doi: 10.24142/raju.v12n24a6

INTRODUCCIÓN

El momento crítico y ambivalente que se vive en el país, y el mundo entero, con relación al reconocimiento de la dignidad de los niños y las niñas, entra en contradicción al intentar escribir sobre derechos de infancia y la definición que se ha hecho de los niños como sujetos de derechos, desde hace ya más de dos décadas. La situación es tan crítica que nos agobia y deja una sensación de impotencia ante el infanticidio, el abandono y las múltiples formas de asesinato simbólico de la infancia; problemas que no son nuevos pero que el olvido cultural nos impide reconocer en la secuencia histórica de los hechos, y abrir los ojos a los acontecimientos casi cotidianos.

Para iniciar, es importante resaltar, en la obra de Ellen Key El siglo de los niños (1906), que a comienzos del siglo xx ya se insistía en la necesidad urgente de hacer ese reconocimiento efectivo de derechos a la infancia; sin embargo, como lo afirma Bustelo (2007), poco se avanzó en la teoría de la infancia hasta la adopción de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño (CIDN), que ha sido un giro histórico que puso en el centro de la escena la cuestión del sujeto y sus derechos asociados. A partir de este hecho se ha desarrollado una larga lucha por la afirmación de los derechos de niños, niñas y adolescentes, que lleva ya más de veinticinco años (Bustelo, 2007).

Aun así, se considera que la fundamentación jurídico-institucional de los derechos, aunque ha significado ciertamente un avance que, como en toda lucha, registra adelantos muy significativos, ha tenido un alto costo con relación a lo que Bustelo llama ''una unidimensionalidad conceptual''. Por esto, se afirma que el derecho, o mejor las ''ciencias'' jurídicas, ha tenido una responsabilidad central en la configuración de un sujeto individual, ''el'' o ''la'' niño/a, al que se le acopla un sistema de garantías en el marco de una visión que incluiría una ''protección integral'' (Bustelo, 2007).

Esta mirada unidimensional, de la protección integral como garantía de derechos, genera, como resultado último, la configuración de niño/a singularizado, blindado contra cualquier acechanza que amenace o viole sus derechos. Los saberes asociados al niño, la niña y los adolescentes son conocimientos que se apoyan, principalmente, en las ciencias jurídicas y, de manera subsidiaria, en la psicología y la pedagogía; lo que hace necesario abrirse desde la complejidad del sujeto mismo a la configuración de una mirada interdisciplinaria sobre la infancia, que debería incorporar muchos esfuerzos convergentes. Al derecho hay que añadir, entre otras, la sociología, la filosofía, la historia, la ciencia política, la economía, la geografía, el psicoanálisis, la antropología y los saberes asociados a la educación. Hay que avanzar ahora en estos saberes y explorar otras direcciones que no necesariamente excluyen la anterior, pues la tarea del momento implica la resignificación de las luchas y la renovación de los lenguajes asociados a la infancia (Bustelo, 2007).

LA CONDICIÓN DE ''SUJETOS'' DE DERECHOS. UNA PERSPECTIVA DESDE LA TEORÍA DE BIOPODER DE FOUCAULT

Bustelo (2007), citando a Foucault, afirma ''uno podría pensar la infancia desde la violencia adulta sobre el cuerpo infantil: del cuerpo de los suplicios, domesticado, marcado, mutilado, descompuesto, obligado, sujetado; cuerpos que son repartidos, organizados, separados, reunidos'' (p. 33); en términos dialécticos, y fundamentalmente antagónicos, en donde uno se vale de la violencia y el otro la padece. Desde esta perspectiva, la infancia es una categoría relacional en la que se pone en juego el poder; relación que se devela históricamente en las prácticas (discursivas o no) y en las luchas que la atraviesan. La infancia no es un sujeto a priori o un sujeto jurídico abstracto formal, sino una construcción histórica y relacional.

En el marco del pensamiento foucaultiano (Foucault, 1974), el individuo moderno no es el sujeto instalado de una vez para siempre, no es un sujeto soberano al que se le atribuyen derechos. Un sujeto supuestamente autónomo, libre y singular. Por el contrario, Foucault afirma que se trata de un sujeto atravesado por influencias sociales, políticas, culturales, históricamente determinadas. Es un sujeto producido y sujetado al orden dominador, por lo tanto, son necesarias las operaciones de subjetivación que transforman a los seres humanos en sujetos. En esas operaciones entra, en un primer momento, la sociedad disciplinaria: la sociedad de los instrumentos de castigo, de la policía y de las instituciones de encierro como los asilos, orfanatos, hospicios y las cárceles; estas últimas como espacios obligados para resolver los derechos de las madres judicializadas, lo que priva a los niños del entorno familiar básico para su desarrollo (Escobar-García & Hincapié-García, 2017). También entran aquí dos pilares en la conformación de la subjetividad infantil, como la familia y la escuela.

Por otra parte, Deleuze (1987) afirma que pasamos un momento transicional en donde la lógica disciplinar se somete a una lógica de control, en donde la centralidad la tienen los medios de comunicación masiva. Se pasa de un biopoder centrado en el Estado, para disciplinar poblaciones, a un concepto de control de públicos operado por empresas. La característica más importante es que se produce una forma de subjetivación abierta y continua en la cual, lo más relevante, son los flujos permanentes de informaciones, imágenes, prácticas sociales, propaganda y operaciones comunicacionales que nos mantienen bajo control y que han logrado atravesar el alma de los niños y niñas; y que desde otro lugar Giroux (2003) ha condenado en su texto La inocencia robada. Se trata de una máquina manipuladora y controladora en funcionamiento constante, cuyo rasgo central es la mercantilización de la información. Dice Deleuze (1999):

Ahora, el instrumento de control social es el marketing, y en él se forma la raza descarada de nuestros dueños. El control se ejerce a corto plazo y mediante una rotación rápida, aunque también de forma continua e ilimitada, mientras que la disciplina tenía una larga duración, infinita y discontinua. El hombre ya no está encerrado sino endeudado. Sin duda, una constante del capitalismo sigue siendo la extrema miseria de las tres cuartas partes de la humanidad, demasiado pobres para endeudarlas, demasiado numerosas para encerrarlas (p. 8).

En este sentido, la cuestión de lo público es central en el tema de la infancia, ya que es allí en donde se conforma y formatea una memoria de estilos, deseos y creencias para la construcción de consumidores. Según Podestá (citado en Bustelo, 2007): ''si las disciplinas modulaban los cuerpos construyendo hábitos principalmente en la memoria corporal, las sociedades de control modulan cerebros y configuran hábitos principalmente en la memoria afectiva, volitiva y sensitiva'' (p. 37).

¿Qué es entonces ser sujetos de derechos? Ser sujeto es estar sujetado a la sociedad, entendiendo que esta se transforma por las fuerzas de poder del momento. Tendríamos que resignificar, en términos de la formación (Muñoz, 2014), la capacidad del sujeto para emanciparse; es decir, a un ciudadano, desde la definición ético política, un sujeto con capacidad de decidir, tomar parte, hacer escuchar su voz en igualdad de reconocimiento, donde todos somos pares, con capacidad de participar, donde las relaciones sean simétricas porque el otro es el reflejo de mi yo. Para ello, es necesario eliminar del lenguaje la relación dicotómica y antagónica, una mirada política del sujeto donde no haya menores ni mayores, superiores o inferiores, débiles o fuertes.

La infancia y la adultez son estados del ser humano, no son condiciones de dignidad o reconocimiento limitadas por estados de incompletud; el niño o la niña son seres completos, dignos, son ciudadanos partícipes desde su condición de ciudadanía, su voz debe ser escuchada como se escucha la voz del adulto. Es recurrente, sin embargo, la pregunta del adulto cuando de derechos de los niños se habla, y ¿dónde están los deberes? Este ejercicio requiere asegurar que, sin derechos, no hay deberes y, por otra parte, no se le restituye a nadie los derechos que nunca ha tenido, una ruta de restitución de derechos a una infancia que nunca los ha tenido, no se pierde lo que no ha tenido, ni le devuelven lo que nunca perdió, simplemente no lo tuvo.

ENTRE LA CARA Y EL ROSTRO DE LOS NIÑOS Y LAS NIÑAS

Para Emmanuel Lévinas el rostro es mucho más que la cara en el otro, el rostro me interpela. Lévinas, en su obra Totalidad e infinito, se ocupa de hacer una diferencia entre rostro y cara. El capítulo ''El rostro y la exterioridad'' se abre con un apartado titulado ''Rostro y sensibilidad''. A lo largo de él realiza una tipología de la sensibilidad, teniendo en cuenta cómo esta ha sido interpretada a lo largo de la historia de la filosofía, y la perspectiva que de ella abre su propia ética. En resumen, es necesario señalar que, en principio, Emmanuel Lévinas (1999) diferencia dos tipos de sensibilidad: la sensibilidad cognitiva y la sensibilidad del gozo. La primera se caracteriza por reducir las sensaciones a contenidos de conciencia y someter la estructura sensible del ser humano al proceso cognitivo. De ahí que haya que asociarla con los esquemas y categorías conceptuales que articula el lenguaje, en donde se prioriza el sentido de la vista y, en menor medida, el del tacto, frente a los otros tres, al suponer que describen objetivamente la realidad. Por el contrario, la sensibilidad del gozo hace referencia a las sensaciones, en tanto que experimentadas. La vivencia, con todos sus matices sensoriales, no es siempre, por no decir nunca, reductible a un contenido de conciencia. Esta sensibilidad concentra la significación de este desbordamiento afectivo, sensorial, en una palabra, sensitivo, que se pierde en la representación. En este sentido, describe una experiencia en la que la realidad se presenta sin ''fachada'', o sin ser categorizada.

Desde la postura de Lévinas, y si se hace alusión al tema que nos convoca, debemos ponernos en el lugar que nos concierne a todos, la de agentes educativos de primera infancia, definida en la política pública como sujetos de derecho. Todos los días de nuestra vida tenemos una responsabilidad directa, propia, no encomendada, sino naturalizada, ética, con los niños y las niñas de nuestra ciudad, del país y del mundo. Hagamos entonces un ejercicio, evoquemos en este preciso momento a uno de nuestros niños o niñas. ¿Qué vemos? ¿Qué sensaciones nos genera? ¿Que sentimos al tenerlo cerca? ¿Vemos su cara? Al entrar en contacto con él, o con ella, procedemos inmediatamente a ubicarlo en una categoría: ¿Es niño, es niña, es blanco, negro, amarillo o rosado, es pobre, vulnerable, en riesgo, es hermoso, es tierno, es rico? O tal vez, es un número en un ejercicio de conteo diario. ¿Cuántos vinieron hoy? Contemos bien… cada uno representa una parte de mi salario. Bustelo define a este tipo de relación asimétrica, necesaria en el discurso del derecho. Se trata de la asimetría que, en la dimensión de la cultura, expresa la relación de la infancia con la adultez predominante en la actualidad. Aquí la infancia no se refiere al niño o la niña singularizados, ni a las categorías de hijo/a o alumno/a, sino al colectivo infancia que expresa el lugar que en la cultura tienen las nuevas generaciones respecto a los adultos. Esta asignación en la cultura es histórica y discursiva. La infancia es situada, incuestionablemente, en una relación de dependencia y subordinación, que el nuevo capitalismo ha convertido en una herramienta de mercado. La cara de la infancia se construye con la mirada. Una vez que nos comunica unas categorías que nos permite representar al otro, para protegerlo desde una relación asimétrica, el otro es pequeño —yo soy adulto—, el otro indefenso yo tengo el poder.

¿Qué pasa si no podemos ubicar la cara en una categoría? La respuesta es evidente, pierde su condición de dignidad humana, por lo tanto, pierde sus derechos. ¿No tiene registro civil? ¿No es humano? ¿No es digno de acceder a los servicios de atención integral? Los derechos de infancia son para las infancias; un niño sin registro civil no es infante y por lo tanto no tiene derechos. ¿Quién determina esto? ¿La madre? ¿La comunidad? ¿O la misma sociedad que con discursos humanistas defiende los derechos de los niños y las niñas? El mismo discurso jurídico construye la estructura que impide que aquellos ''no dignos'' entren al grupo definido por la Convención de Derechos de infancia como ''sujetos de derecho''. Pero todos hacemos parte de este sistema, todos sentimos su peso y la impotencia para transformarlo. Sin embargo, está en nosotros trascender la cara y construir su rostro. Cuando interpelamos a un niño o niña establecemos una relación única, singular, construimos su rostro. Solo la relación con el otro nos conduce a una relación totalmente diferente de la experiencia, en el sentido sensible de gozo del concepto. El niño y la niña, como individuos, son singularidades perpetuas, Juan José, Santiago, Miguel Ángel, María Camila, Deisy, Emiliano, son eternas... Es desde el rostro de los niños y las niñas que las infancias son múltiples. El rostro se construye con los oídos del alma. No es solo la forma de aparición del otro antes de que sea mirado; es conocerlo, sentirlo, vivirlo como una experiencia sensible, única, que nos permita actuar políticamente desde una ética de la compasión; es decir, ponernos a la altura del sufrimiento del otro (Mélich, 2010).

LA POLÍTICA DE ATENCIÓN INTEGRAL Y LAS ÁREAS DE DERECHO

La Política Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia surge como una respuesta a los problemas ante los que, históricamente, la sociedad había sido indiferente, específicamente con relación al desarrollo de los niños y las niñas. Situaciones como la muerte neonatal (consecuencia de las condiciones precarias de las familias y de la deficiente atención a las madres gestantes), el abuso sexual y el maltrato físico y psicológico (por parte de los padres o cuidadores, en donde se incluye a otros adultos significativos como docentes, jardineras y madres comunitarias) y la explotación infantil (cuando los niños y niñas deberían estar en la escuela), son situaciones que no deben ocurrir, pero ocurren, no porque existan malas personas, sino como consecuencia de un proceso de inequidades hacia la infancia que han sido aceptadas.

En la revisión de antecedentes a la construcción de la política pública de atención a la primera infancia, uno de los principios clave de la reflexión se refería a la complejidad del problema que enfrentaba la infancia en nuestro país; era claro que, para afrontarlo, no bastaba con sumar servicios, aumentar el presupuesto dedicado al desarrollo social o mejorar la organización y la gestión de las entidades del Estado; sino que se hace necesario identificar las categorías fundamentales del problema, empezar a intervenirlas de manera sistemática y estructurada de tal forma que se pueda trabajar con la misma red de complejidad que las origina, y esto incluye la organización de recursos, el establecimiento de redes intersectoriales e interinstitucionales y la organización, en estructuras no jerárquicas, que propicien la equidad y la igualdad en la implementación de estrategias de intervención, para configurar un objetivo general.

Por otra parte, la política pública reconoce que no es posible que un solo sector dé una respuesta integral y suficiente, como no es posible pensar que las causas se generan en un solo sector, como tampoco se debe agrupar en una sola categoría a la infancia colombiana. El Estado busca dar una respuesta, que puede leerse en el Conpes 109 para actuar de manera transectorial, y convocar a la sociedad entera para propiciar una acción colectiva adecuada a la magnitud y la complejidad de los problemas. Lo más importante es hacer por los niños y niñas de hoy lo que haya que hacer, porque la niñez se vive solamente una vez, y aquello que se les niegue hoy se les quitará para siempre.

A pesar de la inversión que se ha hecho en el país, y en algunas regiones de Colombia, para implementar la política de atención integral, vivimos situaciones que no pueden aceptarse, y de las cuales los niños y niñas son conscientes si se les permite opinar y participar. Sin embargo, la mayoría de las veces ni siquiera son percibidas por ellos, porque es lo único que conocen en su corta vida. Y en otros, se han convertido en un asunto ''natural'' para un amplio sector de la sociedad, bien sea por la concepción que se tiene de infancia y de niñez, o bien porque se convierten en falacias y terminan como parte del paisaje.

No se pretende entrar a explicar, desde la perspectiva de derechos, las causas evitables que están ligadas a la muerte de los niños, las enfermedades diarreicas o respiratorias o los accidentes que podrían prevenirse. Podría decirse, que como en otros sectores del continente latinoamericano, la tasa de mortalidad de los niños y niñas menores de un año ha descendido gracias a las políticas implementadas a partir de los años sesenta, orientadas a la salud y la superviviencia. Sin embargo, la violencia ejercida contra los niños, las niñas y adolescentes es otra de las principales causas de su muerte. En el año 2015, de cada 100 niños, niñas y adolescentes que murieron violentamente fueron asesinados 27, 12 murieron en accidentes de tránsito, 11 murieron a causa de otros accidentes y 4 se suicidaron (Casa de Justicia, 2016).

Las lesiones de causa externa, sufridas por los habitantes de la ciudad, se producen principalmente en el trabajo y, en segundo lugar, en el hogar. De los 4.570 casos reportados en 2014, 456 fueron accidentes domésticos y, de estos, la tercera parte les ocurrió a niños y niñas entre 0 y 14 años. Las tres causas más importantes son las caídas de altura, el golpe con objeto contundente y las quemaduras (Casa de Justicia, 2016). Las muertes neonatales, y las de los niños y niñas menores de tres años causadas por accidentes o infecciones, están asociadas a las condiciones de vida de las familias y a los problemas de desarrollo social de las comunidades. La calidad de la vivienda, del barrio, de la escuela y de los lugares por los que se movilizan, el nivel educativo de la persona jefe del hogar, junto con la oportunidad y la calidad de los servicios recibidos y la presencia o no de redes familiares y sociales de apoyo, contribuyen a que estos problemas ocurran todos los días. Es importante resaltar que la muerte de los niños y las niñas es una pérdida de capital humano, que representa pérdida alta del potencial social.

Un esfuerzo importante se ha logrado para mejorar la condición nutricional, la disponibilidad y el acceso a los alimentos, las prácticas alimentarias y la prevención de enfermedades como la diarrea y la neumonía. Para la política, es imperativo incidir en estos factores para avanzar hacia la garantía de unas condiciones nutricionales adecuadas. Sin embargo, la nutrición debe estar ligada a otros componentes, de manera que pueda responder a la necesidad de un desarrollo integral de los niños y las niñas, esto es, su rendimiento físico, su capacidad intelectual, la resistencia a las enfermedades, el estado psíquico y emocional y su desempeño social; de otra manera, se verán gravemente comprometidos.

La violencia contra los niños y las niñas se inscribe en el marco de la violencia intrafamiliar, que afecta a una proporción muy alta de los hogares colombianos. La información del Observatorio del Delito de Medellín indica que, para el año 2015, se registraron 1.722 denuncias sobre violencia familiar y maltrato infantil, las cuales llegaron por vía del sector justicia, el 82 % (855), y por salud el 21 % (226). Lo que implica considerar que la violencia familiar conjuga la doble dimensión de ser delito y problema de salud (Palacio, 2006).

Dentro de las principales causas asociadas a estas violencias se encuentran las relaciones fundadas en el patrón dominación-sumisión (a menudo las mujeres están subordinadas al hombre, y niños y niñas a las personas adultas), las concepciones autoritarias sobre el ejercicio de la paternidad y la maternidad, y la crianza autoritaria. Con frecuencia, la formación de hijos e hijas es asumida como una relación de fuerza, donde el castigo es legitimado como un mecanismo de educación y disciplina. Se concibe a los niños y niñas como seres incapaces de pensar y comunicarse (Arias, 2012) y como ''propiedad'' de los adultos (Palacio, 2010), por lo que sus necesidades son desconocidas y la visión adulta sobre el mundo se impone.

Este tipo de relaciones se agudizan frente a situaciones de crisis económica o conyugal de las familias, las cuales generan incomunicación, aislamiento de los sistemas de apoyo y pérdida de la capacidad para buscar ayuda. Igualmente, el consumo de alcohol y sustancias psicoactivas propician la pérdida del control emocional y de las inhibiciones, lo que genera situaciones de violencia que terminan siendo descargadas sobre los más débiles. La paternidad o la maternidad prematura, y la no deseada, pueden tener como consecuencia el rechazo hacia el hijo y la hija. En ocasiones, padres o madres muy jóvenes muestran incapacidad para establecer vínculos afectivos con hijos e hijas no deseados. Estas situaciones no son exclusivas de los estratos bajos; por el contrario, afectan de una manera transversal a todas las familias, aunque existan particularidades, como más maltrato físico entre las pobres y más maltrato psicológico en otras clases sociales (Palacio, 2004).

Aún más contundente e intolerable que el maltrato físico y psicológico es la violencia sexual. Se han incrementado las denuncias de abuso sexual infantil, con especial énfasis en niñas y niños entre 5 y 14 años. Se sabe también que las agresiones son cometidas, en el 82 % de los casos, por familiares y conocidos. Si bien las cifras permiten una caracterización general de la problemática, se desconoce la magnitud real del fenómeno; se calcula que el 90% de los casos de violencia sexual tampoco son denunciados debido a múltiples causas, entre otras, la sanción social a las víctimas, la desconfianza en la justicia y el temor a las retaliaciones. Este problema también se comporta de manera transversal entre las clases sociales (Palacio, 2010). La violencia sexual es la manifestación más palpable de la fractura ética de una sociedad que no ha logrado fortalecer los vínculos de afecto y solidaridad, lo cual incide también en el tejido social. Esta violación del derecho a la vida, a una vida con dignidad, sobrepasa los límites de lo ético y lo social para convertirse en un reto político de construcción de autonomía, ciudadanía y democracia.

Por otra parte, fenómenos como la alta deserción escolar y la vinculación de los niños y las niñas al trabajo hacen que se perpetúe el ciclo de pobreza, impide el mejoramiento y desarrollo del capital humano de la ciudad y contribuye a la agudización o mantenimiento de la inequidad en la distribución del ingreso y de la riqueza social (Acosta, 2013). Aunque no es claro, desde el proceso de investigación se sabe que muchos niños, niñas y adolescentes están solos la mayor parte del tiempo (Henao, 2011). La soledad afecta tanto a niños y a niñas de todos los estratos sociales (Arias, 2012). Todo esto como consecuencia del proceso de flexibilización laboral que impone nuevas formas de contratación, horarios más extensos y más dedicación por menos ingresos; sin embargo, también se relaciona con la manera como los padres y madres establecen prioridades y reducen al mínimo el tiempo que dedican a sus hijos e hijas (Arias, 2012). Se cree que la soledad de los niños y niñas genera carencias psicoafectivas con consecuencias impredecibles. Es posible que esté relacionada con el incremento de los suicidios y con los accidentes en el hogar.

¿Por qué le pasan estas cosas a los niños y a las niñas? ¿Son acaso los otros inocentes que sufren las consecuencias de las condiciones precarias del mundo que hemos construido los adultos? Podría pensarse, primero, que la magnitud de los problemas supera cualquier capacidad de respuesta del Estado, y es verdad. Aunque en Medellín existen Organizaciones No Gubernamentales (ONG) que abordan estos problemas, y tratan de cubrir lo que el Estado no alcanza a atender, tampoco es suficiente. Pero más importante que la magnitud es el modo como la sociedad y el Estado responden a estos problemas. Esto se origina en la comprensión que se tiene de los problemas y en la manera de organizar las acciones para responder a ellos. Cada problema se analiza de manera aislada, con independencia de los demás, para identificar causas específicas. Con base en este análisis, se atiende y se intenta prevenir. A veces se logra involucrar a varias entidades, públicas y privadas, con más o menos éxito. Pero se trata de una sumatoria de acciones puntuales y aisladas que, difícilmente, obtienen el impacto deseado (Ochoa, 2010).

En este sentido, la incapacidad del Estado es también la incapacidad de las familias, quienes, sumidas en el abandono, la pobreza y la violencia, no tienen tampoco las condiciones para participar y exigir. Las redes familiares y sociales son aún incipientes, y las pocas que logran emerger lo hacen en precarias condiciones materiales y políticas (Ochoa, 2010, pp. 11-12).

La fragilización de las familias ha conducido al debilitamiento de sus respuestas frente a las necesidades de niños y niñas, con un consecuente incremento en la demanda de bienes y servicios a las instituciones del Estado. Estas instituciones no han logrado responder adecuadamente, porque también el Estado ha cambiado en su estructura y en la forma de realizar sus funciones, cada vez más inscritas en los procesos de globalización y de predominio del modelo neoliberal de desarrollo, muy a pesar del pacto constitucional de 1991, orientado por el proyecto del Estado Social de Derecho para la garantía de todos los derechos derivados de la ciudadanía. En este sentido, el papel del Estado se ha venido desdibujando, pasando a ser un simple árbitro del mercado, en donde la infancia se convierte en la herramienta de capitalización. A su vez, los derechos se han convertido en mercancías a las que solo se puede acceder si se cuenta con suficiente poder adquisitivo para pagar por ellas. La política social perdió su dimensión política para ser un mecanismo paliativo y compensatorio de los rezagos del mercado. El país no ha logrado consolidar un sistema de seguridad y protección social acorde con la garantía de derechos y las necesidades mínimas de la población Es necesario entonces pensar, desde cada una de las áreas de derecho, alternativas políticas que visibilicen a los niños como ciudadanos (Ochoa, 2010, p. 12).

En el área de salud y supervivencia es necesario generar una concepción de una moral emergente y la idea de dignidad humana como reguladora. La moral de la emergencia es una reconstrucción de muchas manifestaciones de diversos sectores sociales oprimidos, desde la literatura popular hasta la literatura culta, y que se ha manifestado en innumerables circunstancias históricas. La moral de la emergencia surge de los que no tienen nada que perder e implica una hermenéutica crítica. La idea de dignidad humana es un a priori antropológico. El niño y la niña no son humanos si no son dignos.

En el área de educación y desarrollo se debe partir del concepto que especifica que la educación, como proceso de humanización de las sociedades, siempre surge desde abajo. Se plantea una amplia solidaridad con los oprimidos, en los que se identifica una fuerte potencialidad movilizadora de cambios positivos. La humanización parte de un ''nosotros'' latinoamericano, lo que requiere un pensamiento como pueblo. Esta autoafirmación es la base para pensarse y ser dignos.

El área de participación solo se logra si comprendemos que la humanización comienza con los requerimientos materiales de la dignidad humana, hasta la culminación en una ciudadanía emancipada. Desde la participación se pasa a la libertad, la humanización siempre es práctica, ya que se trata de generar los requisitos para una sociedad libre, igualitaria y justa. Aquí entra la práctica política. Ello implica el fortalecimiento y profundización de la democracia.

El área de protección exige que pensemos, además de las vulneraciones históricas que ha sufrido la infancia, la opresión que los medios y las formas de mediación del capitalismo hacen sobre opresores y oprimidos. ¿Cómo protegemos a los niños de nuestras propias opresiones?

En conclusión, se retoma lo planteado, tendríamos que resignificar, en términos de la formación, la condición de sujeto ''de-sujetado''; es decir, a un ciudadano, desde la definición ético política, un sujeto sujetado a su condición de ciudadanía, en igualdad de reconocimiento, donde todos somos pares, con capacidad de participar, donde las relaciones sean simétricas, porque el otro es el reflejo de mi yo, en donde no existan menores ni mayores, superiores o inferiores, débiles o fuertes, adultos y niños.

Referencias

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