Las elecciones parlamentarias-legislativas y ejecutivas llevadas a cabo tanto en Colombia y Chile en el año 2022, se presentaron como un escenario en el cual el contexto social de ambos países llegaba con una marcada presencia de descontento generalizado en la sociedad, dada la profundización y radicalización de problemáticas socioeconómicas, sanitarias y de violencias histórico-estructurales generadas a raíz de la pandemia del covid-19. Este descontento social, aunado a la aparición de figuras, partidos y coaliciones políticas progresistas, dio paso a unas elecciones de Congreso y Presidencia que reconfiguraron la participación en el Congreso y permitieron la llegada de, hasta ahora, dos presidentes de izquierda en ambos países. El voto feminista, entendido desde la articulación discursiva, política e informada de las mujeres a la hora de votar, jugó un papel fundamental en la inclinación de la balanza hacia quienes salieron electos; por tal razón, nos interesa, en la presente investigación, ahondar en los dos casos para entender cuál fue la magnitud de la incidencia política -reflejada en los resultados electorales- de los colectivos feministas en las elecciones legislativas y ejecutivas tanto de Chile como de Colombia, para luego, desde una perspectiva comparada, entender las similitudes y diferencias existentes en ambos casos. Para lograr determinar esta influencia política en el campo de lo electoral se hace imperativo conocer los temas de actualidad presentes en la agenda feminista de cada país, las luchas que se han dado recientemente en pro de esas banderas y los intereses y la representatividad acogida por los partidos políticos, los movimientos sociales y las figuras presidenciales que resultaron electas.
Consideramos que se hace necesario analizar la incidencia política de los colectivos feministas en las elecciones legislativas y ejecutivas de Colombia del 2022 y de Chile en el año 2021, dado que en el entendimiento de su incidencia política podemos encontrar razones y hechos explicativos que dan cuenta y permiten entender los resultados en los procesos electorales de ambos países, y la reconfiguración de las fuerzas políticas surgidas de estas; llegando a ser histórica la elección de un Congreso paritario entre hombres y mujeres en Chile, mientras que en Colombia se instauró una alta presencia de lideresas políticas electas por la lista cerrada del Pacto Histórico en el Congreso de la República, a lo cual se suma la llegada de un presidente de corte progresista como Gabriel Boric en Chile y la reciente elección de Gustavo Petro en Colombia. La incidencia política, dada la naturaleza del voto secreto, se analiza desde el espectro de la participación femenina articulada a los temas de actualidad presentes en la agenda feminista de cada país. Al enunciar esto se hace evidente la premisa inicial de similitud de la cual partimos y por la cual escogimos los casos de Colombia y Chile, siendo un interés de la investigación hacer un diseño de sistema de máxima similitud para entender los aspectos congruentes y diferenciales entre ambos.
Para comenzar, es necesario identificar los conceptos o categorías que se utilizarán al interior del texto y que dan cuenta de los significados que los autores les atribuimos a los mismos, ellos son:
Colectivos feministas: para este caso al igual que el término “colectivo social”, indica la agrupación y organización de personas que comparten ciertas características o que tienen un mismo fin. Por lo tanto, un “colectivo feminista” significa una organización de mujeres -en tanto el sujeto político del feminismo es la mujer- que lucha en contra de la opresión patriarcal; esto puede incluir organizaciones formales como corporaciones, partidos, ONG, o formas de organización informales como movimientos sociopolíticos, redes comunitarias y activismos.
Voto femenino: el voto femenino es entendido a nivel del sufragio como la posibilidad de las mujeres de participar en elecciones populares a cargos públicos, es decir, responde a la posibilidad de las mujeres de ejercer el sufragio, no obstante, se diferencia del voto feminista ya que no responde necesariamente a una agenda feminista ni a un plan o programa de gobierno que representa los intereses de las diversas luchas feministas (Lara, 2021).
Voto feminista: es entendido como el ejercicio del voto con sentido político por parte de las mujeres, respondiendo a una serie de intereses, representaciones, luchas y reivindicaciones propias del feminismo. En este sentido, todo voto feminista es un voto femenino, pero no todo voto femenino es feminista (Luna, 2006, p. 4 ).
El marco teórico del presente trabajo se basa en el paradigma constructivista social que concibe la realidad como la construcción de interacciones sociales y la movilización de recursos persuasivos y representacionales (Ramos, 2015). Bajo este paradigma, se reconoce la subjetividad de los investigadores en el ejercicio de observación y descripción de los fenómenos sociales, en su interpretación hermenéutica y en su posterior contrastación (Ramos, 2015). La teoría sustantiva de esta investigación es la de la acción política de Hannah Arendt, la cual comprende la acción política como la posibilidad de interacción de los sujetos a partir de su pluralidad, para transformar el espacio público (Bejarano, 2009, p. 85 ). Adicionalmente, se incluirá al análisis una perspectiva teórica feminista, que permitirá poner el foco sobre la organización colectiva de las mujeres -entendidas como sujetos políticos del feminismo- y su incidencia política en los casos propuestos.
Estudio de caso: el estudio de caso es “una investigación empírica que investiga un fenómeno contemporáneo en su contexto real, donde los límites entre el fenómeno y el contexto no se muestran de forma precisa, y en el que múltiples fuentes de evidencia son utilizadas” (Yin, 2002). Además, los recursos empleados son complementarios entre evidencias cuantitativas y cualitativas.
Método comparado: el método comparado es una metodología de investigación empleada en las ciencias sociales, médicas y estadísticas cuya intención es la búsqueda de similitudes o diferencias entre dos o más casos o muestras; en palabras de Pérez-Liñán (2010) : “la comparación se presenta como una estrategia analítica que tiene fines no solamente descriptivos, sino también explicativos, un procedimiento orientado a poner nuestras hipótesis a prueba” (p. 126); en este sentido, la comparación como método de investigación da prioridad a los hechos y datos estadísticos relacionados por una serie de variables seleccionadas.
En la investigación nos proponemos comprobar la hipótesis de que los colectivos feministas, tanto chilenos como colombianos, jugaron un papel fundamental en los resultados de las elecciones parlamentarias-legislativas y ejecutivas del 2021 y 2022 de cada país, respectivamente, siendo el voto feminista decisivo en la reconfiguración de las fuerzas políticas al interior del Congreso y del máximo representante del Ejecutivo.
Para la elaboración del desarrollo de la investigación se hizo necesario abordar temas diferenciados, empezando por los antecedentes sociales de cada país, así como la conformación y manifestación -organizada o esporádica- de los diversos colectivos feministas. En este proceso de antecedentes también abordaremos un apartado para la contextualización de las elecciones en cada país, dado que tienen diferencias. Luego, se revisarán, de manera descriptiva, los resultados de las elecciones legislativas y ejecutivas para elaborar un análisis de estas. Para finalizar, se hará el diseño del sistema de máxima similitud.
FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA ELECTORAL
A pesar de que tanto Chile como Colombia son países con un régimen político presidencialista, con división de poderes y de naturaleza democrática, sus sistemas políticos y electorales tienen algunas características. La intención en este apartado es describir y profundizar en dichas características, en la conformación de sus sistemas políticos y de sus sistemas electorales.
En el caso colombiano, el país, a nivel político-administrativo, es una República unitaria, descentralizada, pluriétnica y multicultural (República de Colombia, 1991) que cuenta con tres ramas del poder: 1) el Ejecutivo, cuyo máximo representante es el presidente, quien llega al poder por elección popular; 2) el Legislativo, cuya máxima representación es el Congreso de la República que se divide en Cámara de Representantes y Senado de la República, cuyos integrantes llegan a través de voto popular departamental, en el caso de la Cámara, y nacional, en el caso del Senado, y 3) el Judicial, conformado por las cortes, siendo esta rama la única cuyos cargos no son ocupados por elección popular, sino por postulación de ternas y convocatoria pública.
Colombia es un Estado constitucional, cuyo régimen político es presidencialista, es decir, con un marcado peso otorgado a la figura presidencial, siendo a veces conceptualizado como hiperpresidencialista, dadas las cantidades amplias de funciones y tareas atribuidas a este funcionario público, surgiendo “un fuerte predominio del Ejecutivo en la organización del poder [...] como un fenómeno resultado del desbalance constitucional en favor del presidente” (Bañol, 2021, p. 30 ).
Por otro lado, el sistema electoral en Colombia cuenta con sufragio universal para todos los ciudadanos del país que cumplan con la mayoría de edad; además, las elecciones tienen una periodicidad establecida de cuatro años para presidencia, gobernación y alcaldía (CEPAL, Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe, s. f.). Para las elecciones de Congreso, las curules son ocupadas bajo la repartición proporcionada a partir de la mayor votación, dividida en el número de curules totales que se van a asignar, procedimiento que se lleva a cabo después de calcular el umbral electoral y que se conoce como el coeficiente D’Hondt. Cabe añadir que ejercer el derecho al voto no es obligatorio. Para las elecciones presidenciales el candidato postulado quedará electo en primera vuelta si logra la mayoría simple (50 % + 1 de los votos totales válidos); en caso de que no sea así, los dos candidatos más votados pasarán a una segunda vuelta en donde no hay un umbral mínimo que se deba alcanzar, de esta manera la opción más votada será el presidente electo.
En el caso chileno, el país a nivel político administrativo también es un Estado unitario con descentralización administrativa, con conformación de República democrática (Constitución Política de la República de Chile, 2005, arts. 3-4) y división de poderes públicos en tres ramas: 1) Ejecutiva, cuya cabeza es el presidente de la República escogido por voto popular; 2) Legislativa, cuyo poder es ejercido por el Congreso nacional, conformado por la Cámara de Diputados y por el Senado de la República (BCN, 2020, p. 163) -como característica del país a las elecciones de este poder se les denomina “elecciones parlamentarias”, pese a no ser un sistema parlamentario-, y 3) Judicial, conformado por los jueces, magistrados y las cortes, cargos que son ocupados por carrera, postulación presidencial y concurso público.
En cuanto al sistema electoral chileno el país cuenta con elecciones recurrentes y periódicas, cada cuatro años, además:
el sistema electoral utilizado para elegir al presidente/a de la República es un sistema mayoritario con segunda vuelta (también conocida como balotaje). Esto quiere decir que si ninguna candidatura obtiene el 50 % + 1 de los votos en la primera vuelta, se realiza una segunda vuelta entre las dos candidaturas más votadas. En el balotaje, la candidatura con más votos gana (“Sistemas electorales en Chile”, 2021).
En este sentido, la forma en que se elige a la cabeza del Ejecutivo funciona de la misma manera tanto en Chile como en Colombia. En complemento, el Senado en Chile se renueva cada ocho años mientras que la Cámara de Diputados lo hace cada cuatro años; los congresistas electos son designados a partir de la implementación del coeficiente D’Hondt a los resultados de las votaciones:
El sistema electoral proporcional chileno usa un mecanismo llamado coeficiente D’Hondt. Se dividen los votos de cada lista por uno, dos, tres hasta la cantidad de cargos que se eligen. Se ordenan las cifras resultantes desde el que sacó más votos dentro de una lista hasta el menos votado. Luego se comparan los resultados con los de las otras listas para determinar cuántos cargos elige cada lista (BNC, 2015).
Ambos países funcionan bajo el mismo coeficiente, es decir, que las curules disponibles son calculadas de igual forma.
ANTECEDENTES SOCIALES Y MOVIMIENTOS FEMINISTAS
Dentro del desarrollo de los sucesos que antecedieron a las elecciones tanto chilenas como colombianas nos encontramos con hechos de violencia, manifestaciones masivas y protesta popular en ambos países, cada una respondiendo a unos intereses y reaccionando a unas políticas de gobierno puntuales. En este apartado de la investigación nos interesa ahondar en los denominados “estallidos sociales” vividos en estos dos países suramericanos, en un primer momento; y apoyándonos en la prensa internacional, nacional, artículos de opinión y académicos ahondaremos en las generalidades que fueron el Florero de Llorente para que estos hechos se desarrollaran en su fase inicial. Luego nos centraremos en las luchas, reivindicaciones y posiciones defendidas por la agenda de los diversos colectivos feministas en el marco de estas protestas, así como de protestas propias que antecedieron a las elecciones, esto con el fin de determinar sus intereses y perfilarlos.
ESTALLIDO SOCIAL EN CHILE 2019
En el mes de octubre del año 2019 Chile sufrió un estallido social a raíz del alza en treinta pesos chilenos de la tarifa de viaje en Metro, este fue el pretexto inicial frente al cual se empezó a canalizar el descontento social. Para el día 14 de octubre, estudiantes de secundaria y universitarios se organizaron para manifestarse en contra de estas medidas. La protesta de estos jóvenes consistió en la evasión del pago del Metro (“La cronología del estallido social de Chile”, 2019), la cual fue escalando con el paso de los días, desatándose el estallido social el día 18 de octubre en donde las banderas y consignas defendidas y exigidas por la ciudadanía en general -ya no solo los jóvenes- traían consigo la proclamación de un sistema económico más justo y equitativo, así como poner fin al “neoliberalismo como forma de gobierno” (Rivera-Aguilar et al., 2021, p. 231). A las manifestaciones que conformaron el estallido social y se mantuvieron por más de un mes se las entendió como un fenómeno en el que “Chile despertó” (Jiménez-Yañez, 2020, p. 1 ), porque la reacción frente a esos treinta pesos de alza fue un pre- texto de un agotamiento que se venía gestando.
No fueron sólo los treinta pesos de alza del Metro, como lo informó e hizo notar la prensa internacional, sino que fue el desahogo de décadas, cargando el costo de mantener la imagen del “Jaguar de América Latina”, de un modelo económico que se implantó en dictadura, se aceptó en transición y se validó en democracia (Jiménez-Yañez, 2020, p. 2 ).
Así pues, el desgaste de la sociedad chilena debe ser entendido como resultado de un proceso histórico, las notorias afectaciones y gravámenes a la clase media chilena han sido constantes, por lo cual con cierta periodicidad se presentaban manifestaciones sociales, siendo este estallido social una experiencia más prolongada, fuerte y clara. En palabras de Salazar (2019) , el estallido social se define “como la chispa que despertó a la ciudadanía marginada, porque emergió una masa popular compuesta y articulada por jóvenes que tienen una memoria de rabia y de exclusión”. Ciudadanía marginada porque en esta expresión popular confluyeron jóvenes, estudiantes, indígenas, migrantes, personas desempleadas y precarizadas y ciudadanía con una memoria de rabia y exclusión dado el contexto social desequilibra- do y los costos de vida, ya que
Chile es el país más caro de América Latina en cuanto a servicios públicos se refiere; es uno de los diez países en el mundo más caros en transporte público; la educación superior es de las más caras en el planeta y es el único país en América Latina donde todas las universidades (públicas y privadas) son de paga, y todo esto sin considerar ningún costo asociado con los materiales para estudiar. Agregar que los medicamentos en Chile tienen el valor más alto de América Latina, en un sistema de salud pública (“privatizada”) que cobra como mínimo entre 10 % y 20 % del costo de cualquier atención médica. El sistema de pensiones (AFP) solo puede garantizar el pago del 50 % del sueldo, después de cuarenta años de trabajo, ganando el sueldo mínimo; es decir, a los 65 años, una persona pasa de ganar 400 dólares a 200 dólares mensuales. [...] Chile es el segundo país con la gasolina más cara de la región; en cuanto al impuesto al valor agregado (IVA), es de 19 %, el tercero más alto de todo el continente americano (Jiménez-Yañez, 2020, pp. 4-5 ).
En la escalada de los sucesos devenidos desde el 14 de octubre, la inicial evasión del Metro se convirtió en la quema de algunas de las estaciones, altercados con las fuerzas públicas, la militarización de Santiago, la petición de una nueva constitución y hasta el decretamiento de un estado de emergencia por parte del presidente Sebastián Piñera. El movimiento social tuvo tal acogida y fuerza que se desistió del alza al transporte por parte del Estado, pues al verse superado en un primer momento pareció ser conciliador, y al ver la magnitud de lo que estaba sucediendo y el amplio “levantamiento popular” optó por criminalizar la protesta social. Dijo Piñera el 20 de octubre, pasados seis días del inicio de las manifestaciones: “Estamos en guerra contra un enemigo poderoso, implacable, que no respeta a nada ni a nadie y que está dispuesto a usar la violencia y la delincuencia sin ningún límite” (“La cronología del estallido social de Chile”, 2019).
No obstante, a pesar de las amenazas, los desmanes con la fuerza pública y la criminalización de la protesta social por parte del Estado, la ciudadanía continuó con su pujanza, siendo su objetivo superior lo que inicialmente desató todo. La ciudadanía chilena quería una nueva constitución, una democrática, construida con temas, garantías y paradigmas del mundo de hoy, no una promulgada e impuesta por una dictadura. Así, pasado un mes y unos días más del inicio de las manifestaciones, el 15 de noviembre del 2019 el Gobierno y la oposición pactaron convocar a un plebiscito para decidir si se llevaba a cabo una constituyente para cambiar de carta magna, siendo positiva la decisión de la ciudadanía, articulando de esta manera el voto y la protesta como dos mecanismos de participación y de acción colectiva ciudadana (Miranda et al., 2022, p. 6 ).
LUCHAS Y BANDERAS FEMINISTAS EN EL MARCO DE LAS PROTESTAS
Podemos hablar del surgimiento formal del feminismo chileno a partir de la década de 1990 con la transición a la democracia. En ese momento, apareció como un movimiento plural y heterogéneo, en escenarios institucionales hegemónicos, pero también a través de redes colectivas y grupos autónomos (González y Figueroa, 2019, p. 54 ). El feminismo chileno se organizó de forma álgida en momentos como la marcha por la liberación de la píldora del día después en 2007, la marcha por el aborto libre y seguro en 2013, y el movimiento “Ni Una Menos” en 2015; sin embargo, cuando el feminismo se encuentra con los movimientos estudiantiles genera una plataforma de debates, demandas y consignas conjuntas que logran abrirse paso en la política formal, sobre todo por medio del movimiento político Frente Amplio (González y Figueroa, 2019, p. 62). Así, en el año 2018 se da el Mayo Feminista, que consistió en una serie de tomas masivas feministas de universidades públicas y privadas a nivel nacional, momento en el que el feminismo chileno logra sacudir el país entero alrededor de sus luchas. Aunque el estallido social chileno del 2019 inició después de un hecho incidental aparentemente nimio, en realidad consistió en el punto culmen de la efervescencia de los procesos de movilización gestados desde la militancia estudiantil y el feminismo. De esta manera, la articulación de las luchas feministas con las luchas estudiantiles se constituyó como protagonista del estallido social del 2019, por medio de la Mesa de Unidad Social, que fue el rostro visible de las movilizaciones e incluyó a diversas organizaciones estudiantiles y feministas (Ibáñez y Stang, 2021, p. 203 ). Por su parte, el movimiento feminista, en toda su pluralidad, contribuyó al estallido con sus demandas respecto a los aspectos patriarcales del sistema político chileno, encarnados en su constitución, como la marginalización de las mujeres en la política y las violencias basadas en sexo y género. Los resultados de esto en materia política se evidencian en la reforma constitucional, Ley 21216, que garantizó la paridad de hombres y mujeres, en el diseño de la Asamblea Constituyente, dentro de la cual cuarenta y cinco constitucionalistas se declararon feministas y planearon llevar a la constitución las demandas del movimiento (Bustos, 2021).
ESTALLIDO SOCIAL EN COLOMBIA 2021
En el año 2021 Colombia pasó por una serie de manifestaciones sociales cuyo proceso fue en escalada y cuyas repercusiones políticas inmediatas fueron de incidencia directa; estas manifestaciones se llamaron “estallido social” (Neira, 2021), dado que la amplia diversidad de personas que se sumaron a las protestas era como una foto de “Colombia”: estudiantes, jóvenes, adultos, artistas, campesinos, indígenas, afrocolombianos… El estallido social en Colombia fue un acontecimiento histórico, dado que nunca se había vivido algo similar en el país, ¿pero, por qué se originó? El contexto que antecedió a todas las ocurrencias que se empezaron a desatar a partir del día 28 de abril del 2021 está marcado y caracterizado por la profundización de la vida precaria, dificultosa y sin garantías de una gran parte del país, acompañada por una emergencia de carácter humanitario y sanitario a causa de la pandemia del covid-19 que develó todas las inequidades, desigualdades y dificultades que muchas familias colombianas tenían que pasar, y las radicalizó en un punto crítico, aunado a todas esas problemáticas de carácter humanitario y social. En la búsqueda de una mediana estabilización macroeconómica, el presidente Iván Duque, junto con el ministro de hacienda, Alberto Carrasquilla, propusieron una reforma tributaria, la cual, desde lo mediático y la oposición, se presentó de tal manera que, más allá de la veracidad o no de lo dicho, generó un descontento que hizo eco en los sectores más populares de la sociedad; de esta reforma se decía que se pondrían: “Impuestos a la clase media, el aumento de la base de declarantes y contribuyentes del impuesto de renta, IVA para la canasta familiar, al agua y la energía y hasta los servicios funerarios”; así, la reforma tributaria fue el pretexto desde donde se articularon las primeras manifestaciones.
Estas primeras manifestaciones empezaron el 28 de abril como reacción desorganizada y colectiva a las reformas que se impulsaban por parte del Gobierno, siendo la tributaria la más protagónica. Las manifestaciones empezaron por el bloqueo a ciertas vías, la ocupación del espacio público y de las calles principales con marchas multitudinarias y la realización de muestras artísticas, todo bajo la bandera del “paro nacional”, como en principio se le denominó. Las protestas duraron más de un mes; en la primera semana, y mientras más avanzaban los días, más grandes se veían las afectaciones económicas y materiales, por lo cual el Gobierno enfrentó la protesta con la fuerza pública, asumiendo una postura de militarización y criminalización. En un balance hecho un año después de estos sucesos por el Observatorio de Derechos Humanos y Conflictividades de Indepaz (2021), en cifras oficiales se registra el asesinato de al menos ochenta personas, la mayoría de ellas jóvenes, a manos de la fuerza pública y del Escuadrón Móvil Antidisturbio (ESMAD); esto da cuenta de la magnitud del incorrecto tratamiento con el que se asumieron las protestas por parte del Gobierno, siendo Cali una de las zonas más golpeadas y con un panorama que, con guardadas proporciones, se replicó en gran parte del país:
Se trata de un modus operandi definido que actúa de día y se recrudece en la noche: cortar el alumbrado público, generar caos con la quema de bancos, hoteles y otros establecimientos públicos y privados, desatar violencia desmedida, desaparecer personas y sembrar terror con el uso de armas de fuego, agresiones sexuales y violaciones a mujeres. El ESMAD también ha enfilado su sofisticado arsenal de letalidad reducida contra las casas, inundándolas de un asfixiante humo que ya ha cobrado la vida de varios niños. Como si esto no fuese suficiente, también han aparecido escuadrones de sicarios paramilitares a bordo de camionetas de alta gama que aun en presencia de policías han disparado a manifestantes, a la Guardia Indígena, organización de protección de la vida que acudió a Cali en procura de salvaguardar a quienes protestan, a la misión médica y a las de derechos humanos, incluida una que contaba con delegados de la ONU (Bautista, s. f.).
No obstante, la brutalidad con la que se combatió la protesta social, cada día se sumaban nuevas fuerzas y causas a las manifestaciones, logrando que la reforma por la que todo empezó se echara atrás, que una reforma a la salud también lo hiciera, tumbar al ministro de defensa y poner más temas dentro de la agenda y volver sobre las exigencias de paz y terminación del conflicto armado. Por ejemplo, a este respecto, varias caravanas indígenas y afrocolombianas, provenientes del Chocó, Cauca, Córdoba, Norte de Santander y otros departamentos del país, llegaron a Bogotá, la capital, dado que: “Estos grupos reclaman paz y el cese del conflicto armado y los desplazamientos forzados que sufren en sus territorios, además de demandar el cumplimiento de los acuerdos de paz” (“Colombia conmemora un año del estallido social con manifestaciones”, 2022).
LUCHAS Y BANDERAS FEMINISTAS EN EL MARCO DE LAS PROTESTAS
Se puede hablar del inicio de las movilizaciones de mujeres en Colombia a partir de la llamada segunda ola feminista de Latinoamérica que ocurrió durante las décadas de 1960 y 1970. Así, la conformación del movimiento feminista en Colombia nació al interior de movimientos de izquierda que luchaban contra el capitalismo salvaje, los militares y las élites políticas (Lamus, 2008, p. 27 ). Posteriormente, en la década de 1980, los movimientos feministas europeos empiezan a influenciar al feminismo colombiano respecto a las luchas por el derecho a decidir. Luego, en la transición al siglo XXI, el movimiento feminista sufre una explosión de distintas corrientes que incursionan en diferentes escenarios como la academia, la calle, los partidos políticos, las ONG, etc.; esta pluralidad de corrientes feministas ha logrado articularse en torno a objetivos comunes en muy pocas ocasiones, que son coyunturales pero exitosas (Lamus, 2008, pp. 28-29). De manera que el movimiento feminista colombiano siempre ha estado articulado y ha encontrado su espacio en los movimientos progresistas o de izquierda que hasta hace poco siempre habían sido oposición, ni siquiera formalmente reconocida, si no, por el contrario, estigmatizada; podríamos denominar a estos movimientos como alternativos, contracorrientes o, inclusive, antisistema.
Particularmente, en el estallido social de 2019 las mujeres salieron de forma masiva a las calles; en primera instancia, porque sufrieron un impacto mayor en las tasas de desempleo e informalidad tras la pandemia del covid 19, y, en segundo lugar, por el incidente de los agentes del ESMAD que abusaron de la joven Alison Meléndez, quien posterior a los hechos se suicidó. Este suceso, aunado a otros casos de violencia sexual en las manifestaciones, fue la chispa que encendió la marea verde feminista en las calles, con un impacto tal, que los movimientos feministas fueron incluidos en el Comité Nacional del Paro, junto a otros grupos estudiantiles y juveniles (Pulleiro, 2021, p. 3 ).
CONTEXTO ELECTORAL
El contexto electoral chileno del año 2021 y colombiano del año 2022 deben entenderse a la luz de los sucesos que los antecedieron, los participantes que se presentaron a las elecciones, las banderas que defendían y representaban y los votantes. En tal sentido, nos centraremos en los aspectos esenciales de los principales actores en la contienda electoral chilena y colombiana con el fin de entender estas agrupaciones de personas, así como las personalidades y posiciones (reflejadas en el discurso político) de los candidatos que estaban en la contienda electoral.
CASO CHILENO
En el contexto político-electoral chileno nos centraremos en analizar las fuerzas políticas Apruebo Dignidad, coalición política de izquierda por la cual se postuló el hoy electo presidente Gabriel Boric, y el partido político republicano de corte derechista, por el cual se postuló el candidato José Antonio Kast; asimismo, ahondaremos en sus discursividades, carrera política e ideología tanto a nivel de partido como a nivel de persona para lograr un arquetipo de los intereses y sectores de la sociedad que estas fuerzas políticas recogen.
En primer lugar, Apruebo Dignidad es una coalición política de izquierda, considerada de corte político progresista socialdemócrata (Ramis, 2022). Esta alianza se conforma por la unión de dos coaliciones políticas de izquierda y centroizquierda llamadas Frente Amplio y Chile Digno, las cuales fueron agrupadas por el Partido Comunista de Chile (PCCh), la Federación Regionalista Verde Social (FRVS), el partido Revolución Democrática (RD), el partido Convergencia Social (CS) y el partido político Comunes; además de estos partidos políticos en su conformación también están presentes algunos movimientos sociales que no cuentan con personería jurídica, tales como Fuerza Común, Movimiento Unir, Plataforma Socialista e Izquierda Cristiana de Chile (Walker, 2022). Este amplio espectro reunido dentro de la coalición de Boric fue acompañado y complementado por varios partidos de centro político como el Partido Ecologista Verde de Chile y otros “partidos verdes”. Dentro de esta coalición se destacan intereses políticos de enfoque social, apoyados en una idea de estado de bienestar y garante pleno de los derechos humanos, por lo cual sus banderas han sido la pensión justa, el acceso a la educación y a la conectividad para la infancia, la buena alimentación de los niños y niñas del país, el cuidado del medioambiente, de los animales y del territorio nacional; adicionalmente, el reconocimiento de las desigualdades sociales y el encaminarse a disminuir esa brecha (Gabriel Boric, 2021, p. 13).
En materia de política para las mujeres, desde la coalición se ha hablado del establecimiento de una participación paritaria entre los hombres y las mujeres que salgan electos de las elecciones legislativas, además, se ha puesto un acento importante en el reconocimiento igualitario de la remuneración en el trabajo, en la educación sexual y la capacidad de decisión frente a temas como el aborto seguro y despenalizado. También, desde esta coalición, se ha pensado el fortalecimiento del ya existente Ministerio de la Mujer y la equidad de género. Así mismo, desde el Congreso se busca crear una legislación que establezca una ley integral de violencia de género y un sistema nacional de cuidados, entendiendo la realidad de las violencias basadas en género y asumiendo con seriedad la existencia de los feminicidios (Borich presidente, 2021, p. 7).
Como complemento, se viene mencionando desde la coalición Apruebo Dignidad, que Gabriel Boric, como figura política, busca mediante su discurso reconocer a los indígenas y afros como ciudadanos activos de su país, participantes, sujetos de derechos y voces habilitadas en el diálogo nacional; también destaca la importancia de respetar la diversidad, la fauna y flora, de luchar por un cambio hacia la justicia, la descentralización y la instauración de una ciudadanía participativa (Apruebo Dignidad, 2022.), además del interés de su gobierno por impulsar un cambio energético. Estas ideas de progresismo que representaban al candidato Gabriel Boric se tratan de condensar en su eslogan de campaña “Un nuevo Chile para vivir mejor” (Andrade, 2022). Ahora, ¿cómo explicar la trayectoria política de Boric? En el periódico La Vanguardia de Chile, nos encontramos algunos indicios de su popularidad y acogida:
El tremendo apoyo que está recibiendo Gabriel Boric tiene relación con su propia lucha contra el neoliberalismo, al haber sido parte fundamental del movimiento estudiantil universitario del año 2011 contra el lucro en la educación, como vocero de la Confederación de Estudiantes de Chile (CONFECH), en compañía de dirigentes como Giorgio Jackson y Camila Vallejo, con quienes llegaría después a ser diputado. Asimismo, el apoyo que ha recibido, tiene relación también con su propia procedencia de la región de Magallanes, esto lo ha llevado a tener un discurso crítico en contra del centralismo en Chile, que se viene gestando desde los inicios del Estado Unitario de Chile, en donde Santiago ha impuesto su orden y ha saqueado las riquezas naturales del resto de las regiones.
De ahí que haya tomado las banderas de la educación pública y la descentralización todos estos años en el Parlamento, y se haya sumado a otras luchas también (feminista, disidencias sexuales, socioambiental, mapuche), formando primero el Frente Amplio y luego siendo parte del Pacto Apruebo Dignidad (Partido Comunista, Revolución Democrática, Convergencia Social, Comunes, Federación Regionalista Verde Social, Movimiento Unir, Fuerza Común, Acción Humanista, Izquierda Cristiana de Chile). No es de extrañar entonces que, en el plan de gobierno que propone Boric, se planteen demandas históricas, como un nuevo Modelo Económico Justo y Sustentable, Reforma Tributaria que apunte a los súper ricos, Sistema Nacional de Cuidados, Sistema de Seguridad Social, Transición Energética, Justa y Popular, Cultura de Cuidados Colectivos de Salud Mental, Plan Nacional de Derechos Sociales LgBTIAQ+, entre muchas otras (“El cambio por la vida de Gustavo Petro Urrego”, 2022).
Por otro lado, el partido republicano chileno se caracteriza por ser un partido de corte derechista, con valores y lineamientos claramente estipulados; dentro de sus lineamientos y principios resaltan la importancia de la creencia en Dios, el respeto por la vida desde la concepción “hasta la muerte natural”, la promoción de la familia como motor y núcleo básico de la sociedad, además de la reivindicación del concepto de patria, la economía de mercado y la justicia social (Página oficial Partido Republicano chileno, s. f.); de esta manera, el partido republicano tiene valores de tipo conservador y tradicionalistas. Su historia se remonta al año 2019, fecha en la que surgió a partir de la agrupación de simpatizantes y exmilitantes del partido Unión Demócrata Independiente (UDI). Una de las banderas que defiende está aso- ciada al rechazo de la constituyente, por lo cual tampoco reconoció como legítimas las protestas acontecidas en el estallido social del 2019:
Desde su fundación ha manifestado su defensa por la actual Constitución Política de la República. En ese contexto, manifestó su rechazo a la firma del “Acuerdo por la Paz y la Nueva Constitución” del 15 de noviembre de 2019, que inició el proceso de elaboración de una nueva Carta Fundamental (BCN, s. f.);
en complemento, sus alianzas políticas son de corte centro, centroderecha y derecha, llegando a acoger y trabajar con los partidos políticos Chile Vamos y Frente Social Cristiano. La posición política del partido republicano en algunos casos raya con una postura de derecha radical disfrazada de moderada, en materia de diversidades sexuales y libertades individuales; su opinión es cuando menos tradicional:
Fundamentalmente, el Partido Republicano pertenece a la familia de las “derechas radicales” (Mudde, 2019) que aceptan la esencia de la democracia, pero no comulgan con aspectos fundamentales de la democracia liberal como los derechos de las minorías. Expresan un nuevo tipo de “reacción cultural” (Norris, Inglehart, 2019) con sus críticas hacia la llamada “ideología de género”, un discurso que enarbola Vox en España, pero también Zemmour en Francia o Bolsonaro en Brasil. Se codean en la misma red ultraconservadora de partidos, asociaciones e Iglesias que buscan frenar la conquista de derechos para las diversidades sexuales (Alenda, 2021).
Por último, desde el partido republicano se pide que a las mujeres se las trate como mujeres, dejando de lado las luchas individuales de los movimientos feministas al afirmar que: “El feminismo, como reacción al machismo, sigue solo una lógica revanchista” (Página oficial Partido Republicano chileno, s. f.), y rescatando los valores de igualdad de capacidades de las mujeres, al mismo tiempo que continúa hablando de las desigualdades “biológicas y culturales” de las mujeres y los hombres, “distintos por naturaleza”, y considerando como absurdas las iniciativas de paridad en el Congreso o ley de cuotas. Marie Claude Mayo, concejala por el partido republicano, afirma que
la izquierda, desde su visión totalizante, igualitarista y colectivista, ha impulsado con mucha fuerza una agenda de “discriminación positiva”, en la que a diversos grupos se les aseguran escaños en desmedro directo de la representatividad democrática bajo la premisa que el sexo o las preferencias sexuales, el color de piel, el origen étnico o cualquier otro atributo, resulta más relevante que las ideas, la experiencia o la formación de la persona que se postula (Página oficial Partido Republicano chileno, s. f.).
De la mano del partido republicano es importante entender la figura del candidato presidencial José Antonio Kast, quien con su eslogan “Chile se atreve” buscaba representar la posibilidad de volver a ser lo que fueron como país, la vuelta de Chile a sus mejores años, resaltando el “legado económico” producto de la dictadura de Pinochet. Kast es un candidato clasificado por la opinión pública como de ultraderecha, “un nostálgico de los años de la dictadura” (“Quién es José Antonio Kast, un nostálgico de Pinochet contra el ‘totalitarismo de izquierda’”, 2021). Orden y seguridad son sus banderas principales de campaña, considerando que al actual presidente Piñera le faltó eso y la capacidad de tomar decisiones para afrontar el estallido social junto con la pandemia del covid-19 y la llegada de migrantes al país. Por esta razón, sus posturas son radicales: antiinmigrantes, xenofóbicas, nombrándolas posturas de “sentido común”:
El Partido Republicano comparte un parecido de familia con las ultraderechas europeas: se potencia en un contexto de crisis -social, política, económica y sanitaria- que refuerza el miedo y el pesimismo sobre el futuro. Este temor se expresa a través de un sentimiento de rechazo o de voto por “el mal menor”, que opone anticomunismo y antipinochetismo. Al igual que otros líderes de ultraderecha, Kast apela también al “sentido común”, combinando cierto radicalismo discursivo con las herramientas del marketing contemporáneo para difundir mensajes orientados a dar soluciones radicales a problemas concretos (por ejemplo, construir zanjas para luchar contra la inmigración ilegal) (Alenda, 2021).
Por la naturaleza de su postura política y afiliación partidaria, Kast es defensor de la familia tradicional conformada por hombre y mujer, abiertamente ha manifestado su oposición al matrimonio entre parejas igualitarias, así como la legalización del aborto, ya que se resiste a este, inclusive si el embarazo se da a causa de una violación. Dentro de sus propuestas también ha manifestado querer eliminar el Ministerio de la Mujer (Cano, 2021).
CASO COLOMBIANO
En el contexto político-electoral colombiano nos centraremos en analizar tres coaliciones que se conformaron de cara a las elecciones ejecutivas, pero también a las legislativas, y una fuerza independiente; estas son: el Pacto Histórico, coalición política de centro-izquierda por la cual se postuló el hoy electo presidente Gustavo Petro y su fórmula vicepresidencial Francia Márquez; la coalición Centro Esperanza, conformada por algunas facciones de algunos partidos políticos de centro; el Equipo por Colombia, coalición política con fuerzas de corte derechista y ultraderechista, y el movimiento independiente Liga de Gobernantes Anticorrupción, por la cual se postuló el candidato Rodolfo Hernández. De igual manera, ahondaremos en sus discursividades, carrera política e ideología tanto a nivel de partido como individual. De esta forma, lograremos un arquetipo de los intereses y sectores de la sociedad que estas fuerzas políticas recogen y movilizan.
En primer lugar, el Pacto Histórico es una coalición política de tendencia izquierda y centroizquierda, cuya ideología es socialdemócrata y progresista; su conformación responde al interés de generar una unidad del sector amplio de los partidos políticos y movimientos sociales “alternativos”. Enuncia CNN:
El Pacto Histórico es una unión de siete movimientos y partidos políticos cuyo objetivo es lograr un cambio político en Colombia para que la izquierda gobierne el país a partir de las elecciones de 2022. Su líder visible en este momento es el senador y candidato presidencial Gustavo Petro (“Pacto histórico en Colombia: integrantes, origen y mejores resultados en elecciones”, 2022).
El Pacto Histórico se creó formalmente el 11 de febrero del año 2021 y fue conformado por los partidos políticos Colombia Humana, Unión Patriótica-Partido Comunista, Polo Democrático Alternativo, el Movimiento Alternativo Indígena y Social, el Partido del Trabajo de Colombia, el movimiento político de Unión Democrática y algunos sectores del partido Alianza Verde. Esta coalición se conformó con la intención de afrontar las elecciones legislativas y ejecutivas del año 2022, presentándose a los comicios de Cámara y Senado con listas cerradas cremalleras, destacando la importancia de promover la paridad política dentro de este espacio. Los lineamientos con los cuales la coalición del Pacto Histórico se congregó, y que presentó en su manifiesto, responden a reformas urgentes que históricamente han sido postergadas por el “establecimiento”. Algunas de las banderas que el pacto histórico pregona son: la implementación completa de los acuerdos de paz con las FARC-EP, la realización de una reforma agraria, en educación y pensional, cuidar el agua, proscribir el fracking y la explotación de páramos y Parques Nacionales Naturales, además de apostarle a una renta básica para las familias más pobres (“Pacto histórico en Colombia: integrantes, origen y mejores resultados en elecciones”, 2022).
De la mano del Pacto Histórico está la figura de su candidato presidencial Gustavo Petro, que se caracteriza por su trayectoria política, habiendo pertenecido a una guerrilla urbana en los años ochenta, el M-19; posteriormente desmovilizado y reinsertado a la vida civil creó en el año 1990 el partido político Alianza Democrática M-19. Fue alcalde de la ciudad de Bogotá, luego senador de la República y ha sido dos veces candidato a la presidencia, siendo esta su tercera participación al más alto cargo del Ejecutivo. Gustavo Petro busca ser la figura del cambio, un cambio que él mismo ha denominado como el “cambio por la vida” (“El cambio por la vida de Gustavo Petro Urrego”, 2022). Cuenta con estudios en economía y administración pública, y entre sus propuestas se encuentran el paso de una economía extractivista a una economía basada en la agricultura y el turismo sostenible, establecer un subsidio para las madres solteras cabezas de familia, pasar a un sistema de pensiones de pilares, hacer una reforma tributaria que redistribuya la riqueza, entre otras. Las banderas que él, junto con su fórmula vicepresidencial, defienden son las de la defensa de la vida humana y de la dignidad:
Este es un Pacto Histórico que de manera urgente concreta un nuevo contrato social para el buen desarrollo y el vivir sabroso, con toda la diversidad de la nación, para entrar por fin en una era de paz cuyo rostro sea una democracia multicolor (“El cambio por la vida de Gustavo Petro Urrego”, 2022),
invitando a entender la Constitución de 1991 y, sobre todo, a hacerla cumplir.
Una figura política determinante para el triunfo de Gustavo Petro fue su fórmula vicepresidencial Francia Márquez, lideresa social, abogada y feminista. Previamente se había lanzado como precandidata presidencial con el aval del Polo Democrático Alternativo, para competir en la consulta del Pacto Histórico, en la cual obtuvo la sorprendente cifra de 777.907 votos, la tercera votación más alta de todas las consultas. Esto la convirtió en un fenómeno electoral, ya que Márquez nunca se había lanzado a ningún cargo público y su campaña no contaba con mucho financiamiento. Su figura ha logrado representar efectivamente a las periferias, las negritudes y las mujeres.
Otra de las coaliciones fue Centro Esperanza, autodenominada de centro, progresista y llevando las banderas del cuidado del medioambiente. Una de las mayores críticas que se le hizo a esta coalición fue la falta de diversidad y representatividad, ya que tras la renuncia de Ingrid Betancourt no había ninguna mujer en la coalición, todos los candidatos eran hombres blancos de clase media-alta. Por ese mismo motivo, Sergio Fajardo, el candidato resultante de la consulta, no logró conectar con las emociones de la ciudadanía ni movilizar una cantidad significativa de votos a su favor.
La coalición que representaba la derecha y la política tradicional fue Equipo por Colombia. El candidato resultante de esta coalición fue Federico Gutiérrez, quién no logró pasar a la segunda vuelta, precisamente por representar el continuismo que la ciudadanía ha rechazado desde los estallidos sociales de 2019.
El candidato que pasó a segunda vuelta con Gustavo Petro fue Rodolfo Hernández de la Liga de Gobernantes Anticorrupción. Hernández es ingeniero, empresario y su fuerte fue mostrarse como un outsider o ajeno a la política, con un discurso centrado casi que exclusivamente en contra de la corrupción y la “robadera” de los mismos de siempre. Además, su campaña se enfocó en las redes sociales y no tanto en apariciones públicas o debates. En la segunda vuelta contó con el respaldo del excandidato Federico Gutiérrez, la excandidata Ingrid Betancourt, algunos políticos de centro, el uribismo y la política tradicional; intentó conquistar el voto de las mujeres y de las comunidades afrodescendientes por medio de su fórmula a la vicepresidencia Marelen Castillo, sin embargo, esto no le alcanzó para lograr la victoria en segunda vuelta, contando con 10.580.399 votos frente a 11.281.002 votos a favor de Petro.
RESULTADOS DE LAS ELECCIONES DE 2021 EN CHILE
Parlamentarias
Para las elecciones legislativas en Chile, en el año 2021, se votaron tanto Senado de la
República, como Cámara de Diputados. Además, al contar con un sistema multipartidista, más de diez partidos
políticos, movimientos y coaliciones participaron de las elecciones en búsqueda de ocupar un puesto. De estos
participantes al menos siete partidos políticos alcanzaron a pasar el umbral y asegurarse una curul,
sorprendiendo la llegada de nuevas y renovadas fuerzas políticas de espectro centroizquierdista. Como
complemento, las elecciones fueron marcadas por la abstención, votando menos de la mitad de los ciudadanos
habilitados para ejercer su derecho (“La participación en las elecciones en Chile no alcanzó al
50 por ciento del padrón”, 2021). “En Chile votaron [A las elecciones legislativas] 7.081.554 electores
de un padrón de 14.959.955 (47,34 %) mientras que en el extranjero lo hicieron 34.036 de un padrón de 71.018
(47,93 %)” (BCN, 2022).
En las elecciones a la Cámara de Diputados salieron electos con al menos una curul nueve
agrupaciones políticas (partidos políticos, coaliciones, grupos independientes). El resultado para la
coalición política Apruebo Dignidad fue favorable, dado que de los 155 asientos disponibles logró conseguir
37, el equivalente al 23,87 %, es decir, que la coalición cuenta casi con la cuarta parte de los votos de la
cámara (figura 16.2).
En cuanto a las elecciones al Senado, de los cincuenta asientos que conforman este cuerpo
colegiado la coalición política Apruebo Dignidad logró conseguir cinco, los cuales si bien no tienen un
balance tan favorable como en la Cámara siguen siendo significativos (figura 16.3).
Ejecutivas
Para las elecciones ejecutivas del año 2021 hubo una votación total de 8.270.978,
resultando ganador Gabriel Boric por la coalición Apruebo Dignidad -coalición política chilena de izquierda,
conformada en sus inicios por el Frente Amplio y Chile Digno-, con una votación histórica de 4.620.890 votos,
un equivalente al 55,87 % de la votación (Servicio Electoral de Chile, 2021) (figura 16.4).
Figura 16.4 Elección presidencial, segunda votación 2021
Fuente: Servicio Electoral de Chile (2021).
Parlamentarias
Para las elecciones legislativas en Chile, en el año 2021, se votaron tanto Senado de la República, como Cámara de Diputados. Además, al contar con un sistema multipartidista, más de diez partidos políticos, movimientos y coaliciones participaron de las elecciones en búsqueda de ocupar un puesto. De estos participantes al menos siete partidos políticos alcanzaron a pasar el umbral y asegurarse una curul, sorprendiendo la llegada de nuevas y renovadas fuerzas políticas de espectro centroizquierdista. Como complemento, las elecciones fueron marcadas por la abstención, votando menos de la mitad de los ciudadanos habilitados para ejercer su derecho (“La participación en las elecciones en Chile no alcanzó al 50 por ciento del padrón”, 2021). “En Chile votaron [A las elecciones legislativas] 7.081.554 electores de un padrón de 14.959.955 (47,34 %) mientras que en el extranjero lo hicieron 34.036 de un padrón de 71.018 (47,93 %)” (BCN, 2022).
En las elecciones a la Cámara de Diputados salieron electos con al menos una curul nueve agrupaciones políticas (partidos políticos, coaliciones, grupos independientes). El resultado para la coalición política Apruebo Dignidad fue favorable, dado que de los 155 asientos disponibles logró conseguir 37, el equivalente al 23,87 %, es decir, que la coalición cuenta casi con la cuarta parte de los votos de la cámara (figura 16.2).
En cuanto a las elecciones al Senado, de los cincuenta asientos que conforman este cuerpo colegiado la coalición política Apruebo Dignidad logró conseguir cinco, los cuales si bien no tienen un balance tan favorable como en la Cámara siguen siendo significativos (figura 16.3).
Ejecutivas
Para las elecciones ejecutivas del año 2021 hubo una votación total de 8.270.978, resultando ganador Gabriel Boric por la coalición Apruebo Dignidad -coalición política chilena de izquierda, conformada en sus inicios por el Frente Amplio y Chile Digno-, con una votación histórica de 4.620.890 votos, un equivalente al 55,87 % de la votación (Servicio Electoral de Chile, 2021) (figura 16.4).
Figura 16.4 Elección presidencial, segunda votación 2021
Fuente: Servicio Electoral de Chile (2021).
RESULTADOS DE LAS ELECCIONES DE 2022 EN COLOMBIA
Legislativas
Para las elecciones legislativas del año 2022 se registró una votación igual a 18.034.781
de votos totales de los cuales 16.278.961 fueron votos válidos, este porcentaje de participación es el
equivalente al 46,46 % de los habilitados para votar (“Resultados segunda vuelta elecciones presidenciales
2022 Colombia”, s. f.) (figura 16.5).
Senado de la República
Para las elecciones del Senado de la República, de los 108 curules que estaban en juego la
coalición política del Pacto Histórico logró conseguir 20, su votación total fue de 2.302.847 votos, lo cual
es equivalente al 14,15 % de todos los votos (figura 16.5).
Cámara de Representantes
En cuanto a los resultados a la Cámara de Representantes, la coalición política del Pacto
Histórico consiguió 28 asientos de los 188 disponibles, obteniendo una votación de 2.710.485 correspondiente
al 17,35 % de los votos totales (figura 16.6).
Ejecutivas
Para las elecciones ejecutivas del año 2022 hubo una votación total de 22.658.694
ciudadanos, el equivalente al 58,09 % de las personas habilitadas para hacerlo. En estas elecciones quedó
electo Gustavo Petro, candidato por la coalición política del Pacto Histórico, con una votación histórica de
11.281.013 votos, equivalente al 50,44 % de la votación (“Resultados segunda vuelta elecciones presidenciales
2022 Colombia”, s. f.) (figura 16.7).
Legislativas
Para las elecciones legislativas del año 2022 se registró una votación igual a 18.034.781 de votos totales de los cuales 16.278.961 fueron votos válidos, este porcentaje de participación es el equivalente al 46,46 % de los habilitados para votar (“Resultados segunda vuelta elecciones presidenciales 2022 Colombia”, s. f.) (figura 16.5).
Senado de la República
Para las elecciones del Senado de la República, de los 108 curules que estaban en juego la coalición política del Pacto Histórico logró conseguir 20, su votación total fue de 2.302.847 votos, lo cual es equivalente al 14,15 % de todos los votos (figura 16.5).
Cámara de Representantes
En cuanto a los resultados a la Cámara de Representantes, la coalición política del Pacto Histórico consiguió 28 asientos de los 188 disponibles, obteniendo una votación de 2.710.485 correspondiente al 17,35 % de los votos totales (figura 16.6).
Ejecutivas
Para las elecciones ejecutivas del año 2022 hubo una votación total de 22.658.694 ciudadanos, el equivalente al 58,09 % de las personas habilitadas para hacerlo. En estas elecciones quedó electo Gustavo Petro, candidato por la coalición política del Pacto Histórico, con una votación histórica de 11.281.013 votos, equivalente al 50,44 % de la votación (“Resultados segunda vuelta elecciones presidenciales 2022 Colombia”, s. f.) (figura 16.7).
ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS ELECTORALES Y CONCLUSIONES
Tanto en Chile como en Colombia las mujeres representan más de la mitad del padrón o censo electoral, lo que inevitablemente hace que los candidatos busquen conquistar el voto de las mujeres, pero ¿quiénes logran hacerlo mejor? En ambos casos, el movimiento del Pacto Histórico y la coalición de Apruebo Dignidad lograron representar el descontento social frente a las gestiones de los gobiernos de derecha neoliberal que hubo durante la pandemia y dentro de los cuales se dieron los estallidos sociales. No solo eso, sino que ambos movimientos fueron conformados por movimientos progresistas, de izquierda, que desde su surgimiento estaban articulados con los movimientos estudiantiles y los movimientos feministas, de forma directa o indirecta; de forma directa en el caso chileno, en tanto Boric fue líder del movimiento estudiantil, así como otros de la coalición, y de manera indirecta en el caso colombiano, en tanto el Pacto Histórico lleva las banderas de los movimientos estudiantiles. De manera que las propuestas de Petro y Boric supieron incorporar las demandas feministas de una mejor manera que sus contrincantes, que en ambos casos representaban valores más bien tradicionales y conservadores. En ese intento por conquistar el voto de las mujeres, las coaliciones necesariamente incorporan de forma activa las demandas feministas y las materializan en la paridad de género de los resultados electorales, en ambos casos. La información nos permite establecer, en el caso chileno, que la victoria de Boric se debe a que se ganó el respaldo del “68 % de las mujeres menores de 30 años” (Braga, 2021). Desafortunadamente, no es posible determinar esto en el caso colombiano de forma precisa, debido a que la Registraduría Nacional del Estado Civil no ha publicado aún la información de las votaciones en primera y segunda vuelta desagregada por sexo.
De manera general, los estallidos sociales de ambos países desembocaron en un cambio de gobierno derecha/neoliberal a gobiernos de izquierda progresista, dando así una salida o vía de escape pacífica y democrática al descontento social. No obstante, una diferencia importante que se debe resaltar en este ejercicio comparativo es que el estallido social chileno desembocó también en una Asamblea Constituyente, mientras que en Colombia no fue así. Esto, debido a la experiencia reciente de la dictadura de Pinochet, experiencia radicalmente diferente a la de la imperfecta, pero “estable” democracia colombiana, que dejó vigente una constitución marcada por el autoritarismo neoliberal. Para el pueblo chileno es momento de iniciar una nueva página en materia constitucional y dejar el pasado atroz de la dictadura; para el pueblo colombiano es momento de implementar realmente la constitución progresista de 1991.
Como aprendizaje de esta investigación nos queda que es difícil encontrar bases de datos y estadísticas que se ajusten a la temática que nos propusimos investigar, ya que a la hora de buscar información diferenciada de cómo votó la población chilena y colombiana nos dimos cuenta de que estos datos no eran fácilmente rastreables, además, por lo reciente de las votaciones hay datos que no han sido cargados a las bases de datos de la Registraduría. En general, en los países en desarrollo es difícil encontrar bases de datos e información de calidad, aún más si se pretende investigar temas de feminismo, ya que existen muy pocos datos desagregados por sexo. A pesar de ello, esta experiencia sirve también para generar esa demanda de producción de herramientas y conocimientos alrededor de los estudios feministas, como una lucha personal en contra de la marginalización de las mujeres en la academia.