INTRODUCCIÓN

El Estado colombiano ha mantenido un tratamiento similar respecto al fenómeno de las guerrillas y la insurgencia en general, políticas que han combinado, de manera permanente y periódica, acciones ofensivas y de negociación, y han fluctuado entre el tratamiento político y el delincuencial (Moreno, 2006), en el marco de una racionalidad técnica básica: la superioridad de la fuerza militar estatal para aniquilar la oposición armada.

Con relación a la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP), el Estado colombiano no ha actuado de forma distinta; durante décadas, y en los sucesivos gobiernos, las FARC han sido consideradas un problema de seguridad nacional y un factor de desestabilización. El hacerle frente ha tenido como objetivo principal derrotar la guerrilla. Sin embargo, al no ser conseguible este objetivo, en el corto plazo, se ha optado, en el plano político-militar y en el curso de la guerra contrainsurgente, por sumar fuerzas para doblegar la insurgencia, al punto de inflexión que le permita al Estado colombiano obtener una ventaja estratégica (Cardona, 2015): una erosión al grupo guerrillero, dirigida a generar un desgaste considerable en el plano político-militar y así acceder a una posible rendición y entrega de la fuerza opositora.

La salida negociada, a la vista una ventana de oportunidad para ambas partes en el 2012, fue para el Estado colombiano la forma de imponer una paz, luego del gran despliegue militar del decenio anterior, en el cual las Fuerzas Militares jugaron un papel primordial al sostener una ofensiva de manera permanente y coordinada obteniendo como resultado la reconfiguración de la fuerza armada, el recambio es su forma de operar y, lo más importante, de transmutar la dinámica del conflicto, para pasar de estar en una defensa estratégica a una contraofensiva estratégica (Tse-Tung, 1967).

La derrota estratégica de las FARC se explica en este apartado desde el enfoque de análisis de coyuntura, que reconoce un horizonte relacional e importante de la acción político-militar, que comprende la identificación de actores, acontecimientos, escenarios, correlación de fuerzas y relación estructura-coyuntura (Gramsci, 1975 y Poulantzas, 1979).

Se empezará por describir importantes momentos, paisajes e hitos sobre la historia de las FARC, necesarios para entender el origen del actor insurgente y su lógica como grupo armado, conectando el análisis con la evolución de la guerra contrainsurgente liderada por el Estado colombiano durante 1994-2010 y la táctica desarrollada por las FARC en este mismo periodo.

Se afirma que los duros golpes asestados a la agrupación guerrillera en la contraofensiva estatal del 2002-2010, y parte del 2010-2012 (esta última temporalidad sin análisis en este apartado), diezmaron considerablemente la fuerza moral, política y militar “fariana”, motivo y razón de su declive. Se finaliza con algunas conclusiones en torno a la derrota estratégica de la insurgencia armada (García, 2013).

LAS FARC-EP: UN ACTOR MILITAR EN CLAVE POLÍTICA

Los marquetalianos: nacen las FARC

Las FARC se consideraban a sí mismas como un “ejército del pueblo”, como la expresión más elevada de la lucha revolucionaria por la liberación nacional, como un movimiento político-militar basado en la combinación de todas las formas de lucha.¹

Los orígenes de las FARC se remontan a las primeras luchas agrarias en el sur del país, motivadas en parte por las fuerzas populares gaitanistas e inspiradas en la Reforma Agraria de los gobiernos liberales de la década del treinta. Allí surgieron como autodefensas campesinas, a finales de 1948, posterior al asesinato del líder popular Jorge Eliécer Gaitán Ayala² y de la fuerte arremetida del establecimiento en cabeza del Partido Conservador contra las luchas campesinas (Arrubla, 1996). El despojo fue el mecanismo implementado por las élites de los partidos tradicionales, para la acumulación de grandes extensiones de tierra a partir del ejercicio sistemático de la violencia. Solapada en una intestina lucha bipartidista entre los años cuarenta y los cincuenta, las zonas rurales vivieron un proceso social en el que el sectarismo político encubrió la masiva expulsión del campesinado y la robusta concentración de la tierra por parte del bloque en el poder³ de entonces (Uribe, 2009).

Los primeros grupos de campesinos armados fueron integrados, en su mayoría, por familias de origen y militancia liberal; posteriormente, se sumaron otras familias de arraigo liberal y simpatizantes de las ideas comunistas. Pese a la unificación de las dos tendencias, las diferencias de concepciones ideológicas y organizativas condujeron a la ruptura de los comandos unificados que se crearon especialmente en el sur del Tolima y los Llanos Orientales, y dio comienzo a los enfrentamientos entre liberales “limpios”, “comunes” y bandoleros (Molano, 1994).

Con el objetivo de defenderse de la violencia oficial conservadora y los grupos paraestatales de la época, y luego del intento fallido de pacificación en la dictadura de Rojas (1953-1957) —donde fueron traicionadas la mayoría de las dirigencias campesinas que depusieron las armas, en especial en los Llanos Orientales—,⁴ nacen al sur del país espacios de refugio, zonas de aislamiento y autodefensa donde familias de campesinos que se sentían en riesgo, por parte del régimen político, encontraron protección. En encendidos discursos en el Congreso de la República, el líder conservador, Álvaro Gómez Hurtado, venía denunciando, desde 1961, la existencia de dieciséis “repúblicas independientes” que escapaban al control del Estado y en las cuales, según su retórica conservadora, se estaban construyendo unas zonas liberadas (Arrubla, 1996). Se trataba, ante todo, de Marquetalia, Riochiquito, El Pato, Guayabero, Sumapaz y la región del Ariari (Arenas, 1985).

Las “repúblicas independientes”, como fueron denominadas estas experiencias autogestionarias por parte de los ideólogos del régimen conservador, fueron objeto de una descomunal ofensiva militar, con el apoyo del gobierno estadounidense.⁵ El Plan Laso (en razón de su denominación en inglés, Latin American Security Operation), agenciado desde Washington, se constituyó en una de las más grandes experiencias antisubversivas de la época en el hemisferio (Arrubla, 1996).

El ataque a Marquetalia, en 1964, ordenado por el gobierno conservador “frente nacionalista”⁶ de Guillermo León Valencia (1962-1966), tuvo una sorprendente y valerosa respuesta por parte del grupo de campesinos concentrados allí, que lograron esquivar el cerco militar y huir selva adentro (Molano, 1994). Marquetalia se constituyó en el epicentro de la Primera Conferencia de las guerrillas de inspiración comunista, dando como origen al Bloque Sur —simiente de lo que después serían las FARC—. El ataque a Marquetalia fue seguido por la operación contra Riochiquito,⁷ El Pato y Guayabero.

Finalmente, las guerrillas integradas en el denominado Bloque Sur, orientadas por el Partido Comunista Colombiano (PCC), adoptaron los principios marxistas-leninistas como parte de su proyecto político y al admirado grupo de hombres y mujeres que resistieron el ataque a Marquetalia como sus fundadores.

LAS FARC POR LA TOMA DEL PODER

Las FARC nacen oficialmente en la Segunda Conferencia⁸ del Bloque Sur (1966), en la región del Duda. Dentro de su estrategia militar avanzaron hacia El Pato, la cordillera oriental, Tolima, Caldas y Quindío, y pasaron de la defensa armada de una región a la resistencia armada, en la que grupos de guerrillas móviles empleaban la táctica de golpear, retirarse, volver a aparecer y desaparecer (Pizarro, 1989). Se buscaba consolidar un pequeño ejército con la conformación de grupos móviles, a fin de desplazarse hacia las tres cordilleras. Los objetivos políticos se definían en términos de la toma del poder, y como proyecto político se continuó con el Programa Agrario, proclamado el 20 de julio de 1964. ⁹

Avanzando al norte del Tolima y el Magdalena Medio, la situación de logística y movilización se va haciendo cada vez más difícil frente a los operativos adelantados por las fuerzas militares en la región. Los reveses militares se deben, en parte, a la falta de conocimientos sobre la concepción móvil de la guerrilla, la ausencia de madurez, disciplina interna y el fracaso en la construcción de una economía de guerra propia (Guevara, 1962). Así, la consolidación de la fuerza insurgente encuentra dificultades de penetración y expansión territorial, y los destacamentos armados —un número considerable de hombres y armas— difícilmente se convirtieron en guerrillas móviles o frentes guerrilleros —grupos más pequeños—. La preparación y experticia es una preocupación constante, el contacto con el PCC y su dirigencia se mantiene, pese a las dificultades de la época.

Para la década del setenta, las FARC se encuentran en una etapa de crisis que se expresa en las contradicciones e incompatibilidades que se exponen al interior del PCC, en relación con la construcción de la política y la estrategia militar. El conflicto Pekín-Moscú y la ruptura del bloque socialista se unen al proceso de cuestionamientos que se va dando en el seno de la insurgencia armada sobre los principios leninistas que deben guiar la organización (Lenin, 1972). En especial, lo referido al “Centralismo Democrático”, una fuerte crítica se da al peso de las decisiones político-militares en personas ajenas a la dinámica de la guerra, dirigencias en su mayoría resguardadas en las principales ciudades.¹⁰ Dicha crisis política y organizativa del PCC se solventa por la vía de escisiones, rupturas y expulsiones de importantes cuadros políticos y militares de estructuras regionales y locales. Estos se articularon en postrimerías para dar origen a un nuevo partido y guerrilla con base en la ortodoxia maoísta (Archila, 2008): el Partido Comunista Colombiano-Marxista Leninista (PCC-ML) y el Ejército Popular de Liberación (EPL).

Durante la década del ochenta las farc-ep emprenden un proceso de fortalecimiento, una serie de cambios que incluyen educar la línea de mando, mejorar los mecanismos internos de dirección y disciplina interna, además de acompañar la lucha y la movilización social sin perder de vista su actor o sujeto de cambio: el campesinado colombiano (Pizarro, 1989). De este último proviene una buena parte de su dirigencia militar y política, cuadros políticos y militares que se constituyen, nacen o se forman a partir del mito fundacional en Marquetalia, fundamentados por el adoctrinamiento ofrecido por el PCC (Molano, 1994). La otra parte de su cuerpo de dirección son hombres y mujeres con un amplio recorrido en las Juventudes Comunistas (JUCO), sindicatos, universidades, entre otros, provenientes de clases medias en las ciudades principales e intermedias del centro y sur del país, que se vincularon a la lucha armada, justificados, en parte, por la fuerte arremetida estatal a partir de 1976 con la implantación de la llamada Doctrina de la Seguridad Nacional¹¹ (Ronderos, 2002).

Para la misma época su operatividad se sustenta en campañas y batallas ofensivas de decisión rápida en las líneas exteriores a sus lugares de influencia; la guerra de guerrillas sigue siendo su método principal de resistencia armada (Guevara, 1962). En el plano político es insostenible seguir siendo el brazo armado del PCC; por esta razón, entra en duros cuestionamientos que un partido urbano tuviera injerencia en una guerrilla rural. Se crea el Partido Comunista Colombiano Clandestino (PCCC), instancia que se rige por principios leninistas y un sistema organizativo afín al mismo, unido y subordinado a las estructuras organizativas de las FARC-EP (Medina, 2006), trastocando la fórmula soviética Partido-Ejército a Ejército-Partido.

LÓGICA MILITAR SIN RÉDITOS POLÍTICOS

Para finales de los ochenta, y principios de los noventa, la estructura militar de las FARC-EP corresponde al siguiente orden: “La escuadra es la unidad básica y consta de doce hombres, dos escuadras forman una guerrilla, dos guerrillas una compañía, dos compañías una columna y dos o más columnas un frente. Cada estructura con su red de complejidad de mandos” (Medina, 2006, p. 98).

En la medida en que la organización se ensancha, el número de frentes se hace mayor. Las FARC-EP pasaron de 16 frentes a 25, la estructura de organización del ejército más compleja, y surgen así los denominados Bloques de Frentes, con una distribución militar que, bajo la dirección de un Estado Mayor Central de las FARC-EP o su Secretariado, coordina y unifica la actividad de los frentes en una zona específica del país, en Desarrollo del Plan Estratégico (Medina, 2006).

En la década del noventa, la Constitución del 91 y el ataque a Casa Verde, donde se encontraba el secretariado de las FARC-EP en conversaciones con el Estado colombiano, van a tener amplias repercusiones para el desarrollo del conflicto. En primer lugar, la ofensiva militar contra Casa Verde, por parte del gobierno de César Gaviria (1900-1994), tenía como objetivo desarticular la organización, que para este momento se encontraba vinculada a unas negociaciones de paz. Para las FARC-EP el ataque significó la continuación de la guerra y la persistencia del establecimiento en la exclusión política a esta insurgencia, al no aceptar las condiciones de participación en la Asamblea Constituyente (Cárdenas, 2012), lo que las llevó a dar paso a su nueva estrategia militar, que, aunque tiene sus bases en la Séptima Conferencia, es ampliada y actualizada de acuerdo con el desarrollo del conflicto.

La nueva forma de operar de los noventa va a tener características diferentes a la planteada en los ochenta, donde los ataques militares eran más defensivos que ofensivos, con poca concentración de tropa y acciones aisladas, básicamente una guerra de movimientos y guerra de guerrillas.¹² Para poner en marcha la guerra de guerrillas y guerra de posiciones (Tse-Tung, 1967), sin olvidar sus objetivos políticos, pero ganando espacios militares, era necesario fortalecer unas finanzas que, hasta la década de los ochenta, se habían conseguido mediante el cobro de impuestos a los cultivadores de coca, la extorsión a ganaderos y el secuestro de grandes empresarios y políticos.

El fortalecimiento de las finanzas en dicha década estaría asociado, de alguna forma, con el incremento de los cultivos ilícitos y las formas de contribución establecidas por las FARC a las diferentes etapas de la cadena de producción del narcotráfico,¹³ obteniendo mayores rentas (Vásquez, 2008).

La lógica de la guerrilla era simple, se buscaba que los éxitos y victorias militares repercutieran en favorabilidad política en campos y ciudades. El ímpetu de las FARC-EP se mostró en acciones como las tomas a Las Delicias (30-31 de agosto de 1996), El Billar, Caquetá (5 de mayo de 1998), Miraflores, Guaviare (3 de agosto de 1998), La Uribe (4 de agosto de 1998), Puerto Rico (10 de julio de 1999) en el Meta, y La Arada, Tolima (7 de noviembre de 1998);¹⁴ y el aproximarse a la capital de la República —por la ruralidad— haciendo presencia política y armada en las goteras de Bogotá, las localidades de Sumapaz, Usme¹⁵ y Ciudad Bolívar.

LA TÁCTICA DE LA PAZ, LA ESTRATEGIA DE LA GUERRA

De Las Delicias al Caguán

En el marco de los gobiernos de Ernesto Samper Pizano (1994-1998), Andrés Pastrana Arango (1998-2002) y Álvaro Uribe Vélez (2002-2010) el conflicto armado con las FARC se desarrolla y se transforma en un proceso que va del crecimiento de las operaciones militares de la guerrilla, contra las instituciones armadas del Estado (1994 a 1998), a un intento fallido de proceso de paz y reingeniería de las Fuerzas Militares (1998-2001) y a una fuerte contraofensiva y retoma de la iniciativa militar estatal (2002-2010).

Los ataques de la guerrilla muestran, en el periodo 1994-1998, un gran despliegue de fuerza y un posicionamiento territorial sin precedentes; la concentración de tropas y la sorpresa táctica es un hecho determinante para la ofensiva insurgente, que trajo como resultado un alto número de bajas militares y de secuestrados. En la Fuerza Pública colombiana no hubo una reacción rápida ante el cambio de estrategia de las FARC, que para la época se encuentra entre los ejércitos más pequeños de la región —tanto en términos absolutos como en términos relativos, respecto al tamaño de la población, pese a que habían adquirido una dimensión de algo más de 120.000 hombres-arma—. Su debilidad se explica, en parte, por una excesiva burocratización, una fuerte dispersión en su accionar-línea de mando y por la considerable tensión en las relaciones ejecutivo-cúpula militar bajo el gobierno Samper.¹⁶

En el periodo 1998-2002, el tercio, en esta tendencia, se ubica en las conversaciones de Paz, construidas en el marco de un universo de expectativas lideradas por el jefe de Estado colombiano de entonces, Andrés Pastrana. Los diálogos del Caguán, exiguos, limitados e intrincados, tuvieron como telón de fondo la intensificación del proyecto paramilitar¹⁷ —la estrategia antisubversiva: “dejar sin agua al pez”—, la firma del mayor proyecto de cooperación de Estados Unidos con Colombia —el Plan Colombia— y los cimientos de la mayor innovación en el proceso de transformación de las Fuerzas Militares —la Doctrina Conjunta—. Estos factores, sumados a la poca voluntad de las partes en un cese bilateral de las hostilidades y a tender caminos sinceros de democratización y alivios humanitarios, dieron al traste con el fracaso en las negociaciones y rienda suelta al discurso belicista y pacificador.

La contraofensiva estatal

Para el largo periodo bajo el gobierno de Álvaro Uribe Vélez (2002- 2010), a través de la política de seguridad democrática (Leal, 2006) y el gran impulso estadounidense del Plan Colombia —antidrogas— y el Plan Patriota —antisubversivo—, se propinaron duros golpes a la insurgencia armada, que diezmaron su capacidad operativa y los obligó a replantear su accionar político-militar (Echandía y Bechara, 2006). Los planes y procedimientos militares, todos en el marco de grandes recursos de capital por parte de la cooperación norteamericana, rinden sus frutos en operaciones en las que se dan de baja considerables objetivos militares —según el argot castrense—, hombres y mujeres que representaban todo un tejido social, político y militar de la guerrilla, que por su nivel jerárquico y línea de mando eran difíciles de reemplazar.¹⁸

En pro de dar continuidad a las victorias conseguidas a través del Plan Colombia, en materia de fortalecimiento de las Fuerzas Militares y aumento de su presencia a lo largo del territorio, se dio la ejecución del Plan Patriota, como parte de la política de seguridad del gobierno de Uribe Vélez (CIMHM, 2017). En este sentido, la preparación, conducción y sostenimiento de las operaciones militares en contra de la guerrilla son determinantes para arrojar los resultados arriba expuestos. La guerra de movimientos (Guevara, 1962) desarrollada por las FARC llega a su punto de inflexión con la retoma de la iniciativa por parte de las Fuerzas Militares. En principio, y como ejemplo, con la recuperación de las zonas de despliegue y avance estratégico de las FARC sobre la capital de la República y luego con la Operación Libertad Uno (CIMHM, 2017), en la que se ponen a prueba los Comandos Conjuntos, que no son otros que las fuerzas combinadas de tropas terrestres, suministros aéreos y fluviales —helicópteros, aviones y lanchas de combate— bajo un puesto de mando único. El resultado: el quiebre de los senderos de movilidad de la guerrilla sobre el enclave político del Estado colombiano.

En este escenario, las farc optan, por un lado, por un repliegue estratégico (Pizarro, 2006) —el cual significa reducir movilidad y transferencia—, y por intensificar una lucha ardua y política por un canje humanitario.¹⁹ En su primera opción, las FARC sufren numerosos reveses. Los Batallones Contraguerrilla, o Brigadas Móviles, y el Poder Aéreo, por una parte, y la creación de la Fuerza de Tarea Conjunta Omega²⁰ (CIMHM, 2017), por otra, irrumpen en las históricas zonas de retaguardia de la guerrilla y rompen, a su vez, con las posiciones en consolidación de la insurgencia, especialmente en lo que se refiere a las goteras de la capital de la República. Las FARC ya no tienen zonas seguras y muestran un enorme retroceso en sus planes de cerco a los medianos y grandes centros urbanos (Tse-Tung, 1967); las Fuerzas Militares, por su parte, ya no tienen zonas vedadas y avanzan en la desestabilización de las zonas históricas, el rescate de los secuestrados y golpean duramente las principales estructuras militares de la guerrilla y los importantes jefes de las farc (CIMHM, 2017). La moral y confianza de la denominada tropa “fariana” se aminoran.

En su segunda opción, la posibilidad por el canje humanitario, las FARC pierden la oportunidad de seguir ejerciendo una presión política sobre el gobierno; luego de cinco años de cautiverio —el 18 de junio de 2007— guerrilleros de las farc asesinan a once de los doce diputados del Valle del Cauca,²¹ y luego, un año después (2008), en la Operación Jaque —audaz operación militar de rescate de retenidos—, la guerrilla pierde el más significativo e importante grupo de secuestrados. El empuje internacional y la protesta ciudadana, a favor de una salida negociada con la guerrilla, ya no encuentra eco como antes, la confrontación armada se hace más intensa y despierta un renovado optimismo por la derrota militar de la insurgencia armada. Las FARC ven reducido su campo político —nacional e internacional— al igual que su accionar bélico. La considerada línea “marquetaliana”, o línea dura de las FARC, casi desaparece, su reemplazo, no era de esperarse otro, son los hombres y mujeres provenientes de la experiencia partidista —del Partido Comunista Colombiano de la década del setenta—, sus valoraciones sobre la guerra y la política son otras, el peso de las duras batallas y recomponer la iniciativa se hace imposible, la salida negociada se convierte en una única opción para la nueva dirigencia.