La subregión del Bajo Atrato chocoano está constituida por la zona conocida como el Urabá chocoano, 1 formada por los municipios de “Acandí, Unguía, Belén de Bajirá, Carmen del Darién y Riosucio. […] La gran biodiversidad, las tierras fértiles, los minerales, el petróleo, el agua y la madera son solo algunos de los recursos que se pueden encontrar en la zona” (Santoyo, Jimeno y Valderrama, 1995, p. 324). Hay que mencionar, además, que la subregión hace parte de “la mejor esquina de Colombia”, ya que conforma el punto más estrecho de tierra entre el océano Pacífico y el mar Caribe, por lo que brinda “oportunidades económicas y estratégicas militares sin precedentes” (Tenthoff, 2008, p. 1). En otras palabras, la salida al océano Pacífico y al golfo del Urabá no es lo único que importa, la frontera con Panamá también es de interés porque facilita el tráfico de armas y permite tener injerencia en una naciente y creciente actividad económica ilegal: el tráfico de inmigrantes provenientes del mundo Caribe, asiático y africano (Aponte y González, 2021).
Por consiguiente, desde finales de la década de los noventa la región del Bajo Atrato ha estado en la mira de los actores armados ilegales; disputa por el territorio que ha dado lugar al desplazamiento de cerca de cinco mil personas en 1998 hacia la región del Urabá antioqueño y, desde entonces, no ha parado la escala del conflicto, que enfrentó, para la década de los noventa y la primera década de los años 2000, al Frente 57 de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP) y al Bloque Elmer Cárdenas (BEC) de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Y que hoy sufre la confrontación (2021) de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) 2 y del Clan del Golfo (García-Perilla y Rodríguez Beltrán, 2018), anteriormente conocido como Clan Úsuga, Urabeños y también autodenominado como Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC).
La guerrilla tuvo, y posee en la actualidad, fuerte influencia en la zona de frontera con Panamá y las costas del Pacifico, por su parte, las antiguas autodefensas, hoy “Clan del Golfo”, dominan las costas del Golfo de Urabá y los centros poblados de mayor importancia del Darién chocoano y Urabá antioqueño. Desde esa época la franja de los ríos Cacarica, Salaquí, Truandó y Domingodó se han convertido en un objetivo estratégico para los grupos armados ilegales.
La incursión guerrillera al Bajo Atrato
De acuerdo con los pobladores del Bajo Atrato, “el primer grupo armado en aparecer en la región fue el ELN” (Molano, 2017, p. 233) a mediados del año 1966. Lo siguió el Ejército Popular de Liberación (EPL). 3 Y en la década de los setenta llegaron las FARC-EP. 4 De acuerdo con Molano (2017):
Las guerrillas fueron atraídas por el ambiente de conflicto que enfrentaba a jornaleros y hacendados. Los sindicatos y las juntas de acción comunal fueron el espacio para socializar su proyecto político. En este escenario, las guerrillas hicieron control territorial y social (p. 233).
Las FARC-EP fue el grupo que tuvo mayor intrusión en la subregión del Bajo Atrato para el decenio de 1970, movido en el trabajo político previo del Partido Comunista Colombiano (PCC) (Aponte y González, 2021, p. 8). La estrecha relación con los sindicatos de la industria del banano le permitió su incursión en 1972 con el Frente 5 o Antonio Nariño desde el norte de Urabá hasta el sur de Córdoba y el norte de Antioquia, como parte de su proceso de expansión hacia las zonas de colonización campesina en el país (Bejarano, 1988, p. 50). Para el año 1978, en su Sexta Conferencia Nacional, 5 las FARC-EP, por orden directa de los comandantes guerrilleros alias “Manuel Marulanda” y alias “Jacobo Arenas”, destinan a alias “Efraín Guzmán” como comandante del Frente 5 en reemplazo de alias “Alberto Martínez”, quien había sido neutralizado por el Ejército en El Limón, jurisdicción del municipio de Turbo. El Frente 5, al mando de alias “Efraín Guzmán”, extiende su presencia hacia el eje bananero y Chocó alcanzando a Riosucio y Carmen del Darién, y se establece por las subcuencas de los ríos Cacarica, Salaquí y Truandó (Defensoría del Pueblo, 2005). Esto, teniendo en cuenta que los territorios ocupados por las FARC-EP entre los años 1964-1980 son regiones del país con precaria representación del Estado y, al mismo tiempo, corresponden a ambientes climáticos difíciles con acceso complejo por falta de vías de comunicación (Medina, 2011).
De forma análoga, el ELN creó sus estructuras, pero a diferencia de las FARC, su inserción se dio desde variadas e inconexas iniciativas. Desde el inicio, este emprendimiento armado tuvo problemas de coordinación con las bases heterogéneas. El primer proyecto se asentó en la parte suroccidental del Chocó y estaba constituido por el plan guerrillero Luis Carlos Cárdenas Arbeláez, adscrito al actual frente de guerra suroccidental; el segundo fue El Turpial, que estaba vinculado directamente al frente José Antonio Galán, con el objeto de tener presencia en Bajirá, Riosucio y Murindó, y el tercer proyecto hizo parte de una comisión logística del ELN nacional, la cual se insertó en la parte costanera (Bahía Solano y Juradó) (Aponte y González, 2021, p. 9).
Por tanto, la presencia continuada de las FARC-EP en el Chocó, en Riosucio y Quibdó se hizo más fuerte y notoria con la creación del Frente 34 en 1987, el cual se desdobla del Frente 5 (Acunzo, 2016; “Frente 5 de las FARC-EP, protagonista de la guerra”, 2016 y Medina, 2011) -instaurado una década antes en el eje bananero del Urabá antioqueño-, además de influir en el accionar de las Fuerzas Armadas Revolucionarias Indígenas del Pacifico (FARIP). 6 Las FARC-EP realizaron actividades armadas y de regulación de la vida social en la región con mayor rigor y frecuencia. Por lo cual, para 1988 el Frente 34, bajo el mando de alias “Isaías Trujillo”, conseguiría controlar la zona costera de Unguía, Sapzurro y Santa María hasta la serranía del Darién (Molano, 2017).
Para el año 1991, el Frente 34 consigue hacer presencia en la frontera colombo-panameña (Cabrera, 2016) con una comisión de doce unidades militares 7 pertenecientes a este frente. Más tarde, en la Octava Conferencia realizada entre los días 27 de marzo y 3 de abril del año 1993, las FARC-EP, en su despliegue territorial, deciden que el Frente 34 se desdoble y se cree el Frente 57 Mariscal Sucre a cargo de Rodolfo Restrepo Ruiz alias “Víctor Tirado”, para operar en el Atrato y el Darién chocoano (FARC-EP, 2020). Por su parte, el Frente 34 continúa su presencia en el occidente del río Atrato y en las cabeceras del río Baudó (Molano, 2017). También, en dicha conferencia guerrillera se resuelve instaurar el Bloque José María Córdoba o Noroccidental, que aglutinaba, entre otros, los frentes 5, 34, 57 y 58 con el propósito de controlar territorios en el Urabá y en el área de frontera con Panamá, “donde confluyen los departamentos de Chocó y Antioquia, y una parte de Córdoba, así como hacer presencia en las zonas aledañas de la cordillera central, incluyendo los departamentos de Risaralda y Caldas” (Jurisdicción Especial para la Paz, 2021, p. 61).
De manera que las FARC-EP entran en una fase de ofensiva militar mucho más violenta e intentan tomar el control de los territorios por vías más llanas y autoritarias. A la extorsión del latifundio y el gravamen a los monopolios se les sumó el secuestro 8 a terratenientes que sacudieron aún más el ambiente. Muy pronto empezaron a surgir grupos de seguridad privada. Más aún, a principios de los años noventa la guerra arreció todavía más con la desmovilización del EPL en 1991, pues los espacios dejados empezaron a ser ocupados por el ELN y las FARC-EP.
Tabla 13.1 FARC-EP. Bloque José María Córdoba o Noroccidental 1980-2000
| Frentes | Localización geográfica |
|---|---|
| 5, 34, 57, 58 | Urabá chocoano y antioqueño |
| 18 | Córdoba y Bajo Cauca antioqueño |
| 9, 36, 47 | Antioquia y Magdalena Medio |
Fuente: elaboración propia con base en Cadena (2011) .
La ofensiva estatal y la barbarie paramilitar
En este contexto, comandos armados del grupo Los Güelengues -estructura delictiva al servicio del narcotráfico y el contrabando en el Urabá- fueron avanzando sobre el río Atrato hacia el municipio de Riosucio. En 1996 hacen su aparición en las selvas chocoanas y se adentran en las zonas donde la guerrilla de las FARC-EP erige el poder que ejerce sobre las comunidades en control y dominio territorial. La tropa delictiva organizada en Los Güelengues se propone expulsar a la guerrilla de las cuencas de los ríos Cacarica, Salaquí y Truandó, en el Bajo Atrato (Ronderos, 2014, p. 271). Más tarde, este grupo criminal se ampara dentro de la estructura organizativa de las autodenominadas Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU) 9 o Casa Castaño; el objetivo de esta organización era expandirse desde el Urabá hacia otras zonas del país. Así, de ella se desprenden varios frentes que dieron lugar a las estructuras conocidas como los Bloques Bananero y Elmer Cárdenas, grupos que ejercieron la violencia paramilitar en la región entre 1996 y 2006.
De modo que, en 1996 y 1997 se desencadenó de manera intempestiva la confrontación bélica en el Bajo Atrato, de allí el desplazamiento masivo y la desocupación de cuencas y subcuencas que produjo la fuerte ofensiva paramilitar. Así, a finales del año 1996 se acrecienta el conflicto en el departamento del Chocó con las incursiones paramilitares hacia el Bajo Atrato -lugar que hasta ese entonces había estado bajo el dominio de los subversivos- (“Guerrilleros se tomaron Riosucio”, 1996).
Dentro de las incursiones paramilitares se documentan, en primer lugar, el 6 de octubre de 1996, en el que un grupo de paramilitares de las ACCU al mando de Freddy Rendón Herrera, alias el “Alemán”, realizaron una masacre en el corregimiento Brisas de las Madres en el municipio de Riosucio, donde obligaron a un grupo de comerciantes a reunirse. A continuación, escogieron entre ellos a ocho personas y las asesinaron (“Masacre de Riosucio, Chocó, octubre de 1996”, 2019). El mismo año, en la mañana del 20 de diciembre, nuevamente un grupo de paramilitares de las ACCU llegan por el río Atrato a la cabecera municipal de Riosucio, donde se llevaron a cinco personas hacia la vereda Santa María la Nueva del Darién. Allí asesinaron a cuatro de los campesinos y dejaron ir al quinto (“Masacre de Riosucio, Chocó, octubre de 1996”, 2019).
Por otra parte, como bien lo explica la periodista e investigadora María Teresa Ronderos (2014), bajo la premisa de que “el enemigo interno” no era solo la guerrilla, sino toda subversión social, algunos miembros de la Fuerza Pública en el Bajo Atrato chocoano, como lo expone la Corte Interamericana de Derechos Humanos (2013), en contravía de “la protección activa del derecho a la vida por parte del Estado y de quienes deben proteger la seguridad sean estas sus fuerzas de policía o sus fuerzas armadas” (p. 70), incurren en actos de colaboración entre integrantes de las Fuerzas Militares y unidades paramilitares.
De modo que, en enero de 1997, en concomitancia con los avances operacionales en contra de la guerrilla de las FARC-EP y su Frente 57 por parte del Ejército en la zona de Cacarica, con Orden de Operaciones 004 “Operación Génesis” suscripta por el general Rito Alejo del Río en calidad de comandante de la Brigada XVI, las ACCU realizan incursión armada dirigidos por alias el “Alemán” a la zona de la cuenca del río Cacarica y arriban por la vereda Salaquisito. Según la investigación de María Teresa Ronderos (2014), la mixtura de las operaciones “Génesis” y “Cacarica” produce el desplazamiento de más de cuatro mil personas (p. 271). Las amenazas contra la vida e integridad física de la comunidad de la zona, el acto ejemplarizante (el asesinato del líder Mariano López), la cadena de pánico producida, la intimidación y los hostigamientos producen el abandono forzado de la mayoría de las comunidades de los Consejos Comunitarios y Resguardos Indígenas de las cuencas de los ríos Cacarica, Salaquí, Truandó y Domingodó. Por consiguiente, las comunidades de Curvaradó y del río Salaquí se desplazaron a la cabecera municipal de Riosucio. Por su parte, las comunidades de los ríos Truandó, Chintadó, Domingodó, Pedeguita y La Grande se desplazaron a Pavarandó, corregimiento de Mutatá del departamento de Antioquia.
Puede afirmarse que para el período 1996-1997 la denominada máquina de terror paramilitar se apoderó del Bajo Atrato. Toda esta barbarie 10
no puede explicarse simplemente mediante el análisis de las dinámicas de una confrontación armada. Estos procesos de incremento de la violencia en el Bajo Atrato y, en particular, en Riosucio se dan casi que de manera simultánea con la primera titulación de territorios colectivos en el país (Comisión Interétnica de la Verdad, 2019, p. 28)
para el año 1996. De tal forma que la incursión y expansión del paramilitarismo se explica, en parte, por servir de antesala al despojo y la concentración de tierras, con destinación de uso a los sectores ganadero, bananero y palmicultor 11 (Defensoría del Pueblo, 2016 y Franco y Restrepo, 2011). De manera semejante, la consolidación del proyecto paramilitar en el Bajo Atrato (1996-2006) convirtió el río Atrato en una arteria de economía ilegal (Zelik, 2015), agravada por la cooptación de políticos y empresarios (Basset et al., 2017). De donde resulta que “el dominio territorial de los paramilitares en Chocó se profundizó finalizando la década de los noventa, cuando hicieron fuertes incursiones que terminaron en masacres y desplazamientos de comunidades afrocolombianas e indígenas” (Medina, 2011, p. 133).
De modo que la población del Bajo Atrato, por su condición de “marginalidad” y por la presencia histórica de la guerrilla de las FARC-EP en sus territorios, fue vista por la recién creada (1997) coalición de ejércitos privados, las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) 12 y su Bloque Elmer Cárdenas (BEC) y el Frente Álex Hurtado (Tribunal Superior de Medellín, 2014), ajenos a la región, como “población subversiva”. Esta estigmatización y señalamiento produce la constante intimidación y hostigamiento a los moradores de la subregión chocoana, con el fin de desterrarlos (Barbosa, 2015). En consecuencia, la dinámica de la guerra contrainsurgente origina el desplazamiento masivo de las comunidades; desplazamiento que, como se dijo antes, fue “aprovechado por los paramilitares y sus aliados para hacerse a las tierras abandonadas. Incluso, promovieron un repoblamiento regional con personas afines al proyecto de las autodefensas” (Barbosa, 2015, p. 52).
En el último trienio de la década de los noventa, como resultado de las intensas incursiones armadas paramilitares y de los enfrentamientos del BEC de las AUC con el Frente 57 de las FARC-EP -por tener el control del cultivo y la movilización de la hoja de coca 13 por los ríos y caminos del Bajo Atrato- los paramilitares terminan controlando, de manera estratégica, los cascos urbanos y poblados ubicados sobre la margen del río Atrato, y la guerrilla, por su parte, se repliega de forma táctica a la cabecera de las cuencas de los ríos Salaquí, Truandó y Domingodó. La repercusión inmediata para la población es el éxodo masivo (Defensoría del Pueblo, 2018, p. 60).
Del mismo modo, para el primer lustro de los años 2000, la amenaza que se cierne contra las comunidades del Bajo Atrato continuó manifestándose en pérdida y fractura del tejido comunitario, en especial, se atenta contra la identidad, el parentesco y los intercambios de productos, en referencia a las costumbres que se posee como poblaciones negras de las riberas de los ríos de la subregión biopacífica. La penetración de la violencia ejercida por los paramilitares de las AUC y la guerrilla de las FARC-EP en el río Atrato y sus afluentes paralizan el libre intercambio entre comunidades, impiden la movilidad por los territorios colectivos, imposibilitan el ejercicio de la autonomía y el gobierno propio y restringen la implementación de los planes de manejo de los territorios por parte de los Consejos Comunitarios y Resguardos Indígenas.
La desmovilización paramilitar y la continuación de la guerra
Con todo, para el año 2006, después de una intensa negociación entre el Gobierno nacional y las AUC, y en un intercambio paralelo, el BEC de las AUC, con fuerte influencia en la región del Bajo Atrato, después de superar la resistencia a los acuerdos de desarticulación de los grupos paramilitares en el Darién chocoano, por parte de su máximo comandante, Freddy Rendón, alias el “Alemán” (Ronderos, 2014), accede finalmente a acogerse al proceso de Desarme, Desmovilización y Reintegración (DDR) de la confederación de tropas mercenarias de las AUC. Así, el 12 de abril, en el corregimiento El Mello-Villavicencio, municipio de Necoclí (Antioquia), en una primera fase se desmovilizan 309 efectivos pertenecientes al denominado Frente Costanero (Presidencia de la República y Oficina Alto Comisionado para la paz, 2006, p. 87). Después, el 30 de abril, 484 unidades de los Frentes Pavarandó y Dabeiba, en el corregimiento El Cuarenta, municipio de Turbo (Antioquia) (Presidencia de la República y Oficina Alto Comisionado para la paz, 2006),
p. 89). Por último, el 15 de agosto, “unos 745 combatientes pertenecientes al Frente Norte Medio Salaquí -o Frente Chocó- del BEC de las AUC entregaron sus armas al Gobierno Nacional, en un acto que tuvo lugar en el municipio de Unguía, Chocó” (Organización de las Naciones Unidas, 2015, p. 282). En total, fueron 1.538 hombres del BEC que se reintegraron a la vida civil, hecho que no pasó sin que existieran algunas dudas o cuestionamientos.
Dentro de las irregularidades denunciadas en la desmovilización del BEC, se encuentra la entrega anómala de 156 niños, niñas y adolescentes que habían sido reclutados a la fuerza en el Darién chocoano y el Urabá antioqueño (Centro Nacional de Memoria Histórica, 2014). Muchos de ellos, según contaron sus familiares, “fueron devueltos a sus familias de manera encubierta en la escuela de El Mello de Necoclí (Antioquia)”. Por lo menos 80 niños, niñas y adolescentes afrodescendientes e indígenas devueltos operaron en el Frente Norte Medio Salaquí del BEC y el Frente Álex Hurtado (Centro Nacional de Memoria Histórica, 2014, p. 302).
Por otra parte, luego de la desmovilización del BEC en la subregión del Bajo Atrato, con el Frente Norte Medio Salaquí o Frente Chocó, la situación del conflicto armado en el municipio de Riosucio no tuvo mayores cambios. Según la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la Organización de los Estados Americanos (MAPP/OEA) (2006), progresivamente se advertía de la presencia en los cascos urbanos y poblados de la zona de nuevas estructuras armadas lideradas por excombatientes de las antiguas AUC.
De forma que,
una vez iniciado el proceso de desmovilización de las AUC, algunos de sus miembros, que en ese momento eran mandos medios como “Don Mario”, iniciaron un proceso de reagrupamiento, puesto que el negocio del narcotráfico era lo suficientemente lucrativo para volverse a organizar y afianzar, en vez de pretender desmovilizarse (Espitia, 2017, citado en García-Perilla y Rodríguez-Beltrán, 2018, p. 136).
Con la captura de alias “Don Mario” en el año 2009, quien era la cara visible del nuevo actor del conflicto conocido como Bandas Criminales, surgieron los grupos criminales conocidos como Águilas Negras, Héroes de Castaño, Los Machos, Renacer, Rastrojos y Urabeños (McDermott, 2014).
Figura 13.3 Línea evolutiva GAO Clan del Golfo en el Bajo Atrato, Chocó
Fuente: elaboración propia con base en el Centro Nacional de Memoria Histórica (2014).
Estos nuevos grupos armados delictivos, sucesores del paramilitarismo, se identificaron y agruparon en una especie de confederación criminal conocida por las autoridades como el Grupo Delincuencial Organizado Clan del Golfo (García-Perilla y Rodríguez-Beltrán, 2018 y República de Colombia, Ministerio de Defensa Nacional, 2016). Liderados por Juan de Dios Úsuga, alias “Geovanni”, 14 y su hermano Dairo Antonio Úsuga, alias “Otoniel”, 15 “quienes habían hecho parte del EPL, desmovilizado en 1991; y que después de su desmovilización migraron a otras organizaciones delincuenciales, como por ejemplo grupos paramilitares” (Cañas, 2016, citado en García-Perilla y Rodríguez-Beltrán, 2018, p. 136).
En el siguiente septenio, en el departamento del Chocó y la subregión del Bajo Atrato, esta estructura armada Clan del Golfo, autodenominada Autodefensas Gaitanistas de Colombia, se expande hacia las zonas rurales del municipio de Riosucio, reinician una fuerte confrontación bélica con la guerrilla de las FARC-EP y atrapan de nuevo, en medio del fuego cruzado, a las comunidades de las subcuencas del Cacarica, Salaquí y Truandó.
Dejación de las armas por parte de las FARC-EP y nueva incursión del ELN
Por otra parte, la mayor presión militar sobre el Frente 57 de las FARC-EP en la frontera con Panamá, desde el año 2010, bajo el objetivo de debilitar una de las estructuras de mayor peso financiero para este grupo, inclinó, entre otras razones y motivos político-militares, a que las FARC-EP en su conjunto buscaran una salida negociada (Cabrera, 2016). En el caso del Frente 57 se efectuaron bombardeos de la Fuerza Aérea Colombiana, el Ejército y la Policía y dieron de baja a importantes cabecillas de esta organización, así, por ejemplo, el 6 de octubre de 2010, en zona rural de Juradó (Chocó), “las autoridades identificaron a Jorge de Jesús Posada Medina, alias ‘Ignacio’, como uno de los guerrilleros abatidos en la frontera con Panamá. ‘Él era el cuarto cabecilla en importancia y jefe de finanzas de esa estructura, creada por ‘Iván Márquez’ en 1993” (“Alias ‘Ignacio’, de las FARC, sí fue abatido en operación Darién”, 2010). También, el 18 de abril de 2011 cae alias “Gloria” o la “Patrona”, tercer cabecilla del Frente y la principal de la compañía de organización y masas de este frente guerrillero (“Alias ‘Gloria’ murió en bombardeo contra campamento de las FARC en Chocó”, 2011). Luego, el 26 de agosto de 2013 dieron de baja a Virgilio Antonio Vidal Mora, alias “Silver”, jefe del Frente en la vereda La Nueva, municipio de Riosucio (Chocó); este cabecilla era considerado un hombre clave para el tráfico de drogas y armas en la zona del Bajo Atrato (“Abatido jefe del frente 57 de las FARC en Riosucio, Chocó”, 2013).
Esta ofensiva oficial se conservó hasta que, en septiembre de 2016, y luego de un proceso de diálogo de paz entre el Gobierno Nacional y la máxima dirigencia de las FARC-EP, en La Habana, República de Cuba, se pacta un Cese al Fuego y de Hostilidades Bilateral y Definitivo (CFHBD) y Dejación de Armas (DA) del grupo guerrillero (República de Colombia, Ministerio de Defensa Nacional, 2018). Inicialmente, en las Zonas Veredales Transitorias de Normalización (ZVTN), y posteriormente con los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR), las extintas FARC-EP, en el Bajo Atrato, al mando de Olmedo Ruíz, comandante del Estado Mayor del Frente 57, perteneciente a la Unidad Iván Ríos 16 Bloque Comandante Efraín Guzmán 17 -antes José María Córdoba o Bloque Noroccidental- se concentran y desmovilizan con más de 130 excombatientes en el lugar conocido como Las Brisas, en el municipio de Riosucio (Chocó) (Fundación Ideas para la Paz, 2018).
Empero, si bien la desactivación como organización insurgente de las FARC-EP fue un hecho, en la subregión del Bajo Atrato el conflicto armado no se detuvo (Defensoría del Pueblo, 2020). Desde el año 2016, la guerrilla del ELN ha establecido una ruta de avanzada en el norte del departamento del Chocó, desde Bojayá hasta Riosucio (Aponte y González, 2021). Esta nueva incursión del grupo armado organizado, con la Compañía Néstor Tulio Duran del Frente de Guerra Resistencia Cimarrón del Frente Occidental Omar Gómez, a los territorios que estuvieron sometidos en el pasado reciente bajo el dominio de la extinta guerrilla, activó de nuevo la situación de conflicto y entraron en confrontación directa con el Clan del Golfo, subestructura Roberto Vargas Gutiérrez (“Gaula militar de la Armada captura integrante del Clan del Golfo en Bolívar”, 2019).
En lo que se refiere a estas últimas, se han configurado como un actor armado ilegal mixto, que se concibe como grupo de crimen organizado con un aparato militar sostenido. Por otro lado, la expansión de la guerrilla del ELN hacia los municipios de Riosucio y Carmen del Darién se realiza “aunando fuerzas desde los municipios de Juradó, Bojayá y Murindó, los cuales tienen conexión directa con la subregión del Bajo Atrato por las cuencas de los ríos Atrato, Truandó, Salaquí y Cacarica” (Defensoría del Pueblo, 2020, p. 5).
A su vez, una de las estrategias de control territorial del Clan del Golfo
en estos municipios, cuyo acceso a los territorios es eminentemente fluvial, es la instalación de puntos de control en algunos lugares clave como es el caso de La Nueva y Bocas de Quiparadó en el río Truandó, la desembocadura del río Dupurdú, en el río Domingodó, en el río Salaquí y el río Cacarica. […] En la actualidad, se identifica la construcción de viviendas en las que se radican personas dedicadas exclusivamente a las labores de monitoreo y vigilancia para este grupo, y que en primera medida pasarían inadvertidas, dado que pueden ser confundidas fácilmente como miembros de la población civil (Defensoría del Pueblo, 2020, p. 18).
De manera que la disputa territorial entre estos dos grupos armados ilegales ha ocasionado, en el último trienio (2017-2020), según la Defensoría del Pueblo, 1.100 personas desplazadas y 8.000 en estado de confinamiento ( “Preocupante panorama de DD. HH. en Chocó por guerra entre las AGC y el ELN”, 2020). En la actualidad, el ELN quedó dominando el costado izquierdo del río hasta la frontera con Panamá, y los paramilitares el costado derecho, incluido el casco urbano de Riosucio. Esto suscita, en los municipios de Riosucio y Carmen del Darién, el posicionamiento del Clan del Golfo como actor hegemónico en las localidades, al lograr expulsar a las estructuras “elenas” que se han expandido en años recientes (Defensoría del Pueblo, 2020).
Figura 13.4 Presencia del ELN y el GAO Clan del Golfo en el Bajo Atrato tras la salida de las FARC, año 2016
Fuente: elaboración propia con base en Defensoría del Pueblo (2017).
Para finalizar, uno de los aspectos que ha caracterizado la incursión del ELN en el territorio del Bajo Atrato ha sido la capacidad de instalar Artefactos Explosivos Improvisados (AEI) (Vicepresidencia de la República, 2012) como estrategia de guerra en la lucha territorial que ha continuado con el Clan del Golfo y que ha sido un hecho definitorio para la configuración de un escenario de emergencia humanitaria por confinamiento y abandono forzado, según la Defensoría del Pueblo (2020), para los Consejos Comunitarios de
Dos Bocas, Bocas de Taparal, Cacarica, la cuenca del río Quiparadó, la cuenca del río Salaquí, La Nueva, Pedeguita y Mancilla, Ríos de Larga y Tumaradó, Truandó Medio, Clavellino; y los Resguardos Indígenas de Peña Blanca-Río Truandó, Yarumal Barranco, Perancho, Peranchito, Río La Raya, Río Quiparadó, Río Salaquí Pavarandó (p. 1)
en el municipio de Riosucio, Chocó.
Conclusiones
Como se evidencia en el Chocó, en particular en el Bajo Atrato, la guerra es persistente pese a los intentos de pacificación de los distintos gobiernos. Pareciera que la guerra se impone y sobrepasa los esfuerzos institucionales de garantizar una subregión en paz. La convergencia de distintos intereses en economías extractivas, ilegales y megaproyectos, sumada a una escasa presencia estatal, posibilita, en gran medida, la persistencia de los distintos grupos armados ilegales por adquirir el control territorial y asumir las rentas de estas economías. Esto produce el abandono, el despojo y el confinamiento de las comunidades rurales que, en su mayoría, son afro, negros e indígenas. La generalidad de dichos colectivos humanos, según la Defensoría del Pueblo, son desplazados o confinados en sus territorios. Finalmente, en el panorama descrito, se muestra que por décadas el Bajo Atrato ha estado sumido en las coordenadas de la violencia, y aún continúa en su penosa situación de marginalidad y muerte.