GLOSA INTRODUCTORIA
En la actualidad se vive en una época de auge de las tecnologías
digitales caracterizadas por constantes cambios e innovaciones científicas
y tecnológicas, al evolucionar de manera vertiginosa, siendo necesario
apropiarse y actualizarse de las mismas para poder interactuar con ellas.
En el mundo digital, la incursión del gobierno electrónico ha traído la
modificación de los modelos clásicos y de las políticas de gobierno por
los Estados, toda vez que muchas de las actividades que los ciudadanos
realizan con la Administración Pública se efectúan de forma digital desde
finales del siglo XX, suceso que ha avanzado en el siglo XXI con las ciudades
inteligentes, constituyendo lo que se ha denominado como una relación
jurídica telemática (Bernadí, 2005).
La implementación de la estrategia e-government es uno de los elementos
fundamentales en la modernización del sector público en el siglo xxi, no
solamente porque permite el abastecimiento de información, sino que optimiza
los procesos comerciales y ayuda a la comunicación entre los diferentes
niveles del gobierno. Facilita el desarrollo de actividades de la Administración
Pública relacionadas con los ciudadanos y las diferentes empresas al potenciar
los servicios públicos. Con esta estrategia, los gobiernos han encontrado nuevas
maniobras que propician la participación más activa de sus ciudadanos y
ayudan a cumplir los mandatos constitucionales al apoyar la democracia con
mayor transparencia. Una de las estrategias más innovadoras es el uso de internet
en la realización de diferentes procesos de comunicación para impulsar
el gobierno digital (Castoldi, 2002). Estos procesos se ejecutan a través de la
Ventanilla Única, ello permitirá analizar su concepto, evolución y reconocimiento
jurídico en los Estados que la han implementado en sus ordenamientos
jurídicos.1
En el artículo se propone como objetivo caracterizar la Ventanilla
Única de Certificación Ambiental (VUCA) dentro de los procesos vinculados
al Derecho Ambiental, dentro del ordenamiento jurídico elaborado por
el Ministerio de Ciencias, Tecnología y Medio Ambiente para la gestión
ambiental, como parte de las políticas públicas en el fomento del gobierno
digital en Cuba, en la actualización de su modelo económico social. Para
ello, se han utilizado como materiales y métodos: el histórico lógico, el de inducción deducción, el de análisis síntesis y el de comparación jurídica.
El artículo está vinculado al Proyecto ECOIURE de la Unión Nacional de
Juristas de Cuba, en relación con la actualización de la Ley marco ambiental
y con la Editorial Jurimestre en Brasil para su socialización.
LA VENTANILLA ÚNICA EN EL E-GOVERNMENT. CONCEPTO,
ORÍGENES, FUNCIÓN, EVOLUCIÓN Y REGULACIÓN NORMATIVA
El e-government y la Ventanilla Única
Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) han tenido
un desarrollo vertiginoso desde el pasado siglo XX. De hecho, la innovación
de las tecnologías ha crecido y evoluciona exponencialmente en
el siglo XXI. Hoy las tecnologías que se implementan no solo tienen más
capacidad de almacenamiento, mayor radio de alcance, mayor velocidad de
transmisión, mayor aplicación o mayor grado de interactividad, sino también
son, en general, más sofisticadas y han aumentado para una variedad
de propósitos antes no concebidos. La tecnología evoluciona y cambia tan
rápidamente que siempre hay opciones nuevas, actualizaciones y aplicaciones
con las que el ciudadano y los servidores públicos interactúan.
A una sociedad tecnológicamente avanzada se le llama, tanto por
especialistas como por instituciones internacionales, “sociedad de la información”
o “sociedad del conocimiento”. Castell (2005), desde sus estudios,
la identifica como la “sociedad en red “en concordancia con Pérez (2014),
quien reconoce además la existencia del ciberespacio como un área para la
comunicación, el comercio y la participación ciudadana, en donde también
se evocan nexos con la ética y el Derecho.
El desarrollo y crecimiento de las TIC ha impactado prácticamente
todas las áreas de la actividad humana. Incide su utilización en todos los
órdenes de la vida de las personas, y como sociedad en los ámbitos económico,
político, social, cultural, educativo, etc., reconfigurando la forma de
percibir el mundo, los comportamientos y la interrelación con las personas.
La ciudadanía digital está comprendida en el modelo de la sociedad del conocimiento
y la información.2
Se aprecia el impulso que ha recibido el principio de simplificación en
los últimos años, desde el siglo XX, con los actos de la Administración Pública;
esta tiene tras de sí una estrategia que ha acertado a aislar con una inédita
determinación el instrumento de simplificación con la introducción de medios
electrónicos en la gestión administrativa, a través de las herramientas de las
tic. Se analiza la Ventanilla Única (VU) en la batalla contra la complejidad de
la tramitación administrativa que concurre entre la Administración Pública y
sus administrados. Este elemento constituye, a criterio de los autores consultados,
el reto de la modernización administrativa con el uso de las TIC contra la
burocracia de la Administración Pública en el siglo XXI. Su origen, como mecanismo
de la Administración Pública, se desarrolla en el ámbito del comercio
exterior entre los países. La VU ha cobrado actualidad al facilitar la actividad
del comercio desde finales del siglo XX.3
La comunidad comercial, con la adopción de la vu, ha permitido simplificar
la interacción con los organismos de control en frontera al rediseñarse
todo el aparato de gobierno que interviene en los movimientos transfronterizos
de mercancías y pasajeros, con el fin de satisfacer las necesidades
específicas de las empresas y de los ciudadanos en esta actividad mercantil
en los servicios aduaneros. Las demoras, trabas o sobrecostos en el proceso
de comercialización de mercancías a nivel internacional pueden llevar a rezagos
en el mercado, o incluso la pérdida total del mismo.4
Los países que trabajen por mejorar la denominada “facilitación del
comercio”, con la implementación de la vu, ponderan su uso en un gobierno
abierto. He aquí, a criterio de los articulistas, su nexo con el Derecho Mercantil
desde la integración de contenidos en la materialización de contratos,
los cobros y pagos, la certificación y calidad ambiental y la protección a los
consumidores, entre otras. Como concepto, fue introducido por primera vez
en el programa de trabajo de la Organización Mundial del Comercio (OMC)
y en la Declaración Ministerial de Singapur de 1996. Es un concepto central
en la gran mayoría de los acuerdos comerciales que buscan como finalidad
que los exportadores e importadores se beneficien de procedimientos más
ágiles, transparentes y simplificados, que no sustituyan en ninguna medida
a los aranceles y tarifas que se eliminan; se implementa en la contratación
electrónica y los pagos, como en el marketing comercial. La División de
Economía y Administración Pública de las Naciones Unidas (2002) señala que “el gobierno electrónico es un compromiso permanente del gobierno
para mejorar la relación entre los ciudadanos y la administración pública,
mediante el intercambio eficaz y eficiente de servicios, información y conocimiento”
(citado en Organización de las Naciones Unidas, 2012).
Por medio de la VU de Comercio Exterior, las entidades comparten
información y los usuarios realizan el trámite electrónico para obtener permisos,
autorizaciones y certificaciones exigidos por las entidades del Estado
para las operaciones de comercio; como el acceso a consultar información
sobre los procedimientos previos a la importación y exportación. Concepto
que se ha construido sobre la Recomendación n.° 33 de la ONU de 2005. En el
2005, el Centro de las Naciones Unidas para la Facilitación del Comercio y
las Transacciones Electrónicas emitió la Recomendación y Directrices para
el establecimiento de las Ventanillas Únicas de Comercio Exterior. Se partió
de reconocer que en el comercio internacional existe una gran cantidad de
requisitos y costos asociados; cumplirlos puede constituir un obstáculo para
el desarrollo del comercio internacional (CEFACT/ONU, 2005). Una forma de
abordar este problema en el comercio era el establecimiento de una VU que
permitiera que la información y los documentos de carácter comercial se
presenten solo una vez y en un único lugar, en el e-goverment. Un servicio
de este tipo busca mejorar el principio de la eficacia y la rentabilidad de los
controles oficiales, permite reducir los costos de las administraciones públicas
y de los operadores comerciales debido a una mejor utilización de los
recursos; es el caso de las VU en los trámites aduanales (CLAD, 2007).
La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia
y la Cultura (UNESCO), en su informe “Hacia las sociedades del conocimiento”
señala: como concepto tiene dimensiones sociales, éticas y políticas
mucho más vastas que la Sociedad de la Información; se refiere a ella en plural
debido a que hay una intención de rechazar la unicidad del modelo “listo
para su uso” que no tenga suficientemente en cuenta la diversidad cultural
y lingüística, elemento que le permite al mundo reconocerse en los cambios
que están ocurriendo de modo vertiginoso en el siglo XXI.
La Carta Iberoamericana de Gobierno Electrónico reconoce:
El uso de las TIC en los órganos de la Administración para mejorar la
información y los servicios ofrecidos a los ciudadanos, orienta la eficacia
y eficiencia de la gestión pública e incrementa sustantivamente
la transparencia del sector público y la participación de los ciudadanos
(Piana, 2010, s. p).
La importancia que para los países de América Latina y Caribe tiene
el desarrollo de iniciativas de la VU se refleja en el informe del estudio del
año 2010, patrocinado por el Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe
“Ventanillas Únicas de Comercio Exterior (VUCE) en América Latina y
el Caribe: avances y retos pendientes” (UNESCO, 2013).
Otro impacto tecnológico que desarrolla la aplicación de las TIC ha sido
en la economía digital, a través de las nuevas capacidades de la infraestructura
de Internet y las potencialidades de las tecnologías como el cloud computing,
Big Data, Internet de las Cosas (IoE), Smart Cities e Industria 4.0. Estos elementos
se articulan con estudios desde un enfoque interdisciplinario y transdisciplinario,
acoplados desde la combinación de las ciencias empresariales y
de la educación y con contenidos de las ciencias jurídicas y sociales con otros
saberes, considerado como el primer contacto con las TIC.5
La ONU , en documento de trabajo, sustentó que el gobierno electrónico
es un pilar en la construcción de un marco estratégico de desarrollo
sostenible para los Estados. El uso de la gobernanza electrónica dentro de
las naciones puede ser la clave para alcanzar la integración de las metas
económicas, sociales y ambientales en la planificación del desarrollo del
siglo xxi, para el desarrollo sostenible como principio del Derecho Ambiental
Internacional reconocido en textos constitucionales. Por ello, en la
medida que el sector público continúe reformando las instituciones y los
procesos estructurales para aumentar la eficacia y mejorar la prestación de
servicios dentro del e-goverment, se creará un ambiente propicio para los
negocios y ofrecerá más oportunidades de participación a la ciudadanía. El
gobierno electrónico se convertirá gradualmente en el ente activador clave
del desarrollo sostenible (Piana, 2010).
Lo sistematizado permite aseverar que para la ONU el objetivo del
gobierno electrónico es establecer mejores procesos y sistemas para lograr
una mayor eficacia, efectividad, inclusión y sostenibilidad por parte de las
Administraciones Públicas en su relación con la ciudadanía. La UNESCO le ha
reclamado a los Estados a que se le preste especial interés en lograr un mayor
acceso a la información de dominio público en un contexto mundial; para
ello, es necesario concebir estrategias para superar los obstáculos económicos
al acceso, potenciar el derecho a la comunicación y el reconocimiento
de uso legítimo de la información, así como la utilización eficaz de las telecomunicaciones y de la circulación de la información en la educación, la
ciencia y la cultura.6 El gobierno electrónico para la onu, en el uso de las TIC
por parte de las instituciones de gobierno, señala mejorar cualitativamente
los servicios e información que se ofrecen a los ciudadanos, aumentar la
eficiencia y eficacia de la gestión pública dentro de sus principios de actuación,
así como incrementar, de forma sustantiva, la transparencia del sector
público y la participación ciudadana (ONU, 2012).
Se corrobora que las capacidades del sector público para promover la
interacción entre el gobierno y la ciudadanía, a través de medios virtuales,
se modifican y están en constate evolución. De esta manera, el desarrollo del
e-gobierno constituye otra forma de entender el cambio institucional, donde
las capacidades estatales conforman los recursos necesarios para llevar adelante
una administración gubernamental del tipo electrónica-relacional con
los ciudadanos. La interoperabilidad en la Administración Pública se manifiesta
en los diferentes enfoques de relaciones del gobierno electrónico con
los administrados, como son el G2G: gobierno a gobierno, G2C: gobierno a
ciudadano y G2B: gobierno a empresa.
Son analizadas posturas de autores como Suñé (2000, 2016a y 2016b),
para quien el Derecho Informático tiene una vertiente de aplicaciones teleinformáticas
de directa relevancia para las organizaciones jurídicas (informática
jurídica) y otra dimensión de Derecho que recae tanto sobre objetos
teleinformáticos como de las cuestiones sociales características de la
sociedad de la información. El e-gobierno tiene un marco interdisciplinar
donde se abordan, de forma conjunta e integrada, cuestiones que son tanto
de informática jurídica (aplicaciones) como de Derecho de la Informática
(Derecho).
Galván y García (2007) razonan que la Administración Electrónica
es tan antigua como la informática misma. Refieren que se evidencia con la
primera mecanización preinformática, la de máquinas mecánicas que tabulaban
tarjetas perforadas y que se desarrolló para la elaboración del censo
de Estados Unidos de 1890, para la actividad administrativa de estadística
pública. La tecnología informática se desarrolló inicialmente al servicio de
la Administración Militar, en la década de los sesenta del siglo pasado.
Sáez (2006) reflexiona:
Las tecnologías de la información son el último eslabón de la cadena
de inventos humanos que va desde el lenguaje hablado, la escritura y
la imprenta, hasta nuestros días. El ser humano inventa una tecnología,
sea un instrumento material, sea conceptual, y está de vuelta, lo
transforma a él (s. p.).
Delpiazzo (2002 y 2005) preconiza que el e-gobierno es un aspecto
genérico que comprende la administración electrónica (e-A) y la democracia
electrónica (e-D), siendo aquella básicamente la prestación de servicios
públicos y el acceso a los mismos a través de las TIC.
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) ha
señalado que reconoce que las TIC han favorecido la comunicación instantánea
y la globalización. Estar dentro de la red significa estar vinculado desde
cualquier lugar del mundo con todos los otros. La diferencia de latitudes y
longitudes se anula en el tiempo de la comunicación. Las TIC y los bienes
que de ella se derivan son considerados elementos claves para el desarrollo
de un país, donde la economía a nivel mundial es digital (CEPAL, 2018).
Como se aprecia, pervive la diversidad de conceptos en materia de
qué es lo que debe entenderse por gobierno electrónico y dónde se debe aplicar
para avanzar hacia la democracia digital. Sin embargo, podemos afirmar
que todos estos conceptos hacen referencia a una nueva relación, transformada
en positivo, entre el Estado y los ciudadanos, siendo el gobierno electrónico
quien rediseña la gestión pública con miras a mejorar la prestación
de servicios al ciudadano como mediador en el uso de las tecnologías. La revolución
de las TIC y la evolución demográfica, en especial la urbanización,
están descentralizando las estructuras burocráticas de los Estados soberanos.
Habrá una mayor participación en la gobernanza de los asuntos públicos, tal
y como se concibe por la ONU (2012) desde el año 2012.
Dentro de los ordenamientos jurídicos los Estados han regulado esta
relación jurídica telemática dentro del Derecho Administrativo a través de
una la Ley de Acceso a la Información Pública, convertido en la piedra
angular de la democracia digital, y además garantiza un mínimo control de
los ciudadanos sobre la acción de sus gobernantes, mediante el acceso a la
información que el poder político maneja, lo cual guarda relación con el
Big Data, regulado en una Ley de Datos.7 El tratamiento legal en la Unión Europea aparece en la Ley de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los
Servicios Públicos. En particular en España, en el Derecho Autonómico han
sido añadidos, a favor de la consolidación del principio de simplificación,
como un principio transversal de la actuación de la Administración Pública
con los ciudadanos, como lo refrendan desde su posición Gamero (2009b),
Valero (2007), Piñar (2007), Barnés (2000), Bernadí (2005) y Palomar (2007).
En los Estados Unidos de América, la implementación del E-Government
Act establece el uso de aplicaciones basadas en sistemas web e internet
y otras tecnologías de la información, de forma combinada con procesos
para implementar esas tecnologías y permitir el acceso y entrega de información
y prestación de servicios al público, a otras agencias y a otras entidades
de gobierno; o producir mejoras en las actividades gubernamentales con
el objetivo de que puedan aumentar la eficacia, la calidad de los servicios o
su transformación.
Con lo citado, se aprecia la interacción que existe entre las TIC y la
gestión pública de las Administraciones Públicas, así como el proceso de
las políticas públicas que ejecutan al constituir uno de los pilares básicos
en el campo de acción del gobierno electrónico, donde aspectos como el
liderazgo, la gestión del capital humano, el diseño y cambio organizativo,
las relaciones interadministrativas e intergubernamentales, la comunicación
y el marketing de los servicios, así como la transparencia, no se pueden ni
se deben entender de la misma manera en un entorno en el que las Administraciones
Públicas son usuarias de las tic en esta relación telemática que
se conforma. En el tratamiento se pondera el cumplimiento del principio de
información con la aplicación de las TIC, y se está en presencia además de
los tópicos de la descarga burocrática y la simplificación de la intervención
administrativa sobre la actividad de los particulares y personas jurídicas con
el fin de agilizar la actuación de la Administración Pública con respeto al
principio de legalidad.
En la región del Caribe, la Declaración de Santo Domingo sobre Gobernabilidad
y Desarrollo en la Sociedad del Conocimiento de la Organización
de Estados Americanos, subraya la importancia que desempeñan las
TIC como herramienta transversal para el logro del desarrollo equitativo y
sostenible y el fortalecimiento de la gobernabilidad. En este documento se
estableció el compromiso de los Estados miembros de incorporar las TIC en
sus planes nacionales de desarrollo, particularmente en los procesos de modernización
de las instituciones públicas, para, entre otros temas, propiciar
la eficiencia en la gestión y la provisión de servicios en el sector público, así como dedicar especial énfasis a la modernización del Estado a través
del diseño e implementación de estrategias de gobierno electrónico con el
fin de mejorar la provisión de servicios e información a la población en su
conjunto.8
La digitalización de la información está permitiendo crear nuevas
formas de codificación, representación y construcción de la cultura en las
que las experiencias analógicas a menudo se confunden con las virtuales,
propiciando un ida y vuelta entre estos dos escenarios de interacción sociocultural,
y evidenciando que, en las últimas décadas, la influencia de los
medios de comunicación no ha ido a la par del fomento de la alfabetización
mediática.9 El gobierno electrónico proyecta impactar en la transparencia
de la gestión pública, en pos de mejorar la información divulgada por la
Administración Pública. “Transparencia, en términos generales, significa
conducir las actividades de una manera en que las decisiones, las reglas y
otra información se hacen visibles desde el exterior” (s. d.). En la sociedad
contemporánea, ningún agente se muestra contario, a priori, a la transparencia.
10 Para hacerlo operativo y contrastable se plantea que:
La transparencia en la sociedad de nuestros días significa información
fácilmente accesible, fiable, que sea relevante para las decisiones,
que resulte comparable y que se presente de forma clara y oportuna.
En definitiva, que cumpla los requisitos y características cualitativas
del marco conceptual de la contabilidad, con un especial énfasis en la
accesibilidad, derivado del papel revolucionario del internet (Montesinos,
2009, pp. 26-28).
El uso por la Administración Pública de aplicaciones basadas en los
sistemas web en Internet y otras herramientas de las tic, de forma combinada
con otros procesos para implementar estas tecnologías, permiten el
acceso y entrega de información y prestación de servicios al público a otras
agencias y a otras entidades de gobierno; con ello se producen mejoras en
las actividades gubernamentales, con el objetivo de que puedan aumentar la
eficacia, la calidad de los servicios o su transformación. Esto ofrece la oportunidad
de dar nueva vitalidad a los gobiernos, pero también es necesario
favorecer la participación del ciudadano en la gestación de políticas públicas y en los procesos de gobernanza.11 Exige a la Administración Pública para
la implementación del gobierno electrónico de una serie de requisitos que
tienen que ponderar la seguridad técnica y jurídica. Su regulación jurídica se
establece con la Ley de Procedimiento de la Administración Pública y la Ley
para el reconocimiento de la Firma Electrónica, destinada a la firma digital.
Estos cuerpos jurídicos dan lugar a una relación jurídica telemática con la
Administración Pública con una Ley de Datos incidente en el tratamiento
de los datos de los ciudadanos. Se constata como guarda relación con el
Derecho Laboral (teletrabajo)12 y con el Derecho Marítimo con la digitalización
de las actividades en puertos y en la navegación. Otro de sus usos es la
Votación Electrónica (E-vote), primer escalón de la Democracia-E, como lo
refieren desde sus estudios Arena (2004), Cruz (2006), Cotino (2006) y Blasco
(2008). Otros de los usos del siglo XXI es el dinero electrónico (bitcoin);
esto cambia las relaciones comerciales y necesita de una regulación jurídica:
es un hecho nuevo en las relaciones monetario mercantiles (Martino, 2015).
Lleva a considerar que el paradigma papel hoy convive con el paradigma
digital, gestionado en sistemas híbridos de información. La documentación
soportada en papel puede ser convertida con facilidad en objetos
digitales derivados y ser gestionados para su preservación y acceso, como
sucede con los objetos digitales originarios al ser parte del patrimonio digital,
el cual, dentro de las políticas públicas de los Estados, irá sustituyendo
al papel en correspondencia con la preservación ambiental. Las soluciones
mediadas por el fomento del gobierno electrónico por la Administración
Pública, se pondera que lleva implícito superar la visión de clientes digitales
a ciudadanos, en áreas como la política, la económica y la social desde la
impronta digital. Estas soluciones tienen que estar destinadas a facilitar la
vida de la comunidad al constituir ahorros en los gastos públicos y permitir
el aumento de la eficiencia y la transparencia en la gestión de la Administración
Pública para con los ciudadanos y empresarios (Ventanilla Única Empresarial).
De aquí la necesidad de ponderar en los procesos que se ejecutan
entre la Administración Pública y los ciudadanos el fomento de la VU.13
La Ventanilla Única. Definición, función, contenido, aplicación,
clasificación y naturaleza jurídica
La VU es considerada como un instrumento unitario e integral para
satisfacer de manera plena el propósito perseguido con la utilización de las
tic. No es tan solo un instrumento funcional, es un mecanismo visual para
el usuario que pretende identificar un interlocutor único con el cual realizar
todos los trámites que precise, y al que pueda solicitarle toda la información;
de aquí que se conciba su naturaleza jurídica. A pesar de tratarse de un mero
instrumento de información por vía telemática (constituye el nivel primario
o elemental de administración electrónica) articulado en un centro único
de información, está soportado tanto por un sistema de información como
por un sistema de tramitación.14 La primera funcionalidad de la VU consiste
en erigirla en una fuente de información administrativa general sobre los
requisitos exigibles al prestador, para el inicio de la actividad de servicios.
Se trata de información administrativa general, no particular: la VU no se
convierte en un asesor técnico del prestador que le orienta acerca del mejor
modo para atender las exigencias administrativas en su concreto caso, ni
tampoco se configura como un instrumento de acceso de los interesados al
estado de tramitación de un expediente administrativo relativo al inicio de
una actividad de servicios.15
La VU está concebida como una aplicación concreta de los conceptos
de facilitación del comercio que permite reducir los obstáculos no arancelarios.
Fue concebida como un servicio que permite a los operadores comerciales
presentar la información y documentos en un solo punto de entrada, a
fin de satisfacer los requisitos normativos relacionados con la importación,
exportación y el tránsito. Si la información es electrónica los elementos de
datos específicos solo se deberían presentar una vez. No implica, necesariamente,
la aplicación y el uso de TIC sofisticadas, aunque el servicio mejora
considerablemente si los gobiernos identifican e implementan las TIC apropiadas
para ese fin (Salazar, 2006).
Se han realizado, por los Estados, medidas para simplificar los actos
administrativos con las herramientas que aportan las tic en una arquitectura
digital eficiente; ejemplo de lo acotado aparece en instrumentos adoptados en la Unión Europea a tenor del “Libro Verde menos trámites administrativos
para los ciudadanos”: “promover la libre circulación de los documentos
públicos y el reconocimiento de los efectos de los certificados de estado
civil” (s. d.); aquí se muestra el principio de celeridad sin menoscabar otros
principios informadores del proceso de simplificación y racionalización de
los procedimientos que se persiguen con la implementación de la vu, como
la eficacia y eficiencia, la economía procedimental, la transparencia administrativa
y el servicio efectivo a los ciudadanos.16
Con la VU la sistematización constituye un primer paso para facilitar
los trámites al ciudadano que consiste en insertar en una plataforma digital
nacional los datos abiertos para mejorar la gestión pública en la modernización
del Estado en el siglo xxi, incidentes en la mejora de los servicios
públicos, aumentar la integridad pública, la transparencia, la rendición de
cuentas y la participación ciudadana, así como administrar los recursos públicos
con mayor eficacia. De aquí que su naturaleza sea un instrumento
funcional. Un mecanismo visualmente unitario para el usuario que pretende
identificar un interlocutor único con el que pueda realizar todos los trámites
que precise y al que pueda solicitarle toda la información (Gamero, 2009b).
Cancino (2015), Witker y Trejo (2012), consideran que la finalidad de
la VU en el comercio exterior es que se reduzcan los tiempos de trámite, se
abaraten costos y se acoten lo nichos de poder, facultando y determinando
quiénes operarán la infraestructura tecnológica para que existan procesos
horizontales con trámites en tiempo y forma, definiendo el esquema electrónico
avalado por las organizaciones internacionales de tal forma que permita
a los comerciantes presentar la documentación o información exigidas para
la importación, la exportación o el tránsito de mercancías en un punto de entrada
único. Su reconocimiento legal parte de los acuerdos de la OMC en materia
de aduanas, 1988, y se desarrolla en el ordenamiento jurídico mexicano.
La CEPAL señala que los contenidos de funcionalidad están vinculados
a la implementación y al uso de la VU (el suministro de información administrativa
general) y que son relativamente fáciles de articular en la arquitectura
donde se diseñe. Supone únicamente la necesidad de inventariar los trámites
que exige el inicio de una actividad de servicios en las diferentes Administraciones
Públicas, recopilando la información mediante alguna herramienta
estandarizada y articulando un medio para su integración en un solo portal de Internet desde el que los interesados puedan descargar la información, lo
cual puede llevarse a cabo mediante un simple cribado o screening.17
Vinculado con el gobierno electrónico está “El portal ciudadano”, que
realiza el intercambio de información entre el Gobierno y el ciudadano a
través de las ventanillas informativas, las ventanillas de punto de enlace y
las ventanillas transaccionales. Dentro del Sistema de las Naciones Unidas
se ha considerado que las VU pueden ser reconocidas tanto en la modalidad
física como en la electrónica. Su evolución en el siglo XXI está siendo fomentada
a través de aplicaciones (formato apk) en los móviles inteligentes
denominado M-Government, que es la tecnología personal más extendida
y la de más rápida difusión de la información entre los ciudadanos. Tiene
la ventaja de ser una tecnología vinculada a la persona, lo que facilita la
verificación de la identidad y localización del que la usa, abriendo más posibilidades
de personalización de los servicios públicos que se prestan. El
uso de móviles inteligentes ha influido en la democratización del acceso a
Internet y al incremento en el número de usuarios y dispositivos conectados.
Marcado por la aparición de los dispositivos móviles inteligentes. Esta revolución
de dispositivos móviles conectados a la red ha sido posible gracias a
los avances realizados en el campo de la miniaturización de la informática.
Los avances en el campo de la miniaturización han extendido la posibilidad
de crear objetos con capacidades para el incremento de usuarios y dispositivos
conectados a Internet, y el crecimiento de los datos que generan estos
dispositivos (Rossel, Finger y Misuraca, 2007).
Lo que permitirá analizar cómo ha sido el reconocimiento jurídico
dentro del Derecho Ambiental de la VUCA en el gobierno electrónico, como
un principio ciudadano vinculado al Principio 10 de la Declaración de Río
sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, de 1992, sobre la información
ambiental.
La Ventanilla Única de Certificación Ambiental dentro del gobierno
electrónico
Para su análisis, tenemos en consideración la postura de Canals (2012),
quien refiere que la tramitación por medios electrónicos tiene como ventaja
evitar el exceso de trámites, reducir la carga documental y el factor tiempo en los procedimientos administrativos (tanto para los interesados como
para los órganos administrativos), así como la consiguiente racionalización
administrativa; pero no es, en sentido estricto, un medio de simplificación
administrativa sino un mecanismo cuya aplicación práctica permite obtener
esas ventajas.
Guillén (s. d.) considera que las nuevas tecnologías de la información y
la comunicación seguirán entrando en nuestras vidas hasta niveles imposibles
de predecir, pero poco sabemos acerca de qué tecnologías concretas y cómo
operarán. También sabemos que el mundo en el que hoy vivimos sería impensable
sin las tic. Ni los mercados financieros, ni la sanidad, ni la educación,
ni las relaciones entre las empresas serían como son, pero poco sabemos de
cómo serán en el futuro. Una de las pocas certezas que tenemos en relación
con la administración electrónica es que acabará determinando los modos de
relación de los ciudadanos con las instituciones públicas, de una manera radicalmente
distinta a como son hoy y, sin duda, alterando de forma profunda
el sistema de derechos, garantías y obligaciones de unos y otras. Uno de los
últimos impulsos en esta materia ha sido la nueva Ley de Acceso Electrónico
de los Ciudadanos a los Servicios Públicos (Guillén, 2010).
En el Derecho Ambiental Europeo se pondera, dentro de la gestión
ambiental integrada dentro de la modernización de la gestión pública con la
inclusión de la Evaluación Ambiental Estratégica al usar las tic. Aquí hay
una amplia gama de instrumentos de gestión ambiental como: los de planificación,
promoción, prevención, control, corrección, información, financiamiento,
participación, fiscalización, ordenamiento territorial, estándares
de calidad ambiental, límites máximos permisibles, certificación ambiental,
plan de prevención, etc. La VU debe ser accesible los siete días de la semana,
las veinticuatro horas del día. Analizadas estas posturas, y su reconocimiento
jurídico, se considera que la VUCA permite una relación jurídica telemática
dentro del gobierno digital abierto para la protección ambiental.18
En América Latina es reconocida en los ordenamientos jurídicos, y se
encuentra vinculada con las herramientas de gestión ambiental, en particular
con la ejecución de procesos de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA).19
La VUCA es considerada un mecanismo de gobierno electrónico creado por
la Administración Pública para el desarrollo de los procedimientos de certificación
ambiental en los eia, los registros ambientales, el acceso a la información ambiental y a otros procedimientos administrativos ambientales que
se le incorporan progresivamente a través de una plataforma virtual creada
como consulta de los ciudadanos (Aldana, 2015).
Aldana considera que la VUCA es un mecanismo de gobierno electrónico
para el desarrollo de procedimientos de certificación ambiental de
la EIA-d, los registros ambientales y otros procedimientos administrativos
ambientales que se incorporen progresivamente. Debe permitir la gestión
de la información ambiental relevante en materia de eia, para que con ello
se permita adoptar las medidas que correspondan. Se ha reconocido en los
ordenamientos jurídicos, en la Ley Marco Ambiental y en la Ley de EIA
en Perú, Colombia, Chile, Ecuador, México, en pos de prestarse un mejor
servicio al ciudadano en un gobierno digital abierto dentro del Derecho Ambiental
Latinoamericano.20
La VUCA debe permitir la gestión de información ambiental relevante
en materia de EIA, siendo a criterio de los autores uno de sus nexos vinculantes.
Su diseño conceptual, a partir del cual se habrá de formular la arquitectura
informática requerida para su implementación, requiere avanzar en
diversos frentes de manera integrada para lograr el objetivo de llegar a contar
con la herramienta eficiente, y que esta se utilice de manera exitosa para
alcanzar su finalidad última de mejorar los servicios al ciudadano en materia
de permisos ambientales otorgados por la autoridad ambiental.21
Con la implementación de la VUCA todos los problemas existentes en
la ejecución de la EIA no van a ser resueltos. En todo caso, sí debe entenderse
a esta herramienta de gestión ambiental como un medio a utilizar para optimizar
el procedimiento administrativo en beneficio del usuario del servicio,
así como también en beneficio de la población del país que ve la EIA como
un medio útil para la prevención de daños ambientales y de los conflictos
ambientales que pueda producir.22 Se valora como se realizan procedimientos
administrativos en línea mediado por los medios electrónicos, cuyos
resultados deben contener equivalencia legal a los procedimientos que se
realizan en físico. A tales efectos, se hace necesario que tanto los usuarios
como el proveedor del servicio de la VUCA hagan uso de las herramientas legales
existentes en materia de gobierno electrónico, ponderándose a criterio
de los autores del artículo el principio de legalidad.
En esta misma cuerda, la Directiva de Servicios n.° 205 de 2004 del
Parlamento Europeo, como política pública, mantiene una cierta preocupación
por hacer efectivo el principio de reciprocidad y cooperación administrativa
entre los Estados miembros. Sostiene que a los efectos de una
mayor simplificación de los procedimientos administrativos conviene garantizar
que todo prestador de servicios disponga de un interlocutor único
—o ventanilla única— al que dirigirse para realizar los procedimientos y
trámites preceptivos. La finalidad primordial de las vu es ayudar al prestador
de servicios, “ya sea como autoridad directamente competente para expedir
los documentos necesarios para acceder a una actividad de servicios,
ya sea como intermediario entre el prestador y dichas autoridades directamente
competentes” (s. d). En correspondencia con el gobierno electrónico,
la ley 11 de 2007 reconoce como principio general, al que ha de ajustarse,
la utilización de las tecnologías de la información y el principio general de
simplificación administrativa “por el que se reduzcan de manera sustancial
los tiempos y plazos de los procedimientos administrativos, logrando una
mayor eficacia y eficiencia en la actividad administrativa” (s. d.).23
Aquí los certificados digitales permiten la identificación de una persona
a través de un documento electrónico generado y firmado digitalmente
por una entidad de certificación, con la firma electrónica que utiliza una
técnica de criptografía asimétrica y que permite que las personas que conocen
la clave pública no puedan derivar de ella la clave privada, para lograr
un procedimiento administrativo con el menor costo posible en términos
de tiempo; por ello es recomendable contar con el sistema de pagos del
respectivo procedimiento incorporado en el sistema virtual vuca. Para la
seguridad de la información es de importancia como objeto de transferencia
de información o de pagos de servicios a través del sistema, para reducir la
vulnerabilidad ante amenazas que puedan poner en riesgo la integridad y la
seguridad.24 De aquí que la VUCA tenga nexo con el Reglamento de la Ley
de Firmas y Certificados Digitales, donde todo ciudadano tiene derecho al
acceso a servicios públicos para la realización de transacciones de gobierno
electrónico con las entidades de la Administración Pública, como manifestación
de su voluntad, a través de medios electrónicos seguros (Delpiazzo,
2001).
LA VENTANILLA ÚNICA DE CERTIFICACIÓN AMBIENTAL EN EL
GOBIERNO ELECTRÓNICO EN CUBA
El gobierno electrónico en Cuba
Amoroso (2014) refiere, en sus estudios, que la utilización de las TIC
en Cuba por parte de la Administración Pública se remonta al final de la década
del veinte del pasado siglo, con la introducción de los primeros equipos
destinados al procesamiento de datos para desarrollar el censo de población
ejecutado en el año 1930. Después, con el paso del tiempo la compañía IBM
instala en La Habana una sucursal con rango de oficina central para el Caribe
y América Central. Desde entonces, puede afirmarse que la utilización de
equipos informáticos aumentó considerablemente, de modo especial en las
empresas con capital norteamericano radicadas en Cuba. Cabe recordar que
en este tiempo el potencial informático se concentraba en La Habana, capital
de la República de Cuba. Esta etapa se caracteriza por el predominio de la
introducción de equipos electromecánicos de procesamiento de información
en tarjetas perforadas, además del establecimiento de un monopolio que consistía
no solo en la producción y venia de los equipos que se introducían, sino
también de la reparación y el mantenimiento de los mismos, así como de los
servicios de diseño e implantación de los sistemas que se aplicaban, e incluso
los especialistas. Con el triunfo de la Revolución en 1959 la situación cambió.
El gobierno introdujo en el país computadoras electrónicas de la primera
generación. Luego, en 1965 adquirió computadoras de la segunda generación
para el cálculo científico y la formación de especialistas informáticos.25
Con el proceso de institucionalización, en el análisis del tracto histórico,
en la nación se previó el desarrollo de instituciones en las funciones de
dirección y aplicación de las políticas trazadas. Así, dentro del ordenamiento
jurídico cubano, con la promulgación de la ley 1323 de 1976, se crea el
Instituto de Sistemas Automatizados y Técnicas de Computación (INSAC)
de conformidad con lo establecido en el artículo 86, decreto ley 67 de 1983
dentro de la Administración Pública. Con la entrada de Cuba a Internet se
había llegado a un consenso gubernamental que se preguntaba cuál debía
ser la estrategia cubana de acceso y transmisión de datos para impedir que
la isla se convirtiera en consumidora pasiva de conocimientos en pos de garantizar su seguridad informática y la veracidad de la información que se
difundiera. El decreto ley 209 de 1996 priorizaba el enlace de las personas
jurídicas y las instituciones de mayor relevancia en el país, y establecía el
ordenamiento al acceso pleno a Internet en la República de Cuba.26
En este tracto jurídico, en el 2000, se crea el Ministerio de la Informática
y las Comunicaciones (MIC) con la misión fundamental de fomentar
el uso masivo de las TIC en la economía nacional, la sociedad y el servicio
del ciudadano mediante la estrategia nacional de informatización contenida
en el Programa Rector de la Informatización de la Sociedad en Cuba. “Las
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, en general, ofrecen
oportunidades para que las personas, las organizaciones y las comunidades
puedan desarrollar su pleno potencial, promover su desarrollo sostenible y
mejorar su calidad de vida” (Díaz-Canel, 2018, s. p.). La Empresa de Telecomunicaciones
de Cuba (ETECSA) provee el servicio concesionado de
administrar la nube gubernamental, y lo hace a través de un centro de datos
habilitado para tales fines; esta empresa es la encargada de prestar los servicios
públicos a la ciudadanía y a las personas jurídicas en correspondencia
con los lineamientos de la Política Económica y Social aprobados en el Séptimo
Congreso del Partido Comunista de Cuba de 2017, que apuntan hacia la
racionalización del sistema de trámites en sectores como la vivienda y planificación
física (lineamientos 97, 236). En el lineamiento 272 se menciona
que el país debe avanzar hacia el mayor nivel de informatización posible de
acuerdo con los recursos financieros que se destinen con tales propósitos.27
En la Administración Pública nacional los estudios del gobierno electrónico
se aprecian desde las ciencias jurídicas, en especial desde el Derecho
Administrativo y la Informática Jurídica; señalan que para implementar una
plataforma de gobierno electrónico, primeramente, se debe entender la realidad
del contenido del gobierno electrónico. Otros aspectos que se deben
examinar, con relación a los beneficios que ofrece el gobierno electrónico,
son: analizar si existe una infraestructura tecnológica apropiada disponible,
estudiar si la Administración Pública está preparada para servir a los ciudadanos
en la era de las TIC y analizar si existe un marco legislativo que
apoye al gobierno electrónico en la nación, como lo han reseñando Amoroso
(2014), Delgado y Sánchez (2018), Ojeda (2015) y Formentín (2012).28
Amoroso, en este sentido, valora que para alcanzar un modelo sistémico
de gobierno electrónico con rostro social debemos ver este tema vinculado
también a la reforma y la modernización del Estado. La estrategia de
modernización tiene que tener tres características: ser gradual, generar redes
de colaboración, crear las condiciones de interoperabilidad y transformar la
cultura organizacional con el apoyo transformador del gobierno electrónico.
El Gobierno cubano ha tomado como sustento para la definición de la visión
del “gobierno electrónico” los cuatro pilares fundamentales del proceso revolucionario
cubano: la educación, la salud, la seguridad social y la cultura,
los cuales se trabajan a través del “Programa Rector para la Informatización
de la Sociedad Cubana”, estrategia que tiene al ciudadano en el centro de sus
objetivos buscando elevar su calidad de vida a través del uso de las tic. Empero,
los usuarios necesitan saber que sus comunicaciones con el Gobierno
son seguras, y que sus documentos y transacciones electrónicas están reconocidos
y protegidos por la ley. También es importante que todo proyecto
se desarrolle basado en una filosofía de Open Data a modo de favorecer la
interoperabilidad y la reutilización adecuada de los datos.29
Cuba participa de la Agenda Digital de América Latina y el Caribe
(eLAC), como resultado de la Sexta Conferencia Ministerial sobre la Sociedad
de la Información de América Latina y el Caribe de 2018, Cartagena de
Indias, en donde se declara el objetivo 10: “impulsar el gobierno electrónico
centrado en el ciudadano, masificando la disponibilidad de trámites y servicios
y la información pública, por múltiples canales y en todos los niveles
de gobierno” (s. d.).30
Cuba presenta las condiciones para adoptar e implementar un gobierno
digital efectivo con servicios sostenibles y centrado en la innovación,
para lo cual hay que seguir procesos y actividades que se integren en un programa
holístico estratégico que permita conducir paso a paso estas iniciativas,
en un entorno de gobernanza regido por las disposiciones jurídicas.31
El cuerpo jurídico que reconoce el Sistema de Información del Gobierno en
Cuba es el decreto 281 de 2011. En su implementación con otros instrumentos
legales que se diseñen deberán desarrollar las políticas de interoperabilidad
de datos, basadas en estándares de todos los ámbitos que posibiliten
satisfacer integralmente los trámites que realiza la población. Su ejecución a nivel de todos los productores-proveedores de la Administración Pública en
el país debe llevar a la generación de nuevas políticas para la publicación,
uso, acceso, licenciamiento, distribución y comercialización de datos y servicios
de datos, incluyendo la privacidad ciudadana.32
El Consejo de Ministros, en el 2017, establece la política integral para
el perfeccionamiento de la informatización de la sociedad junto a un grupo
de instrumentos legales derivados de la misma, los que a consideración de
los autores del artículo constituyen el principal marco legal del gobierno
electrónico en el país, identificado como uno de los proyectos priorizados
en el Programa Nacional asociado a esta política.33 Se reconoce por la Administración
Pública que uno de los retos por alcanzar con el gobierno digital
será el de avanzar en el ordenamiento de los registros públicos del país (lineamiento
273), tarea encomendada al Ministerio de Justicia, acompañado
de la normativa legal recogida en el decreto ley 335 de 2015 para que se
conforme esta plataforma dentro del gobierno digital como una página digital
interactiva. Para avanzar en el tema de VU se necesita la gobernanza
de interoperabilidad de gobierno electrónico/digital, entendida esta como
el conjunto de acuerdos (gobernados por políticas) entre los gobiernos y los
actores que participan en los procesos de interoperabilidad y a la forma de
alcanzarlos. Para progresar en la VU es necesaria la gobernanza, lo que permitirá
una efectiva interoperabilidad organizacional, legal, informacional y
semántica. Las plataformas digitales basadas en la nube constituyen un pilar
clave para minimizar el costo de despliegue de soluciones de VU y para la
sostenibilidad de los servicios en línea.34
Génesis de la Ventanilla Única en la Administración Pública en
Cuba
La VU ha decursado similar al contexto foráneo, con las actividades
vinculadas a la inversión extranjera dentro del comercio exterior, al amparo
de lo regulado en la ley 118 de 2014, Ley de Inversión Extranjera. Aquí
existe un nexo con el Derecho Constitucional, el Derecho Administrativo,
el Derecho Mercantil, el Derecho Ambiental, entre otras ramas. Los procesos
que aquí se realizan se encuentran vinculados con la eia, la licencia ambiental, la certificación ambiental y otros actos administrativos dentro del
entorno del comercio. Procesos que se ejecutan en el fomento de la inversión
extranjera realizados en la Zona Especial de Desarrollo del Mariel, y en
áreas de interés público ejecutados por el Ministerio de Ciencia, Tecnología
y Medio Ambiente (CITMA) con la consulta de otros organismos, a tenor de
lo establecido en la ley 81 de 1997 y otros actos administrativos. La auditoría
ambiental le corresponde a la Contraloría General de la República, a tenor
de la ley 107 de 2009 y su reglamento del 2010.35
Dentro del Derecho Ambiental patrio se pueden apreciar los estudios
realizados por Pereira (2011) sobre la autorización ambiental integrada,
quien refiere que el Derecho Ambiental también está imbuido de los condicionamientos,
exigencias y retos que impone la actual Sociedad de la Información
y la Tecnología. En los tópicos ambientales, la alta complejidad de
las interrelaciones que existen entre los distintos elementos que conforman
el medio ambiente, los riesgos que trae aparejado el uso de tecnología en las
actividades humanas y la relación que se establece entonces entre el Derecho
y la técnica, hacen que uno de los retos a los que se enfrenta el Derecho
Ambiental sea el de aunar el conocimiento necesario, así como las técnicas
para canalizar adecuadamente ese conocimiento, con vistas a enfrentarse
mejor a la complejidad del bien jurídico que pretende tutelar. Para cerrar,
se considera que, como antecedente en relación con los trámites realizados
por los ciudadanos, se han llevado a cabo experimentos promovidos por la
Administración Pública con el fin de agilizar los trámites en la relación con
los administrados con la Unidad de Trámites y Servicios a la población en
las provincias de Mayabeque y Artemisa. Se valora que ello constituye una
primigenia aproximación a un sistema de vu que recurre a un modelo de
agrupación física de servicios y una captación unificada del trámite, como
se significa en la teoría consulta en el fomento de la digitalización de los
servicios públicos y en la transformación del modelo económico.36
Asidero jurídico de la Ventanilla Única dentro del gobierno digital
En Cuba, el 2019 trae un texto constitucional que introduce nuevos
derechos, o los llamados derechos de tercera generación; el que nos vincula
al desarrollo del artículo es “el derecho al acceso a la información pública y a recibir información veraz, objetiva y oportuna”, en relación a lo que como
Estado parte se firmó dentro del Sistema de Naciones Unidas descrito en el
epígrafe ut supra (Constitución de la República de Cuba, 2019). La Administración
Pública, desde el año 2018, pondera el gobierno electrónico y el
portal del ciudadano por los organismos de la administración del Estado y
los órganos de gobierno.37
Se valora que la VUCA constituye un novedoso mecanismo en la gestión
ambiental. Su fin es simplificar la materialización de la demanda de los
diferentes actores involucrados en la emisión de permisos ambientales, con
el propósito de buscar una mayor racionalización de los trámites y la simplificación
de procedimientos que permita asegurar el objetivo de protección
ambiental, sin que ello signifique demoras innecesarias o duplicidad de intervenciones
de entidades estatales en el proceso requerido para obtener la
aprobación de los estudios ambientales u otros permisos para el desarrollo
de actividades económicas. Como herramienta de las tic, es un mecanismo
de gobierno electrónico; su implementación busca la transformación positiva
de la relación entre el Estado y los titulares de proyectos de inversión, la
relación entre entidades de gobierno así como la relación entre el Estado y
toda la sociedad civil que se incluya en los procesos de autorización ambiental
desarrollados dentro de la gestión ambiental rectorada por el CITMA en la
modernización del Estado con el gobierno electrónico.38
La Ventanilla Única de Certificación Digital en el Derecho Ambiental
en Cuba
Al analizar la ley 81 de 1997 se corrobora que no establece entre el
desarrollo de sus artículos un reconocimiento a la vuca, relacionada con las
herramientas de gestión. No obstante, la resolución 224 de 2014 del citma,
a tenor del decreto 327 de 2014, Reglamento del Proceso Inversionista, establece
el procedimiento para la evaluación de los estudios de factibilidad
de las inversiones vinculadas a las esferas de la ciencia, la tecnología y el
medio ambiente. Este cuerpo administrativo, en su artículo 2, regula: “Ventanilla
Central”:
El procedimiento utilizado para facilitar el proceso de tramitación de
la documentación correspondiente y que por lo general establece un
solo momento de gestión entre dos partes, donde una de ellas actúa
como gestora general de acciones relacionadas con terceros. Para la
entrega de la Licencia Tecnológica de conjunto con el criterio técnico
de otros organismos de la Administración Pública como el Ministerio
de Salud Pública, el Instituto de Planificación Física, el Ministerio
de las Fuerzas Armadas dentro del Sistema de Ventanilla Central del
CITMA (Decreto 327, 2015).
La implementación de la VUCA en la nación establecerá un proceso
de descentralización, con ello las autoridades ambientales han transferido
sus funciones ambientales y de ordenamiento territorial a los gobiernos regionales
para su concreción. Ello favorecerá la articulación intersectorial
con otros organismos de la Administración Pública para defender la fiscalización
ambiental. Para ello tiene que existir una coordinación vertical
y horizontal por parte de los servidores públicos que ejercitan el control
ambiental, en correspondencia con el Derecho Ambiental Internacional, en
la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y el Acuerdo de París sobre el
cambio climático de 2014, instrumentos que presionan a la comunidad internacional
a trabajar en favor del desarrollo sostenible y el bienestar común.
El CITMA lo contextualiza en el Plan de Estado para el cambio climático “Tarea
Vida”, en armonía con lo establecido en la Constitución de la República
de Cuba de 2019 (Rey, s. f.).
Estos elementos abordados apuntan a que habrá que ponderar nuevos
enfoques en el estudio del Derecho Administrativo por la academia con las
herramientas de las tic, las que vienen transformando las maneras de actuación
de la Administración Pública en el siglo xxi, creando una relación telemática
entre Administración Pública y ciudadanos.39 De aquí que pondere la
necesidad de la formación jurídica con la integración de los contenidos que
aportan las TIC en esta sociedad digital.
