Colombia ha tenido un amplio y extenso recorrido de conflicto armado en los últimos setenta años, grupos guerrilleros como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP), el ELN, el M-19, el EPL, entre otras, así como actores paraestatales y estatales impactaron, sin lugar a duda, la vida de aproximadamente 8775884 de víctimas (Comisión de la Verdad, 2022); pero, aun así, como se establece el conflicto armado a partir de la participación de diferentes actores armados también se inician los procesos de paz, llevados a cabo por los presidentes. Estos acercamientos de paz con los grupos insurgentes empiezan con el presidente Cesar Turbay (1978-1982) y luego con Carlos Lleras Restrepo (1966-1970) a través de las Comisiones de Paz; tiempo después el presidente Belisario Betancur (1982-1986) establece los primeros diálogos con las FARC-EP y logra el cese al fuego conocido como los Diálogos de La Uribe, a los que se acogen la Autodefensa Obrera, el Ejército Popular de Liberación (EPL) y el M-19. Aunque el acuerdo terminó por deshacerse, el presidente de ese entonces, Virgilio Barco Vargas (1986-1990), retoma los diálogos y concreta con el M-19 la firma del acuerdo de paz por medio de la ley de amnistía, en 1989, por la que los militantes de este grupo armado entregan sus armas e inician el proceso de reintegración a la vida civil.
Después de un largo periodo de diálogos, llega a la presidencia Álvaro Uribe Vélez (2002-2010), quien logra la desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) en el Acuerdo de Ralito; posterior a ello, Juan Manuel Santos (2010-2018) firma el acuerdo de paz con las FARC-EP en el 2016, llamado el Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera.
Ahora bien, este acuerdo es de suma importancia para la historia del conflicto armado colombiano, ya que pone fin a la guerrilla más grande de Colombia1, que llevaba más de cincuenta años en confrontación con el Estado. En este diálogo de paz y cese al fuego se establecieron temas relevantes como la política de desarrollo agrario integral, la participación política, el fin del conflicto, la solución del problema de drogas ilícitas, la identificación y el reconocimiento de las víctimas del conflicto armado, así como también los mecanismos de refrendación de los acuerdos. Con este acuerdo se logró, en esa fecha, un total de 18 616 desmovilizados de las FaRc-eP, y de 2002 a 2016 un total de 49 407, de los cuales 6506 fueron mujeres (Zamora, 2016).
En este sentido, el componente económico se constituye en un factor determinante para los procesos de reincorporación, debido al alto número de excombatientes que retoman su papel en la sociedad y que en su mayoría no cuentan con las bases económicas para poder subsistir por sus propios medios. Por ello, en los acuerdos se pactaron acciones como el censo socioeconómico, la caracterización y desarrollo de proyectos y programas productivos sostenibles, a través de la Cooperativa Economías Sociales del Común (ECOMUN)2 y proyectos individuales; también, como parte de las garantías económicas, los excombatientes tienen derecho al acceso de una renta básica, la asignación única de normalización3, mayor aporte y control a la seguridad social y planes o programas sociales.
Sin embargo, a pesar de que se ha firmado un acuerdo, en la actualidad existe una problemática, puesto que hay puntos que no se han llevado a cabo por parte del Gobierno nacional o no se han cumplido de manera eficaz; así lo expresa Humberto de la Calle en la conferencia internacional del Acuerdo de Paz en Colombia, en la que hace alusión a la “ausencia de compromiso del Gobierno”, culpándolo de problemas que se han incrementado en el país, como el aumento de la presencia de disidencias del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las FARC-EP en los municipios, el asesinato de excombatientes, el incumplimiento de las garantías de la renta básica, los aportes a la seguridad social y los apoyo pedagógicos que se prometieron en el Acuerdo de Paz.
Siendo esta una pieza importante para la reincorporación económica, como se establece en el Conpes 3931, en el numeral 5.3.3, que enuncia que dicha reincorporación se orienta a la generación de “alternativas productivas, colectivas e individuales” para la generación de ingresos sostenibles a largo y mediano plazo.
Ahora bien, en este artículo confluyen dos temas principales, el primero es la reincorporación económica, es decir, cuando el excombatiente regresa a la sociedad pero centrándose en su actividad económica; el segundo es la perspectiva de género, haciendo énfasis en el rol de la mujer en el conflicto armado colombiano y la reincorporación de mujeres excombatientes.
Esta investigación se fundamentó en el paradigma hermenéutico, que se orienta al entendimiento de la naturaleza de las realidades humanas, su estructura dinámica y los comportamientos y las manifestaciones de la cultura (Martínez, 2004). En coherencia con este paradigma, se asumió una investigación cualitativa de carácter documental que procura reflexionar sobre lo que ya se conoce (por ejemplo, teorías formuladas con anterioridad) para descubrir lo nuevo y desarrollar o plantear perspectivas de análisis (Flick, 2004). La investigación de tipo documental facilita el entendimiento de un objeto de estudio a partir de la selección, búsqueda, clasificación, sistematización y análisis; comprendido no solo como la indagación de información, sino como la cimentación de conocimiento de forma sistemática, controlada y rigurosa (Galeano, 2004).
Para el rastreo de la información se privilegió la ubicación de textos que abordan el conflicto armado y los escenarios de transición hacia la paz y el género; temáticas que se exploraron en bases de datos y archivos bibliográficos de diferentes instituciones dedicadas al tema. Además, bases de datos especializadas como Google Académico, Dialnet, Latindex, ScienceDirect, Redalyc y Scielo.
Cada texto seleccionado se incorporó primero en una tabla de inventario bibliográfico, en cuyo contenido se consignaron los datos específicos de cada documento; autor, año y fuente en la que fue publicado, además de registrar la información sobre el tema, el objetivo, los resultados y las conclusiones, y, posteriormente, se empleó una matriz de análisis categorial en la que se contrastó la información de diferentes fuentes, lo que permitió explorar los desarrollos y caracterizar la reincorporación a la vida civil de mujeres excombatientes en Colombia, haciendo énfasis en los aspectos económicos.
En este capítulo se abordará el recorrido que se ha hecho en Colombia sobre todo lo que se relaciona al conflicto armado, así como los antecedentes históricos de los procesos de paz que se fueron dando con los años, esto incluye los presidentes relevantes, sus aportes para la paz y lo referente a los pronunciamientos jurídicos pertenecientes a los acuerdos de paz. También se hará referencia a la incorporación económica en los acuerdos de paz que se llevaron a cabo en el 2016 y cuyos datos se separarán por género, con énfasis en las mujeres.
Si se habla de la experiencia en el conflicto armado interno, países como Colombia no se quedan atrás, ya que tienen un amplio camino recorrido en el tema. Se pensaba que a mediados de los sesenta en Colombia se había terminado la época de La Violencia, un periodo histórico en el que se presentaron enfrentamientos entre liberales y conservadores; periodo, además, en el cual se creó el Frente Nacional para calmar dicho enfrentamiento, una estrategia o pacto político que consistía en que los liberales y conservadores se alternaban el poder entre ellos y se distribuían, de forma equitativa, los cargos públicos con el fin de evitar más encuentros violentos entre estos grupos. Sin embargo, no surtió el efecto esperado y se generó, como consecuencia, el surgimiento y la radicalización de los grupos guerrilleros, espacio propicio en el que distintos actores armados estatales y paraestatales constituyeron las bases para un conflicto armado interno.
Así, la imposibilidad de participación política de distintos grupos sociales con ideologías opuestas al partido conservador y liberal da pie al surgimiento de movimientos sociales y grupos radicalizados, entre estos, el Movimiento Obrero Estudiantil y Campesino (MOEC) en 1959, las FARC-EP, en 1964, el Ejército de Liberación Nacional (ELN), en 1964, el Ejército Popular de Liberación (EPL), en 1967, y el Movimiento 19 de Abril (M-19) en 1974; la mayoría de ellos grupos armados al margen de la ley influenciados por las ideologías comunistas de Cuba y la Unión Soviética. Entre los intereses de estos grupos estaba erradicar el Frente Nacional con diferentes métodos, inicialmente robos, emboscadas, tomas guerrilleras y ataques, ya que lo veían como una violación a la democracia (ACR, 2016).
Este ambiente generalizado de violencia presionó al gobierno de Turbay, en 1981, para que iniciara los primeros “acercamientos” de paz, hecho que se conoce como el inicio de una política de negociación y la creación de instancias como la “Comisión de Paz”. Sin embargo, dicho intento de negociación se consideró nefasto, puesto que los directivos terminaron renunciando al considerar imposible solucionar la situación y entablar comunicación con los actores armados (ACR, 2016).
Luego, en el gobierno de Belisario Betancur se retoma la Comisión de Paz y se crea la comisión asesora por medio del Decreto 2711 de 1982, que sentó las bases para las negociaciones con los grupos insurgentes. De esta manera, se gestiona la “Comisión Nacional de Negociación y Diálogo” y se logra firmar el Acuerdo de La Uribe, también llamado Acuerdo de Cese al Fuego, Paz y Tregua; este proceso se ve truncado por la toma del Palacio de Justicia en 1985 y terminó con la eliminación de la comisión en 1986 (Moreira et al., 2015).
Con la llegada de Virgilio Barco a la presidencia se crea la Consejería para la Reconciliación, Normalización y Rehabilitación (CRNR) para las negociaciones, y por parte de los grupos insurgentes surge la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar, logrando con estas negociaciones la desmovilización del M-19 gracias al Pacto Político por la Paz y la Democracia (Moreira et al., 2015), la expedición de la Ley de Amnistía en 1989 y la Ley 77 de 1989 (diciembre 22), por la cual se faculta al presidente de la República para conceder indultos y se regulan los casos de cesación de procedimiento penal y de expedición de autos inhibitorios en desarrollo de la política de reconciliación (Congreso de Colombia, 1989).
Gracias a dicha ley se consigue la reincorporación a la vida civil de los desmovilizados del M-19, la circunscripción especial para la paz, la comisión académica no gubernamental sobre estupefacientes, la reforma electoral, el fondo nacional para la paz, la reforma a la justicia y otros temas relacionados con la democracia y el pacto político por la paz, también la desmovilización y dejación de las armas, la reinserción social, las garantías jurídicas, los programas productivos, la comisión de seguimiento y el plan de seguridad (ACR, 2016)
Por lo tanto, al hablar de la reincorporación se enuncia, en el segundo numeral del Acuerdo de Paz, lo siguiente:
Para promover la incorporación a la vida civil de los guerrilleros y su tránsito de la lucha armada a la vida política, se comprometen a respaldar el establecimiento, por una sola vez, de una Circunscripción Especial de Paz para partidos políticos surgidos de movimientos alzados en armas desmovilizados y reincorporados a la vida civil. Dicha circunscripción para Senado de la República y Cámara de Representantes se aplicará, a más tardar, en las elecciones de 1992, y sus características se definirán entre los signatarios en posterior acuerdo (Movimiento 19 de abril, 1990).
Esta es de las primeras veces que se habla sobre la reincorporación de excombatientes; si bien no se menciona como tal la reincorporación económica, sí se hace referencia a la productividad y reincorporación social. En 1990, con el presidente Cesar Gaviria se continúa con los puntos de los acuerdos de paz con el M-19 y se da la famosa Asamblea Nacional Constituyente de 1991, con la inclusión de la “séptima papeleta” que dio paso a la nueva Constitución Política de Colombia. También se logra el comienzo de conversaciones con las FARC-EP y el ELN, que terminaron por el trágico asesinato del exministro Argelio Durán Quintero; sin embargo, se consiguió la firma del acuerdo de paz definitivo con el EPL, el Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) y el Quintín Lame, la desmovilización de estos grupos y la reincorporación a la vida civil de sus militantes. Durante este gobierno también se creó la Dirección Presidencial para la Reinserción y la CRNR pasó a llamarse la Consejería para la Paz (Institución de Estudios para el Desarrollo y la Paz, 2013).
En el 2002 llegó Álvaro Uribe Vélez a la presidencia, y fue reelegido en el 2006. Durante sus primeros momentos de gobierno no había negociaciones con los grupos armados al margen de la ley, por el contrario, se mantuvo una confrontación abierta con ellos, especialmente con las FARC-EP. En ese mismo año del comienzo de su gobierno se crea la Ley 782 de 2002 para la desmovilización particular de guerrilleros o paramilitares y agrupada de grupos paramilitares, con la característica de la negativa al reconocimiento político como requisito para las negociaciones (Moreira et al., 2015).
En el 2003 se logró, con la firma del Pacto de Ralito, la desmovilización de las AUC, pero se notaba la insuficiencia de la Ley 782 de 2002, por lo que se opta por crear la Ley 975 de 2005 en la búsqueda de poder perseguir y sentenciar a los miembros de los grupos armados al margen de la ley. La llamada Ley de Justicia y Paz tenía como finalidad facilitar el proceso de desmovilización de paramilitares, individual o colectiva, además de dar garantía a los derechos de las víctimas (ACR, 2016); además de ayudar a la reincorporación a la vida civil de los desmovilizados, pero, a cambio, se debía respetar el derecho a las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación. El Gobierno tenía el plan de un dar y recibir: los desmovilizados reciben el beneficio de la reincorporación a cambio de contar la verdad.
Durante la presidencia de Juan Manuel Santos se inician las conversaciones en secreto con las FARC-EP en La Habana (Cuba), aunque de manera simultánea se enfrentaba con ellos para reducir el índice de criminalidad. Santos elevó en el 2011 el Programa para la Reincorporación a la Vida Civil a la Agencia Colombiana para la Reintegración (ACR), que contaba con cifras aproximadas de 57 000 desmovilizados; de ellos, 47 000 en proceso de reintegración, 4700 que finalizaron el proceso y más de la mitad establecida en sectores económicos formales o informales (ACR, 2016).
En el 2012 las conversaciones pasaron a ser negociaciones públicas y después de cuatro años se firma el Acuerdo para la Terminación Definitiva del Conflicto, dejando cifras, al 2019, de aproximadamente 13 000 personas acreditadas como excombatientes y 10 000 en proceso de reincorporación económica y social.
En este acuerdo se pasó del antiguo procedimiento de desarme, desmovilización y reincorporación (Martínez y Lefebvre, 2019) a uno con bases en los fundamentos de los procesos de Desarme, Desmovilización y Reintegración (DDR) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). El primer paso fue la dejación de armas, después se crearon las Zonas Veredales Transitorias de Normalización (ZVTN) y los Espacios Territoriales de Reincorporación (ETCR) (ACR, 2016). Este proceso de paz concentra dos puntos sobre la reincorporación, el primero es la reincorporación económica, hablando no sólo de las ayudas actuales, sino también de la expectativa a largo plazo, y el segundo son las condiciones de seguridad de los reincorporados. Nace de igual forma la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), encargada de juzgar de manera especial y extraordinaria a los excombatientes que se acogieron a la desmovilización y que presentaran sus crímenes y su verdad, lo que les daría el beneficio de la reincorporación a la vida civil (ACR, 2016).
Para el tema de reincorporación económica y social, en el acuerdo final se elabora un apartado, en el que se habla sobre la creación del Consejo Nacional de la Reincorporación, que se encargaría de todo este proceso en el presente y el futuro, bien sea de hombres, mujeres o de los menores que se encontraban enlistados como combatientes (Martínez y Lefebvre, 2019). Como estrategias de ayuda para la reincorporación se acuerdan los siguientes puntos:
El censo socioeconómico, para conocer el estado actual en el que se encontraban los desmovilizados.
La identificación de proyectos productivos sostenibles, para establecer un ingreso idóneo a la actividad económica futura.
Como garantías para la reincorporación económica y social acuerdan:
La renta básica como primera medida, salario mínimo legal mensual vigente en un 90 % durante veinticuatro meses.
La asignación única de normalización, la entrega de dos millones de pesos.
Seguridad social, la garantía por parte del Gobierno nacional del pago de la seguridad social en salud y pensiones para aquellos reincorporados que no se encuentren unidos a actividades remuneradas.
Estrategias o planes sociales de acuerdo con los resultados del censo socioeconómico, con el fin de identificar herramientas para el abordaje de los derechos fundamentales.
Pedagogía para la paz: en la que las FARC designará tres voceros por cada ZVTN y PTN de los diez integrantes de las FARC autorizados para movilizarse a nivel municipal, para impartir actividades de pedagogía de paz en los concejos del municipio requerido (JEP, 2016, pp. 74-76).
El secretario general de la ONU (Annan, 2005), en su nota a la Asamblea General, dio la definición de lo que son las normas integradas de DDR, todo con el propósito de otorgarles un control más amplio y específico y establecer unos lineamientos para los procesos de DDR a nivel mundial. En dicha nota se señala que existen tres etapas en este proceso: el desarme, la desmovilización y la reinserción, y la reincorporación. En cuanto al desarme4, este se constituye en el primer paso, es el proceso en el que se recolectan, documentan y controlan todas las armas y todos sus derivados, que estaban a disposición del grupo armado o de la población civil. Kofi Annan (2005) hace la apreciación de la necesidad de crear un programa que se encargue de todo lo relacionado con este proceso.
La desmovilización, el segundo paso, consiste en que los combatientes pertenecientes a los grupos armados dejan atrás su papel en el conflicto armado y en el grupo, por lo que se ponen a disposición de las autoridades y pasan a ser desmovilizados. La reinserción, por lo tanto, es un paso intermedio, y surge cuando se le da asistencia a los excombatientes que pasaron a ser desmovilizados y que aún no han entrado a la reincorporación a la vida civil; el Estado les da una ayuda transitoria para cubrir las necesidades básicas. Cabe destacar que estas ayudas son a corto plazo.
La reincorporación es el tercer y último paso, es el proceso en el que los excombatientes vuelven a la vida civil, regresan a la sociedad mediante empleo y ayudas con el apoyo del Estado, aunque pueden recibir una ayuda externa. Este proceso es a largo plazo, por lo menos hasta lograr una estabilidad económica y social (Annan, 2005).
Ahora bien, Camilo González Posso, presidente del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), enunció lo que serían las diez conclusiones sobre las problemáticas que actualmente están perjudicando los acuerdos de paz con las agresiones a los excombatientes; en resumen, dice lo siguiente:
Estigmatización: que recae sobre los acuerdos de paz y las condiciones de reintegración política de los excombatientes.
La firma del acuerdo de paz no implica el fin de los conflictos y la violencia de forma inmediata; si bien este es el primer paso, y uno bien grande, no significa que se pueden descuidar los procesos de paz, al contrario, necesitan una mayor atención.
Fallas en la implementación integral, oportuna y de buena fe del acuerdo de paz: al fallar en la implementación integral de los acuerdos se afectan las garantías de seguridad de aquellos que se comprometieron con la paz.
Persistencia del paramilitarismo: si bien el desmantelamiento o la lucha contra el paramilitarismo hace parte de los acuerdos de paz, no es mucho lo que se ha avanzado; al contrario, aparece en nuevas formas y maneras.
El mal funcionamiento de los programas de reincorporación y las medidas de protección de los reincorporados; como principal problema, las limitaciones de recursos y la insuficiente cobertura que dan los programas, que hacen que la reincorporación, junto con las garantías acordadas, se efectúe sin cumplir al 100 %.
La desconfianza o el rechazo que se percibe en contra del proyecto político de Comunes en las regiones donde tuvo mayor presencia. Las zonas afectadas y las que estuvieron en un constante contacto con el grupo armado siguen sin confiar en la paz.
En las zonas de economías ilegales existe actualmente una disputa para ver quién las controla, pues al momento de la desmovilización de las FARC se dejaron de usar estructuras económicas para el soporte de la guerra, entre ellas las plantaciones o el narcotráfico. Con la desmovilización quedó vacío el control de dichas zonas.
La amenaza que representan los residuales y disidentes de las FARC, puesto que ellos presionan las deserciones, usan la violencia para obtener ayudas y atacan a los reincorporados.
Los patrones de sistematicidad en las agresiones contra excombatientes: si bien es normal la estigmatización contra los excombatientes, pasó a ser una agresión sistemática, una ofensiva permanente (González, 2020).
Como expresó Camilo González Posso (2020) , la situación de la reincorporación es cada vez más precaria, y con ello se está afectando a los que van a iniciar el proceso de desmovilización, los que ya iniciaron el proceso, los que están en el proceso de reinserción, los que ya iniciaron la reincorporación y los que ya la lograron.
La reincorporación social y económica se hace cada vez más difícil, el odio y la falta de apoyo que existe hoy en día hacia los reincorporados imposibilita su estabilidad en la sociedad, así como les está quitando la seguridad en la misma, ya que sus vidas se encuentran en una amenaza indirecta (González, 2020). Según el informe del secretario general sobre la Misión de Verificación de la ONU en Colombia (tercer periodo de 2022):
Desde la firma del Acuerdo Final, 327 excombatientes han sido asesinados (incluidas 11 mujeres), 93 han sido víctimas de intentos de homicidio (incluidas 6 mujeres) y 27 han sido dados por desaparecidos (todos hombres). En el periodo sobre el que se informa hubo 11 asesinatos de excombatientes, incluido un feminicidio presuntamente cometido por la pareja de la excombatiente (Secretario general de la ONU, 2022).
Del mismo modo, la investigadora en asuntos de reinserción social Luisa Fernanda Mejía Gómez (2014) reflexiona sobre la percepción que tienen los excombatientes sobre los beneficios ofrecidos por la Política de Reintegración Social y Económica, en la que se encuentra que, en términos generales, Los excombatientes manifestaron descontento particularmente en relación a la falta de oportunidades laborales y dificultades en la reincorporación económica así como en la falta de implementación de programas de formación y apoyo. Adicionalmente, expresaron preocupaciones sobre su integridad personal y seguridad; estas inquietudes muestran desafíos importantes en el proceso de reintegración y ponen de manifiesto la transición de excombatientes a la vida civil. De igual forma, los excombatientes sienten que el acceso a los beneficios se llega a troncar por falta de oportunidades laborales, por lo que sienten que la ACR no está tomando en cuenta este panorama, ya que los excombatientes deben optar entre trabajar o recibir los beneficios; todo esto, además de afectar los activos económicos así como su reintegración integral, los pone a depender del programa, sumándolos a la alta tasa de desempleo de los desmovilizados, contrariando lo planeado por la ACR, puesto que no hay demanda de empleo.
También se critican los requisitos o procedimientos que tienen que realizar los excombatientes para poder acceder a los beneficios, como sería la generación de ingresos, que para algunos de ellos es la forma en la que la entidad complejiza y desestimula el interés y la voluntad para acceder a los beneficios.
En este apartado se sintetiza lo abordado en los capítulos anteriores, y se revisan los temas del rol de la mujer en el conflicto armado colombiano y la reincorporación social y económica que se acordó en el 2016 con la firma del Acuerdo Final.
Hace mucho se formó la imagen de que en la guerra prima el papel del hombre, mientras que el de la mujer se queda atrás en otras labores como las domésticas, todo desde el punto de vista de las características biológicas diferenciales entre el hombre y la mujer. Pero el papel de la mujer en la guerra ha sido fundamental. Desde el siglo IV a. C., en Atenas y Esparta había mujeres que participaron en las guerras griegas; también hay registros de cadáveres de mujeres esclavas que hicieron parte del combate. El papel de la mujer adquirió un cambio drástico durante la Primera Guerra Mundial -aunque no fue una labor directa en el campo de batalla-, pues mientras los hombres iban a prestar servicio militar en la guerra se produjo un gran decrecimiento en la producción y en la mano de obra en las fábricas, razón por la cual las mujeres debieron encargarse de los trabajos en estos espacios, demostrando así su capacidad para desempeñarse en tareas diferentes a las del hogar (Aragón, 2011). Además, las que no estaban en las fábricas o en las casas se encontraban sirviendo como enfermeras en los hospitales, ubicados cerca de las zonas de enfrentamiento. De modo que el papel de las mujeres como enfermeras en la Primera Guerra Mundial era indispensable (Alexiévich, 2015).
En la Segunda Guerra Mundial la mujer no solo se encargaba del hogar, de las fábricas o de atender a los heridos en los hospitales, sino que hizo parte activa dentro de los enfrentamientos, como artilleras, pilotos, francotiradoras, espías, en funciones de reconocimiento, logística, enfermería, entre otras (Alexiévich, 2015).
Ahora bien, en el conflicto armado colombiano se veía a la mujer como sujeto pasivo, como una víctima, aunque esto no quita que un gran número de mujeres en contra de estos estereotipos decidieran hacer parte del conflicto y transgredir el modelo hegemónico de mujer tradicional (Vásquez, 2000). Sin embargo, cuando se habla sobre el proceso de desarme, reinserción y reincorporación, la política del gobierno según el CNMH (2014) se ha centrado en el rol familiar de la mujer (como madre o soporte familiar) y, por lo tanto, no se ha hecho énfasis de otras dimensiones de la vida de las excombatientes en su transición hacia la reincorporación. Esto mantiene la imagen de la mujer como cuidadora y no como sujeto político con las mismas garantías de participación en el escenario de lo público.
En cuanto al aspecto económico, existe una diferencia un tanto significativa, ya que hay una brecha entre el hombre y la mujer en materia de preparación formativa, salud -tanto física como mental- y generación de ingresos. A modo de ejemplo, se cuenta con las cifras de iniciativas productivas, separadas por género y sector económico, que suministra el Registro Nacional de Reincorporación: de los hombres, un 64,6 % está en el sector agropecuario, un 15,1 % en el sector del comercio, un 3,9 % en alimentos y bebidas, y un 13 % se dedica a otras labores (2,9 % a la mecánica automotriz, un 2,2 % a servicios varios y un 3,4 % no sabe/no responde); sobre las mujeres, un 52 % de ellas está en el sector agropecuario, un 18,4 % en el sector de comercio, un 6,7 % en alimentos y bebidas, un 17,4 % se dedica a otras labores (4,4 % a servicios varios, 4 % a manufacturaciones y confecciones y un 5,5 % no sabe/no responde). Cabe resaltar que esta cifra es de los reincorporados que se acogieron al acuerdo de paz firmado en el 2016 entre las FARC y Colombia (Martínez y Lefebvre, 2019, p. 29 ).
Sobre la preparación formativa, en el censo socioeconómico realizado por la Universidad Nacional de Colombia (2017), como parte de los acuerdos de paz, en la sección sobre alfabetismo y nivel académico, esta cifra es general y no está diferenciada, y sirve como apertura del tema. El censo entrega los siguientes datos: un 90 % sabe leer y escribir; por otra parte, un 57 % llegó al nivel de básica primaria, un 21 % hasta el de básica secundaria, un 8 % cuenta con una media vocacional, un 3 % con educación superior y un 11 % no tiene ningún nivel educativo (CPSDP, 2017).
En este escenario, cobra importancia las reivindicaciones cotidianas que realizan las mujeres a través de la gestión de redes con diferentes actores institucionales, no institucionales y de cooperación internacional para la formulación de proyectos de orden económico y social a pequeña escala, que permite generar fuentes de ingresos en un contexto de desigualdades estructurales que las ubican en condiciones de pobreza. Estos espacios también contemplan la participación en proceso de “Educación formal (básica, media, técnica, tecnológica, universitaria) y educación para el trabajo y el desarrollo humano, así como de validación y homologación de saberes y conocimientos” (JEP, 2016) aprendidos en la militancia armada y que en la vida civil se constituye en un requisito ineludible para el ingreso al mercado laboral. En las reivindicaciones cotidianas de las mujeres en los diferentes territorios aparece ECOMUN, una figura central, producto del Acuerdo de Paz, que tiene como propósito apoyar el carácter colectivo de la reincorporación. Así, su papel se ha concentrado en apoyar los proyectos productivos y garantizar el acompañamiento técnico y económico para que estas iniciativas surtan el efecto esperado y garanticen medianamente la subsistencia familiar de los reincorporados.
A Colombia no le hace falta experiencia cuando habla de conflicto armado, pero es muy diferente cuando se refiere a la reincorporación. La apuesta que se ha hecho durante estos últimos años ha sido un amplio recorrido para llenar vacíos y aprender de los errores, y si bien el Gobierno ha mostrado su interés por la paz, así como los excombatientes que han dado su aporte y su verdad, al hablar de lo que ocurre después de que el excombatiente ingresa nuevamente a la vida civil se ve la gran problemática de la incapacidad para hacer efectiva la reincorporación tanto social como económica, siendo esta última demasiado precaria.
En este sentido, es necesario garantizar en los procesos de reincorporación a la vida civil el derecho fundamental del trabajo como un indicativo imperante en la construcción de proyectos de vida y prevenir de esta manera condiciones de pobreza y en algunos casos la articulación en actividades ilegales o en la dependencia económica del Estado. “La inclusión laboral de los excombatientes es lograda mediante la materialización del derecho fundamental al trabajo que permita el ejercicio de una actividad productiva como empleados o como dueños de una unidad de negocio” (Gil, 2016, s. p. ).
Sin embargo, en el informe que entrega Jairo Estrada (2020) señala que a tres años de haberse iniciado formalmente el proceso de reincorporación, los proyectos productivos no están operando como se esperaba, por ejemplo, el 68,2 % de la población exguerrillera no tiene aún su iniciativa económica aprobada. “Así es que, la gran mayoría de los exguerrilleros y exguerrilleras (incluidos los que tienen proyectos productivos) no cuentan con un ingreso mensual estable derivado de una actividad productiva o de su participación en el mercado de trabajo” (s. p.). Por ello, es entendible que dependan aún del ingreso mensual (asignación mensual equivalente al 90 % del SMLV).
La garantía del derecho fundamental del trabajo va de la mano con el reconocimiento de la persistencia del conflicto armado y de escenarios de violencia estructural en el que habitan hoy los excombatientes, muestra de ello son los asesinatos reiterativos que se han cometido en contra de esta población en el contexto de la civilidad. En este sentido, la construcción de paz que se promueve en los distintos programas institucionales y a partir de las iniciativas de las comunidades, no puede desconocer el contexto de violencia estructural en el que se gestan estas propuestas, así como tampoco puede desconocer los aprendizajes políticos y los empoderamientos adquiridos en el marco de la militancia armada de las FARC y que en la vida civil se evidencian a través de prácticas económicas y sociales (Morales, 2019).
Así, es importante contemplar el enfoque de género en los procesos de reincorporación puesto que van encaminados a garantizar que las mujeres, en este caso, que hicieron parte de las Farc tengan condiciones especia- les ante los desafíos que enfrentan en la vida civil, pues muchas de ellas no tienen la misma preparación que los hombres y no sólo deben enfrentar el estigma social e indiferencia ciudadana producto de su participación como guerrilleras, sino que además se ven obligadas a velar por la subsistencia del núcleo familiar. Ante esta situación, las mujeres, están decididas a participar en las comunidades a través de iniciativas productivas como parte de su compromiso con la paz.
Agencia Colombiana para la Reintegración de Personas (ACR). (2016). Reseña histórica institucional. https://www.reincorporacion.gov.co/es/agencia/Documentos%20de%20Gestin%20Documental/Rese%C3%B1a_Historica_ACR.pdf
Agencia Colombiana para la Reintegración de Personas (ACR) 2016Reseña histórica institucionalhttps://www.reincorporacion.gov.co/es/agencia/Documentos%20de%20Gestin%20Documental/Rese%C3%B1a_Historica_ACR.pdf
Alexiévich, S. (2015). La guerra no tiene rostro de mujer. Debate. https://cursoshistoriavdemexico.files.wordpress.com/2018/09/alexiev-svetlana-la-guerra-no-tiene-rostro-de-mujer-historia-de-las-mujeres-del-ejercito-rojo-1.pdf
S. Alexiévich 2015La guerra no tiene rostro de mujerhttps://cursoshistoriavdemexico.files.wordpress.com/2018/09/alexiev-svetlana-la-guerra-no-tiene-rostro-de-mujer-historia-de-las-mujeres-del-ejercito-rojo-1.pdf
Annan, K. (2005). Phased funding requirement for DDR. En Financing and budgeting (pp. 34-35). https://www.unddr.org/modules/IDDRS-3.41-Finance-and-Budgeting.pdf
K. Annan 2005Phased funding requirement for DDRFinancing and budgeting3435https://www.unddr.org/modules/IDDRS-3.41-Finance-and-Budgeting.pdf
Aragón, A. (2011). ¿Los hombres son guerreros y las mujeres pacíficas? La estereotipación de género en el ámbito de la seguridad internacional. Prisma Social, (7), 248-274. https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=353744579009
A. Aragón 2011¿Los hombres son guerreros y las mujeres pacíficas? La estereotipación de género en el ámbito de la seguridad internacionalPrisma Social7248274https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=353744579009
Centro Nacional de Memoria Histórica (2014). Desafíos para la reintegración: enfoques de género, edad y etnia. http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/informes/publicaciones-por-ano/2013/desafios-para-la-reintegracion-enfoques-de-genero-edad-y-etnia.
Centro Nacional de Memoria Histórica 2014Desafíos para la reintegración: enfoques de género, edad y etniahttp://www.centrodememoriahistorica.gov.co/informes/publicaciones-por-ano/2013/desafios-para-la-reintegracion-enfoques-de-genero-edad-y-etnia
Centro de Pensamiento y Seguimiento al Diálogo de Paz (CPSDP). (2017). Caracterización comunidad FARC-EP. http://pensamiento.unal.edu.co/fileadmin/recursos/focos/piensa-paz/docs/presentacion_censo_farc.pdf
Centro de Pensamiento y Seguimiento al Diálogo de Paz (CPSDP) 2017Caracterización comunidad FARC-EPhttp://pensamiento.unal.edu.co/fileadmin/recursos/focos/piensa-paz/docs/presentacion_censo_farc.pdf
Comisión de la verdad (2022). Cifras de la Comisión de la Verdad presentadas junto con el Informe Final. https://web.comisiondelaverdad.co/actualidad/noticias/principales-cifras-comision-de-la-verdad-informe-final. Congreso de Colombia (19 de noviembre de 1982).
Comisión de la verdad 2022Cifras de la Comisión de la Verdad presentadas junto con el Informe Finalhttps://web.comisiondelaverdad.co/actualidad/noticias/principales-cifras-comision-de-la-verdad-informe-final
Congreso de Colombia (19 de noviembre de 1982). Ley 35 de 1982. Por la cual se decreta una amnistía y se dictan normas tendientes al restablecimiento y preservación de la paz. https://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=1591525.
Congreso de Colombia 19111982https://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=1591525
Congreso de Colombia (22 de diciembre de 1989). Ley 77 de 1989. Por la cual se faculta al presidente de la República para conceder indultos y se regulan casos de cesación de procedimiento penal y de expedición de autos inhibitorios en desarrollo de la política de reconciliación. http://www.lexbase.co/lexdocs/indice/1989/l0077de1989#:~:text=%22%20Congreso%20de%20Colombia%3A%20Ley%2077,de%20la%20pol%C3%ADtica%20de%20reconciliaci%C3%B3n.
Congreso de Colombia 22121989Ley 77 de 1989. Por la cual se faculta al presidente de la República para conceder indultos y se regulan casos de cesación de procedimiento penal y de expedición de autos inhibitorios en desarrollo de la política de reconciliaciónhttp://www.lexbase.co/lexdocs/indice/1989/l0077de1989#:~:text=%22%20Congreso%20de%20Colombia%3A%20Ley%2077,de%20la%20pol%C3%ADtica%20de%20reconciliaci%C3%B3n
Congreso de Colombia (30 de diciembre de 1993). Ley 104 de 1993. Por la cual se consagran unos instrumentos para la búsqueda de la convivencia, la eficacia de la justicia y se dictan otras disposiciones. https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=8743#:~:-text=Las%20normas%20consagradas%20en%20la,reconocidos%20en%20la%20Constituci%C3%B3n%20Pol%C3%ADtica
Congreso de Colombia 30121993Ley 104 de 1993. Por la cual se consagran unos instrumentos para la búsqueda de la convivencia, la eficacia de la justicia y se dictan otras disposicioneshttps://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=8743#:~:-text=Las%20normas%20consagradas%20en%20la,reconocidos%20en%20la%20Constituci%C3%B3n%20Pol%C3%ADtica
Congreso de Colombia (26 de diciembre de 1997). Ley 418 de 1997. Por la cual se consagran unos instrumentos para la búsqueda de la convivencia, la eficacia de la justicia y se dictan otras disposiciones. https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=6372
Congreso de Colombia 26121997Ley 418 de 1997. Por la cual se consagran unos instrumentos para la búsqueda de la convivencia, la eficacia de la justicia y se dictan otras disposicioneshttps://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=6372
Congreso de Colombia (25 de julio de 2005). Ley 975 de 2005. Por la cual se dictan disposiciones para la reincorporación de miembros de grupos armados organizados al margen de la ley, que contribuyan de manera efectiva a la consecución de la paz nacional y se dictan otras disposiciones para acuerdos humanitarios. https://www.fiscalia.gov.co/colombia/wp-content/uploads/2013/04/Ley-975-del-25-de-julio-de-2005-concordada-con-decretos-y-sentencias-de-constitucionalidad.pdf
Congreso de Colombia 25072005Ley 975 de 2005. Por la cual se dictan disposiciones para la reincorporación de miembros de grupos armados organizados al margen de la ley, que contribuyan de manera efectiva a la consecución de la paz nacional y se dictan otras disposiciones para acuerdos humanitarioshttps://www.fiscalia.gov.co/colombia/wp-content/uploads/2013/04/Ley-975-del-25-de-julio-de-2005-concordada-con-decretos-y-sentencias-de-constitucionalidad.pdf
Congreso de Colombia (10 de junio de 2011). Ley 1448 de 2011. Por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno y se dictan otras disposiciones. http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1448_2011.html.
Congreso de Colombia 10062011Ley 1448 de 2011. Por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno y se dictan otras disposicioneshttp://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1448_2011.html
Congreso de Colombia (4 de abril de 2017). Acto Administrativo 01 de 2017. Por medio del cual se crea un título de disposiciones transitorias de la constitución para la terminación del conflicto armado y la construcción de una paz estable y duradera y se dictan otras disposiciones. https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=80615
Congreso de Colombia 04042017Acto Administrativo 01 de 2017. Por medio del cual se crea un título de disposiciones transitorias de la constitución para la terminación del conflicto armado y la construcción de una paz estable y duradera y se dictan otras disposicioneshttps://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=80615
Estrada, J. (2020). Trayectorias cruzadas e inciertas de la reincorporación integral. https://cepdipo-co.org/publicacion?p=126/01.-Coleccio%CC%81n-Cuadernos-de-la-Implementaci%C3%B3n---La-Situacio%CC%81n-General
J. Estrada 2020Trayectorias cruzadas e inciertas de la reincorporación integralhttps://cepdipo-co.org/publicacion?p=126/01.-Coleccio%CC%81n-Cuadernos-de-la-Implementaci%C3%B3n---La-Situacio%CC%81n-General
Gil, I. (2016). Inclusión laboral de los excombatientes durante el posconflicto. Nuevos paradigmas de las ciencias sociales latinoamericanas, 8(14), 137-186.
I. Gil 2016Inclusión laboral de los excombatientes durante el posconflictoNuevos paradigmas de las ciencias sociales latinoamericanas814137186
González, C. (12 de noviembre de 2020). Los reincorporados entre tres fuegos. La hiperestigmatización, fallas en implementación integral y asesinato sistemático. Indepaz. https://indepaz.org.co/los-reincorporados-entre-tres-fuegos-la-hiper-estigmatizacion-fallas-en-implementacion-integral-y-asesinato-sistematico/.
C. González 12112020Los reincorporados entre tres fuegos. La hiperestigmatización, fallas en implementación integral y asesinato sistemáticoIndepazhttps://indepaz.org.co/los-reincorporados-entre-tres-fuegos-la-hiper-estigmatizacion-fallas-en-implementacion-integral-y-asesinato-sistematico/
Institución de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz). (2013). Los procesos de paz con el M-19, el EPL, el Quintín Lame y el PRT desde 1989 a 1991. http://www.indepaz.org.co/wp-content/uploads/2013/04/Los_proceso_de_paz_con_el_M19-EPL-Quint%C3%ADn-Lame-1989-1991.pdf
Institución de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) 2013Los procesos de paz con el M-19, el EPL, el Quintín Lame y el PRT desde 1989 a 1991http://www.indepaz.org.co/wp-content/uploads/2013/04/Los_proceso_de_paz_con_el_M19-EPL-Quint%C3%ADn-Lame-1989-1991.pdf
Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). (24 de noviembre de 2016). Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera. https://www.jep.gov.co/Marco%20Normativo/Normativa_v2/01%20ACUERDOS/Texto-Nuevo-Acuerdo-Final.pdf?csf=1&e=0fpYA0.
Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) 24112016Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera
Martínez, H. y Lefebvre, I. (2019). La reincorporación económica de los excombatientes de las FARC . Fundación Ideas para la Paz. https://multimedia.ideaspaz.org/media/website/FIP_NE_Reincorporacion.pdf
H. Martínez I. Lefebvre 2019La reincorporación económica de los excombatientes de las FARCFundación Ideas para la Pazhttps://multimedia.ideaspaz.org/media/website/FIP_NE_Reincorporacion.pdf
Mejía, F. (2014). La reintegración social y económica de los grupos armados ilegales en Colombia: reflexiones a partir de la trayectoria de nueve excombatientes [Tesis de Maestría]. Universidad del Rosario, Bogotá, Colombia.
F Mejía 2014La reintegración social y económica de los grupos armados ilegales en Colombia: reflexiones a partir de la trayectoria de nueve excombatientesTesis de MaestríaUniversidad del RosarioBogotá, ColombiaBogotá, Colombia
Morales, M. (2019). Las ideas no se desmovilizan. Narrativas sobre el agenciamiento político de mujeres excombatientes desmovilizadas individualmente de organizaciones insurgentes en Colombia [Tesis de Maestría]. Universidad de los Andes, Bogotá, Colombia.
M. Morales 2019Las ideas no se desmovilizan. Narrativas sobre el agenciamiento político de mujeres excombatientes desmovilizadas individualmente de organizaciones insurgentes en ColombiaTesis de MaestríaUniversidad de los AndesBogotá, ColombiaBogotá, Colombia
Moreira, A., Forero, M. y Parada, A. (2015). Dossier proceso de paz en Colombia. Barcelona Center for International Affairs. https://www.cidob.org/publicaciones/documentacion/dossiers/dossier_proceso_de_paz_en_colombia/dossier_proceso_de_paz_en_colombia
A. Moreira M. Forero A. Parada 2015Dossier proceso de paz en ColombiaBarcelona Center for International Affairshttps://www.cidob.org/publicaciones/documentacion/dossiers/dossier_proceso_de_paz_en_colombia/dossier_proceso_de_paz_en_colombia
Movimiento 19 de abril (9 de marzo de 1990). Acuerdo político. https://peacemaker.un.org/sites/peacemaker.un.org/files/CO_900309_Acuerdo%20Pol%C3%ADtico%20Entre%20El%20Gobierno%20Nacional%20los%20Partidos%20Pol%C3%ADticos%20y%20El%20M-19.pdf
Movimiento 19 de abril 09031990Acuerdo políticohttps://peacemaker.un.org/sites/peacemaker.un.org/files/CO_900309_Acuerdo%20Pol%C3%ADtico%20Entre%20El%20Gobierno%20Nacional%20los%20Partidos%20Pol%C3%ADticos%20y%20El%20M-19.pdf
Ochoa, K. y González, K. (2017). El papel de las mujeres en las FARC. Universidad Santo Tomás, Facultad de Gobierno y Relaciones Internacionales. https://facultadgobiernoyrelinter.usta.edu.co/images/documentos/Disputatio_Vol2_El_papel_de_las_mujeres_en_las%20_farc.pdf.
K. Ochoa K. González 2017El papel de las mujeres en las FARC. Universidad Santo Tomás, Facultad de Gobierno y Relaciones Internacionaleshttps://facultadgobiernoyrelinter.usta.edu.co/images/documentos/Disputatio_Vol2_El_papel_de_las_mujeres_en_las%20_farc.pdf
Presidencia de la República (19 de septiembre de 1982). Decreto 2711 de 1982. Por el cual se crea una comisión asesora. https://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Decretos/1881504
Presidencia de la República 19091982Decreto 2711 de 1982. Por el cual se crea una comisión asesorahttps://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Decretos/1881504
Presidencia de la República (17 de febrero de 2017a). Decreto Ley 277 de 2017. Por el cual se establece el procedimiento para la efectiva implementación de la Ley 1820 del 30 de diciembre de 2016 “por medio de la cual se dictan disposiciones sobre amnistía, indulto y tratamientos penales especiales y otras disposiciones. https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=79453#:~:text=El%20presente%20decreto%20tiene%20por,la%20Ley%201820%20de%202016
Presidencia de la República 17022017aDecreto Ley 277 de 2017. Por el cual se establece el procedimiento para la efectiva implementación de la Ley 1820 del 30 de diciembre de 2016 “por medio de la cual se dictan disposiciones sobre amnistía, indulto y tratamientos penales especiales y otras disposicioneshttps://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=79453#:~:text=El%20presente%20decreto%20tiene%20por,la%20Ley%201820%20de%202016
Presidencia de la República (5 de abril de 2017b). Decreto Ley 588 de 2017. Por el cual se organiza la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la no Repetición. https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=80633
Presidencia de la República 05042017bDecreto Ley 588 de 2017. Por el cual se organiza la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la no Repeticiónhttps://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=80633
Secretario General de la ONU (30 de junio de 2022). Misión de verificación de la ONU en Colombia. https://colombia.unmissions.org/reportes
Secretario General de la ONU 30062022Misión de verificación de la ONU en Colombiahttps://colombia.unmissions.org/reportes
Zamora, H. (23 de octubre de 2016). 63 mil personas se han desmovilizado en Colombia. El Espectador. https://www.eltiempo.com/especiales/cifras-de-desmovilizados-en-colombia-49334
H. Zamora 2310201663 mil personas se han desmovilizado en ColombiaEl Espectadorhttps://www.eltiempo.com/especiales/cifras-de-desmovilizados-en-colombia-49334
[1] El artículo es producto del proyecto de investigación “Mujeres excombatientes de las FARC-EP y sus procesos de reincorporación. Una aproximación a las prácticas económicas y sociales que configuran escenarios posibles de paz”, adscrito a la línea de investigación Sujeto, Desarrollo y Contextos de Exclusión, perteneciente al grupo Jurídicas y Sociales de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Católica Luis Amigó.
[2]En el 2010 se estimaba que las FARC estaban presentes en veinticuatro de los treinta y dos departamentos de Colombia; en el 2001 se estimaba un total de 16 000 militantes.
[3]ECOMUN es el esfuerzo colectivo de exguerrilleros de las FARC-EP junto a las comunidades, para construir Paz con Justicia Social, Reconciliación y Buen Vivir, a través de la puesta en marcha de iniciativas de economía social y solidaria (cooperativas y otras formas asociativas). Para más información véase http://ecomun.com.co/.
[4]Dos millones de pesos que se otorgan una sola vez a cada una de las personas en proceso de reincorporación para la satisfacción de necesidades básicas como, por ejemplo, ropa, enseres o elementos de aseo, entre otros.
[5]Desarme se entiende como la entrega de armas por parte del grupo armado; desmovilización cuando el grupo armado se dirige a unos puntos específicos con el fin de iniciar con el proceso de reinserción; la reinserción es el proceso que va desde la desmovilización hasta la reincorporación, y en el que se hace entrega de ayudas como alimentos, pensión, ropa, etc., y la reintegración se da cuando los que ya pasaron por las anteriores etapas regresan a la vida civil.