En el municipio de Bello, al igual que en el resto del área metropolitana de Medellín, la delincuencia organizada se ha convertido en un problema sin solución aparente. A lo largo de las cuatro décadas anteriores, contrario a lo que se esperaría por la acción preventiva y coercitiva del Estado, la delincuencia organizada en este municipio del Aburrá norte ha ido transformando y sofisticando sus repertorios delincuenciales, dejando en el pasado a las pequeñas bandas de influencia barrial, que se dedicaban al hurto indiscriminado en las zonas marginales, para perfilarse como estructuras mafiosas con amplio dominio territorial, capaces de constreñir a la gran mayoría de la ciudadanía imponiendo tributos criminales a los ciudadanos, creando monopolios comerciales en mercados tanto legales como ilegales, y capturando las rentas de la administración pública municipal y los organismos de representación política del orden nacional y regional.
Ante este panorama, es pertinente preguntarse ¿por qué el Estado no ha logrado construir políticas públicas que le permitan ejercer la tutela material de los bienes jurídicos de la comunidad del municipio de Bello, vulnerados sistemáticamente por las redes criminales que allí se asientan? La hipótesis de partida es que la política pública de seguridad ha estado tradicionalmente subordinada a lineamientos estratégicos impartidos desde instancias nacionales, que focalizan los esfuerzos en alcanzar objetivos globales o de importancia estratégica, dejando al margen el tratamiento de las problemáticas específicas de las territorialidades que, como en el caso de Bello, no hacen parte de las prioridades del diseño nacional. Esta carencia de integralidad de la gestión pública de seguridad podría subsanarse si los hacedores de la política pública construyen líneas de acción complementarias, de carácter territorial, que exploten las vulnerabilidades de las organizaciones criminales emergentes y anticipen las estrategias de adaptación de los ilegales a dichas políticas.
Se consideró que el enfoque analítico de la teoría de la agencia es adecuado para aportar en la identificación, descripción y comprensión de los dilemas y las vulnerabilidades que comportan los líderes de las redes delincuenciales de Bello (principal), porque cuando los principales se ven abocados a resolver las disyuntivas que se desprenden de la subcontratación criminal de redes agente que ejercen el monopolio territorial y operan en los mercados como sus representantes, se enfrentan varios de los problemas típicos de agencia: información asimétrica, intereses contrapuestos, riesgo moral, control, selección adversa y señalización. Para arribar al propósito general de señalar los dilemas y las vulnerabilidades de los principales de las redes criminales de Bello, se identificaron los factores económicos, sociales e institucionales que han propiciado la sofisticación de los repertorios delincuenciales de las redes cuya acción lesiona de forma sistemática los bienes jurídicos1 de la población bellanita. Algunas de las principales conclusiones de este ejercicio académico auguran éxitos en la acción coercitiva del Estado, si se incorporan líneas de acción de política pública con especificidad territorial que propendan por la desactivación de las redes de corrupción y los mecanismos diplomáticos de los que se valen los criminales para proteger sus estructuras de amenazas externas. Al contrario que las estrategias de política criminal que propenden por elevar la punibilidad de las conductas delictivas, no logran el impacto deseado sobre este tipo de estructuras dada la importancia de la señalización que comportan los agentes de las redes analizadas.
El mapa de ruta de este texto es el siguiente: en la sección introductoria se hará un contexto mínimo del municipio de Bello; en la segunda sección se introducirá una revisión bibliográfica que centrará la mirada en la evolución de la criminalidad y la política pública de seguridad en el municipio de Bello durante las últimas cuatro décadas; luego se introducirá la teoría de la agencia como herramienta de análisis y se identificarán los objetivos económicos y los repertorios criminales de los que se valen las organizaciones ilegales en el municipio de Bello; en la cuarta sección se expondrán los dilemas que deben sortear las organizaciones criminales para alcanzar el cumplimiento de los objetivos económicos del principal, a la vez que interactúan y se adaptan a su contexto para hacer ineficaz la política pública de seguridad; en la última sección se identificarán algunas de las vulnerabilidades de las redes delincuenciales analizadas y se harán las respectivas conclusiones.
El municipio de Bello contaba en el 2018 con una población de 481901 habitantes (DANE, 2019), que lo hacen el segundo municipio de mayor población en Antioquia y el décimo en el país. Dada la conurbación de la mayoría de los municipios del área metropolitana, en la que el municipio de Medellín hace las veces de centro de gravedad, con Bello y Copacabana al norte, y Envigado, Sabaneta, Itagüí, La Estrella y Caldas al sur, los fenómenos y procesos delincuenciales que afectan al municipio en cuestión están totalmente ligados y en interdependencia con los del resto de la región metropolitana.
Desde hace aproximadamente quince años Bello es uno de los polos de crecimiento del sector inmobiliario del departamento, lo que ha acentuado la característica de ser una “ciudad dormitorio”, pues las áreas que concentran las actividades industriales, financieras y de servicios se encuentran segregadas hacia el centro y sur de la metrópoli. Solamente durante las dos décadas anteriores, por el vertiginoso crecimiento del negocio inmobiliario en el municipio, se crearon los estratos socioeconómicos 5 y 6, pues históricamente la municipalidad estaba estratificada entre estratos 1 a 4, es decir, un municipio fundamentalmente obrero.
En términos históricos, el surgimiento de Bello como municipio en 1913 está totalmente ligado con su ingreso al circuito mercantil internacional por la fundación de textilerías que se asentaron allí desde 1902, durante la primera fase de industrialización textil en Colombia, que tuvo su principal foco productivo en el departamento de Antioquia, y cuya primera fábrica fue la Empresa de Tejidos de Bello (Montenegro, 1982), lo que generó una importante atracción de mano de obra, principalmente femenina, que llegó a la territorialidad de Hato Viejo demandando vivienda, infraestructura urbana básica y servicios sociales, lo que, a la postre, crearía las condiciones básicas para la fundación de la nueva unidad territorial mediante la Ordenanza número 48 del 29 de abril de 1913 de la Asamblea Departamental de Antioquia (Martínez y Uribe, 2013).
El objetivo de este ejercicio descriptivo y analítico es estudiar la naturaleza de las redes criminales asentadas en el municipio de Bello, partiendo de una revisión bibliográfica que se encuentra circunscrita en trabajos realizados sobre las dinámicas criminales, principalmente en el municipio de Medellín, pero con relevancia para todo el Valle de Aburrá, dado que, como bien lo describen Tobón y Valencia (2016), la “codependencia” y el “relacionamiento entre las actividades” y los “actores criminales” en la región metropolitana de la capital antioqueña han conducido a “la regionalización del problema criminal” (p. 71).
Una de las principales características que se puede observar sobre la praxis de las organizaciones delincuenciales del Valle de Aburrá es que ellas ejercen un monopolio territorial frente a otras redes delincuenciales; a este fenómeno se le ha conocido como “fronteras invisibles” (Jaramillo, 2013). En la literatura económica se define el monopolio como una falla del mercado en la que un solo oferente satisface la totalidad de la demanda, debido a la imposibilidad de que a tal mercado ingresen otros oferentes a competir para satisfacerla, dada la existencia de barreras que impiden el ingreso (Varian, 2010). En los modelos más básicos se explica que las barreras de entrada pueden ser de origen natural, como en el caso de las esmeraldas que solo se encuentran en ciertas regiones del planeta, o de origen artificial, como es el caso de la producción y venta de cierto tipo de licores en nuestro país, debido a las regulaciones impuestas por nuestro legislador. Algunas de las principales conclusiones de la teoría económica sobre el análisis de los monopolios son que los monopolistas son precio-decisores, es decir, que quien ejerce un monopolio define cuál es la curva de oferta que maximiza sus beneficios, pues de su discrecionalidad depende la fijación de los precios y las cantidades que se van a producir de la mercancía monopolizada (Mankiw, 1998).
Hylton (2007) resalta que para el año 2002 el Bloque Cacique Nutibara (BCN) dominaba el 70 % del crimen organizado del Valle de Aburrá, imperio logrado mediante la cooptación de las otrora pequeñas y atomizadas bandas que fueron convertidas en tentáculos de la gran red de poder mafiosa que centralizó la delincuencia, reguló la distribución del territorio y las rentas ilegales, armó y entrenó como nunca antes a sus nuevos soldados y, acaso el más importante y duradero efecto, propició la incorporación de muchos jefes de bandas al mercado internacional de narcóticos (Alonso y Valencia, 2008). Bello no fue la excepción, pues el actor armado paramilitar se extendió rápidamente por la ciudad (“El hombre que creó el bloque Metro y lo exterminó”, 2009), encontrando múltiples fuentes de financiación (República de Colombia, 2011) e introduciendo una serie de acuerdos como la delegación del territorio a las redes que conformaron su aparato. Giraldo (2011) identifica la operación y regulación de los mercados legales e ilegales como el objetivo principal de los criminales.
En los mercados ilegales, las redes criminales de Bello prohíben que en sus territorios se cometan hurtos, extorsiones, homicidios o la comercialización de sustancias ilícitas que no estén previamente ordenados o autorizados por los principales de la red. El tráfico y la distribución de sustancias de uso ilícito funcionan bajo un monopolio artificial que imponen las bandas criminales y del cual únicamente se benefician los principales de las redes y sus agentes en el territorio. La pena para quien introduzca de contrabando sustancias ilícitas con fines comerciales en el territorio monopolizado es la muerte. En lo que atañe a las extorsiones, los principales ceden a sus agentes en el territorio los beneficios de los cobros extorsivos de menor cuantía, más comúnmente conocidos como microextorsiones.
En algunos mercados semilegales y legales, como se explicará más adelante, “Los Triana”, “Camacol ”, “Los Pachelly” y “El Mesa”, han establecido precios mínimos para la comercialización de productos de primera necesidad como los huevos, los lácteos y las arepas (“Huevos y arepas, negocio de los combos”, 2011), mientras que en otros mercados impiden la libre competencia prohibiendo el ingreso de ciertas marcas de productos. Estas prácticas monopólicas se aplican mediante amenazas a los comerciantes (Giraldo y Fortou, 2014).
Para el año 2005, la alcaldía de Bello reconocía la existencia de al menos 86 bandas en el municipio (“Bello inició plan para resocializar 12 bandas”, 2005), mientras que en el año 2021 la Policía nacional reconocía únicamente la presencia de las diez redes criminales en el mismo territorio (Vásquez, 2021). ¿Qué explica tal reducción de estructuras delincuenciales en Bello? Alonso et. al. (2007) plantean que el proceso mediante el cual se configuró la red del BCN incluyó
complejos procesos de aniquilación, negociación, absorción, dominación y contratos derivados de las cuatro rutas de la guerra en Medellín, esto es, la ruta de las autodefensas, la ruta del narcotráfico, la ruta de las bandas y la ruta específicamente paramilitar (p. 115).
En el mismo sentido, Ávila (2014) explica que en el resto de país se ha ido replicando el modelo de outsourcing implementado por “Don Berna” en Medellín, consistente en que las grandes estructuras criminales absorben a las pequeñas bandas y combos para que “operen diferentes rentas” en sus zonas de influencia, sin tener que desdoblar la organización principal para dominar y mantener cada rincón del territorio controlado.
Dado que la delegación del monopolio territorial en cabeza de un agente genera procesos de especialización, las redes principales han logrado ampliar y diversificar su portafolio incursionando en la producción y comercialización de licores adulterados, la operación de chance y apuestas ilegales y el cobro de carteras de difícil recaudo que contratan tanto a personas naturales como jurídicas. Asimismo, han creado empresas para la explotación sexual de mujeres y menores de edad (“‘Me hicieron firmar confesión falsa’: periodista amenazado en Bello”, 2014), la comercialización de lácteos, la oferta de servicios financieros de menor cuantía (comúnmente conocidos como prestamos gota a gota), el desarrollo de proyectos inmobiliarios (Matta, 2014) y la captura de empresas de transporte de pasajeros. De la misma forma, algunas de estas bandas han adaptado sus repertorios criminales para expropiar bienes inmuebles a sus legítimos dueños (Monroy, 2011), parcelar y vender lotes baldíos (Matta, 2014) y, desde luego, exportar narcóticos (Giraldo, 2011).
Esta revisión de la literatura permite inferir entonces que el monopolio territorial no es un fin en sí mismo, sino más bien un instrumento para lograr el control y la regulación de los mercados legales e ilegales. Igualmente, que la subcontratación criminal estimula la especialización de agentes y principales y propicia la adaptación, la concentración y la sofisticación, tanto de las formas organizativas como de los repertorios criminales.
La teoría de la agencia, en cuanto herramienta de análisis de las ciencias sociales, cuya propuesta analítica se desprende de las relaciones contractuales en las que: 1) un individuo (principal) opta por delegar su representación en otro individuo (agente), para que 2) el segundo actúe por su propia cuenta, pero a riesgo del primero; 3) aunque ambos individuos, agente y principal, desde la perspectiva de Kant (2012) son “un fin en sí mismo” (tienen objetivos diversos), el uno se constituye en el órgano de representación del otro (Ospina y Ospina, 2021), es decir, el agente se constituye en un medio para el logro de los fines del principal; 4) todo lo anterior, bajo un entorno en el que el principal tiene menos información que el agente (información asimétrica) y no lo puede controlar.
Algunas de sus aplicaciones iniciales se circunscribieron al campo de los seguros (Shavell, 1979), los mercados de intermediación financiera (Ross, 1973) y la organización empresarial (Jensen y Meckling, 1976). Igualmente, el instrumental de esta apuesta teórica también se ha puesto al servicio del desarrollo y la mejora de la política pública (Arrow, 1985) y la comprensión de las interacciones de diferentes tipologías de organizaciones ilegales como los terroristas (Shaphiro, 2017) y los mafiosos (Balletta y Lavezzi, 2019). Para el caso de las organizaciones ilegales colombianas, Castillo y Balbinotto (2012) , en su estudio sobre las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), proponen una explicación alternativa sobre como los secuestros fueron minando la moral de combate de los mandos intermedios de la exguerrilla, hasta fracturar la unidad de mando y la cohesión interna, debilidades que, cuando afloraron, fueron inteligentemente explotadas por los gobiernos de la época para asestar algunos de los más importantes golpes infringidos a dicho movimiento armado.
Ahora bien, siguiendo el derrotero trazado por Shapiro (2013) , entender los dilemas de las organizaciones terroristas (criminales en nuestro caso) permite que los hacedores de la política pública construyan líneas de acción que exploten las vulnerabilidades de las organizaciones ilegales a las que se desea combatir, y anticipen las estrategias de adaptación de los ilegales a dichas políticas. Usando el modelo analítico propuesto por el autor para el caso de las redes criminales del municipio de Bello, se considera que los objetivos económicos y los repertorios criminales de ellas son la fuente principal de donde provienen las vulnerabilidades específicas de cada red criminal, en tal sentido, conocer a fondo los nichos económicos en los que se desenvuelven las organizaciones delincuenciales y sus formas de operar, puede ayudar a construir políticas de mayor eficiencia en el esfuerzo coercitivo del Estado contra dichas organizaciones criminales.
Finalmente, es importante manifestar que los modelos de análisis microeconómico desprendidos de la línea propuesta por Becker (1968) , que conducen a la construcción de políticas públicas punitivistas y policivas, que es como tradicionalmente, y con muy pocos éxitos, se han tratado de resolver los problemas de la delincuencia en nuestro país, aunque incorporan importantes herramientas para el entendimiento de los fenómenos crimina les, no parten de la comprensión integral de las preferencias de los criminales ni de la diversidad de sus estrategias y formas organizativas, ni mucho menos de la desafortunada convergencia de intereses entre los criminales y algunos importantes agentes estatales que, eventualmente, fisuran la función coercitiva del Estado, es decir, modelos analíticos que sí se observan a la luz de las reglas de la lógica y que como parten de premisas que no son fieles a la realidad, la veracidad de sus conclusiones será incierta. Organizaciones criminales como “Los Chatas”, con más de treinta años en la criminalidad antioqueña, que han sobrevivido a todas las alcaldías de elección popular de Bello, a más de siete gobiernos nacionales y a las tres más importantes reformas de política criminal de la historia reciente en Colombia, son un claro ejemplo de la necesidad de migrar de los modelos tradicionales a otras apuestas teóricas más ajustadas a las particularidades de los mercados ilegales.
Diferentes estudios sobre los actores del conflicto urbano de Medellín evidencian la relación jerárquica como una regularidad empírica de las redes criminales del Valle de Aburrá (Blattman et al., 2020; Hylton, 2007; Martin, 2014; Tobón y Valencia, 2016). En ese sentido, y siguiendo la propuesta de simplificación para el análisis del agente-principal en las estructuras ilegales organizadas jerárquicamente que aplicaron Castillo y Balbinotto (2012) , para caracterizar a las Farc, en el caso específico de las redes criminales del municipio de Bello, se considera que el rol de principal lo ejercen los máximos líderes de las organizaciones delincuenciales, pues son ellos quienes garantizan la cohesión interna de la estructura criminal, definen las reglas del juego y el acceso a las rentas provenientes del monopolio y la regulación de los mercados y garantizan el control territorial mediante el uso de la violencia o los mecanismos no violentos (redes de corrupción o la diplomacia), dependiendo de la amenaza a la que deban hacer frente. Por su parte, el rol del agente lo ejercen los líderes de las organizaciones criminales subalternas, subcontratadas o de menor jerarquía en la red, que operan en territorios o mercados específicos bajo la tutela y el mandato (en representación) de los máximos líderes de las redes criminales.
Dado que durante las décadas anteriores las estructuras criminales de Bello sufrieron un proceso de concentración criminal, las redes que ejercen el rol de principal no pueden administrar por sí mismas el territorio sobre el que tienen monopolio, tanto por la gran extensión de este como por la diversidad de mercados en los que intervienen. Debido a ello, deben desarrollar una estructura organizativa muy robusta y capaz de resolver los siguientes problemas de agencia: 1) conducir una fuerza militar que pueda disuadir a otros jugadores de competir por el territorio; 2) crear y administrar redes de corrupción que ayuden a morigerar la persecución estatal; 3) monopolizar y regular los mercados de los que derivan sus rentas criminales; 4) asumir la representación diplomática de la red ante las otras redes que cuentan con el rol de principal y 5) contratar, delegar y ejercer controles sobre sus agentes para evitar que ellos socaven sus objetivos económicos.
En términos jerárquicos, los líderes de la red agente están subordinados al principal, ejerciendo el monopolio territorial en representación de él. Para ello, los líderes de la red agente deben contratar vigilantes (que son el brazo armado y quienes garantizar el control territorial), cobradores, expendedores de drogas al detal (más conocidos como jíbaros), “cocineros” (que son los que se encargan de mezclar la pasta base de coca con otras sustancias para poder dosificar el alcaloide y ofertarlo a los consumidores) y coordinadores (que hacen las veces de jefes intermedios, cuya responsabilidad está circunscrita a una subdivisión del territorio o a un mercado en específico). Así pues, la descentralización de los mercados y la especialización de los agentes es uno de los resultados de los procesos de optimización que logran las redes analizadas cuando se enfrentan al problema del principal-agente.
Como la integración vertical no es la mejor vía para la maximización de beneficios, pues los diferentes eslabones de las cadenas productivas ofrecen tasas de retorno desiguales, el principal elige para sí únicamente los mercados en los que puede ser monopolista, y dentro de esos mercados escoge los eslabones que maximizan sus beneficios económicos. Además, y dado que tiene la obligación de generar incentivos para contratar agentes que permitan operar en más mercados y más territorios, el principal típico opta por desprenderse de las rentas menos cuantiosas y también sobre las cuales puede ejercer menos controles. Entre los mercados que están reservados para el principal se encuentran los siguientes monopolios: extorsiones de mayor cuantía; tráfico al por mayor de sustancias de uso ilícito; explotación sexual de niños y niñas menores de 14 años (Galdos, 2014) y 4) hurtos de mayor cuantía y asesinatos por encargo. También pueden participar en otros mercados en los que son un jugador más, dado que no necesariamente están circunscritos a su territorio, siendo los más importantes la minería ilegal, el tráfico internacional de narcóticos y la venta de armas (“El Mesa, grupo criminal de Bello, tenía título para explotar coltán en Vichada”, 2020).
Uno de los más importantes problemas que enfrenta el principal es la asimetría de la información, debido a que la delegación que hace en el agente le impide conocer la realidad con el mismo detalle que aquel. Akerlof (1970) y Spence (1974) observaron, respectivamente, la selección adversa y la señalización como posibles resultados del problema de agencia producido por la información asimétrica. En el caso del primero, se analiza el problema de información oculta que enfrentan los compradores para conocer las verdaderas condiciones del vehículo que desean comprar en el mercado de segunda mano; en el segundo caso, el problema lo enfrenta el empresario que desea contratar trabajadores con mayor disposición para realizar esfuerzos y lograr los objetivos misionales de la compañía. La selección adversa como mecanismo de mercado termina generando una solución ineficiente al desincentivar la oferta de los buenos vehículos, dado que los compradores no estarán dispuestos a pagar precios acordes a la calidad, pues no saben diferenciar los vehículos buenos de los malos. La señalización, en cambio, es una solución socialmente deseable, pues los trabajadores con mayor vocación de sacrificio y más disciplinados les transfieren esa información a los reclutadores con sus mejores calificaciones.
Los principales de las redes criminales de Bello afrontan problemas similares a los esbozados a la hora de contratar un agente, pues la forma como se distribuyen las rentas criminales para los agentes de las redes analizadas pone en evidencia un diseño de incentivos basado no solamente en la eficiencia del agente, sino también, y más importante aún, en una gran solución para el contexto de incertidumbre que genera en el principal su acceso asimétrico a la información. Veamos.
La red agente garantiza la manutención de su mano de obra con cobros extorsivos semanales a la comunidad, cobros conocidos eufemísticamente como “vigilancia”, los cuales son pagados por las viviendas, los comerciantes (formales e informales), las empresas asentadas en el territorio y los propietarios de vehículos que se estacionan en la vía pública. Los líderes de las redes agente, por su parte, se lucran principalmente de los cobros extorsivos provenientes de las actividades de construcción o remodelación de la propiedad raíz, la venta ilegal de lotes vacantes o de uso público, las utilidades de la comercialización al detal de las sustancias estupefacientes, además de los cobros extorsivos a los vehículos de las empresas que comercializan y distribuyen sus productos en el territorio monopolizado por la red agente, cobros estos últimos que en algunas ocasiones mutan de la coacción al acuerdo de voluntades, con el objeto ilícito de crear monopolios comerciales a favor de las empresas en el territorio monopolizado por la red agente.
Como se observa, las rentas de las redes agente son las más difíciles de controlar, pues dependen de la interacción con la comunidad, es decir, son las rentas en las que más fácilmente el agente puede defraudar al principal, dada la imposibilidad de controlar dichos ingresos. La solución encontrada por el principal, desprenderse de dichas rentas en favor del agente, resuelve entonces, de forma óptima, dos problemas esenciales de la teoría de la agencia, generar incentivos económicos que maximicen el esfuerzo y disminuyan el riesgo moral de su agente (Hart y Holmström, 1986), y ejercer controles para disminuir la probabilidad de ser defraudado por el agente. Como consecuencia de esta inteligente solución, se reducen las mayores amenazas para el logro de sus objetivos económicos del principal a: 1) la competencia territorial de otros principales; 2) el exceso de autonomía de los agentes y 3) la acción coercitiva del Estado sobre su territorio y su estructura organizacional.
En lo concerniente a las interacciones con otros jugadores, el principal típico analizado interactúa fundamentalmente con tres tipos de jugadores: agentes, otros principales y agentes del Estado. Como la interacción con sus propios agentes se tratará más adelante, en este punto se hablará de poner en contexto la interacción con otros principales y con el agente estatal típico. En lo que concierne a las interacciones con otros principales, dada la sofisticación estructural de los criminales de Bello, se puede identificar que la vía diplomática2 ha sido un instrumento valioso para los principales, pues ha minimizado las interacciones violentas interredes en el municipio, propiciado así un equilibrio estratégico de largo plazo entre los criminales. El mecanismo diplomático edificado por los principales de las organizaciones criminales de Bello consiste en una serie de reglas que se pueden describir así: 1) delimitación del perímetro geográfico sobre el que se le reconoce y respeta el monopolio territorial a cada red; 2) un longevo pacto general de no agresión interredes, es decir, se niega la autotutela; 3) en caso de interacciones violentas interredes se activa una cláusula de neutralidad y exclusión (obligación de no hacer) de las redes que no son parte de las hostilidades (esta cláusula fue especialmente importante para contener los efectos de la última espiral de violencia vivida entre los años 2019 y 2020, pues operó perfectamente, por lo que la confrontación acaecida se circunscribió únicamente al territorio y los miembros de las redes enfrentadas) y 4) la facultad de “Los Chatas” para dirimir las fricciones, ejercer tutela o ejercer coacción en caso de conflictos interredes.
Las mencionadas reglas de coexistencia pacífica tienen como plus que introducen la interacción con el agente estatal, dado que al aplicarlas se favorece la gestión de la política pública de seguridad, ello porque la reducción de las interacciones violentas entre los criminales presiona a la baja las estadísticas de homicidio, hurto y percepción de inseguridad; es decir, se configura una alianza no declarada (de facto) que genera objetivos convergentes entre las redes criminales y las élites políticas con resultados positivos para ambas (juego de suma positiva), por lo que las redes criminales se terminan haciendo garantes de la seguridad pública mientras disminuyen su figuración negativa, lo que convierte a los propios delincuentes en elementos esenciales para el éxito de la gestión estatal. Este tipo de juego trae como consecuencia una aversión general entre los jugadores a hacerse daño, y en ese sentido, las redes criminales favorecen la gestión de las élites políticas, mientras que estas últimas se hacen las de la “vista gorda” frente a la existencia y el accionar de los delincuentes, reduciéndose al mínimo la acción coercitiva del Estado. Si a este arreglo se le suman las redes de corrupción, que serán analizadas con profundidad en los dilemas de los principales, se logra entender con mayor claridad lo que se ha llamado por algunos sectores del Valle de Aburrá como “donbernabilidad” (Martin, 2014, p. 527 ).
No es deseable para el principal dejar en manos de un agente la gestión de sus propios intereses, sin embargo, por la escala del monopolio territorial que ejercen las redes criminales analizadas, la delegación es una vía eficaz para alcanzar mejores resultados económicos. El principal es consciente de que al delegar la operación del territorio debe crear incentivos económicos para que el agente haga su mejor esfuerzo operando los mercados ilegales que se le han confiado, a la vez que mejora sus expectativas de éxito en la labor de evitar ser alcanzado por la acción coercitiva del Estado. El dilema de delegar o no delegar consiste en ceder parte de las rentas criminales al agente, abrir la red criminal a otros nodos de menor jerarquía (lo que implica también amplificar los riesgos de seguridad de la red) y perder el control directo sobre el territorio que es su principal activo. En contraprestación a las cesiones descritas, el principal podrá concentrar sus esfuerzos en desarrollar mayor eficiencia en los eslabones más productivos de los mercados ilegales, y, en no pocas veces, dar el paso a los mercados legales; el principal también gozará de mejores garantías de seguridad dado que su grado de exposición a la acción estatal será relativamente menor al no tener que estar en contacto directo con la población ni con los compradores de sustancias ilícitas.
Los mecanismos para la elección de los agentes, aunque no son muy sofisticados, han probado ser muy eficientes al juzgar por la relativa estabilidad que han observado las redes delincuenciales analizadas. Sobre los jefes intermedios de la red, que son los que lideran las redes agentes, se hace visible el fenómeno de la “señalización”, propuesto para los mercados laborales por Spence (1974) , pues normalmente son curtidos delincuentes, desmovilizados de los grupos paramilitares y que han pasado periodos de tiempo en la cárcel, tras los cuales retoman sus actividades en la red delincuencial con relativa comodidad. Esto último no es sorprendente en dicho tipo de organizaciones, pues como lo relata Dickie (2015) , algo similar sucede con la mafia siciliana. Otra característica que llama la atención, y que es consistente con la evolución de las redes delincuenciales de Bello, es que los jefes intermedios que ofician el papel de agentes de la red hacen parte de las listas de desmovilizados de los grupos paramilitares.
Esas características permiten inferir el uso de una estrategia que tradicionalmente utilizan las empresas para mantener bajo su nómina a buenos y ambiciosos trabajadores, el ascenso y la promoción interna a los niveles de dirección superior, puesto que se incentiva el compromiso a largo plazo de los trabajadores, a la vez que se mejora la gestión de los mismos, debido a que, de su buen desempeño en cargos de menor jerarquía y responsabilidad depende el ascenso en la red. Casos como el de alias “Tom”, referenciado en la evolución de la red de “Los Chatas”, ejemplifica la ocurrencia de este tipo de mecanismos en las redes analizadas.
Del dilema de la delegación surge una importante conclusión, y es que las estrategias punitivistas, que por lo general abogan por mayores penas privativas de la libertad, no generan los impactos deseados sobre los operativos de las redes criminales, dado que para el proceso de reclutamiento los principales observan de mecanismos de señalización sobre sus agentes , además de que los agentes y principales han incorporado los periodos en prisión como parte del oficio.
Dado que las redes criminales de Bello han recorrido un largo camino para llegar al grado de desarrollo y robustez estructural que ostentan en la actualidad, sus preferencias, así como sus repertorios, se han sofisticado. Los principales tienen incorporado dentro de su función de producción mafiosa el orden público, por ello no ven con buenos ojos que en sus territorios la población esté sometida a la sensación de inseguridad que propicia el hurto indiscriminado. Las redes de los “Pachelly”, el “Mesa” y “Camacol” son especialmente celosas del orden público en los territorios bajo su monopolio. Como consecuencia, las redes principales prefieren que no existan hurtos ni homicidios que no cuenten con su beneplácito, mientras que las redes agentes, que tienen formas de actuar menos sofisticadas que las principales, aceptan a regañadientes no cometerlos, pero en contraprestación exigen cobros extorsivos semanales a todas las actividades económicas, cobros que se extienden a las viviendas en las comunas de menor tejido económico. No ocurre lo mismo con la red de “Los Chatas”, que como ya se dijo, es la más sofisticada de las redes analizadas, por lo que, en sus territorios de influencia, se presenta un tradeoff entre sofisticación de repertorios y seguridad ciudadana, es decir, entre más poderosa y rica se hace la red criminal de “Los Chatas”, menos se preocupa por el orden público.
Ahora bien, este interés por el orden público por parte de las redes principales, que puede deberse a la herencia paramilitar que absolutamente todas comportan, genera una cierta sinergia con los intereses de la fuerza pública al identificar a la delincuencia común y a la insurgencia como actores no deseables en el territorio, de allí que algunos autores y analistas sobre el conflicto urbano denuncien una relación de aquiescencia proveniente de la fuerza pública con las redes criminales de Bello.
Las preferencias divergentes entre principal-agente terminan siendo gestionadas de manera diferente en cada territorialidad. En los territorios de mayor tejido económico, las redes agentes difícilmente recurren al cobro extorsivo en las viviendas, mientras que cuando el tejido económico es muy pobre, las redes agentes tienden a extorsionar a la población de forma menos discriminada. Mientras tanto, las redes principales tendrán que generar mayores esfuerzos en términos de diplomacia y fuerza para disuadir a sus propios agentes y a otros principales de competir por las rentas de las territorialidades más ricas. A su vez, como lo describe Shapiro (2013, p. 31) , los líderes de las redes principales, ante la divergencia de preferencias, protegen sus intereses implementando formas de monitorear y castigar a sus agentes cuando sus comportamientos son contrarios a sus objetivos económicos. De esa relación antagónica se deriva nuestro tercer dilema.
Como se dijo en el primer dilema, la red principal mejora sus condiciones de seguridad debido a una menor exposición al riesgo que resulta tras la delegación, sin embargo, para evitar que los intereses contrapuestos del agente afecten excesivamente sus intereses, la red principal debe generar mecanismos de control sobre el agente. Dichos controles a menudo causan problemas de seguridad para los principales; así lo contrastaron, para el caso de las Farc, Castillo y Balbinotto (2012) , igualmente lo hizo Shapiro (2013) a lo largo de su análisis sobre los repertorios de las organizaciones terroristas. En lo que concierne a la comercialización de las sustancias de uso ilícito, para el agente no es indiferente quién las provee, pues sus utilidades en este mercado dependen del volumen de sus ventas y de los costos de la comercialización de estas. En un entorno de monopolio, la primera variable depende de la gestión que el propio agente haga en su territorio, dado que no tiene competidores. Mientras que la segunda variable dependerá de las condiciones que genere el principal. Una mayor acción coercitiva del Estado implica un mayor costo de comercialización, por lo que a mejores redes de corrupción que logre proveer el principal mayores serán los beneficios para el agente.
Por su parte, el principal debe establecer mecanismos de control para detectar posibles agujeros en las barreras que ha creado para evitar la entrada de competidores al mercado que monopoliza, teniendo como principal amenaza a sus propios agentes, que motivados por intereses egoístas introduzcan mercancías de otros principales, o construyan alianzas que sean contrarias a los intereses del principal. Este problema de agencia está relativamente bien resuelto por todas las redes principales analizadas, dado que eligen agentes con arraigo en su territorio y utilizan métodos especialmente cruentos para disciplinar y castigar a los agentes que osen actuar en contra de los intereses de los principales (“Suben a 16 los cadáveres hallados entre bolsas en Bello, Antioquia”, 2020).
De la reflexión sobre qué tan riesgoso es para los principales monitorear y castigar a sus agentes, surge una importante conclusión: no son muy efectivas las políticas que incentiven la deserción y la delación de las redes criminales del municipio de Bello. Obsérvese que una característica fundamental del agente es la pertenencia al territorio, de allí se deriva su profundo conocimiento y la gestión del mismo, mientras que el principal garantiza el monopolio territorial. Dado lo anterior, cualquier agente que no esté dispuesto a dejarse disciplinar por el principal, o que trate de traicionarlo, pondrá automáticamente en riesgo a su propia familia. Es decir, uno de los mecanismos más efectivos para mitigar los problemas de agencia es elegir un agente que provenga del territorio que monopoliza el principal, pues así se elevan infinitamente los costos de la desobediencia o de la traición para el agente. El esquema es muy parecido al que describe Shapiro (2013, p. 55) respecto al Hamas en Palestina.
Ahora bien, para saber dónde se generan las vulnerabilidades inherentes al ejercicio del control por parte de los principales, es importante definir qué les interesa controlar de sus agentes. Como no se dispone de ese tipo de información para cada una de las redes delincuenciales, suponiendo el comportamiento racional del principal, se tratará de deducir sobre qué actividades del agente se deben establecer controles especiales por parte del principal. En la descripción de las redes criminales propuesta en este análisis se concluyó que los mercados más importantes para la extracción de las rentas criminales son la comercialización de las sustancias de uso ilícito y la extorsión de cuantías superiores.
El tráfico de estupefacientes está tipificado como una conducta punible en el capítulo segundo del título XIII del Código Penal colombiano (ley 599 de 2000). A los ojos del legislador, esta conducta atenta contra la salud pública, la cual es considerada bien jurídico sujeto de tutela por parte de las autoridades del Estado. Aunque es innegable la participación de los altos jerarcas de las redes criminales en el mercado de las drogas de uso ilícito, sorprendentemente no existen condenas aplicadas a los lideres de las redes analizadas por delitos relacionados contra dicho bien jurídico.
Uno de los resultados socialmente menos deseables que prevé la teoría de la agencia es la “selección adversa” (Akerlof, 1970), cuya aplicabilidad se puede incorporar para observar la acción policial para el control de las sustancias de uso ilícito. El agente de policía del cuadrante debe generar resultados operativos tasados en capturas y el decomiso de sustancias prohibidas por la ley, siendo esta la única variable observada por el Estado, para quien es imposible saber la cantidad de esfuerzo que el policía invierte en este propósito. De dicho esfuerzo dependerá la importancia de los golpes que se proporcionen a la cadena productiva de este mercado ilícito. Capturar consumidores exigirá menores esfuerzos institucionales que capturar grandes capos o miembros de la red de expendio. Al mismo tiempo, el policía no recibe incentivos económicos adicionales por lograr mayores o mejores resultados, de allí que, en su labor, no encuentre los estímulos adecuados para concentrar su accionar contra las redes de expendio, puesto que ello demandaría mayores esfuerzos por el mismo salario. Correlativa y muy probablemente, el policía que decidiera perseguir a los integrantes de las redes narcotraficantes tendría beneficios negativos, pues disminuiría su seguridad personal, dadas las estrategias de defensa de los delincuentes, y también disminuirían, hipotéticamente, sus ingresos, dadas las estrategias de corrupción de las redes criminales. De allí, que la acción policial en las calles se concentre “adversamente” contra los consumidores de sustancias ilícitas, dada la inexistencia de los “incentivos” adecuados para perseguir las redes criminales (Hart y Holmström, 1986).
De tal experiencia se puede deducir que las redes urbanas de distribución de drogas no han sido realmente objeto de focalización de la política pública, de allí que, dada la “selección adversa” comportada por la acción policial, el centro de los resultados operacionales esté del lado del consumo. Se puede arribar entonces a la conclusión preliminar de que si se estudia con mayor profundidad el mercado de las drogas ilícitas en el municipio de Bello, se podrán encontrar importantes vulnerabilidades de los líderes de las redes criminales, dada la especial importancia de dichas redes para las rentas de los principales.
En el caso de las extorsiones de mayor cuantía, es importante definir que las víctimas de este delito que atenta contra el patrimonio económico son generalmente empresas con importantes patrimonios y que han incorporado en su estructura de costos la variable extorsiva, ante el inmenso poder de constreñimiento que logran desarrollar dichas redes. Para que un cobro extorsivo se materialice se requieren al menos dos circunstancias, la primera es que la amenaza de daño sea creíble, y la segunda es que la víctima tenga expectativas pesimistas de que las instituciones del Estado tutelen el bien jurídico amenazado y sometan a los autores y participes3 de la conducta punible a las sanciones previstas en la ley penal. El cumplimiento de esas dos condiciones, por lo general, conduce a que la víctima no denuncie ante las autoridades y acceda a desembolsar el pago extorsivo, quedando tal injusticia bajo las sombras de la impunidad. ¿Dónde se puede hallar en este tipo de conducta las vulnerabilidades del principal? Tal vez se podría explorar en sectores específicos de la economía, por ejemplo, el comercio y la construcción. Igualmente, las autoridades deberían indagar en los mecanismos de presión utilizados por las redes delincuenciales para obligar a los pagos. Recientemente, fueron documentados, por los medios de comunicación locales, hurtos simultáneos a diferentes establecimientos comerciales de una misma agencia de apuestas en el municipio de Bello (“Investigan el atraco a siete puntos de Gana en Bello”, 2021). Aunque el hurto como modalidad delictiva es un delito autónomo, como medio de presión es muy parecido a la colocación de pequeñas cargas explosivas que durante los años noventa del siglo pasado aplicaron los subversivos contra la misma industria de las apuestas para presionar cobros extorsivos (“Dinamitan trece agencias de chance en Valle de Aburrá”, 2000). Lo que si tienen en común estos dos comportamientos delictivos es que las redes ilegales tuvieron que demostrar su capacidad de hacer daño para hacer creíble su amenaza sobre las víctimas, y de allí que salgan de la clandestinidad cometiendo otros delitos que ponen en evidencia no solo su objetivo, sino también a sus operativos.
Así pues, se puede alcanzar otra conclusión preliminar en torno a las vulnerabilidades que eventualmente se podrían explotar contra las redes criminales analizadas. Si se socava la credibilidad sobre la capacidad que para hacer daño tienen las redes criminales, estas tendrán que obligarse a demostrar dicha capacidad delictiva, y por esa vía pondrán en evidencia sus objetivos extorsivos, develando información relevante para que las agencias del Estado encargadas de tutelar los bienes jurídicos de la comunidad logren su cometido.
Lo que en el análisis de Shapiro (2013) , para las organizaciones terroristas, se describe como “la incertidumbre en el ambiente operacional” (p. 129), se puede traducir para las redes criminales de Bello como las amenazas que provienen de factores externos. Para gestionar dichas amenazas, las redes principales deben resolver dos dilemas diferentes. El primero es violencia vs. diplomacia cuando el factor externo con el que interactúa es otro principal; el segundo, y que se tratará más adelante como el quinto dilema, es defensa vs. corrupción cuando de afrontar la acción coercitiva del Estado se trata.
Como se describió en la evolución de las redes criminales de Bello, durante la fase paramilitar de principios del siglo XXI las redes delincuenciales establecieron una serie de acuerdos entre los que destacaron la delimitación territorial de cada red principal, y un pacto general de no agresión entre las redes principales, el cual contempla una cláusula especial de neutralidad, para que cuando eventualmente estalle un conflicto intra o interredes las partes no interesadas se mantengan al margen de dicho conflicto. Estos acuerdos se pueden denominar la vía diplomática para tratar de resolver posibles conflictos entre principales. Ahora bien, los principales deben decidir, siempre que la situación lo requiera, si utilizar la violencia, la diplomacia o una combinación de ambas para disuadir la ocurrencia de hostilidades y solucionar los conflictos que surjan con otras redes principales.
Para nuestro análisis, se parte del presupuesto de que la diplomacia es siempre menos costosa que la violencia. Iniciar una interacción violenta con otra red implica convertirse en el objetivo del accionar violento de la contraparte, obligándose así a aumentar las ya costosas medidas de seguridad de la red en general. Ahora bien, no hacer uso de la violencia tampoco sería una estrategia óptima para las redes principales, pues si excluyeran los repertorios violentos y la amenaza del uso de la violencia, no podrían mantener el monopolio territorial ni la fidelidad de sus agentes, ni lograrían disuadir a otros principales de abstenerse de competir por su territorio. Sin embargo, el actuar violento trae consigo la violación de otros tipos penales no habituales, con lo que se desencadena que las agencias que conforman el poder punitivo del Estado focalicen su persecución sobre las redes que desatan mayor violencia de la habitual.
En efecto, durante la última ola de violencia ocurrida en Bello, las autoridades policiales actualizaron la información sobre todas las redes criminales del municipio y lanzaron campañas de captura sobre sus principales líderes, con especial énfasis en los cabecillas de las redes de “Los Mesa” y “Pachelly”, que fueron los protagonistas de tal pico de violencia. Algunos de los resultados de la interacción violenta entre ambas redes fueron la captura y el asesinato de sus principales cabecillas a manos de las autoridades y de sus rivales, respectivamente. De esta experiencia se pueden constatar algunas de las conclusiones propuestas por Shapiro y que podrían ser muy útiles para los creadores de la política pública de seguridad. Si se estimula el aumento de las “condiciones de incertidumbre operacional” para las estructuras criminales, disminuyendo, por ejemplo, las oportunidades de comunicación entre las redes criminales y presionando la desactivación de los mecanismos de diplomacia entre ellas, se obligaría a los principales a incrementar los controles sobre sus agentes, se les elevarían los costos de seguridad y se les obligaría a relajar sus medidas de seguridad. En esencia, desactivar los mecanismos diplomáticos de los criminales los hace más vulnerables y mejora las probabilidades de éxito de la política pública contra la delincuencia.
Ha dicho la Sala, en hipótesis como la que hoy nos convoca, que el contenido de la conducta está determinado por el aporte del político a la causa paramilitar, como aparato organizado de poder, en donde coloca la función pública a su servicio; contribución que constituye una disfunción institucional que denota mayor lesividad e incrementa el riesgo contra la seguridad pública, al potenciar la acción del grupo ilegal (República de Colombia, 2011, p. 162)
Dado que las organizaciones criminales bajo examen comportan una doble condición inherente a su actividad, que consiste en el monopolio territorial y la persecución estatal, las redes criminales asentadas en el municipio de Bello se ven obligadas a la interacción estratégica con la política pública de seguridad que apuesta por su desmantelamiento. La corrupción de los funcionarios tiene como propósito general neutralizar las iniciativas de la política pública contra los intereses de las organizaciones criminales. El dilema de los conductores de las redes criminales es, entonces, encontrar la proporción adecuada entre defensa y corrupción. La creación de redes de corrupción por parte de la delincuencia organizada no es un mito urbano. Martin (2014, p. 547) reflexionó sobre los alcances que puede llegar a tener este tipo de estrategias de la criminalidad a propósito de un gran caso de corrupción al interior de la Fiscalía General de la Nación en Medellín, cuando se conoció que la propia cúpula de la dirección seccional del principal órgano de poder punitivo del Estado estaba al servicio de las organizaciones mafiosas de la ciudad.
Las redes de corrupción pasan por el policía del cuadrante y pueden llegar hasta los altos niveles de jerarquía de la misma institución, pero no se detienen allí. Funcionarios, políticos, alcaldes, empresarios y congresistas del municipio de Bello se han visto envueltos en sendos procesos judiciales, como ya se relacionó en el acápite correspondiente a la evolución de las redes delincuenciales analizadas. Por fortuna, como solo una fracción de la sociedad y el Establecimiento están dispuestas a cooperar con los ilegales, estos últimos deben desarrollar también estrategias de defensa como el secreto, la clandestinidad, la compartimentación de la información, la creación de redes de inteligencia e información, la compra de predios para la operación de casas de seguridad, la restricción de sus comunicaciones con la red y con sus propias familias y la cuidadosa selección del personal que aboga por la seguridad de sus líderes, entre otras estrategias de defensa. Es decir, como en el dilema anterior, a los criminales les resulta más costoso crear redes de defensa que redes de corrupción, y por ello tendrán mayor interés en crear las últimas.
Así como son innegables los éxitos de las autoridades contra los dirigentes de estas organizaciones delincuenciales, también lo es el hecho de que estas estructuras mafiosas están diseñadas para absorber con relativa facilidad este tipo de golpes. Por ejemplo, la captura de alias “El Montañero” en el 2019 no impidió que la red de “Los Mesa”, que él dirigía (“Capturado alias ‘El Montañero’, principal jefe criminal de Bello”, 2020), le ganara la guerra a la red de “Pachelly” un año después de su encarcelamiento. Sin dudarlo, una línea de acción de la política pública de seguridad que haría especialmente vulnerables a los criminales de Bello sería identificar y disuadir las relaciones con elementos corruptos del Estado.
A lo largo de las cuatro décadas anteriores, la criminalidad organizada del municipio de Bello ha pasado por una serie de transformaciones exitosas que le han permitido adaptar, especializar y sofisticar tanto su estructura como sus repertorios criminales para monopolizar el territorio y extraer cuantiosas rentas criminales, mientras evade la acción coercitiva del Estado.
Mediante la utilización de las herramientas analíticas de la teoría de la agencia se lograron establecer y describir los dilemas que tienen que sortear los principales de las redes criminales para garantizar el cumplimiento de sus objetivos económicos a lo largo del tiempo. A partir de los dilemas de la delegación, la diversidad de las preferencias y el control, se concluyó que las estrategias de tipo punitivista no son las más acertadas para combatir este tipo de redes, dado que, por la aplicación de mecanismos de “señalización” cuando se reclutan los agentes, los principales tienen garantías creíbles de que sus agentes difícilmente traicionarán a sus líderes, además, como los primeros provienen de los territorios monopolizados por los segundos, desalinear sus preferencias de las de los principales generaría castigos especialmente cruentos contra ellos y sus seres queridos, por lo que los miembros de estas estructuras criminales han incorporado los periodos en prisión como parte de su oficio.
De los dilemas que emanan de la protección de la red y sus dirigentes, es decir, el uso de la fuerza o la defensa, versus la diplomacia y la corrupción, se encontró que cuando las redes se ven obligadas a prescindir de los mecanismos no violentos se genera una retroalimentación negativa entre las propias redes criminales, a la vez que experimentan mayores costos operativos y se ven obligadas a infringir otros tipos penales que las hacen más visibles y vulnerables a la persecución de las agencias del Estado. Finalmente, del análisis especifico de los dilemas que generan la operación de los dos mercados más estratégicos para las redes criminales de Bello, se logró identificar que el éxito de los mercados extorsivos dependen del tradeoff entre las expectativas de las víctimas sobre la credibilidad de la amenaza criminal y la capacidad tutelar del Estado sobre los bienes jurídicos de la comunidad; mientras que en el mercado de las sustancias de uso ilícito se hizo evidente que la acción estatal se ha visto afectada por un mecanismo de “selección adversa” que la ha conducido a centrarse en el lado del consumo por la facilidad que este componente ofrece para mostrar resultados, mientras que el componente estratégico para los principales de las estructuras criminales, que son las redes de distribución, no ha sufrido importantes reveces. Queda pues el reto para los creadores de la política pública de seguridad de ampliar el análisis sobre los dilemas y las vulnerabilidades de las estructuras mafiosas con la información privilegiada que seguramente poseen las diferentes agencias del Estado, para que construyan y gestionen los ejes de la política y las líneas de acción que exploten estas y, muy seguramente, otras vulnerabilidades comportadas por las redes criminales de Bello.
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Por coronavirus cayó el capo “Albert”, jefe de los “Pachelly” . (11 de agosto de 2020). El Tiempo. https://www.eltiempo.com/justicia/conflicto-y-narcotrafico/covid-19-logran-captura-de-albert-jefe-de-los-pachelly-al-estar-contagiado-con-coronavirus-527992.
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J. Vásquez 202110 bandas criminales se disputan el territorio en Bello: PolicíaNoticias Telemedellínhttps://telemedellin.tv/10-bandas-criminales-se-disputan-el-territorio-en-bello-policia/427494/#:~:text=Varias%20de%20ellas%20con%20unos,lucha%20constante%20en%20su%20contra
[1]Para profundizar sobre el concepto de bienes jurídicos legalmente tutelados se recomienda revisar a Roxin (2006; 2013).
[2]Entendida como el conjunto de mecanismos no violentos que utilizan los criminales para tramitar sus diferencias y conflictos con otros principales.
[3]Para profundizar en el tema de autoría y participación desde la perspectiva del derecho penal, se recomienda revisar a Roxin (2016).