gobernador encargado pues la familia Gaviria tiene un
15% de las acciones en el puerto que se construye (Decreto 526 de 2020).
Dentro de lo proyectado por el gobierno departamental encontramos, una propuesta
de desarrollo del potencial productivo, realizando énfasis en la protección de los
suelos agrícolas y agropecuarios (con el apelativo de protección de seguridad
alimentaria, aunque los proyectos se centran en monocultivos y la ganadería;
pretenden generar responsabilidad social y paisajista desde las empresas pecuarias;
exigiendo la reforestación por parte de los comerciales, pero sin aclarar cómo o
conque tipo de árboles se realizara o si solo se trata de resembrar las mismas
variedades de explotación; también se busca reordenar la actividad minera, sin
embargo, reordenar no resuelve problemas como la contaminación a gran escala
del mercurio, el cianuro y la pérdida del suelo, subsuelo, los ríos, los árboles, los
ecosistemas y la diversidad, además de no tener claro que solo es posible pensar
en su eliminación, ya que el beneficio solo es económico a corto plazo pero es la
perdida de la vida natural de forma perenne.
Igualmente se busca realizar desarrollos urbanos planificados y aunque se piensa
acertadamente en mantener las bajas densidades, evitar la conurbación, regular y
controlar ello no explica como impedir que en regiones donde se promoverá la
minería no se atiborre de personas en búsqueda de riquezas; hay un elemento
interesante dentro de lo propuesto en el plan de desarrollo como lo es la búsqueda
de conectar lo urbano y los regional, lo que permitiría un crecimiento equilibrado,
porque se elimina la presión de vivir en los mismos sitios.
Se asume el desarrollo como un elemento no diferenciador, sino como única forma
de hacer las cosas, lo regional como un pilotaje de un método para emprender obras de gran calado, sustentado en el despojo, en tanto el tiempo siempre cuenta a la
hora de hacer negocios, así se transita entre la imposición violenta y la imposición
político-administrativa, tarea que implicó transitar entre la captura electoral y el
control territorial armado legal e ilegal.
En ésta lógica se presentó y desarrolló el proyecto “Antioquia la mejor esquina de
América” que como eje estructurador buscaba avanzar en genera las condiciones
de infraestructura para conectar la región con el mercado global, proceso que ya
lleva varias décadas implementándose:
Esta visión nació en 1998, mediado por la Ordenanza 012, el Plan Estratégico de
Antioquia (Planea), fruto de la articulación de empresarios, políticos y sector
público con el fin de anclar la región al mercado global. “En el año 2020, Antioquia
será la mejor esquina de América, justa, pacífica, educada, pujante y en armonía
con la Naturaleza”: Antioquia la mejor esquina de América 2020.
Pero, ¿qué ha implicado?, toda una previa estrategia de guerra y terror como hoy
poco a poco va quedando en evidencia gracias a múltiples investigaciones entre las
que se resalta la realizado por Claudia López (2007) quien aseguró que existió una
ruta del avance del accionar paramilitar en cabeza de las Autodefensas Unidas de
Colombia-AUC en su último periodo de consolidación, durante los años 1997 y
2007. las declaraciones de líderes paramilitares en las versiones libres de Justicia y
Paz, instancia surgida gracias a la Ley 975 de 2005, que fuera el marco jurídico de
justicia transicional, promovido por el gobierno de Álvaro Uribe y aprobada por el
Congreso, fruto del proceso de desmovilización de paramilitares en Colombia
(Monsalve Gaviria, 2020) y los avances en los procesos adelantados ante la
Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), una de la varias instancia del Sistema de
Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición con el fin de satisfacer los derechos
de las víctimas, asegurar la rendición de cuentas por lo ocurrido, garantizar
seguridad jurídica y garantizar la convivencia, la reconciliación y la no repetición,
fruto del acuerdo de Paz firmado entre las Farc y el Gobierno nacional (Farc -
Gobierno de Colombia, 2016), en cabeza de Juan Manuel Santos, la firma se hizo
pública gracias a una ceremonia realizada el 26 de septiembre de 2016, luego de
varios años de negociación (La República, 2019).
El objetivo de las élites era y es desarrollar a Antioquia, proyecto en el que Urabá
juega un papel de primer orden por su posición geográfica estratégica (Gobernación
de Antioquia, 2012) para el desarrollo portuario como salida y entrada del añorado
mercado global, sumado a ello, una zona de altar riqueza mineral (Molano, 2009),
su riqueza productiva agrícola y ganadera (Borja Bedoya, y otros, 2016), fuentes
hídricas, la puerta de entrada/salida hacia regiones de gran riqueza natural, todo un
paraíso.
Esta apuesta fue y es gestada y apalancada por multinacionales, élites económicas,
políticas en el que han puesto a jugar diversas estrategias criminales.
“… la Gobernación de Antioquia, la Alcaldía de Medellín, la Asociación Nacional
de Empresarios de Colombia (Andi), Uniban, Banacol, la Asociación de
Bananeros de Colombia (Augura), la Fundación para el progreso de Antioquia
(Proantioquia). La planificación, los diseños, estudios y concesión de la obra, se
calcula que dure tres años y está estimado en USD140 millones”. (Legiscomex,
2013)
Se aseguraba que:
“La ubicación de un puerto de gran envergadura en Urabá es beneficiosa para
Medellín y Antioquia, porque facilitaría el acceso de esta región a mercados
globales, al impulsar la producción industrial y comercial del país. Además, el
terminal marítimo se convertiría en la zona de mayor progreso económico y social
del departamento, a través de su cercanía con el canal de Panamá y el fácil acceso
a los mercados de EE UU y Sudamérica” (Legiscomex, 2013)
La construcción de la infraestructura portuaria de Urabá, sería un logro para la
región, lo que a su vez facilitaría el aumento de las posibles exportaciones e
importaciones. También permitiría y requeriría de la interconexión eléctrica con
Panamá que desde ya hace algún tiempo y para las multinacionales ha sido un
anhelo.
“Y Antioquia no quiere quedarse atrás de esa dinámica, por lo que desarrolla,
actualmente, soluciones portuarias en la subregión de Urabá con los que espera
mover el desarrollo de la región. “Han sido tantos los intentos que ha tenido
Antioquia para tener su puerto que, a veces, creíamos que iba a ser una obra
imposible”, dijo el gobernador de Antioquia Luis Pérez. Actualmente, a falta de
uno, son tres los que se están llevando a cabo y que este año concretaron su
construcción: Puerto Antioquia, Puerto Pisisí, en Turbo y Darién International
Port, en Necoclí. No compiten. Los gestores de cada proyecto coincidieron en
opinar que si otras zonas portuarias, Buenaventura, Santa Marta, Cartagena o
Barranquilla, tienen varios puertos, Urabá puede tener tres. “Si Cartagena tiene
18 muelles ¿Por qué Urabá no puede tener tres o hasta más? Esto ayuda a la
dinámica económica” (Mercado, 2017)
Ahora bien, la conectividad, implica, además, la construcción de vías, ferrocarriles,
dragados para la navegabilidad, vías de última generación, aeropuertos y
desarrollos en tecnología de punta para el control del cargue, descargue, transporte
y seguridad de las mercancías. Todo este entramado provocaría que se dispare la
necesidad de desarrollos tecnológicos y consumo de energía, ésta última deberá ser
resuelta con hidroeléctricas o microcentrales para el desarrollo de las obras y sobre todo, para abastecer el sector extractivo y sostener la infraestructura generada
puertos, aeropuertos, etc.
Imagen 1: Megaproyecto Autopista de la prosperidad.
Fuente: El Colombiano (Ospina Zapata, 2015)
Mapa 5: Proyecto Canal Seco. Urabá.
Fuente: El Colombiano (Loaiza Bran, 2017)
Este avance del desarrollo, contempla de manera prioritaria la formalización de la
propiedad, sin embargo, podría ser contraproducente, porque la tierra comienza a
perder el valor del uso (cultivar, pan coger) y gana en valor de cambio, capturando
el mayor interés de inversionistas foráneos ya que las tierras fértiles o aptas para el
turismo terminaran disparando su valor, esto de cara a un Estado que se niega a ser
eficiente en la protección de sus comunidades afro, indígenas y campesinas,
protegiendo a grandes inversionistas e impulsando megaproyectos a todo dar,
generando fuertes desplazamientos hacia el interior de las ciudades ante la
violencia que se desata en éstos territorios, agravada o aupada por un funcional
abandono del Estado, es decir el abandono como forma de presencia, en tanto es la que permitiría acelerar los procesos de expulsión y cambios de uso de suelo, a costa
de los derechos de habitantes y comunidades que cuentan con otras lógicas de
producción, relacionamiento, cosmovisiones, etc.
Todo este escenario y la manera como se implementa termina, además, atentando
contra la potencialidad del uso agrícola, piscícola y agropecuario, porque dichos
proyectos disminuyen o limitan el uso de la tierra por que se inunda o por cambio
de humedad, o pérdida de fuentes hídricas subterráneas, o por evaporación en los
casos de las microcéntrales lo que impacta le ciclo biológico de especies que
dependen del agua y su flujo. Es decir, atenta contra esas otras formas de
organizarse, relacionarse, estar en contacto con la naturaleza, otras formas locales
de economía, cultura, tradiciones que, para las élites dominantes y gestoras de éste
desarrollo hegemónico, parecen no contar.
Estas proyecciones del desarrollo, ancladas a dinámicas geoeconómicas globales
que se asumen por élites empresariales, políticas, militares y criminales en
Colombia, han generado una reorganización de las diversas estrategias de control
de los territorios, una dinámica que se repite una y otra vez. Por un lado, se gesta
un abandono funcional del Estado, administraciones que toman decisiones públicas
que empobrecen a las comunidades, las marginalizan dejándoles pocas opciones
para derivar sus sustento, resquebrajando así su tejido familiar y social, ante estas
dificultades algunos deciden habitar otras regiones e incluso buscar mejor futuro
en la ciudad, quienes se quedan y resisten ven cómo va llegando paulatinamente
alternativas económicas categorizadas como ilegales (minería, cultivos de uso
ilícito, etc.) cambiando la composición cultural de su territorio, un realidad qué
hará de esos codiciados territorios un objetivos para la intervención militar en
cabeza de gobiernos que ven la seguridad como la única opción, más que la real
inversión social y el desarrollo de la vida campesina, indígena, afro como
alternativa. Así se inicia una cruenta disputa legal, ilegal, paralegal sin fin, por el
dominio de estos territorios.
Por ende, es precisamente ésta riqueza y formas de imponer una sola idea de
desarrollo, una gran maldición para las formas sociales locales, en tanto entrelaza
intereses de Multinacionales, élites económicas nacionales y locales, actores
armados que entran a hacer parte como el paramilitarismo, el Ejército, la policía y
las guerrillas, entrando a disputar visiones de territorios y/o ganar una mejor
posición para la ganancia o para quienes a sueldo, gestan lo que se requiera para
que el plan trazado por la élite rinda fruto. Pareciera ser un eterno retorno de lo
mismo.
Desde los años sesenta hace presencia el Ejército Popular de Liberación Epl, las
Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia Ejército del Pueblo - Farc- Ep. Las
Autodefensas intensificaron su accionar en la zona a partir de 1987 consolidándose a partir de 1994 cuando las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá ACCU
irrumpieron en el eje ganadero del Urabá antioqueño (Acnur, 2004). Y aún hoy
(2020), luego de la firma del acuerdo de sometimiento con los grupos Paramilitares
en Colombia, y la firma del acuerdo de Paz con las Farc-Ep, el control armado
ilegal continúa. Se dispara entonces, la proliferación de grupos armados
organizados, como es el caso de las llamadas Bacrim (Bandas criminales) o Grupos
Armados Organizados (Gaos), compuestos por estructuras paramilitares que
siguieron su accionar aún y la firma de un acuerdo de sometimiento en el Gobierno
de Álvaro Uribe (2003) reductos de las guerrillas amnistiadas o que firmaron
acuerdos de paz, guerrillas activas y el accionar cuestionado tanto del Ejercito
como de la Policía, todos ellos vienen haciendo demostraciones de control
territorial en zonas del país, en éste caso, en el Urabá, el Norte de Antioquia, el
Área Metropolitana del valle de Aburra, en tanto el proyecto de desarrollo de
Antioquia incluye como eje estratégico, articulador y centro de negocios e
intercambios, a modo de correa de transmisión, a la ciudad de Medellín. De hecho,
en octubre de 2019, se presentó ya, una prospectiva de la ciudad como la
Megaciudad a 2050, anclada a las regiones de manera directa (El Colombiano,
2020) el paso que sigue al proyecto Antioquia la mejor esquina de América.
Actores reconfigurados, del conflicto territorial en Antioquia.
Según el informe de la Coordinara Colombia Europa Estados Unidos (2017) en
Antioquia la fuerza pública está distribuida de la siguiente manera, la Policía
Nacional se encuentra presente por medio del Departamento de Policía de
Antioquia, el Departamento de Policía de Urabá y el Departamento de Policía del
Valle de Aburrá; el Ejército Nacional, por medio de la Séptima División, es
responsable de todas las subregiones contando con aproximadamente 23.000
efectivos (Coordinación Colombia Europa Estados Unidos - CCEEU Nodo
Antioquia, 2017, pág. 20).
Con relación a la presencia paramilitar en Antioquia plantea que “En Antioquia,
tras el proceso de desmovilización de los paramilitares, se ha registrado una
reconfiguración de estas estructuras. Según la cartografía social, el 96% (121) de
los municipios en Antioquia reportan presencia paramilitar” (Coordinación
Colombia Europa Estados Unidos - CCEEU Nodo Antioquia, 2017, pág. 11)
Luego de ello presenta la georreferenciación del fenómeno:
Mapa 4: Presencia paramilitar en Antioquia 2017
Tomado de Coordinación Colombia Europa Estados Unidos - CCEEU Nodo
Antioquia, 2017, pág. 12.
Así mismo, plantea que, en los 121 municipios reportados con presencia de grupos
paramilitares, 69 tienen presencia de un solo grupo paramilitar, 34 de dos grupos y
18 de tres o más estructuras. En su mayoría las denominadas Autodefensas
Gaitanistas de Colombia, han tomado las zonas donde las FARC-EP hacían
presencia, ubicando como ejemplos los municipios de Briceño e Ituango, en la subregión Norte (Coordinación Colombia Europa Estados Unidos - CCEEU Nodo
Antioquia, 2017, pág. 13)
Frente a los incumplimientos estatales de los Acuerdos de La Habana, en el
departamento reductos de las FARC se mantienen en algunas zonas. Para el caso
de Ituango miembros de las columnas móviles del bloque 18 y 36 mantienen
acciones en la zona. Antioquia es el segundo departamento que registra mayor
número de asesinato de excombatientes de las FARC desmovilizado gracias al
acuerdo de Paz (Arias, 2018). Por su parte, en medio del copamiento paramilitar,
los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación ETCR fruto de
acuerdo de Paz, han venido resistiendo al incumplimiento del Estado y ahora a la
llegada de grupos paramilitares.
Todo este movimiento pendular de la violencia se funda y tiene relación estrecha
con las propuestas de reordenamiento territorial o en las zonas de influencia de los
macro-proyectos y ello en dos sentidos, unos porque pretenden controlar los
corredores con fines ilícitos y otra en razón a ser la avanzada que desplaza a los
poseedores o a las personas que se convierten en obstáculos para el desarrollo
hegemónico.
Es así que, a 2020, en el departamento de Antioquia, hacen presentica los
denominados Grupos sucesores del Paramilitarismo, articulados en múltiples casos
con el Ejército y la Policía, grupos emergentes articulados a mafias locales y
minería ilegal quienes siguen articulados a sectores empresariales y políticos e
inciden en las contiendas electorales de manera decisiva, así mismo, disidencias de
las Farc, el Eln y reductos del Epl.
El control paramilitar: ¿la estrategia del desarrollo regional?
Para los investigadores Héctor Zuluaga y Alfonso Insuasty las dinámicas del
conflicto armado en Antioquia se enmarcaron en estrategias regionales, a partir del
análisis de dos regiones Oriente y Urabá, se marcan la similitud de las
características durante la toma militar del departamento y la posterior
consolidación política de un modelo de desarrollo económico dirigido desde las
zonas urbanas (Zuluaga Cometa & Insuasty Rodriguez, 2018).
Para describir y entender la consolidación de la dirección urbana de la dominación
paramilitar, se presentarán los elementos de genealogía del paramilitarismo en
Medellín cómo la ciudad más importante en el departamento y que aún se encuentra
como el eje de la consolidación de la hegemonía política y militar.
En el texto elementos para una genealogía del paramilitarismo en Medellín
Rodríguez, Valencia Grajales, & Agudelo Galeano plantean
“…su accionar se extendió a otros campos como el político, en razón a su
crecimiento económico y militar, sumado a circunstancias extraordinarias como el
asesinato de Alberto Uribe Sierra en la finca Guacharacas ubicada en el municipio
de San Roque (Antioquia), padre de quien sería gobernador de Antioquia y luego
presidente por dos periodos de Colombia: Álvaro Uribe Vélez. Estas
circunstancias, así como la del congresista César Pérez García quien sería señalado
de la masacre de Segovia-Antioquia, pero que finalmente le será indilgada al
movimiento Muerte a Revolucionarios del Nordeste donde hubo nexos con las
Autodefensas Campesinas de Puerto Boyacá y Fidel Castaño Gil, terminaran por
generar una conexión con miembros del Estado que definieron en ese momento el
rumbo del país. (Sentencia tribunal de Justicia y Paz, contra Edilberto de Jesús
Cañas y otros, 2015; Insuasty Rodríguez, Valencia Grajales, & Agudelo Galeano,
2016, p.31)”
Se ubica este hecho como el hito fundacional de muchas más estructuras
paramilitares en Antioquia y la búsqueda de unificación bajo el mando
Autodefensas Unidas de Colombia AUC.
Igualmente se señala la creación de las Convivir cómo parte de la estrategia de
control antes del fenómeno denominado paramilitarismo en cabeza del Bloque
Metro y después de este.
Otro elemento que permitió el desarrollo del paramilitarismo en Antioquia fue el
acompañamiento y promoción por parte de miembros del Ejército Colombiano.
Donde la participación se realizó por medio de las escuelas como la escuela de
caballería en la cual el excoronel Plazas Vega según la sentencia torturó 11
personas y luego los hizo desaparecer (Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Bogotá Sala Penal, 2012, R. 2008-00025; Juzgado Tercero Penal del Circuito
Especializado, 2010; (Insuasty Rodríguez, Valencia Grajales, & Restrepo Marín,
2017, p.93). realizadas y se menciona al teniente Luís Meneses Báez del Batallón
Bárbula como ejemplo de uno de los colaboradores (Insuasty Rodriguez, Valencia
Grajales, & Agudelo Galeano, Elementos para una genealogía del paramilitarismo
en Medellín, 2016, pág. 33).
Hasta aquí tres actores fueron sumándose al fenómeno paramilitar: dueños de
grandes extensiones de tierra, dirigentes políticos (representantes del estado) y el
ejército colombiano. A la par, grandes compañías bananeras, Palmeras, ganaderos,
y el desarrollo de grandes proyectos de infraestructura vial. (Insuasty Rodriguez,
Valencia Grajales, & Agudelo Galeano, Elementos para una genealogía del
paramilitarismo en Medellín, 2016, pág. 37)
Criminalidad – Empresa – Estado, ¿la trinidad del desarrollo?
Los avances en la Justicia Especial para la Paz, la Comisión de la Verdad y diversos
informes de Ong, van dando cuenta también, de las alianzas entre Ejercito, Política, narcos, empresarios, guerrillas y políticos, como un asunto de vieja data y que aún
hoy se repite:
“Alejandra Miller, comisionada de la verdad, manifestó a parte de las economías
ilegales, la presencia de diversos grupos armados, el abandono del estado y las
disputas por la tenencia de la tierra, esas alianzas entre integrantes de la Fuerza
Pública y los grupos ilegales, es otro de los factores de generación de violencia
en este territorio. “Nos hablan de alianzas entre Fuerza Pública, narcotráfico y
minería ilegal, aunque es muy difícil deslindar uno de otro. Hay un testimonio
aportado por un oficial del Ejército en el que se muestra nexos entre militares y
carteles mexicanos”, expresa la comisionada” (Quilindo, 2020).
El anterior fragmento hace referencia a la Realidad que vive el territorio Caucano.
Por su parte, Lyner Palacio líder social sobreviviente de la masacre de Bojayá
perpetrada el 2 de mayo de 2002, fruto de la cruel guerra entre paramilitares,
ejército y guerrillas en el Chocó (Colombia) mediante carta enviada al presidente
Duque en enero (2020) advierte que:
“La actuación de los grupos paramilitares de las AGC (Autodefensas Gaitanistas
de Colombia, o 'clan del Golfo') se realiza en connivencia con la Fuerza Pública
asentada en el río Atrato y en muchos otros sectores de la región del Pacífico, esto
contradice la legitimidad de un gobierno que postula como principio de
intervención la legalidad” (El Tiempo, 2020).
Al mismo tiempo, en el caso del Chocó, que guarda una fuerte relación con
Antioquia, se asegura que:
“Muchos analistas del conflicto encuentran una relación directa entre el inicio de
la guerra en el Atrato y las primeras concesiones de títulos de Tierras de
Comunidades Negras (TCN) de acuerdo a la Ley 70 de 1993, también conocida
como la ley de las comunidades negras. Los primeros títulos colectivos fueron
concedidos en 1996 para pequeñas comunidades del Atrato y, en seguida, se
procedió a la titulación de los territorios de la ACIA (Asociación Campesina
Integral del Atrato). Entre el año 1996 y el 2001 (los tiempos de la primera
arremetida paramilitar), se legalizaron, según el INCORA (Instituto Colombiano
de la Reforma Agraria), 65 títulos de TCN que correspondían a casi 2,7 millones
de hectáreas que beneficiaron a 144.000 personas. La tierra salió del esquema
privado y comenzó la gestión comunitaria de las mismas y eso, según la lógica de
los armados y sus directores intelectuales, la alejaba de la especulación o del
expolio”(…) Hace un siglo el enemigo se llamaba Anglo Colombian
Development, South American Gold and Platinum Company, Chocó Pacific o A.f
& T.Melux, después se llamó Maderas del Darién, ahora puede denominarse
Glencore, Bailey Minerals NL o Anglogold Ashanti… Los enemigos son muy
grandes porque el tesoro que guardan estas serranías es inmenso. (Gómez Nadal,
2020)
Es una región empobrecida, pero muy conectada con el empresariado antioqueño
para la extracción y comercialización del oro y otros minerales, la Palma de Aceite,
la industria maderera, también por los megaproyectos allí trazados como el Puerto
de Tribugá, entre otros (Insuasty Rodríguez, El Pacífico entre fuegos, 2020). La
mayor empresa de Cobre ubicada en el Atrato, por ejemplo, está en manos de la
Familia Gaviria, Aníbal Gaviria fue de hecho alcalde de Medellín (2012-2015) y
Gobernador de Antioquia (2004 – 2007) y repite como Gobernador (2020-2023).
En el norte de Antioquia, bajo cauca, zonas y corredores estratégicos, donde se
resalta el mega-proyecto Hidroeléctrica Hidroituango otro ejemplo claro de la
relación Criminalidad – Empresa – Estado (Román, Valencia Grajales , Zuluaga
Cometa, & Insuasty Rodriguez, 2020), que también explica lo que acá intentamos
vislumbrar, zona estratégica también por la producción de oro, cultivos de uso
ilícito; se ha denunciado en múltiples oportunidades la relación entre la fuerza
pública, sectores criminales, mafias y políticos: “en el Bajo Cauca antioqueño todas
las bandas criminales que operan allí tienen en sus nóminas a miembros de la
Fuerza Pública. (Restrepo, 2011)
Así mimo, es de recordar que, el Tribunal Superior de Medellín en sentencia de
segunda instancia, fechada el 25 de noviembre de 2017 (Setencia de segunda
instancia. Homicidio Agravado y concierto para delinquir agravado, 2017), afirmó
que la Política, las Fuerzas Militares, la Gobernación de Antioquia, grupos de
ganaderos, comerciantes e industriales se aliaron con los grupos paramilitares en
orden de combatir a esos grupos insurgentes”. Esta sentencia resolvió un recurso
de apelación presentado por los abogados de los hermanos Jaime Alberto y
Francisco Antonio Angulo Osorio, comerciantes de Ituango, Antioquia, quienes
fueron condenados a 30 años de prisión como coautores del homicidio del abogado
y defensor de derechos humanos Jesús María Valle Jaramillo, ocurrido el 28 de
febrero de 1998 en su oficina del centro de Medellín (Verdad Abierta, 2018).,
crimen en el que está señalado el entonces Gobernador de Antioquia Álvaro Uribe
Vélez (1995-1997) período en que el accionar paramilitar registró un alto pico de
crecimiento y expansión.
Otra sentencia suma en ésta línea argumentativa, proferida por la Sala de
Restitución de Tierras del Tribunal Superior de Antioquia (2020), allí se ordenó
compulsar copias a la Fiscalía para investigar penalmente a los propietarios de las
empresas bananeras Uniban, Banacol, Bananeras de Urabá S.A. y a los empresarios
Rosalba Zapata y Felipe Arcesio Echeverry Zapata por el presunto delito de
concierto para delinquir en la financiación voluntaria de grupos paramilitares. Los
hechos indican que se gestó toda una trama del despojo, en la que resultaron
beneficiadas estas importantes empresas exportadoras de banano en Colombia (Proceso Restitución de Tierras. Solicitante Ester Lucía Torres de Novoa y otros
Opositor: Bananeras de Urabá S.A. y otros, 2020).
Vale resaltar, como bien lo afirma Montoya (2020) que el 20 de septiembre del
2019 la Gobernación de Antioquia en cabeza de Luis Pérez Gutiérrez, para seguir
adelante con el proyecto portuario “Puerto Antioquia” uno de los tres puertos en
ejecución, declaro mediante Decreto Departamental (Decreto Departamental,
2019) varios predios en utilidad pública, al menos el 27% de estos predios
pertenecen a personas y empresas financiadoras de la campaña de Aníbal Gaviria
a la Gobernación de Antioquia, a este claro choque de intereses, se suma que
algunas de estas empresas están en el listado de financiadores de los grupos
paramilitares que entregó Raúl Emilio Hasbún ante Justicia y Paz en el 2006 donde
además identifica las fincas de donde salían lo recursos (Montoya, 2020).
Estas son las empresas cuyas fincas se encuentran en la zona que declararon en
utilidad pública y que al tiempo están en el listado de Raúl Emilio Hasbún: C.I
BANACOL, Agrochigüiros, Agrícola El Retiro, Agrícola El Edén, Grupo 20,
Hacienda Velaba, Inversiones Mapaná LTDA, Inversiones Ucrania LTDA,
Teodoro Solórzano González, C.I Banacol, Agropecuaria Bambú LTDA., Fincas
Cibeles LTDA, Agropecuaria Yerbazal LTDA., Cultivos Rancho Alegre, Agrícola
Santa María, Agropecuaria Bagatela y Agrícola Sara Palma S.A. (Pedraza , 2020)
El reconocido líder paramilitar Hasbún declaro ante la Fiscalía 103 especializada,
adscrita a la Unidad de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario,
que los grupos paramilitares desde su nacimiento, bajo el mando de los Castaño
Gil, contaron con el apoyo de bananeros, ganaderos y comerciantes, entregando así
una lista con el nombre de 91 ganaderos que le habrían aportado dinero a la
estructura armada.
Por su parte, El Espectador (2020) dio a conocer algunos archivos que,
“.. develan la participación de reconocidos dirigentes ganaderos en la Convivir
Papagayo, que operó en esa región. La organización se amparó legalmente en el
decreto 356 de febrero de 1994, expedido por el gobierno de César Gaviria, pero
fue controlada por los paramilitares. Así lo reveló el excomandante de las
Autodefensas Unidas de Colombia (Auc), Hebert Veloza, HH, quien contó que las
Convivir de Urabá se crearon para “recaudar unos fondos de forma legal para
que las empresas no tuvieran problemas jurídicos, que pudieran sacar de sus
cuentas y que fuera legal la salida de esos dineros”. (Sánchez Arévalo, 2020)
Asegura en su reporte, Sánchez Arévalo (2020) que, los ganaderos, materializaba
su aporte a los grupos paramilitares, por medio de Suganar, al momento de pagar
lo concerniente a la vacuna de la aftosa como se señala en la sentencia del Tribunal
Superior de Bogotá contra Hebert Veloza, HH. Así mismo, se hace mención de la composición de las juntas directivas de la Asociación de Ganaderos del Urabá
Grande (Aganar), la Asociación de Bananeros de Colombia (Augura), entre otras
prestantes empresas, donde aparecen nombres de empresarios articulados y al
servicios del paramilitarismo, perpetradores de despojo de tierras en Urabá y en
zonas del Chocó, compra irregular de tierras despojadas, es decir, todo un
entramado criminal-empresarial que hizo del Estado una institución a su medida.
Advierte así mismo, que algunos de los empresarios relacionados aún hoy ocupan
cargos públicos y privados de poder.
En éste orden, la Fiscalía General de la Nación envió en mayo de 2020, un informe
a la Corte Penal Internacional y a solicitud de ésta última, sobre el estado de los
procesos que cursan contra financiadores y promotores de los grupos armados que
participaron en el Conflicto Armado (El Tiempo, 2020). Ya la justicia en Colombia
se queda corta o guarda silencio en el tema de la financiación de grupos
paramilitares.
Frente a éste tema, varias organizaciones de Derechos Humanos afirma que existen
más de 16.700 compulsas de copias que comprometen a 2.300 empresarios,
comerciantes, civiles y más de 1.800 políticos; sin embargo, los resultados de las
investigaciones de la justicia ordinaria han sido mínimos, el único caso importante
que ha avanzado es el de las filiales de Chiquita Brands, Banadex y Banacol en el
cual hay 13 sindicados con Resolución de Acusación. (Pedraza , 2020)
De la articulación Urbano-Rural
Por otra parte, éste modelo de gestión del desarrollo hegemónico, bajo la
articulación Criminalidad-Empresa-Estado, implica una perfecta articulación
Urbano-Rural, en versión libre Diego Fernando Murillo Bejarano, alias Don Berna,
comandante del Bloque Cacique Nutibara reconoció que su bloque se movilizó a
la ciudad de Medellín por invitación de empresarios, comerciantes y otros líderes
del sector privado (TSMSJP, 2015, p.86) El ingreso a la ciudad del fenómeno
paramilitar estuvo marcado por una masacre de 19 personas en el corregimiento
Altavista en el año 1996 dirigida por Raúl Emilio Hasbún (Insuasty Rodriguez,
Valencia Grajales, & Agudelo Galeano, Elementos para una genealogía del
paramilitarismo en Medellín, 2016, pág. 39). Desde aquí se inicia la construcción
réplica del modelo implementado en Antioquia con la progresiva vinculación de
los mismos actores. Para el caso de la vinculación del Ejército se habla del
comandante de la IV Brigada, General Alfonso Manosalva Flórez, quien
directamente solicitó a Carlos Castaño Gil su intervención en la ciudad (TSMSJP,
2015, p. 93) (Insuasty Rodriguez, Valencia Grajales, & Agudelo Galeano,
Elementos para una genealogía del paramilitarismo en Medellín, 2016, pág. 41)
Tabla 1: Jefes paramilitares bloque Cacique Nutibara que se presentaron ante
Justicia y Paz
| |
Nombre o alias |
Situación
|
| 1 |
Diego Fernando Murillo Bejarano |
Detenido en Estados Unidos 31
años de prisión. |
| 2 |
Carlos Mario Aguilar Echeverri, conocido
como “Rogelio”
|
Detenido en Estados Unidos 2015.
7 años de prisión.
|
| 3 |
Alirio de Jesús Rendón Hurtado, conocido
como El Cebollero |
Condenado por el delito de
concierto para delinquir. 50 meses
desde 2008. |
| 4 |
Carlos Arturo Hernández Ossa, alias
“Jerónimo” o “Duncan” |
Condenado por la justicia ordinaria
Colombiana 40 años. |
| 5 |
Fabio Orlando Acevedo Monsalve,
conocido como don F o don Efra |
Capturado en 2009 por reincidir en
delitos de tráfico de
estupefacientes, desplazamiento
forzado, entre otros. |
| 6 |
Luis Aníbal Mejía Ruíz, alias Negro Aníbal |
Falleció el 7 de enero 2003 |
| 7 |
Jaime Alberto Ospina
Olaya, conocido como Alberto Cañada |
Asesinado 2005 |
| 8 |
Gustavo Adolfo Upegui López |
Asesinado 2006 |
| 9 |
Daniel Alberto Mejía Ángel, alias Danielito
o Daniel Bum. |
Asesinado 2006 |
| 10 |
Carlos Hernán Moreno (Hernán Darío
Moreno Calle) Alias Mateo Rey |
Asesinado 2006 |
| 11 |
Aldemar Alexander Noreña López, alias
Alex Cuñado |
Asesinado 27 octubre de 2007 |
| 12 |
Fray Martin Zapata Castaño, alias “Martín
o
El Viejo” |
Asesinado 2007
|
| 13 |
Elkin de Jesús Loaiza Aguirre, más conocido
como El Negro Elkin |
Asesinado septiembre de 2008 |
| 14 |
Severo Antonio López Jiménez, alias “Job” |
Asesinado 2008 |
| 15 |
Ubaldo Antonio Ayala Arenas, apodado
Guayo o Care Guayo. |
Asesinado 2008. Corporación
Democracia |
| 16 |
Héctor Fabio Jaramillo Cardona, conocido
como Orión. |
Asesinado diciembre de 2017.
Participó de la operación Orión |
Elaboración propia con base en datos (Insuasty Rodriguez, Valencia Grajales, &
Agudelo Galeano, 2016, p. 42)
La situación de estos 16 jefes paramilitares describe la realidad del fenómeno
paramilitar y su dinámica urbano-rural en Antioquia. Algunos fueron asesinados,
otro tanto, continúan ejerciendo poder desde las cárceles en Colombia pues nunca
abandonaron sus actividades delictivas o han sido reemplazados por otros.
Dentro de los hallazgos del fenómeno paramilitar en Medellín por los tribunales de
Justicia y Paz se tiene empresas que presuntamente apoyaron económicamente al
Bloque Cacique Nutibara. Estas conclusiones son producto de un allanamiento
realizado por la Fiscalía en un parqueadero durante 1998 en el que se encontraron
consignaciones de empresas como “…Granahorrar, Comfenalco, Conavi,
Cadenalco, Lander y cia., Leonisa, Coltejer, Codensa, Empresas Varias de
Medellín, Miro Seguridad Ltda., Pinturas El Cóndor, Almacén Tennis, Transportes
Botero Soto y Servicentro ESSO Las Vegas, entre otros” (TSMSJP, 2015, p.113)”
(Insuasty Rodriguez, Valencia Grajales, & Agudelo Galeano, Elementos para una
genealogía del paramilitarismo en Medellín, 2016, pág. 43)
Será este, un modelo de gestión territorial, relacional y de planeación real, que
articula: Criminalidad-Empresa-Estado, un modelo que irá develándose como ese
instrumento motor de un poder dominante que impacta y define la implementación
del llamado desarrollo hegemónico dominate, una aplicación calcada en todos los
territorios cargados de riquezas naturales, del que no escapan las ciudades, en éste
caso Medellín pues, hace parte de éste macro-reordenamiento territorial que anclan
la región al mercado global, a la medida y necesidad de las élites globales y locales,
modelo hiperconcentrador del poder, la riqueza y de beneficios.
Una aceitada maquinaria del terror que abrió camino a esta manera de implementar
el desarrollo muy acorde a los intereses de élites locales, regionales, nacionales y
globales, generó además toda una captura de los poderes públicos, su objetivo
hacerse al control total de la administración de lo público, eliminando física, moral
o jurídicamente a sus contendores. Asunto que ahondaremos en un segundo texto.
Se trata de todo un diseño institucional sumado a una arquitectura social, cultural,
política e institucional gestada a sangre y fuego.
Ese es el objetivo de nuestra investigación de la cual se deriva éste primer insumo
como abrebocas.
