Los desplazamientos provocados por factores ambientales, como los desastres naturales, el cambio climático y la degradación ambiental, se están convirtiendo en una problemática cada vez más común y preocupante en Colombia y en el mundo (Vásquez et al., 2017). Al igual que el desplazamiento por el conflicto armado, el desplazamiento ambiental amenaza y vulnera de manera compleja los derechos humanos (Molina et al., 2017).
En este sentido, autores como Vinke (2020) , Boas (2015) y Salinas (2020) han sugerido ampliar el marco conceptual para reconocer plenamente las diversas formas de desplazamiento ambiental y abordar esta problemática de una forma integral en aras de garantizar el acceso efectivo a mecanismos de protección para todas las víctimas.
El presente artículo se centra en las complejidades inherentes al desplazamiento interno en Colombia, con un énfasis particular en la dimensión ambiental de este fenómeno. Para ello, el análisis se articula en torno a la siguiente pregunta: ¿cuáles son las razones por las cuales el marco jurídico colombiano actual resulta insuficiente para garantizar los derechos de las personas desplazadas por factores ambientales, y qué estrategias de mejora pueden derivarse de los estándares internacionales en la materia?
En este sentido, se plantea como hipótesis que la inexistencia de una normativa específica para el desplazamiento ambiental en Colombia, aunada a la limitada flexibilidad de los instrumentos jurídicos internacionales, genera una situación de desprotección para las víctimas. Esta vulnerabilidad persiste a pesar de la incorporación de los Principios Rectores de los Desplazamientos Internos (Principios Deng) y los Principios sobre el Desplazamiento Interno dentro del País (Principios Pinheiro) al bloque de constitucionalidad.
Para realizar una aproximación crítica y reflexiva, se utiliza una metodología de análisis documental de información especializada, incluyendo aproximaciones teóricas relevantes, normas internacionales y jurisprudencia de la Corte Constitucional. Siguiendo un enfoque interpretativo sistemático, se busca contribuir a la comprensión de esta problemática y promover un análisis de este fenómeno desde una perspectiva integral e integradora.
Como resultado se postula la necesidad de un enfoque integral que abarque la prevención del desplazamiento, la provisión de una atención diferenciada a las víctimas y el desarrollo de mecanismos de reparación adaptados a las particularidades de este tipo de desplazamiento.
El artículo se encuentra dividido en cinco apartados. En el primero se realiza una aproximación al desplazamiento forzado interno por causas ambientales y climáticas desde una perspectiva conceptual, y a continuación se formulan unas consideraciones que permiten caracterizar este fenómeno desde la visión propuesta por la Corte Constitucional de Colombia en la Sentencia T-123 de 2024. El tercer y el cuarto apartado abordan los principios Deng y Pinheiro, y un recuento panorámico de las normas internacionales. Por último, en el quinto apartado se presenta un análisis de la problemática a modo de discusión.
Como aporte, el artículo reflexiona acerca de una problemática que adquiere un papel cada vez más relevante en el derecho ambiental y el derecho internacional. Se concluye que a pesar de la existencia de instrumentos internacionales que establecen principios y disposiciones para la protección del medioambiente y la lucha contra el cambio climático, estos marcos normativos no brindan soluciones directas a la problemática de los desplazados internos por causas ambientales y climáticas.
Sumado a lo anterior, se concluye que, ante la complejidad del desplazamiento ambiental, caracterizado por su naturaleza multicausal, la temporalidad variable y el impacto desproporcionado en grupos vulnerables, el Estado colombiano debe asumir un enfoque integral que abarque la atención y el restablecimiento de los derechos fundamentales de las personas afectadas.
Colombia es un país con una larga y dolorosa historia de desplazamiento interno. Si bien se requiere explicitar y sustentar las cifras exactas con fuentes precisas, la magnitud del problema es innegable. Tradicionalmente, la literatura y las políticas públicas se han centrado en el desplazamiento generado por el conflicto armado, la violencia de los grupos ilegales y la disputa por la tierra. Sin embargo, una comprensión integral del fenómeno exige reconocer y analizar el papel cada vez más significativo de los factores ambientales como detonantes de la movilidad forzada.
En este sentido, el desplazamiento interno es una realidad que afecta gravemente los derechos humanos de las personas obligadas a huir de sus hogares sin cruzar fronteras. Este desarraigo las separa de su entorno, sus propiedades y su modo de vida, generando una compleja amenaza a sus derechos fundamentales (Egea y Soledad, 2011; Ferreira, 2008). No solo se vulneran sus derechos civiles y políticos, sino también los económicos, sociales y culturales (Blanc, 2021; Borràs, 2006; Caller, 2023).
No está de más señalar que Colombia ostenta una triste realidad, al reportar uno de los mayores números de desplazados internos a nivel global, tal como se recoge en el Registro Único de Víctimas que, a 31 de marzo de 2025, registra 8 812 089 desplazados y 10 269 345 eventos -o hechos victimizantes asociados a una persona, en un lugar (municipio) y en una fecha determinada- (Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, 2025). Estas cifras, sin embargo, solo contemplan aquellos desplazados por el conflicto armado, cuyos datos varían según la fuente. Con todo, pese a que el conflicto armado ha sido la principal causa de desplazamiento interno en Colombia, no se pueden ignorar otras realidades que obligan a las personas a abandonar sus hogares.
En efecto, las causas ambientales del desplazamiento interno en Colombia son diversas y se interrelacionan con otros factores de vulnerabilidad. La degradación de los ecosistemas, la deforestación, la contaminación de fuentes hídricas, la erosión del suelo y, de manera creciente, los eventos climáticos extremos, como inundaciones, sequías y deslizamientos de tierra, obligan a comunidades enteras a abandonar sus hogares y sus medios de subsistencia. Estas situaciones, tal como lo plantean Pardo y Alfonso (2018) al abordar la gestión del riesgo de desastres naturales, exponen la fragilidad de poblaciones que dependen directamente de los recursos naturales para su supervivencia. La pérdida de cosechas, la escasez de agua potable y la destrucción de infraestructuras básicas generan condiciones de inhabitabilidad que fuerzan el desplazamiento.
La respuesta del marco jurídico colombiano a esta creciente realidad resulta, tal como se señalará en el presente documento, insuficiente. Si bien la Constitución Política y algunas leyes han avanzado en la protección de los derechos de las víctimas del desplazamiento forzado, la ausencia de una normativa específica que reconozca y proteja a los desplazados ambientales genera un vacío legal crítico. Esta falta de reconocimiento formal implica desafíos significativos para la identificación, el registro, la asistencia humanitaria, la reparación y el retorno seguro de estas poblaciones.
La creciente incidencia de desplazamientos originados por factores ambientales, tales como los desastres naturales, el cambio climático y la degradación del entorno (Jaquenod, 2004; Koubi et al., 2011), constituye una problemática que causa cada vez más preocupación a nivel global. De manera análoga al desplazamiento forzado derivado del conflicto armado, esta tipología de movilidad humana inducida por factores ambientales representa una amenaza compleja y multidimensional para la plena vigencia de los derechos humanos (Boas, 2015; Luna et al., 2020; Stein y Moser, 2014; Vásquez et al., 2017).
En efecto, desde la década de los setenta, el mundo se enfrentaba a dos grandes desafíos: el sobrecrecimiento de la población y los efectos nocivos de una industrialización desmedida (Alzate et al., 2018). Estas realidades, junto con el agotamiento progresivo de recursos naturales como los bosques y las especies animales y vegetales, generaban una creciente preocupación por el futuro del planeta (Rodríguez y Vargas, 2018; Sánchez, 2012).
En este contexto, el Club de Roma, un foro internacional que reunía a científicos, académicos, políticos y líderes de diversos países, publicó en 1972 un informe titulado "Los límites del crecimiento", que alertó al mundo sobre la posibilidad de un colapso ambiental si no se tomaban medidas urgentes para cambiar el rumbo de la humanidad. Desde entonces, la comunidad internacional ha comenzado a prestar atención al desplazamiento forzado interno y a la migración por causas ambientales y climáticas, como fenómenos de movilidad humana (Myers, 1997; Rosabal, 2010).
Así, en un esfuerzo por comprender y abordar el fenómeno del cambio climático, la Asamblea General de las Naciones Unidas dio vida al Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (ipcc, por sus siglas en inglés, Intergovernmental Panel on Climate Change). Este organismo, creado a finales de la década de los ochenta, se ha convertido en un espacio de diálogo permanente para científicos y expertos de todo el mundo, dedicados a estudiar y evaluar las causas, los impactos y las posibles soluciones al cambio climático.
La Resolución 44/207 de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) impulsó la creación del ipcc, la cual marcó el inicio de las negociaciones para establecer una convención internacional sobre el cambio climático. Esta convención, conocida como la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (cmnucc), se suscribió en 1992 y entró en vigor dos años después, siendo uno de sus ejes clave los impactos sociales asociados a la movilidad humana por causas climáticas y ambientales.
A pesar de la creciente evidencia y de los llamados de la comunidad internacional, la legislación interna colombiana aún no ha desarrollado de manera integral la complejidad del fenómeno del desplazamiento ambiental y climático, aunque se encuentra incorporado en el bloque de constitucionalidad desde los Principios Deng y Pinheiro (Corte Constitucional de Colombia, Sentencia T-369 de 2021). En este sentido, la Corte Constitucional de Colombia, en su Sentencia T-123 de 2024, recientemente hizo un llamado contundente a las autoridades colombianas para que transformaran esta situación y convirtieran el desplazamiento ambiental en una prioridad nacional.
En el análisis de esta sentencia, se insiste en que este cambio de paradigma no solo requiere atención y recursos específicos, sino también un fortalecimiento integral de la respuesta estatal. Por lo anterior, al tutelar los derechos de los accionantes en este caso en contra de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, el alto tribunal constitucional sostuvo que es necesario establecer un marco jurídico sólido que reconozca el desplazamiento ambiental como una categoría diferenciada, que establezca mecanismos de protección, asistencia y reparación para las víctimas, y que fortalezca las instituciones responsables de su atención.1
Así, en el contexto global, si bien instrumentos internacionales como la Declaración de Estocolmo y la cmnucc establecen principios fundamentales para la protección del medioambiente y la lucha contra el cambio climático, estos no ofrecen soluciones directas para la problemática de los refugiados climáticos ni para los desplazados internos por causas ambientales y climáticas (Caller, 2023; Centeno, 2020).
Una de las principales limitaciones radica en la definición misma de desplazado ambiental. A diferencia del desplazamiento por violencia, en el que la intencionalidad del agresor es un elemento central, el desplazamiento ambiental suele ser el resultado de procesos graduales de degradación o de eventos súbitos relacionados con fenómenos naturales, en los cuales la atribución de responsabilidad puede ser más compleja.
Esta dificultad en la definición se traduce en obstáculos para la aplicación de los marcos jurídicos existentes y para la formulación de políticas públicas específicas, como en el caso de los citados instrumentos internacionales, los cuales, si bien reconocen los impactos del cambio climático en las migraciones y el desplazamiento, no establecen obligaciones específicas para los Estados en términos de protección y asistencia a estas poblaciones (Pinto et al., 2008). Esta laguna en el derecho internacional agrava la situación de desprotección de los desplazados ambientales en Colombia.
Para superar estas limitaciones, coincidimos con autores que insisten en que se requiere un enfoque integral que combine la adaptación del marco jurídico colombiano con la aplicación efectiva de los estándares internacionales, con miras a abordar aspectos cruciales como la prevención del desplazamiento a través de la gestión del riesgo ambiental, la provisión de asistencia humanitaria adecuada y diferenciada, la garantía del derecho al retorno voluntario, seguro y digno, y el acceso a mecanismos de reparación que tengan en cuenta las particularidades de los daños sufridos.
A lo anterior se debe sumar la necesidad de reconocer la dimensión transfronteriza del desplazamiento ambiental, y de explorar mecanismos de cooperación internacional para abordar este desafío global. Como señala Bustos (2024) , el desplazamiento generado por factores ambientales no se limita a las fronteras nacionales y exige respuestas coordinadas a nivel regional e internacional. En este sentido, Colombia podría jugar un papel activo en la promoción de un marco jurídico internacional más robusto para la protección de los desplazados ambientales.
En suma, el desplazamiento interno en Colombia, impulsado cada vez más por causas ambientales, representa un desafío complejo que demanda una respuesta urgente y multidimensional. La insuficiencia del marco jurídico nacional, evidenciada en la falta de una legislación específica para los desplazados ambientales y las limitaciones de los instrumentos internacionales, genera una situación de vulnerabilidad para estas poblaciones. Superar esta situación requiere un enfoque integral que combine la formulación de una normativa nacional robusta y la aplicación efectiva de los estándares internacionales.
El desplazamiento forzado por motivos ambientales no tiene una única causa, sino que es el resultado de la compleja interacción de diversos factores (López, 2007), que pueden ser repentinos, como desastres naturales -terremotos, huracanes o inundaciones-, o de desarrollo lento -como la desertificación, la erosión del suelo o el aumento del nivel del mar- (Besthorn y Meyer, 2010). Por lo anterior, resulta clave reconocer esta multicausalidad para comprender mejor el fenómeno y diseñar soluciones efectivas (Salinas, 2020; Vinke, 2020).
En efecto, el desplazamiento ambiental no siempre es un evento puntual y fácilmente identificable, como se sugiere en el Global Report on Internal Displacement, publicado por el Internal Displacement Monitoring Centre (idmc, 2024) en conjunto con el Consejo Noruego para los Refugiados. Las personas pueden verse obligadas a desplazarse gradualmente debido a la degradación ambiental, la escasez de recursos o los efectos del cambio climático. En este contexto, deben por lo menos unificarse unos criterios de caracterización que permitan adoptar una visión amplia del desplazamiento forzado (Centeno, 2020; Jaquenod, 2004). Esta visión debe incluir a las personas que migran por necesidad, incluso si su decisión parece voluntaria (Sánchez, 2020).
En la Sentencia T-123 de 2024, la Corte Constitucional de Colombia examina el fenómeno del desplazamiento forzado desde tres ángulos distintos: la connotación compleja forjada desde una multiplicidad de causas que originan el desplazamiento forzado por factores ambientales; su carácter temporal e interno, y la desproporcionada afectación que sufren los grupos más vulnerables. A través de estos tres enfoques, se puede comprender la magnitud de este fenómeno en el contexto intrafronterizo2 de un Estado.
En primer lugar, con el enfoque multicausal, se caracteriza el desplazamiento ambiental a partir del conjunto amplio de eventos que pueden desencadenarlo, bien sea por desastres naturales o por los efectos adversos propios del cambio climático o la degradación ambiental (Alarcón et al., 2024; Caller, 2023; Mileski y Malish, 2018). Estos eventos pueden ocurrir de manera abrupta o gradual y progresiva. En 2021 la Organización Internacional para las Migraciones (oiM, 2021) declaró que el desplazamiento ambiental es un fenómeno multicausal, ocasionado por una combinación de factores socioeconómicos, demográficos y ambientales.
En segundo lugar, desde el enfoque de temporalidad e interno, el desplazamiento ambiental puede caracterizarse de manera temporal, mientras transcurre una crisis. Ejemplos de esto incluyen las inundaciones, las sequías o los deslizamientos de tierra, casos en los cuales los desplazados eventualmente pueden regresar a sus hogares, una vez que la crisis haya pasado. Sin embargo, cuando el impacto ambiental se vuelve permanente e impide el retorno, el desplazamiento se convierte en definitivo (Avendaño y Aguilar, 2014; Blanc, 2021; Trejo, 2017; Westing, 1992).
En tercer lugar, desde el enfoque de mayor afectación a los más vulnerables, al analizar el desplazamiento por factores ambientales, se hace necesario reconocer que este fenómeno afecta de manera desproporcionada y directa a los sectores más vulnerables de la población,3 quienes al contar con menos recursos y opciones experimentan las peores consecuencias sobre sus derechos y se ven obligados a desplazarse como única alternativa. A menudo, sus posibilidades de encontrar un nuevo hogar son limitadas o inexistentes (Dumbryté, 2014).
Por el contrario, quienes poseen mayor capacidad de resiliencia suelen lograr adaptarse o mitigar los impactos negativos del cambio climático o la degradación ambiental, ya sea permaneciendo en sus hogares o reubicándose antes de que la situación se agrave y provoque un desplazamiento forzado (Arenas, 2007; Cudiamat, 2012). De hecho, este último enfoque no se centra únicamente en las condiciones socioeconómicas de la población, sino en factores de gestión territorial, planeación y prevención de riesgos naturales (López, 2017; Salinas, 2020).
Este es el caso del departamento de Antioquia o la Metropolitana Bogotá-Cundinamarca, los cuales poseen una gran capacidad de adaptarse al cambio climático en comparación con otros departamentos, como San Andrés, Providencia y Santa Catalina, o el Chocó, o con ciudades importantes como Cartagena de Indias (Luna et al., 2018). Así, mientras que por un lado los primeros se encuentran en una situación más favorable y con mejores capacidades para enfrentar las variaciones ambientales y sus impactos, por otra parte, los segundos, además de estar más expuestos a los efectos negativos, no cuentan con la misma capacidad de respuesta debido a la escasez de recursos (Corte Constitucional de Colombia, Sentencia T-123 de 2024).4
Como se indicó en líneas anteriores, a pesar de la importancia de instrunientos internacionales como la Declaración de Estocolmo y la cmnucc en materia ambiental, estos no contemplan mecanismos específicos para atender las necesidades y brindar protección a las personas desplazadas por el cambio climático. Así pues, surgió la necesidad de desarrollar herramientas legales y políticas que respondan de manera efectiva a la realidad de los desplazados ambientales, incluyendo el acceso a refugio, la asistencia humanitaria y las oportunidades de reubicación (Myers, 1993).
Es en este contexto donde se contemplan los Principios Deng5 del Consejo Económico y Social de la onu, los cuales se erigen como un faro de protección para las personas afectadas por este fenómeno (onu, 1998). Estos principios, que reflejan la normativa internacional de derechos humanos y del derecho internacional humanitario, definen los derechos y las garantías que amparan a las víctimas de desplazamiento interno (Paglione, 2008; Vásquez et al., 2017).
A través de las Resoluciones A/RES/60/1 del 24 de octubre de 2005 y A/RES/58/177 del 12 de marzo de 2004, la Asamblea General de las Naciones Unidas ha reconocido la importancia de los Principios Deng como un marco normativo de carácter internacional para salvaguardar a los desplazados. Para esta instancia, su valor integral como herramienta orientadora tiene el potencial de impulsar a los Estados y a otros actores para que incorporen directrices que salvaguarden a los desplazados ambientales y climáticos, brindando un marco legal sólido para la protección de sus derechos.
Como parte de una definición amplia de los desplazados internos, desde los Principios Deng se caracteriza a los grupos de personas que, debido a situaciones adversas, se han visto obligados a abandonar su hogar o su lugar de residencia habitual (Attanasio y Sánchez, 2012; Ramírez, 2013). Estas situaciones pueden incluir conflictos bélicos, violaciones del derecho internacional humanitario (dih) o de los derechos humanos, y catástrofes naturales o provocadas por el hombre (Singh et al., 2023). Un aspecto clave es que estas personas no han cruzado ninguna frontera estatal internacionalmente reconocida, sino que han permanecido dentro de su propio país (Lewis, 2018).
Un aspecto fundamental de los Principios Deng es su reconocimiento de las diversas causas que pueden originar el desplazamiento interno involuntario (Attanasio y Sánchez, 2012.) Entre estas causas se destaca la inclusión de los desastres naturales o provocados por el ser humano, a pesar de las resistencias iniciales de algunos Estados en la década de 19906 (Gómez, 2010; Ramírez, 2013).
En respuesta a esta resistencia, y como complemento de los referidos principios, en el año 2005 la Subcomisión de Protección y Promoción de los Derechos Humanos de la ONU aprobó los Principios sobre la Restitución de las Viviendas y el Patrimonio de los Refugiados y las Personas Desplazadas, también llamados Principios Pinheiro, en alusión al informe del relator especial Sr. Paulo Sergio Pinheiro (ONU, 2005).
Los Principios Pinheiro establecen un conjunto de medidas orientadas hacia la restitución y la reparación de las personas desplazadas internamente. Estos principios se basan en la premisa de que, para que estas personas puedan reconstruir sus vidas y regresar a su situación anterior, es fundamental garantizar sus derechos de propiedad, posesión y reparación. Por lo anterior, consagran el derecho de las víctimas a la restitución de cualquier propiedad de la que se les haya despojado durante el desplazamiento.
Esta restitución debe materializarse siempre que sea fácticamente posible. En caso de que la restitución sea inviable, los Principios establecen de forma universal la obligación de proveer a las víctimas una compensación justa por las pérdidas sufridas (Paglione, 2008). Además, esta universalidad indica que los Principios Rectores ofrecen una protección amplia y abarca-dora a todas las personas que se han visto obligadas a huir de sus hogares dentro de su propio país, independientemente de la causa del desplazamiento (Attanasio y Sánchez, 2012; Vásquez et al., 2017).7
Los Principios Deng y Pinheiro representan un hito fundamental en el abordaje del desplazamiento interno. Su importancia radica en su complementariedad y en la novedosa aproximación que propusieron en un contexto donde la intervención estatal se limitaba principalmente a la atención humanitaria de emergencia. Estos principios marcaron un cambio de paradigma al reconocer la necesidad de ir más allá de la asistencia inmediata y establecer acciones y procesos sostenibles en el tiempo para la reconstrucción de los proyectos de vida de las personas afectadas por el desplazamiento.
Por lo demás, tanto los Principios Deng como los Principios Pinheiro convergen en el reconocimiento del desplazamiento forzado como un fenómeno que puede originarse por causas ambientales. Esta visión compartida convierte estos instrumentos en herramientas valiosas para prevenir el desplazamiento ambiental, atender a las personas afectadas y garantizarles soluciones duraderas.
En el caso colombiano, al analizar la incorporación de estos principios en el ordenamiento jurídico en Colombia, es preciso señalar su pertinencia en tanto que ofrecen lineamientos valiosos en cuanto a la asistencia humanitaria, la protección de los derechos humanos durante el desplazamiento y la búsqueda de soluciones duraderas.
No obstante, la traslación de estos principios al contexto específico del desplazamiento ambiental en Colombia presentaría, por otra parte, desafíos singulares. Las causas del desplazamiento ambiental, que pueden incluir eventos climáticos extremos, degradación de tierras o escasez de recursos naturales, difieren en su naturaleza y su temporalidad de los factores que tradicionalmente generan desplazamiento interno.
Además, la identificación clara de los desplazados ambientales, la demostración del nexo causal entre el factor ambiental y el desplazamiento, y la adaptación de los mecanismos de reparación y restitución a las particularidades de la pérdida de medios de vida ligados al entorno natural son aspectos que demandan una interpretación y una aplicación contextualizada de los Principios Deng y Pinheiro.
De cualquier forma, la ausencia de una normativa nacional específica que defina y regule el desplazamiento ambiental podría obstaculizar la plena efectividad de estos principios, generando vacíos en la protección y la atención integral a esta población vulnerable.
Al margen de los instrumentos antes reseñados, si bien el Acuerdo de París de 2015 no menciona explícitamente la movilidad humana como fenómeno propio del cambio climático, sí establece diversas reglas que obligan a los países signatarios a abordar este fenómeno de manera efectiva (Cabrera, 2019). En particular, el artículo 4.o del Acuerdo define las áreas en las que los Estados deben colaborar para implementar medidas contra los impactos del cambio climático (Sánchez, 2020).
Otros instrumentos internacionales que contienen disposiciones aplicables al desplazamiento ambiental se encuentran en el ámbito de la gestión del riesgo de desastres, donde confluyen compromisos bilaterales y multilaterales que abordan el desplazamiento humano vinculado a factores ambientales. Entre ellos, cabe destacar el Marco de Acción de Hyogo 20052015, aprobado en 2005 por la Conferencia Mundial sobre la Reducción de Desastres.
Este marco persigue la reducción de los riesgos asociados a desastres naturales por parte de los Estados y las comunidades, con el objetivo de disminuir significativamente las pérdidas humanas, económicas y ambientales. El Marco de Hyogo establece que los Estados deben priorizar acciones para combatir el cambio climático, como realizar un diagnóstico preciso de la situación y fortalecer la gobernanza para optimizar la gestión del riesgo de desastres.
En línea con esta visión del derecho internacional, es importante destacar el Marco de Sendai, el cual actualiza y consolida los compromisos establecidos en el Marco de Hyogo. Este marco prioriza la prevención y adopta un enfoque centrado en la inclusión de los derechos humanos. De esta manera, el Marco de Sendai se convierte en una nueva herramienta para la prevención, la reducción y la gestión de riesgos de desastres, y para garantizar la participación de las comunidades en las decisiones de adaptación al cambio climático.
Por último, en octubre de 2015, como complemento al Marco de Acción de Sendai, ciento nueve países, incluyendo a Colombia, aprobaron la Plataforma sobre Desplazamiento por Desastres. Esta plataforma, resultado de un largo proceso consultivo impulsado por la Iniciativa de Nansen, tiene como objetivo apoyar a los Estados y demás actores relevantes en sus esfuerzos por fortalecer la capacidad de respuesta ante escenarios propios del desplazamiento ocasionado por desastres.8
El sistema de atención y reparación integral en Colombia no abarca a las víctimas de desplazamiento ambiental, o desplazamiento forzado derivado de desastres, fenómenos relacionados con el cambio climático o la degradación ambiental. En su lugar, se limita a aquellos desplazados por el conflicto armado y la violencia. Esta exclusión resalta la necesidad de adoptar un enfoque integral que aborde de manera completa la atención y el restablecimiento de los derechos fundamentales de las personas desplazadas por factores ambientales.
Lo anterior ocurre a pesar de que el alto tribunal constitucional incorporó los Principios Deng y Pinheiro al bloque de constitucionalidad, ya que en la práctica estos principios presentan limitaciones respecto a los desplazados ambientales (Corte Constitucional de Colombia, Sentencia T-821 de 2007).
En efecto, si bien establecen las "catástrofes naturales o las provocadas por el ser humano" como causas del desplazamiento forzado, la realidad actual del fenómeno ambiental es más compleja que lo que sugieren estas expresiones. La movilidad humana por factores ambientales abarca un espectro más amplio de situaciones que no se capturan adecuadamente en la definición actual (Borràs, 2006; Trejo, 2017).
Como lo señalan Avendaño y Aguilar (2014) , Acevedo (2011) , Castillo (2011) y Borràs (2006) , entre otros autores, limitar la definición de natural a aquello que ocurre sin intervención humana, como han sugerido algunos autores, sería un error reduccionista. De igual manera, es fundamental reconocer que el desplazamiento por factores ambientales no se produce exclusivamente a raíz de desastres repentinos e inmediatos. En muchos casos, estos desplazamientos son consecuencia de procesos graduales de degradación ambiental que se desarrollan a lo largo del tiempo.9
Ahora bien, en contraste con otros tipos de desplazamiento en los que la causa puede identificarse con claridad, determinar el origen preciso del desplazamiento ambiental puede resultar complejo (Arenas, 2007). A menudo, las víctimas se ven obligadas a abandonar sus hogares y sus proyectos de vida debido a una combinación de factores ambientales interconectados. Por lo tanto, resulta clave reconocer la naturaleza multicausal del desplazamiento ambiental en el futuro marco normativo interno y en las políticas públicas en este ámbito (Ferreira, 2008).
Así, es necesario ahondar en la naturaleza forzada del desplazamiento ambiental, en contraste con la categoría de desplazamiento interno definida en los Principios Deng. A diferencia de otras formas de movilidad forzada, cuya causa desencadenante es clara, el desplazamiento ambiental surge de una combinación de factores interconectados que dificultan la identificación de un único evento detonante (Cabrera, 2019).
Desde otra perspectiva, la necesidad de abandonar el hogar y el proyecto de vida ante la amenaza gradual o inminente de condiciones ambientales adversas configura el carácter forzado de este tipo de desplazamiento (Winckler y del Castillo, 2020). Además, este desplazamiento forzado puede ser el resultado final de una serie de eventos que se desenvuelven gradualmente, en los que las capacidades de adaptación varían entre las personas. En algunos casos, la degradación ambiental progresiva y la falta de recursos para afrontarla obligan a las personas a abandonar sus hogares y sus medios de vida (Sánchez, 2020).
Volviendo al caso de Colombia, si bien algunas medidas presentes en la normatividad ambiental y en la gestión de riesgos de desastres podrían ser útiles para asistir a las víctimas del desplazamiento forzado por motivos ambientales, estas resultan insuficientes al no reconocer plenamente este fenómeno (Santiago y Annoni, 2017). Por lo demás, la ausencia de un marco jurídico y político que abarque de manera precisa y contundente este fenómeno dificulta la comprensión de sus complejidades y la implementación de medidas efectivas para atender las necesidades de las personas afectadas.
Es fundamental recordar en este contexto que todos los individuos, sin excepción, están protegidos por las garantías establecidas en la Constitución Política y el derecho internacional de los derechos humanos. Esto incluye, por supuesto, a todas aquellas personas que, en contra de su voluntad, han sido forzadas a desplazarse dentro del territorio nacional, independientemente de la causa del desplazamiento.
A la luz de lo expuesto, era previsible que la Corte Constitucional de Colombia, en la Sentencia T-123 de 2024, reconociera con claridad que las personas desplazadas por la fuerza debido a factores ambientales se encuentran en una situación de desamparo en cuanto a su protección constitucional. En consecuencia, si bien se justifica la existencia de un régimen especial y diferenciado para las personas desplazadas forzosamente por motivos relacionados con el conflicto armado interno, esto no implica que las personas desplazadas por otras causas, incluyendo aquellas asociadas a factores ambientales, deban quedar desprovistas de una protección constitucional efectiva.
En definitiva, la protección de las personas desplazadas por factores ambientales se sustenta en la Constitución colombiana y en los compromisos internacionales suscritos por el país en materia de derechos humanos y cambio climático. El Estado, al no brindar la protección adecuada a estas personas, incumple su obligación constitucional de garantizar sus derechos fundamentales (Rodríguez y Vargas, 2019). Este panorama exige la implementación de una política pública integral y específica para abordar un fenómeno de naturaleza multicausal, con el objetivo de establecer medidas efectivas de prevención, mitigación y atención para las personas afectadas.
El desplazamiento interno se erige como una grave crisis humanitaria que atenta contra los derechos fundamentales de las personas obligadas a huir de sus hogares sin cruzar fronteras. Este desarraigo las separa de su entorno familiar, sus propiedades y sus medios de subsistencia, generando una serie de amenazas complejas a sus derechos básicos. No solo se ven vulnerados sus derechos civiles y políticos, sino también los económicos, sociales y culturales.
Colombia, lamentablemente, ocupa uno de los primeros lugares a nivel mundial en cuanto a la cantidad de desplazados internos. Si bien el conflicto armado ha sido el principal impulsor del desplazamiento interno en el país, es crucial reconocer otras realidades que obligan a las personas a abandonar sus hogares.
Los desplazamientos provocados por factores ambientales, como los desastres naturales, el cambio climático y la degradación ambiental se están convirtiendo en una problemática cada vez más común y preocupante. Al igual que el desplazamiento por el conflicto armado, el desplazamiento ambiental amenaza y vulnera de manera compleja los derechos humanos. Esta situación exige hoy más que nunca respuestas urgentes y concertadas por parte del Estado, la sociedad civil y la comunidad internacional, para garantizar la protección integral de los derechos de las personas desplazadas internamente y construir un futuro más justo y equitativo.
En el ámbito internacional, cabe destacar que, si bien instrumentos como la Declaración de Estocolmo y la cmnucc establecen principios fundamentales para la protección del medioambiente y la lucha contra el cambio climático, estos marcos no brindan soluciones directas a la problemática de los desplazados internos por causas ambientales y climáticas.
A diferencia de lo que se podría pensar, el desplazamiento ambiental no siempre ocurre de forma repentina y evidente. En muchos casos, las personas se ven obligadas a abandonar sus hogares gradualmente debido a la degradación del medioambiente, la escasez de recursos o los impactos del cambio climático. Esta realidad exige la unificación de criterios claros para caracterizar el desplazamiento forzado, incluyendo a las personas que migran por necesidad, incluso si su decisión aparenta ser voluntaria.
La Sentencia T-123 de 2024 de la Corte Constitucional de Colombia analiza el fenómeno del desplazamiento forzado desde tres perspectivas: la compleja naturaleza del desplazamiento ambiental debido a la multiplicidad de factores que lo causan, su carácter temporal e interno, y el impacto desproporcionado que sufren los grupos más vulnerables. Estos tres enfoques permiten comprender la magnitud del desplazamiento ambiental en el contexto intrafronterizo de un país.
Desde el primer enfoque, denominado de naturaleza multicausal, el desplazamiento ambiental surge de una interacción compleja de factores, incluidos los desastres naturales, los efectos adversos del cambio climático y la degradación ambiental. Desde el segundo enfoque, el de temporalidad, se explica la naturaleza temporal del desplazamiento ambiental, la cual varía según las causas subyacentes y la gravedad del impacto ambiental. Y desde el tercer enfoque se abordan los impactos desproporcionados de este fenómeno en los grupos vulnerables.
No en vano, el desplazamiento ambiental afecta de manera desproporcionada a los segmentos más vulnerables de la sociedad, en particular a aquellos con recursos y opciones limitadas. Estos grupos marginados, que a menudo carecen de acceso a sistemas de apoyo y mecanismos de afronta-miento adecuados, soportan la mayor parte de la crisis del desplazamiento. Por lo anterior, en algunos casos, el desplazamiento puede ser temporal, lo que les permite a las personas y a las comunidades regresar a sus hogares; sin embargo, cuando el daño ambiental es irreversible, el desplazamiento se vuelve permanente, obligando a las personas a establecer nuevas vidas en otros lugares.
En este contexto, los Principios Deng y Pinheiro constituyen un hito fundamental en el marco conceptual y práctico del abordaje del desplazamiento interno. Su relevancia radica en la complementariedad que presentan entre sí y en la innovadora aproximación que propusieron para enfrentar este fenómeno en un contexto donde la intervención estatal se limitaba principalmente a la atención humanitaria de emergencia.
Estos principios convergen en el reconocimiento del desplazamiento forzado como un fenómeno que puede originarse no solo por los conflictos armados o la violencia política, sino también por causas ambientales. Además, marcaron un cambio de paradigma al reconocer la necesidad de superar la asistencia inmediata y establecer acciones y procesos sostenibles en el tiempo, orientados hacia la reconstrucción de los proyectos de vida de las personas afectadas por el desplazamiento.
Si bien la integración de los Principios Deng y Pinheiro al bloque de constitucionalidad colombiano representa un avance significativo en el reconocimiento del desplazamiento interno, la realidad actual del fenómeno, particularmente en lo que respecta al desplazamiento ambiental, presenta desafíos que superan el alcance de estos marcos normativos. La movilidad humana desencadenada por factores ambientales abarca un espectro más amplio de situaciones que no se ajustan adecuadamente a la caracterización actual del desplazamiento interno.
El sistema de atención y reparación integral en Colombia, en su forma actual, excluye a las víctimas del desplazamiento ambiental o desplazamiento forzado derivado de desastres y fenómenos relacionados con el cambio climático o la degradación ambiental. Esta exclusión limita la protección de los derechos fundamentales de estas personas, quienes quedan en una situación de vulnerabilidad, sin acceso a los mecanismos de atención y reparación previstos para otras categorías de desplazados.
Por todo lo anterior, resulta válido afirmar que la complejidad del desplazamiento ambiental en Colombia exige un enfoque integral que aborde de manera completa la atención y el restablecimiento de los derechos fundamentales de las personas afectadas. Así, además de que es necesario ampliar el marco legal y conceptual para reconocer plenamente las diversas formas de desplazamiento ambiental, se deberá garantizar el acceso efectivo a mecanismos de protección para todas las víctimas.
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[1]Adicionalmente, se deben implementar medidas de prevención eficaces para reducir los factores que generan el desplazamiento ambiental, como la deforestación, la contaminación y la explotación insostenible de recursos naturales. Solo a través de un enfoque integral y proactivo se podrá garantizar la protección de los derechos de las personas afectadas por este fenómeno y construir un futuro más justo y sostenible para Colombia (Corte Constitucional, Sentencia T-123 de 2024).
[2]En consonancia con lo expuesto en este apartado, la caracterización de los desplazados ambientales se complementa con la visión propuesta desde los Principios Deng, la cual, como se estudiará en líneas posteriores, caracteriza en un sentido más amplio a los desplazados internos como aquellas personas que se han visto forzadas u obligadas a huir o abandonar sus hogares o lugares de residencia habitual sin cruzar una frontera internacional.
[3]El Segundo Informe de Evaluación del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (ipcc) de 2022, mediante el análisis del caso del continente africano, pone de manifiesto la grave situación de vulnerabilidad que enfrentan las poblaciones más pobres y marginadas ante los efectos del cambio climático. El informe destaca que estas comunidades no solo carecen de recursos económicos para desplazarse o adaptarse a las nuevas condiciones, sino que también se ven afectadas por factores como la marginación política, la privatización de las tierras, las políticas de descentralización deficientes y la expansión de plantaciones, lo que limita aún más sus opciones y exacerba su condición de vulnerabilidad.
[4]Resulta fundamental reconocer el impacto desmedido del desplazamiento ambiental en aquellas comunidades cuya identidad y supervivencia están íntimamente ligadas a la tierra y a los recursos naturales. En este sentido, la Corte ha evidenciado que los pueblos indígenas y afrodescendientes son particularmente vulnerables al deterioro ambiental, debido a su profunda conexión espiritual y cultural con sus territorios y a su dependencia económica de los recursos naturales (Corte Constitucional, Sentencia T-021 de 2019).
[5]En alusión al informe del Sr. Francis M. Deng, representante del secretario general de la ONU, presentado ante la Comisión de Derechos Humanos, ver: Organización de las Naciones Unidas, Distr. General E/CN.4/1998/53/Add.2 de 11 de febrero de 1998.
[6]La inclusión de estas causas en los Principios Deng se debió, en parte, a la creciente evidencia sobre los impactos del cambio climático y las advertencias del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (ipcc). El ipcc señalaba que los grupos sociales más vulnerables en países en vías de desarrollo serían los más afectados por los severos cambios en el clima, lo que provocaría un aumento significativo de la migración forzada (Molina et al., 2017).
[7]El Principio 1 de los Principios Rectores sobre el Desplazamiento Interno establece una premisa fundamental de inclusión: sus disposiciones se aplican a todas las personas desplazadas internamente, sin importar las circunstancias que causaron el desplazamiento ni su naturaleza (ONU, 2005).
[8]Entre sus propuestas, la Plataforma sugiere medidas para prevenir el riesgo de desplazamientos por desastres y presenta ejemplos de prácticas efectivas que podrían implementar los Estados y otros actores pertinentes en caso de que estos eventos ocurran.
[9]No en vano, el desplazamiento ocasionado por factores ambientales puede ser consecuencia de desastres naturales, impactos negativos del cambio climático o procesos de degradación ambiental. De hecho, los desplazamientos forzados por causas ambientales, tal como se analizó en líneas anteriores, pueden originarse por eventos repentinos como sismos, deslizamientos de tierra o inundaciones, o bien por situaciones de desarrollo gradual como la desertificación, el aumento del nivel del mar o la degradación ambiental progresiva.
[10] Vargas-Chaves, I., & Marulanda, D. (2024). Los desplazados ambientales: bases conceptuales para comprender el desplazamiento interno por factores ambientales. Revista Ratio Juris, 20(40), 271-298. https://doi.org/10.24142/raju.v20n40a10