INTRODUCCIÓN
Las nociones de buen gobierno y correcta administración pública representan un pilar fundamental en el fortalecimiento de las democracias y en la eficacia de las instituciones públicas. Este estudio se propone ahondar en la comprensión de estos conceptos a través de un análisis comparativo centrado en la Corte Constitucional de Colombia y la Suprema Corte de Justicia de la Nación de México, dos entidades judiciales de alto rango en América Latina. Al examinar las prácticas y los principios que definen el buen gobierno y la administración eficiente en estos contextos judiciales, se busca ofrecer una perspectiva amplia y detallada que ilustre la contribución de cada corte al fortalecimiento de estos ideales.
Desde un enfoque doctrinal, se exploran las principales diferencias y similitudes entre la buena administración pública y el buen gobierno, proporcionando un marco teórico que permita contextualizar las acciones y las decisiones según las legislaciones internas de México y Colombia. El análisis cronológico de fallos significativos de la Corte Constitucional de Colombia y de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de México constituye un eje central en este estudio, ya que revela cómo cada tribunal interpreta y aplica el buen gobierno y la administración pública en sus respectivas jurisdicciones, como principio o derecho.
En el contexto colombiano, la Corte Constitucional ha desempeñado un rol crucial en la conceptualización y el desarrollo de la buena administración pública, integrándola como un principio esencial en el ámbito del derecho administrativo y constitucional. Por otro lado, en México, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha enfatizado el carácter de derecho fundamental de la buena administración pública, ofreciendo así un enfoque distinto, pero complementario, al del caso colombiano. Ambos tribunales, a través de sus fallos y providencias, proporcionan ejemplos concretos de la manera en que se materializan estos principios en la praxis judicial.
Este estudio se adentra en la identificación de elementos diferenciales entre los casos de México y Colombia respecto a la implementación y la percepción del buen gobierno y la buena administración pública. Al entender estas diferencias y similitudes, se busca contribuir al debate académico y práctico sobre cómo las instituciones judiciales pueden influir positivamente en la consolidación de gobiernos eficaces y transparentes, facilitando así un acceso institucional más equitativo para los ciudadanos.
La investigación arroja luz sobre la relevancia de estos conceptos para el fortalecimiento del Estado de derecho y la democracia en América Latina, destacando la labor de las cortes en la promoción de estándares elevados de gobernanza y administración, y aplicando una metodología cualitativa, con enfoque analítico documental y jurisprudencial, que da lugar a los siguientes acápites: 1) "La buena administración pública y el buen gobierno: principales diferencias y similitudes desde la doctrina"; 2) "El buen gobierno y la buena administración pública en las legislaciones internas de México y Colombia"; 3) "Conceptualización del derecho al buen gobierno y la buena administración pública: revisión doctrinal del caso de México"; 4) "Elementos diferenciales entre el caso de México y el caso de Colombia sobre la buena administración pública y el buen gobierno".
LA BUENA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y EL BUEN GOBIERNO: PRINCIPALES DIFERENCIAS Y SIMILITUDES DESDE LA DOCTRINA
En principio, durante los años noventa, las nociones de buen gobierno y buena administración pública eran objeto de estudio de la comunidad internacional, por tratarse de estrategias y de la forma en que los Estados deberían estructurarse política y administrativamente para tomar decisiones, pues de esta manera podrían reducir el índice de pobreza y desigualdad (Ponce, 2023).
Por consiguiente, los grandes académicos y gobiernos de distintas latitudes empezaron a profundizar en los estudios políticos y jurídicos de estas nociones, en aras de darle una mayor relevancia a su aplicación. Por ello una de las primeras cartas de derechos fundamentales que estipuló la noción de la buena administración pública como un derecho en sí mismo fue la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, publicada en el año 2000.1
Según Bousta (2020), la buena administración pública en Europa y España se destaca por su naturaleza multifacética y su conexión con los derechos de defensa. En el ámbito europeo, la buena administración se asocia con las garantías procesales y los derechos de defensa, integrándose en los procedimientos administrativos mediante la exigencia de diligencia y motivación en las decisiones. Asimismo, Castro (2014) explica que en España se observa una influencia significativa del derecho europeo, y aunque se reconoce el derecho a una buena administración en relación con el artículo 41 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, se señala que muchos de sus principios ya formaban parte del ordenamiento jurídico español. Así, la buena administración en España no introduce principios nuevos, sino que refuerza y destaca la importancia de seguir prácticas administrativas que sean justas, razonables y no arbitrarias (Castro, 2014, p. 107).
Por otro lado, el "buen gobierno" representa un concepto extenso que no solo abarca la eficacia administrativa, sino también la totalidad de la gobernanza, incluyendo aspectos como la toma de decisiones políticas, la transparencia, la responsabilidad y la participación ciudadana (Noriega y Guerrero, 2024), diferenciándose así de la "buena administración", que se enfoca principalmente en los procedimientos y las operaciones de las entidades públicas. En ese sentido, el buen gobierno abarca un espectro más amplio, relacionado con el bienestar general, y no se limita solo a la administración pública eficiente; un ejemplo de ello es España, pues, aunque no establece una separación explícita entre ambos términos, reconoce que la buena administración se ha subsumido dentro del concepto más global de buen gobierno, influenciado significativamente por el derecho europeo (Bousta, 2020).
La Carta Iberoamericana de los Derechos y Deberes del Ciudadano en Relación con la Administración Pública (2013) establece que su funcionamiento es un derecho fundamental de las personas, los ciudadanos y los particulares. Hoy en día, los ciudadanos no solo reciben servicios gubernamentales, sino que también desempeñan un rol activo en asuntos de interés público y tienen diversas prerrogativas, entre las que se destaca el derecho a una administración pública de alta calidad que promueva la dignidad humana y respete la diversidad cultural (Castro, 2014). Por ello, la administración gubernamental busca servir a la ciudadanía atendiendo sus necesidades de forma continua y con un enfoque en la excelencia y la empatía (Rodríguez, 2014).
Esta carta internacional de derechos fue mucho más ambiciosa en el momento de hablar de la buena administración pública, puesto que no solo la reconoce como derecho fundamental, sino que expone cuáles son los principios, los criterios y las reglas que deben cumplir los gobiernos para garantizar una buena administración en los territorios iberoamericanos.2
En ese sentido, el catedrático Rodríguez Arana, quien ha sido un fuerte doctrinante del derecho al buen gobierno y a una buena administración pública, explica que estos postulados han sido reconocidos en las diferentes regiones de la comunidad internacional, puesto que la democracia y las estructuras políticas no son propiedad de los políticos ni de los funcionarios de elevada jerarquía, sino que son de propiedad colectiva, es decir, pertenecen a los ciudadanos (Rodríguez, 2008, p. 33). Es este uno de los argumentos más fuertes en las discusiones académicas sobre estas nociones.
Asimismo, Rodríguez (2014) se refiere a la Carta Iberoamericana de los Derechos y Deberes del Ciudadano en Relación con la Administración Pública para teorizar sobre los principios, las obligaciones y los privilegios en el contexto de una gestión gubernamental eficiente y analizar cómo esta sobrepasa ampliamente el artículo 41 del Estatuto de la Unión Europea (Allison, 2007),3 dando cuenta de que la caracterización y la esencialidad de la administración pública deben ser modernizadas, dignificadas y responsables. Es decir, que las acciones de los gobiernos deben versar sobre las garantías de los derechos fundamentales, de tal manera que el Estado genere condiciones dignas y adecuadas, en aras de que las administraciones de los diferentes niveles -nacional, regional y local- puedan brindar un servicio objetivo a la ciudadanía, procurando que la relación entre la administración y los administrados sea más flexible y ofrezca un acceso fácil, sin trabas ni complicaciones, y entendiendo que la función pública de la administración debe ser más humana y debe atender a los cimientos del derecho a la dignidad.
Ahora bien, habiendo teorizado un poco sobre la buena administración pública como derecho esencial según las cartas internacionales de estas regiones, es importante hablar sobre el buen gobierno y la buena administración pública en los casos colombiano y mexicano, considerando que, desde sus ordenamientos jurídicos, gozan de similitudes conceptuales y garantistas. En el caso colombiano es posible invocar la acción de tutela para la protección de los derechos, y en el de México, el amparo, que evidencia aquella relación normativa en aras de dar garantías vitalicias a sus ciudadanos (Arcila y López, 2019).
Es importante comprender que desde la soft law4(KosaU y Vincze, 2022) no tiene carácter vinculante en términos legales, pero sí establece una serie de compromisos y principios que los Estados miembros de la comunidad iberoamericana se comprometen a respetar y promover. Aunque no es un instrumento jurídicamente vinculante, sí tiene una importancia significativa en la promoción y la protección de los derechos humanos en la región de Iberoamérica.
EL BUEN GOBIERNO Y LA BUENA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA EN LAS LEGISLACIONES INTERNAS DE MÉXICO Y COLOMBIA
En primer lugar, debe decirse que la carta política de 1991 del Estado de Colombia no habla en ninguno de sus artículos sobre el buen gobierno o la buena administración. Sin embargo, al comienzo de su sección doctrinal, en el artículo primero, establece que Colombia se forma como un Estado social y de derecho, basado en una democracia participativa y diversa, así como en el honor, el fomento y la salvaguarda de la dignidad humana; en el segundo se refiere a los propósitos constitucionales, como el de atender a la comunidad y fomentar la inclusión de todos en las decisiones que los afecten; y en el tercero afirma de manera explícita que la soberanía le pertenece únicamente al pueblo, puesto que es ahí donde nace el poder público (Asamblea Nacional Constituyente de Colombia, 1991).
En el mismo sentido, la Constitución Política consagra los anteriores artículos como los principios fundamentales del Estado colombiano, y si se compara con los principios de la Carta de la Unión Europea (2000), la Carta Iberoamericana de los Derechos y Deberes del Ciudadano en Relación con la Administración Pública (2013) y lo que explica el profesor Rodríguez en sus dos trabajos (de los años 2008 y 2014), se confirma que los principios de Colombia cimentan un gran argumento para determinar que en este país se puede hablar de la buena administración y el buen gobierno como un derecho fundamental o un principio constitucional.
En ese sentido, la parte orgánica de la Constitución de 1991, de manera concreta en su artículo 209 y en la Ley 1437 de 2011,5 consagra los principios que rigen la función pública como 1) el principio de igualdad, 2) la moralidad, 3) la eficacia, 4) la economía, 5) la celeridad, 6) la imparcialidad y 7) la publicidad (Asamblea Nacional Constituyente de Colombia, 1991), y estos siete postulados rectores de la función pública en Colombia también se asemejan a los principios de la buena administración pública, lo que permite hablar de esta noción y la de buen gobierno en el derecho constitucional y administrativo colombiano. Además, Colombia también ha ratificado los acuerdos internacionales de derechos humanos y, en consecuencia, gracias al artículo 93 de la Constitución Política y por medio del bloque de constitucionalidad, es posible hablar de estas dos nociones como principios fundamentales (Quinche, 2016).
La buena administración y el buen gobierno no están consagrados en el ordenamiento jurídico de Colombia como derechos fundamentales, pero sí comprenden principios constitucionales que pueden desarrollar estos postulados como principios, incluso como derechos constitucionales per se (Ramírez, 2022).
Por otro lado, la Constitución Federal de los Estados Unidos de México, al igual que la carta magna de Colombia, no consagra el buen gobierno ni la buena administración como derechos esenciales; empero, los principios anteriormente mencionados por las diferentes cartas supranacionales que rigen el derecho a la buena administración son mencionados y consagrados de manera expresa en la Constitución mexicana; verbigracia, Ortega (2016) ha hecho la aclaración de que los derechos a la buena administración pública y al buen gobierno se encuentran a lo largo de la Constitución y están bajo la gama de otros derechos fundamentales como el acceso a la información, el derecho de petición y los principios de legalidad, motivación y fundamento.
Sin embargo, si se estudia la carta fundamental de Ciudad de México de 2017, se observa que en el literal A de su artículo 7.D, el cual se titula "Ciudad democrática", consagra el derecho a la buena administración pública, contemplando como criterios fundamentales 1) la eficacia y la eficiencia, 2) los principios de generalidad, uniformidad, regularidad, continuidad y calidad, 3) el debido proceso, 4) la imparcialidad y 5) la celeridad (Asamblea Constituyente de la Ciudad de México, 2017).
De la misma forma, la Constitución Federal de los Estados Unidos de México no contempla estas nociones como derechos, pero contiene principios que permiten utilizar una hermenéutica más amplia de la esfera pública. Por otro lado, la Ciudad de México promulga en su carta fundamental el derecho a una buena administración pública, y dicho reconocimiento expreso permite visualizar la trascendencia de este principio como un derecho de sus ciudadanos.
En consecuencia, aunque se ha revisado superficialmente la manera en que la comunidad internacional considera el buen gobierno y la buena administración pública, se intentará posteriormente hacer una revisión desde el poder judicial, es decir, se hará una recopilación jurisprudencial de la Corte Constitucional de Colombia en aras de determinar si esta desarrolla las nociones previamente expuestas como derechos o como principios fundamentales.
Rastreo cronológico de fallos de la Corte Constitucional de Colombia que se refieren al buen gobierno y la buena administración pública
La Corte Constitucional de Colombia y la buena administración pública (1995-2019)
Desde la creación, en 1991, de la alta corte de lo constitucional como la máxima intérprete y guardiana de la carta magna, Colombia ha optado por buscar y mantener la estabilidad de la seguridad jurídica del Estado. Ahora bien, la Corte ha definido muchos principios para llevar a cabo la realización y la garantía de los derechos constitucionales; no obstante, la Corte Constitucional no ha abordado a fondo la buena administración pública ni el buen gobierno como derechos humanos, ni mucho menos como derechos fundamentales. Por ello, en la siguiente tabla se organizan cronológicamente los fallos de la alta corporación sobre la buena administración pública y sus lineamientos.
Tabla 4.1
Jurisprudencia sobre los lincamientos de la buena administración pública según la Corte Constitucional de Colombia
Como se puede apreciar en la tabla anterior, la Corte ha hablado de la buena administración pública, estableciendo ciertos criterios en la providencia judicial C-318 de 1995, que precisa algunas facultades y limitantes que tiene el presidente de la república frente a la declaración de emergencia en el sistema penitenciario y carcelario, pero eso no significa que el poder ejecutivo esté adoptando roles legislativos (Arango, 2020), puesto que a través de esta medida únicamente se están implementando las limitaciones asociadas con la interrupción del derecho a la libertad personal (Corte Constitucional de Colombia, 1995).
En ese sentido, la Corte Constitucional de Colombia ha enfatizado reiteradamente la significancia y los límites de la potestad discrecional dentro del marco de la administración pública eficiente, marcando una línea clara contra su uso indebido o arbitrario. Esta facultad permite a los funcionarios gubernamentales tomar decisiones fundamentadas en un juicio adecuado, facilitando la agilidad y la adaptabilidad administrativa necesarias en diversas circunstancias. Sin embargo, el alto tribunal ha dejado claro que tales decisiones deben estar firmemente ancladas en la legalidad y los principios constitucionales, evitando cualquier forma de abuso o extralimitación que pueda vulnerar los derechos ciudadanos o desviar los fines del Estado. La jurisprudencia, reflejada en sentencias como T-706 de 1996, T-928 de 2004 y T-329 de 2007, demuestra un compromiso sostenido con estas directrices, insistiendo en que la discrecionalidad, aunque implícita, es crucial para la dinámica y la respuesta gubernamental ante los retos administrativos, siempre que se ejerza dentro de los cauces normativos y éticos previstos (Arango, 2020; Corte Constitucional de Colombia, 1995).
Adicionalmente, en su providencia C-144 de 2009, la Corte Constitucional expandió su doctrina sobre la potestad discrecional, delineando principios orientadores que deben regir su ejercicio, tales como los principios de ponderación, legalidad y proporcionalidad, y la observancia de los fines normativos, especialmente los constitucionales. Estas directrices se incorporaron formalmente a través del artículo 36 de la Ley 1437 de 2011, conocida como Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), consolidando un marco referencial para que la actuación administrativa no solo sea eficaz y oportuna, sino que también esté alineada con el respeto a los derechos fundamentales y la promoción del bien común. Esta evolución jurisprudencial subraya el compromiso del tribunal con una administración que sea transparente, responsable y, sobre todo, respetuosa de los principios democráticos que sustentan el orden constitucional colombiano.
Por otro lado, en la sentencia de unificación SU-479 de 2019, la Corte Constitucional de Colombia profundizó en el uso de la facultad discrecional por las autoridades, extendiendo su relevancia más allá del ámbito administrativo hacia el judicial, particularmente en materia penal. Resaltó la necesidad de esta facultad para implementar efectivamente el Estado social y democrático de derecho, pero también subrayó la rigurosidad con que debe ser ejercida en el sistema penal, particularmente en lo que respecta a los preacuerdos entre los acusados y la Fiscalía, para salvaguardar la seguridad jurídica y el derecho a la igualdad (Asamblea Nacional Constituyente de Colombia, 1991). La sentencia C-318 de 1996 fue pionera al asociar la buena administración pública con la discrecionalidad, sentando las bases para futuras jurisprudencias. Esta línea se reforzó con la sentencia C-144 de 2009, que detalló los principios limitantes de la discrecionalidad para prevenir abusos y garantizar la toma de decisiones fundamentada, transparente y justificada, asentando así la administración pública como un principio cardinal del derecho constitucional en Colombia.
La Corte Constitucional de Colombia y el buen gobierno
A partir de este momento, se hará un rastreo jurisprudencial de forma cronológica de la Corte Constitucional colombiana, para evidenciar cómo y cuáles han sido los parámetros y los lineamientos que esta corporación ha construido sobre el concepto del buen gobierno en el caso colombiano. A continuación, se expone una tabla que permite visualizar esta reconstrucción jurisprudencial:
Tabla 4.2
Jurisprudencia sobre los lineamientos del buen gobierno desde la Corte Constitucional de Colombia
Por lo anterior, se debe decir que la sentencia T-149/02 de la Corte Constitucional de Colombia abordó la vulneración de derechos de los adultos mayores con discapacidad, subrayando la obligación del Estado de aplicar el buen gobierno como forma de reconocimiento del pluralismo que se vive dentro de los territorios, con el objeto de garantizar sus derechos fundamentales y, sobre todo, los de los sujetos de especial protección.
Este fallo estableció los requisitos mínimos que el gobierno debe cumplir para materializar los derechos fundamentales, enfatizando la necesidad de atender las necesidades específicas de las poblaciones vulnerables sin rechazo a priori. En la sentencia C-432/04, la Corte reafirmó la importancia de los decretos presidenciales como herramientas administrativas para una respuesta gubernamental eficiente y sin demoras. Posteriormente, en la providencia T-576/08, la Corte destacó el principio de buen gobierno como un imperativo constitucional, trascendiendo su rol de mera estrategia administrativa para convertirse en un mandato de optimización que refuerza el derecho a la verdad y establece deberes estatales claros, especialmente en los contextos de conflicto armado.
La sentencia C-363/12 de la Corte Constitucional de Colombia reconoce el buen gobierno como un principio clave en la construcción de políticas públicas, que permite optimizar los trámites administrativos entre el Estado y los ciudadanos, extendiendo su aplicación más allá del marco administrativo tradicional (Corte Constitucional de Colombia, 2012). En la sentencia C-077/17, se enfatiza que el buen gobierno es esencial para activar los principios de la Constitución de 1991, permitiendo al Estado intervenir efectivamente en diversos sectores para cumplir con los objetivos constitucionales (Corte Constitucional de Colombia, 2017). Además, la sentencia C-533/13 ilustra cómo la conciliación prejudicial facilita la función administrativa y la eficiencia judicial a nivel municipal, en línea con los principios de economía y buen gobierno, siendo este último reconocido como un principio de la función pública. La sentencia T-421/18 resalta la responsabilidad del Estado de proveer los recursos necesarios al poder judicial bajo el principio de buen gobierno, asegurando el acceso a la justicia. Finalmente, la sentencia C-492/19 aborda el buen gobierno y la administración pública como principios fundamentales, aunque no como derechos per se, ampliando el alcance del artículo 209 de la Constitución Política (Corte Constitucional de Colombia, 2013; 2018; 2019).
Entonces, es el buen gobierno un principio fundamental tanto en la función pública como en el derecho constitucional colombiano, ya que promueve la interacción activa y democrática entre los distintos actores de la sociedad. Esta figura obliga al Estado a reconocer y atender las falencias y los obstáculos que afectan la función administrativa adecuada. Por ende, es imperativo que el Estado facilite espacios para que los ciudadanos ejerzan un control social efectivo sobre la administración pública, reflejando así el verdadero objetivo del buen gobierno.
De esta forma, habiendo realizado una revisión jurisprudencial de las líneas de buen gobierno y de buena administración pública desde la perspectiva de la Corte Constitucional de Colombia, se pudieron identificar en cada línea elementos que resultan determinantes para lograr la materialización de estos dos criterios en el contexto colombiano. En la siguiente figura se muestran los postulados que rodean al principio de la buena administración pública:
Figura 4.1
Criterios o principios de la buena administración pública en Colombia desde la jurisprudencia constitucional
Fuente: elaboración propia.
Como se demostró en el apartado sobre la buena administración pública, la Corte Constitucional realizó una construcción de los criterios y las reglas que el Estado debe materializar para garantizar este principio. Desde la providencia C-318 de 1995 se sentó por primera vez este concepto; a partir de la sentencia C-144 de 2009, continuó la línea jurisprudencial, pero anexándole los criterios a seguir para construir la buena administración como un principio constitucional y administrativo. En la siguiente figura se exponen los criterios que rodean al buen gobierno en Colombia:
Figura 4.3
Criterios o principios del buen gobierno en Colombia desde la jurisprudencia constitucional
Fuente: elaboración propia.
Desde el caso T-149 de 2002, la Corte Constitucional introdujo la noción de buen gobierno como una técnica o estrategia para mejorar la capacidad de respuesta de la administración pública frente a las necesidades y las solicitudes de las personas y de las instituciones. Sin embargo, no fue sino hasta la sentencia T-576 de 2008 que la Corte Constitucional elevó el buen gobierno a la categoría de principio orientador de la administración pública, vinculándolo con la garantía del derecho a la verdad. Esta conceptualización del buen gobierno como principio constitucional ha sido progresivamente detallada en sucesivas sentencias, proporcionando una interpretación más amplia y estructurada sobre su aplicación en la función pública colombiana.
CONCEPTUALIZACIÓN DEL DERECHO AL BUEN GOBIERNO Y LA BUENA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA: REVISIÓN DOCTRINAL DEL CASO DE MÉXICO
Por un lado, en la investigación de los autores Noriega y Guerrero (2024) se aborda el concepto de buena administración pública desde una perspectiva de derechos humanos, señalando que, aunque no existe un precepto específico en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que contemple este derecho, hay elementos y cánones que se orientan hacia la correcta administración y el uso adecuado de los recursos públicos, para evitar la corrupción. Por ejemplo, la Constitución Política de la Ciudad de México (Asamblea Constituyente de la Ciudad de México, 2017) y sus leyes asociadas reconocen expresamente el derecho a una buena administración pública, relacionándolo con otros derechos como el acceso a la información y la transparencia; en consecuencia, la buena administración pública se considera un derecho humano esencial y un principio guía para las acciones y las políticas gubernamentales, lo que incluye la necesidad de auditorías y evaluaciones de desempeño que contribuyan a mejorar la gestión de los recursos públicos.
Por otro lado, los mismos autores describen el concepto de buen gobierno en el contexto de la administración pública y las redes institucionales del Estado, destacando la necesidad de considerar el ámbito societal en su conjunto (Noriega y Guerrero, 2024). Este se asocia a la idea de gobernanza y sugiere que las acciones gubernamentales -a través de políticas, programas o proyectos- buscan una mayor eficiencia para lograr los resultados esperados, que contribuyen al concepto de buen gobierno. Este enfoque en la eficiencia y en los resultados se presenta como un medio para lograr una mejor respuesta frente a las necesidades de los pueblos, y a su vez está vinculado con el derecho humano a la buena administración pública (Noriega y Guerrero, 2024).
Tabla 4.3
Diferencias conceptuales en el caso de México
| Diferencias conceptuales | |
|---|---|
| Buen gobierno | Buena administración pública |
| El buen gobierno adopta una perspectiva más holística, englobando no solo la administración, sino también la formulación y la gestión de políticas y decisiones estratégicas, destacando la importancia de la transparencia, la rendición de cuentas, la participación ciudadana y el respeto a los derechos humanos, apuntando hacia una gestión estatal ética y efectiva que promueva la confianza y la colaboración entre la sociedad y el gobierno. | La buena administración pública, según Ramos y Vásquez (2022), se enfoca en la eficiencia y la operatividad de las entidades estatales, enfatizando la ética, la transparencia y la orientación hacia el bienestar ciudadano, y subraya la calidad en los servicios públicos, adhiriendo la legalidad, la imparcialidad y la equidad. |
[i]Fuente: elaboración propia con base en Ramos y Vásquez (2022).
Ahora bien, Ortega (2016) subraya la relevancia de la buena administración en México como un pilar esencial en la función pública, destacando su deber de adherirse a los principios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez dictados por la Constitución Federal, y orientándose siempre hacia la consecución de los fines constitucionales. Además, enfatiza que la buena administración debe trascender los intereses particulares, procurando equilibrio y consenso para abarcar las expectativas de toda la sociedad, y promoviendo la participación ciudadana como herramienta clave en la formulación de políticas que reflejen los requerimientos y las aspiraciones populares, y que contribuyan al bienestar general (Ortega, 2016, pp. 37-40).
Rastreo de sentencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de México que se refieren al buen gobierno y la buena administración pública
La Suprema Corte de Justicia de la Nación de México (en adelante, SCJNM) ha publicado varias tesis que abordan específicamente la noción de "buena administración pública". No obstante, es crucial mencionar que, aunque se intentó realizar un análisis comparativo de la jurisprudencia de Colombia y la jurisprudencia de México respecto a este tema, no se encontraron suficientes documentos jurisprudenciales relativos al asunto en estudio en la base de datos de la alta corte de la nación de México.
Como primer ejemplo, se tiene la tesis 6 I.4o.A.5 A (11a) de 2021, en la que dicho tribunal estudió de forma concreta la figura de la buena administración pública, con base en la cual realizó un estudio de la legislación de Ciudad de México (en adelante, CDMX) y protegió de forma unánime el derecho fundamental a la buena administración pública, dado que, como se dijo anteriormente, la Constitución de CDMX contempla de manera expresa esta figura como un derecho adscrito a cada uno de los ciudadanos que el gobierno tanto local como federal debe salvaguardar y garantizar.
Así entonces, se reconoce que la buena administración pública es un derecho fundamental de las personas y un principio rector para los poderes públicos. Esto implica la necesidad de promover la apertura gubernamental y la participación ciudadana efectiva en la resolución de problemas públicos. Además, todos los servidores públicos deben garantizar la materialización de los principios generales que rigen la esfera pública. Este derecho a la buena administración pública está relacionado con otros derechos como el acceso a la información, la transparencia, el acceso a la justicia, la presentación de solicitudes y las prerrogativas prioritarias, en conformidad con la Constitución y los estándares de control constitucional (Tesis: I.4o.A.5 A (11a), 2021).
En el caso de CDMX, reconociéndola y salvaguardando su núcleo esencial como derecho inherente de la persona, se observa cómo la jurisprudencia constitucional mexicana comienza a tomar una posición clara y efectiva frente a la buena administración pública. Además, la Corte no solo protege esta prerrogativa constitucional, sino que, además, delimita la conexidad de la buena administración con otros derechos individuales como el de la información, la transparencia, la tutela judicial, la petición y las prerrogativas; esta conexidad entre derechos se asemeja al caso colombiano, en el que la Corte Constitucional explica que al buen gobierno y la buena administración los rodean diversos postulados que permitirían la realización y la materialización de los fines de la función pública.
Por otro lado, en la tesis I.4o.A.6 A (11a) de 2021 esta alta corporación evaluó la falta de la administración de cDMX cuando se negó a resolver una petición que interpuso un ciudadano, pues consideró que las autoridades competentes vulneraron el derecho fundamental a la buena administración pública constituido por la legislación de CDMX; asimismo, se vulneró el derecho a la información.
Lo anterior se consideró luego de que la corporación determinara que si un documento de solicitud está relacionado con asuntos de acción pública y plantea riesgos para la población y violaciones a la regulación sobre urbanismo, que es de interés general, la autoridad debe responder a la solicitud teniendo en cuenta que, incluso sin que se le solicite explícitamente, debe llevar a cabo la revisión necesaria de los temas mencionados. En este contexto, no se trata de decisiones basadas en la discreción de la autoridad, sino que están regidas por normativas específicas (Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, 2021).
En cuanto a esta tesis del tribunal, habría que percatarse de dos factores: 1) el interés general, que es un criterio y un principio rector del ordenamiento constitucional colombiano y que tiene una gran conexidad con el buen gobierno según la Corte Constitucional, pues es un postulado determinante a la hora de tomar cualquier decisión institucional; y 2) las facultades regladas, pues el sistema mexicano censura las facultades discrecionales en las autoridades administrativas, pero permite las regladas.
El tribunal constitucional de Colombia ha dejado claro en su vasta jurisprudencia que para que exista una buena administración pública es necesario que las autoridades tengan un margen de discrecionalidad en sus decisiones, pero esta es reglada, tiene unos limitantes que se encuentran en el ordenamiento jurídico. Mientras que, en México, específicamente en CDMX, los servidores públicos tienen facultad de decisión, pero esta es reglada, no cabe la discrecionalidad, por lo que se encuentra una gran diferencia entre los dos Estados.
En otro momento, en la tesis I.4o.A.14 A (11a) de 2022, la SCJNM estudia un caso de CDMX en el que un individuo reclama la responsabilidad patrimonial del Estado a causa de las fallas y la falta de mantenimiento viales. En este caso, la alta corporación reconoció que la administración habría incurrido en una falta grave por su omisión; además, como resultado de ello, también se vio vulnerado el derecho a una buena administración pública que, para el caso concreto, es el del accionante y su cónyuge.
En los detalles de la tesis explica el tribunal que la buena administración pública se considera un derecho y un principio imperante para las autoridades públicas. Este derecho está relacionado con otros derechos y exige la implementación de políticas y acciones que promuevan la transparencia en el gobierno. Los organismos gubernamentales deben crear y preservar condiciones estructurales y reglamentarias que garanticen el funcionamiento correcto del Estado. Esto implica que los servidores públicos actúen de manera ética y responsable, y que cumplan con obligaciones específicas para garantizar la regularidad, la eficacia y la eficiencia en beneficio de los ciudadanos (Tesis: I.4o.A.14 A (11a), 2022).
En el anterior apartado se puede apreciar cómo la Suprema Corte ha ido mejorando sus conceptos sobre la buena administración pública como un derecho esencial en CDMX, dando cuenta de que las políticas públicas son quizá las medidas y las acciones que de primera mano deben servir como mecanismos para la materialización y la salvaguarda de los derechos constitucionales. Por esto, el Máximo Tribunal Judicial enfatiza que los gobiernos y los servidores públicos deben garantizar el derecho a una gestión pública eficiente, ya que, conforme se cumple este derecho, se protegen otras gamas de principios y derechos interrelacionados con la administración pública.
Ahora bien, en esta misma tesis, la Suprema Corte menciona que la administración y sus servidores públicos tienen el deber y la obligación de generar condiciones de regularidad, funcionalidad, eficacia y eficiencia en favor de las personas; las dos últimas, la eficacia y la eficiencia, hacen parte del ordenamiento constitucional y administrativo del Estado de Colombia, lo que da cuenta de que estos criterios o postulados constitucionales son herramientas orientadoras de los sistemas jurídicos de ambos países.
ELEMENTOS DIFERENCIALES DEL CASO DE MÉXICO Y EL CASO DE COLOMBIA SOBRE LA BUENA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y EL BUEN GOBIERNO
Al analizar el derecho humano a una buena administración pública según los ordenamientos jurídicos de México y Colombia (como principio constitucional), destacando cómo ambos países incorporan y desarrollan esta prerrogativa, se encuentra que, en ambos casos, aunque se reconoce de forma innominada7 (Roncancio et al., 2022), se resalta la necesidad de mecanismos efectivos para su protección y su reconocimiento explícito.
En México, se enfatiza la necesidad de reconocer explícitamente este derecho en la Constitución Federal, mientras que en Colombia se menciona la aplicación de derechos derivados según la Carta Iberoamericana de los Derechos y Deberes del Ciudadano en Relación con la Administración Pública, a los cuales se hace referencia en las diferentes providencias judiciales de la Corte Constitucional (Arcila y López, 2019). Se subraya que ambos países deben tomar acciones más efectivas para reconocer este derecho claramente y definir su concepto y su aplicación para evitar confusiones. En la siguiente tabla se exponen las diferencias estructurales entre México y Colombia:
Tabla 4.4
Elementos diferenciales de la buena administración y el buen gobierno en Colombia y México
[i]Fuente: elaboración propia con base en Arcila y López (2019).
Asimismo, Arcila y López (2019) identifican mecanismos de protección como la acción de tutela en Colombia y el juicio de amparo en México, y señalan la importancia de la participación ciudadana y la interacción con la administración pública a través de peticiones, veedurías, entre otros mecanismos de participación en ambos países. La comparación muestra las diferencias en la manera de estructurar y aplicar estos principios, reflejando sus respectivos contextos jurídicos y administrativos.
CONCLUSIONES
Se evidencia la importancia de la buena administración pública como un derecho esencial reconocido en diversas cartas internacionales, tanto en Europa como en Iberoamérica. Mientras que en el ámbito europeo se destaca la conexión entre la buena administración y los derechos de defensa, en la región iberoamericana se reconoce la necesidad de una administración pública de alta calidad que promueva la dignidad humana y respete la diversidad cultural. Además, se señala la distinción entre el concepto de buen gobierno, que abarca aspectos más amplios de la gobernanza, y la buena administración, centrada en los procedimientos y las operaciones de las entidades públicas. Aunque la soft law no tiene un carácter legalmente vinculante, juega un papel importante al establecer compromisos y principios que los Estados se comprometen a respetar y promover, especialmente relacionados con la promoción y la protección de los derechos humanos en la región iberoamericana.
Por otro lado, a pesar de que en los artículos de la Constitución de Colombia no se mencionan explícitamente el buen gobierno ni la buena administración, los principios y los valores establecidos en su sección dogmática, así como en la parte orgánica, sientan las bases para considerar estos conceptos como fundamentales dentro del ordenamiento jurídico colombiano. Los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad que rigen la función pública en Colombia se alinean con los estándares de buena administración pública, fortaleciendo la idea de que estos principios podrían ser interpretados como derechos constitucionales. Además, la ratificación de acuerdos internacionales de derechos humanos y la inclusión de estos principios en el bloque de constitucionalidad refuerzan su importancia en el contexto jurídico colombiano.
Por otro lado, si bien la Constitución Federal de México no reconoce explícitamente estos conceptos como derechos fundamentales, la carta fundamental de la Ciudad de México sí consagra el derecho a una buena administración pública, destacando su relevancia en la esfera pública mexicana. Aunque se requiere una revisión más detallada desde el poder judicial, estos precedentes sugieren que el buen gobierno y la buena administración podrían ser considerados como principios fundamentales en el derecho constitucional de ambos países.
Asimismo, el buen gobierno emerge como un principio fundamental en la función pública y el derecho constitucional colombiano, al fomentar la participación activa y democrática de todos los actores de la sociedad. Este principio impone al Estado la obligación de identificar y abordar las deficiencias y los desafíos que afectan la administración pública eficiente. Es esencial que el Estado facilite espacios para que los ciudadanos ejerzan un control social efectivo sobre la gestión pública, lo que refleja el verdadero propósito del buen gobierno.
Este enfoque demuestra que la buena administración pública no solo es un principio guía para las políticas gubernamentales, sino que también se considera un derecho humano esencial. Por otro lado, el concepto de buen gobierno resalta la importancia de la eficiencia en la gestión pública para alcanzar resultados óptimos que respondan a las necesidades de la sociedad en su conjunto. Este enfoque eficiente se presenta como un medio para asegurar una mejor respuesta gubernamental, lo que a su vez se relaciona con el derecho humano a una buena administración pública. En conjunto, estos aspectos subrayan la importancia de abordar tanto la gestión eficiente como la garantía de derechos fundamentales en el contexto de la administración pública.
En resumen, se observa una notable disparidad entre Colombia y México en relación con el reconocimiento y la protección del derecho a una buena administración pública. Por un lado, aunque no se reconoce explícitamente en la Constitución de Colombia, se ha reconocido como un principio constitucional derivado de otros derechos y deberes relacionados, y su principal mecanismo de protección es la acción de tutela. Por otro lado, aunque la Constitución Federal de México no lo reconoce explícitamente, la Constitución de la Ciudad de México lo hace, estableciendo principios y obligaciones específicas para garantizarlo, y su principal mecanismo de protección es el juicio de amparo. Además, la estructura unitaria de Colombia puede facilitar una aplicación más uniforme del principio, mientras que la naturaleza federal de México puede generar una mayor variabilidad en su aplicación y su reconocimiento a nivel local. A pesar de estas diferencias, ambos países coinciden en la importancia de principios administrativos fundamentales como la igualdad, la moralidad, la eficacia, la economía y la celeridad en la administración pública, aunque su integración y su aplicación pueden variar en función de las diferencias estructurales y normativas de ambos sistemas legales.