INTRODUCCIÓN

Los relatos de las personas, familias y comunidades afectadas por un proceder no ajustado a la ley ni a lo razonable, por parte de la Alcaldía de Medellín y sus entidades descentralizadas como el Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín (ISVIMED), el Metro de Medellín y la Empresa de Desarrollo Urbano (EDU), se hacen cada vez más frecuentes y dramáticas en nuestro contexto.

Son reiterados los reclamos no atendidos de las poblaciones afectadas por proyectos del llamado desarrollo. En el caso de Medellín, por proyectos urbanísticos y de renovación urbana que se han implementado durante los últimos años en la ciudad.

Cada “gran obra” de infraestructura se presenta como necesaria para el “desarrollo de la ciudad” y se justifica como indispensable para el “bien colectivo”; sin embargo, esto ha generado todo tipo de situaciones violatorias de los derechos básicos: el derecho a la propiedad privada, el derecho a la indemnización previa cuando procede expropiación (sentencia C-750/15), el derecho al debido proceso, el derecho al deber del Estado de responder patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, el derecho a la libertad e igualdad ante la ley, el derecho a una vivienda adecuada (ONU), entre muchos otros derechos vulnerados.

Ahora bien, sustentado desde la realidad vivida de manera personal, y en continuos procesos y proyectos de investigación adelantados, los relatos de personas y comunidades tomados de diversos territorios afectados por proyectos de desarrollo (San Carlos, Ituango, Barrancabermeja, sur del Huila, entre otros) y las referencias en los resultados de investigación —como la publicación de Muñoz (2017) sobre la gestión social en Porce III, la reciente publicación sobre el impacto del desarrollo en Medellín (Mesa et al., 2018)— nos permite dar cuenta de lo que se expresa en este documento.

En este orden de ideas, se hizo la relación entre lo dicho en el párrafo anterior con once testimonios de personas afectadas por proyectos de infraestructura urbana en la ciudad de Medellín, de los barrios La Paralela, El Playón, 12 de Octubre, Moravia y Naranjal. Esta recopilación fue realizada dentro del marco del desarrollo del diplomado “Planeación y defensa del territorio”, ejecutado por la Universidad de San Buenaventura, la Universidad Autónoma Latinoamericana, el Grupo de Investigación y Editorial Kavilando, como integrantes de REDIPAZ desde procesos comunitarios.

Por lo tanto, se pretende visibilizar la problemática que padecen al menos cinco mil habitantes de la ciudad (Mesa et al., 2018) y que se proyecta que puede continuar repitiéndose de manera descontrolada; lo anterior, ante la ausencia de una política pública que contenga herramientas de protección claras y concretas y que garantice el derecho de sus habitantes y moradores.

Dicha política pública se encuentra en proceso de aprobación y socialización, pero se enfrenta a intereses privados y se teme que su contenido sea tan general que no tenga las herramientas concretas para hacerla procedente y eficiente para la protección real de los derechos de los moradores; además, enfrenta intereses políticos y económicos privados, entre los cuales están los intereses liderados por una empresa industrial y comercial del Estado como el Metro de Medellín. Esto se argumenta gracias a las evidencias encontradas acerca de la forma como fue ejecutada la obra del Tranvía de Ayacucho y en el ya mencionado Plan Maestro del Metro de Medellín 2006-2030, denominado “Confianza en el futuro” (Mercado, 2019).

Bajo el argumento de la no existencia de escrituras públicas, y a pesar de la existencia de pruebas para la posesión de muchos de los predios, los habitantes que por más de veinte, treinta o hasta cuarenta años construyeron sus casas y sus barrios fueron sistemáticamente desalojados, divididos o engañados para llevar a cabo las obras “públicas” a las que los testimonios hacen referencia.

Entonces se confirma que estas personas fueron víctimas de afectaciones familiares imposibles de cuantificar en los subsidios de vivienda otorgados por el Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín (ISVIMED). La mayoría de ellos manifiesta no haber recibido aviso formal del desalojo.

 

Las historias

Nota: se ocultarán los nombres como forma de proteger a los afectados de posibles retaliaciones de las entidades o terceros interesados en estos proyectos. Sumado a ello, las mismas personas nos han manifestado su alta tensión y miedo si sus nombres son identificados, pues declaran que las represalias, extrañas pérdidas de documentación, dilaciones, mayores presiones, entre otras situaciones, se hacen sentir de manera inmediata, como ya les ha venido ocurriendo.

 

Barrio La Paralela

Habitante 1: mujer adulta que había llegado al barrio hace treinta y dos años. Con el corazón en la mano manifiesta que allí crecieron sus tres hijos. Allí logró conectarse con las actividades productivas que le generaban ingresos para su sustento y el de su familia; así mismo, arrendaba su casa para lograr juntar recursos mensuales para una vida digna, con muchas necesidades sí, pero digna. Manifiesta su gran temor hoy, fruto de muchas variables: quedarse sin su casa, como consecuencia directa, quedarse sin el ingreso por el arriendo, de paso, sin la labor que logró realizar en su sector y que le permite ajustar ingresos económicos para vivir, o mejor, para sobrevivir. Sabe que a su edad no es fácil que la contraten, como ya ha sucedido con su esposo. A esto, se suma que el valor que la lonja ofertó por su casa (menos de 40 millones, hoy una casa) lo considera excesivamente bajo, teniendo en cuenta todo lo que perderá.

Yo era calmada, alegre, ya no. Ya me encierro a hablar con mi esposo y los dos lloramos. Yo pensé que de esta casa salía para el cementerio. Y todo el sacrificio que hicimos… Ya no salgo a hablar con mis hijos. Yo me amañaba mucho en el barrio. Ahora siento una profunda rabia con la gente tan injusta, ahora incluso, contemplo la idea de irme a vivir a la calle” (entrevista personal, Medellín, 2019).

Vale anotar que, según el Ministerio de Vivienda:

La Vivienda de Interés Social (VIS) es aquella que reúne los elementos que aseguran su habitabilidad, estándares de calidad en diseño urbanístico, arquitectónico y de construcción cuyo valor máximo es de ciento treinta y cinco salarios mínimos legales mensuales vigentes (135 SMLM). Vivienda de Interés Social Prioritaria (VIP) es aquella vivienda de interés social cuyo valor máximo es de setenta salarios mínimos legales mensuales vigentes (70 SMLM) (“Aspectos generales”, 2019).

Es muy amplia la diferencia entre lo que se oferta como valor de sus viviendas, y el costo establecido para una vivienda de interés social (VIS) o una vivienda de interés prioritario (VIP). Se suma a ello que Medellín es una ciudad donde el suelo es costoso, por ende, el valor de la vivienda es alto.

Esta situación genera mayor presión y daños, sobre las personas afectadas.

Don Jesús María Vásquez, quien nos autoriza publicar esta nota, tiene 59 años y era habitante de La Paralela. Le informaron de su desalojo en el 2017. Empezaron a hablar de desalojo y a decirles que no eran propietarios sino poseedores, ya que el terreno era del Ferrocarril de Antioquia. Les pedían cooperación porque si no los iban a desalojar. En ese momento, cuenta él, empezaron las discusiones con los propios vecinos; discusiones en las que don Jesús y su familia buscaron ser más neutrales para ver qué decidía la comunidad. En lo personal, él pensaba que se debía negociar porque con ellos, el Estado, las comunidades siempre pierden.

Lo que menciona que jamás imaginó, es que les iban a pagar tan poco dinero. Aún siente que no los indemnizaron, cree que los robaron. Por ello su familia está muy afectada pues en su casa y su barrio se sentía muy estable. Reconoce que en su familia no hubo problemas entre ellos, como sucedió con otros vecinos, pero que sí se sentía la tristeza en casa.

Siempre pensó en “salir a las buenas y cuadrar con ellos”, pero se siente engañado y ofendido por la mala manera en la que les pidieron las casas. Uno de esos malos tratos, plantea, fue amenazarlos con la expropiación, y por eso hoy dice que no salieron voluntariamente sino por las amenazas; “nos amenazaron con quitarnos los nietos y echarnos, y se burlaban de nosotros. El abogado era muerto de la risa y nos dijo que si no nos íbamos iba con la policía y se llevaba los niños para bienestar familiar”. Ahora reconoce que debieron pensar y “documentarse”, pero en ese momento acepta que lo venció el “nerviosismo” y prefirió irse.

Habitante 3: mujer entre 65 y 70 años, manifiesta que ya nada será lo que soñó. En enero del presente año le anunciaron que debía dejar su casa. Vive con su esposo. Su vida pasó de ser normal y tranquila a angustiante y llena de inseguridad. “Cuando empezó el impacto que teníamos que salir de allá nos entró una preocupación de que no nos pagaran o que nos fuéramos a un lugar peligroso. Teníamos temor de que nos fuéramos a quedar sin casa”. Temor que se profundizó cuando le informaron el avalúo, que fue muy bajo. Empezó el estrés y la búsqueda de casa, de su nuevo hogar. Los vecinos se fueron y al final quedaron ellos solos mientras presenciaban cómo desarmaban las casas. “Ya cuando tumbaron las casas vivimos en medio de los escombros porque ya habían tumbado todo alrededor, entonces el miedo de vernos tan solos hizo presión” (entrevista personal, Medellín, 2019).

Figura 11.1 Afectados por Cable Picacho


Fuente: Barrio como rostro de ciudad (2019).

Habitante 4: se trata de una mujer entre 40 y 45 años que habitaba en el barrio La Paralela. Nos cuenta la presión ejercida sobre el núcleo familiar. Plantea la posibilidad de reconocer las diversas formas en las que las afectaciones se hacen visibles y el no reconocimiento que de las mismas se hacen desde los organismos encargados de las obras en este barrio. Le anunciaron que debía desalojar su casa en mayo del año 2018. Su mayor afectación fue en lo social, lo económico, lo familiar y lo individual.

Según su experiencia personal, plantea que el ISVIMED y el Metro de Medellín “tratan de que la gente no exista”. Denuncia que a los primeros que salieron les dieron cinco millones para que perjudicaran a quienes se negaban a salir en las condiciones propuestas; luego, buscaron a quienes venían realizando acciones de denuncia y resistencia. Manifiesta que muchas personas no divulgan su situación y así permiten, por temor y desconocimiento, que los atropellen. A pesar de tantas presiones insiste en que es necesario luchar, denunciar, hacer valer lo justo y difundir la verdad, pues a mucha más gente, en Medellín, le van a hacer lo mismo. Asegura que ve cómo siendo la mayoría mujeres los funcionarios se aprovechan y las engañan con mentiras y malos tratos para cansarlas y lograr que firmen y se vayan de cualquier forma. “La presión es grande para que guardemos silencio y, además, para que aceptemos todo”. Dice que antes vivía feliz, trabajaba en casa, salía con sus hijos, era tranquila, dormía bien, escuchaba música, veía películas en familia. Pero ahora, después del desalojo, todos son muy “explosivos” y no comparten en familia (entrevista personal, Medellín, 2019).

Habitante 5: hombre entre 45 y 50 años. Narra que cuando vivían en La Paralela salían como familia a pasear y compartían actividades manuales con madera que ayudaban al sostenimiento económico. Cuando fueron informados creían que lo iban a perder todo, que iban a quedar sin nada y eso generó mucha intranquilidad. “Supimos que cuando llegó la notificación uno no negocia con el Estado, sino que lo acepta o se hará expropiación”. Empezaron a recordar cómo construyeron la casa. Antes no había conflictos en su familia, ahora dice que todos tienen opiniones diferentes, hay una actitud de negativismo, de impotencia, aparecieron los gritos y el llanto. Le preocupa mucho que ha escuchado a sus hijos decir que ya no creen en las personas y que perdieron la fe en la humanidad, la fe en Dios (entrevista personal, Medellín, 2019).

Habitante 6: hombre entre 20 y 25 años. Plantea que cuando los sacaron pensó en la pérdida de todo lo que sus padres y abuelos hicieron por conseguir las cosas y la casa. “Hoy solo le quedan recuerdos”. En este momento se encuentran sin casa y dice que solo pueden esperar. Siente como se pierde el equilibrio familiar. Cierra la conversación manifestando que le da mucho pesar de su abuelo porque siempre estuvo ahí, construyó la casa y siente que perdió el trabajo (entrevista personal, Medellín, 2019).

Habitante 7: mujer entre 20 y 25 años. Relata que “la impresión después de la notificación fue de negación”. Manifiesta que asistió a las negociaciones, a las reuniones, apoyó la defensa de derechos, pero corrobora que “para la administración uno es una basura y un estorbo”. Es clara al plantear que los habitantes no se oponen al desarrollo, que lo único que quieren es que se haga de la manera más adecuada y que en este sentido ellos, la comunidad y su familia, hicieron muchas propuestas que nunca quisieron escucharse por parte del ISVIMED y el Estado (entrevista personal, Medellín, 2019).

 

Barrio Moravia

Habitante 8: mujer entre 35 y 40 años. Manifiesta que su vida cotidiana era tranquila. Vivía bien, en familia. Les informaron que “iban a mejorar el barrio, de ahí, un día cualquiera se incendió eso allá y tuvimos que salir sin nada. Nos llevaron para el colegio donde nos prestaron unas colchonetas y cobijas. Ahí estuvimos como cuatro días. Después nos buscaron un apartamento y nos mandaron para donde quisieron y al año nos echaron a la calle”. Tanto esfuerzo en la vida, ¿para nada? (entrevista personal, Medellín, 2019).

Habitante 9: mujer entre 30 y 35 años, quien fue informada de su primer desalojo el 13 de julio de 2016. “Construí mi casa, en comunidad logramos construir, la Alcaldía no nos dio protección por ser ‘invasores’”. Su familia se ha fracturado, le ha tocado desplazarse muchas veces, solo quiere una casa para vivir (entrevista personal, Medellín, 2019).

 

Barrio El Playón

Habitante 10: mujer entre 60 y 65 años. Desde el 7 de enero de 2017 les han dicho que desalojarán varias casas. “Las familias están como chifladas, enfermas. Uno ve a la gente llorando, la gente se enferma. Un vecino, mi hermano, se enfermó y está en la etapa terminal”. Ella sabe que, por su edad, ya está sin fuerzas, que le da mucho dolor de estómago hablar de estos temas. Dice que se queda “desinflada, como sin palabras, como sin saber qué hacer” pues la están desplazando de lo que es de ella, del lugar donde dejó sangre y sudor (entrevista personal, Medellín, 2019).

Habitante 11: mujer entre 60 y 65 años. Le dijeron y alertaron, no oficialmente, que debe salir de la casa en diciembre de 2019. Le preocupa qué hará a su edad cuando la saquen. Dice que se lamenta por sus vecinos. Reconoce que hay muchos afectados, en su mayoría personas con discapacidad y de la tercera edad (entrevista personal, Medellín, 2019).

Estos son algunos de los cientos de relatos que venimos sistematizando y que dan cuenta de lo que se está esbozando en este texto.

 

La preocupante gestión social del despojo

Las falsas expectativas que promueven estas entidades, a la hora de anunciar una megaobra, provocan la división de las comunidades. Beneficiar a unos y a otros no; violar el principio de igualdad. Acudir a un lenguaje excluyente y llegar incluso a una comunicación humillante por parte de los contratistas (abogados, trabajadores sociales, etc.) lo que vulnera a los sujetos, en términos de dignidad y honra. Pero este fenómeno no solo se percibe individualmente, sino que las comunidades se ven afectadas de manera paralela. Esta forma de comportarse y relacionarse evidencia que, para la administración pública, prima la necesidad de construir la obra y no la de resarcir los derechos de las personas y de las comunidades, dejando de lado su bienestar real.

No obstante, cabe enfatizar que se tiende a estigmatizar a las personas y comunidades que se resisten y exigen sus derechos por parte de la administración pública, una suerte de “gestión social del despojo” que se va aplicando por fases; la primera descrita en el párrafo anterior, continuando por la individualización de los líderes que presentan mayor resistencia, de tal forma que el trato hacia ellos gira hacia la estigmatización, la criminalización, la exclusión, señalarlos y aislarlos, lo que ocasiona un peligroso ambiente para cada uno de ellos. Vale decir que la situación de los líderes y lideresas sociales, no es alentadora en Colombia, su eliminación física, seguida de la impunidad, es la constante.

No contentos con vulnerarles los derechos en nombre del “desarrollo de la ciudad” y del “bien colectivo”, los funcionarios, contratistas, abogados, trabajadores sociales, entre otros, a modo de herramientas funcionales para la “gestión social del despojo” —cual mensajeros de la desgracia—, ejercen una presión indebida utilizando un lenguaje cargado de esperanzas fallidas, basados en engaños, imprecisiones, amenazas vedadas para implementar acciones improcedentes que, por desconocimiento de la norma, la población termina creyendo. Lo anterior impacta de manera negativa en las personas, generándoles ansiedad, angustia y depresión.

Estos neo-profesionales, cuya formación humanista-universitaria parece quedar en el tintero, se transforman en entes desalmados capaces de ejecutar acciones que se traducen paulatinamente en tratos crueles y humillantes, que producen efectos, en las personas y familias, similares, por no decir iguales, a la tortura, evidenciando reacciones en la personas y colectivos sociales a las ya ampliamente registradas en las víctimas del conflicto armado.

Son todos estos métodos, técnicas y herramientas de “gestión social del despojo”, en el marco de la implementación de grandes proyectos del llamado “desarrollo”, las que se traducen en una acción constante de atropello y maltrato directo, como si hubiera una escuela que formara a este ejército de neoprofesionales indolentes (Muñoz, 2019).

Se gestionan así asuntos públicos, pero con herramientas privadas. Es el traslado sofisticado de lo que ocurre en lo privado hacia lo público, en donde no se piensa en el derecho y bienestar de las comunidades sino en concluir sus productos, la utilidad, ganancia, eficiencia y eficacia de estos, lenguaje que ya se ha instaurado en la sociedad sin una reflexión crítica.

 

Participación funcional y gestión con daño

La justificación principal que enmarca los procesos que se han llevado a cabo indebidamente va encaminada hacia el tiempo específico que se requiere para el desarrollo de cada obra, ya que cada una de ellas debe ser ejecutada en un momento determinado y cualquier demora se traduce en menores ganancias para las constructoras y entidades que se benefician de manera directa o indirecta.

Es la institucionalidad la que construye, poco a poco, una participación inocua, sin capacidad de incidir de manera real, dejando espacio para adaptarse o ser cooptada de manera rápida y eficiente pues, de no ser así, el riesgo será entonces el de ser excluidos (Borja, Barrera e Insuasty, 2017).

Hasta la fuerza pública se pone incluso en función del desarrollo de estos proyectos en los tiempos trazados, generando confrontaciones y aumentado los malestares. En otros casos, quienes presionan son las organizaciones ilegales armadas de los barrios, todos saben, todos temen, todos callan.

Por lo que se han desencadenado una serie de daños múltiples y variados en estas comunidades: económicos, sociales, culturales, de arraigo, morales, psicológicos y físicos que afectan la visión de futuro; hasta atacar la democracia real pues excluyen la participación política en tanto se impone la planeación e intereses de externos y privados.

En este sentido, el daño a la salud mental de los sujetos se ha hecho evidente gracias a los relatos compartidos, en donde se observa claramente que el evento de desalojo y la manera como se realiza, como práctica llena de engaños y amenazas, ha generado un cambio significativo en la vida cotidiana de cada una de ellas; es decir, el evento ha creado una consecuencia negativa que desborda la capacidad de la persona para afrontar las adversidades y su adaptación a situaciones nuevas. Según Echeburúa, Corral y Amor (2004), lo que ocasiona el daño

habitualmente, suele ser la amenaza a la propia vida o a la integridad psicológica, una lesión física grave, la percepción de este como intencionado, la pérdida violenta de un ser querido y la exposición al sufrimiento de los demás, más aún si se trata de un ser querido o de un ser indefenso (p. 229).

Por lo tanto, nace la necesidad de empezar a realizar la valoración del daño en estas comunidades, con el fin de establecer un nexo de causalidad entre el evento y las consecuencias psicológicas que se presentan en los sujetos, ya que según Carmona y Valencia (2015) la valoración del daño psicológico permite vislumbrar que “los efectos poseen una relación directa con el evento denunciado” (p. 149). Todo lo anterior, con el objetivo de brindar una ayuda adicional al ámbito judicial.

 

La captura mediática

Muchos derechos constitucionales se vulneran en esta lógica: leyes, acuerdos municipales y directivas, como bien lo señalan Mesa et al. (2019). Derecho a una vivienda digna, al justo pago, el derecho a reasentamiento en sitio, al trabajo, a la igualdad del valor del metro cuadrado, derecho al pago oportuno e inmediato de la vivienda, a un trato justo, a la protesta, a la propiedad y, ahora, el derecho a la verdad, pues la alcaldía, con su aceitado aparato de propaganda mediática, un rubro que ha crecido en gastos en la actual administración municipal y sus medios masivos de propaganda, se ha encargado de negar, esconder y “ningunear” esta contundente realidad; otro tanto hacen entidades como el Metro ante esta irrefutable verdad.

Una investigación de la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) reveló que la Alcaldía de Medellín gastó más de 130.000 millones de pesos en contratos de publicidad oficial durante los años 2016 y 2017; una cifra que supera ampliamente el mismo rubro en ciudades como Bogotá, con un presupuesto cinco veces mayor al de la capital antioqueña, y Barranquilla (“La alcaldía de Medellín es la que más gasta en publicidad en el país”, 2018).

Se trata así de toda una compleja “gestión social del despojo”, enmarcada en una suerte de “planeación institucional de la miseria y el desarraigo”.

Cada familia que es expropiada para darle paso al “bien colectivo”, debe ser tratada como heroína, pues deja, para bien de todos, lo que ellos han construido con tanto esfuerzo, toda una vida donde se tejieron sueños, esperanzas, apuestas, dolores, alegrías, y que le es arrebatado con maltrato y humillación.

Si es por el bien común, la sociedad, el Estado, debe hacer valer sus derechos, garantizar el mayor bienestar posible, al menos, eso dicta la razón. Y lo dictan las normas internacionales firmadas por Colombia.

 

Y, ¿qué sigue?

Se avecinan más proyectos que afectarán a comunidades enteras; entonces nos preguntamos: ¿Cuál será el trato que se les va a dar?

Una de esas próximas megaobras se agrupa en el cúmulo de proyectos a desarrollo en el marco del Plan de Expansión del Metro a 2030, como consta en su propio Plan Rector (Mercado, 2019).

Figura 11.2 Plan maestro 2006-2030


Fuente: “Plan maestro 2006-2030” (2011).

Se trata de dieciséis proyectos a desarrollar a 2030 por parte de la Institución Metro de Medellín.

Otra megaobra de gran impacto es la Conexión vial al Norte, conocido como Avenida Regional Oriental Norte. Es la solución que plantean las autoridades a la movilidad, y constará de cuatro fases. La gestión predial está a cargo de la edu; la primera etapa va desde la calle 77 hasta la 82 (sector Cuatrobocas), en un par vial con la carrera 51C y las carreras 53, 53A y 55 hasta el Puente de la Madre Laura.

Martha Suárez, líder de prospectiva de la Secretaría de Movilidad de Medellín, reconoce que:

La Paralela es un corredor que requiere de intervención, pero por las condiciones actuales de ocupación la han limitado. Igual que Carabobo, en el costado oriental, pero en la que sí hay diseños para un tercer carril (fase uno de la Regional Norte) (Álvarez, 2018a).

Figura 11.3 Proyecto Avenida Regional Norte


Fuente: “Obras metropolitanas: Avenida Regional Oriental Norte” (2018).

Otra megaobra será el Distrito Medellinnovation, de gran impacto sobre la población que allí habita, en los sectores de Moravia, los barrios Sevilla, Chagualo, Jesús de Nazareno y Miranda.

El Distrito se proyecta como un laboratorio de vida y negocios, que cuenta hoy con 115 importantes empresas locales y extranjeras, y una representativa presencia institucional con énfasis en la investigación, ciencia, tecnología, recreación y bienestar. Su misma localización y buena infraestructura de movilidad le permiten también conectarse con el resto de la ciudad. Con el apoyo de Ruta N y el liderazgo del Distrito, se busca la evolución económica de la ciudad hacia actividades intensivas en ciencia, tecnología e innovación de forma incluyente y sostenible (“¿Qué es el Distrito?”, 2018).

Ahora bien, se busca integrar a la Universidad de Antioquia, al Parque Explora y Norte, a Ruta N y la Sede de Investigación Universitaria (SIU), más otros espacios de entretenimiento, cultura y ciencia, como lo traza el Plan Parcial, pero aún faltan otras fases de este proyecto, como son los desarrollos urbanísticos en los barrios Sevilla, Chagualo, Jesús de Nazareno y Miranda de Medellín.

Para Iván Rendón, líder de Gestión Social del Distrito de Innovación de Ruta N, el principal logro desde 2016, cuando inició el trabajo social para plantear las intervenciones en la zona, en la que la mayoría de asentamientos son estrato 2, 3 y 4, es la de superar la percepción, en habitantes, de que renovar implica desplazar. “El gran miedo de la gente cuando se va a desarrollar un distrito es a que lo desplacen y reducimos esas tensiones. Más allá de grandes edificios necesitamos actividades dinámicas, creativas, de innovación entre comunidades tradicionales. La transformación no son solo edificios”, dijo (Álvarez, 2018b).

Figura 11.4 Distrito Medellinnovation


Fuente: Ruta N (2014).

En implementación se encuentra el Plan de Renovación del Centro de Medellín, con un gran impacto sobre la población trabajadora informal.

Son muchas las obras que se avecinan y mucho el impacto sobre la población menos favorecida.

¿Se respetará el derecho de los habitantes, de los moradores y de los trabajadores informales que suman casi el 60 % de la población activa, trabajadora del país?

Si hacemos una prospectiva, lineal, juiciosa, la respuesta es no, a menos que seamos capaces de cambiar esa tendencia y para ello debemos mover la voluntad de conocer y de hacer, con sentido, con corazón, solidariamente, para que esto sea real, para que se respeten nuestros derechos y podamos planear una ciudad para todos. Lo que debe existir es una fuerte capacidad organizativa que pueda poner condiciones en colectivo, siendo garantes de sus propios derechos y su bienestar, no el meramente individual.