Con la implementación de la Ley 388 de 1997 en los municipios y ciudades de Colombia mediante los Planes de Ordenamiento Territorial (POT), adoptando la llamada “planeación estratégica”, la apuesta tradicional de regular y erradicar la construcción informal fue desplazada (aunque no olvidada) por la estrategia de impulsar un tipo de urbanismo específico (“urbanismo social” desde 2004) encaminado a favorecer la construcción de obras nuevas, de ordenar ciertos espacios, de generar nuevas formas de usar el suelo modificando las preexistentes y de asociar el crecimiento eco- nómico con la generación de nuevo urbanismo; en ese sentido, los actores privados se tornaron protagonistas y adquirieron mayor fuerza al momento de determinar los pilares del crecimiento socioeconómico y dependencia del mercado inmobiliario mediante planes parciales de renovación urbana y el desmonte gradual de los planes de mejoramiento integral de barrios después de 2014, en el caso de Medellín con el Acuerdo 48 de 2014 (Castrillón y Cardona, 2014, p. 46 ). La intervención privada se ha convertido hoy en la clave del progreso y el desarrollo socioeconómico, de esa manera las reglas sobre el ordenamiento territorial se tornaron en pautas flexibles para acomodarse al nuevo marco provisto por el neoliberalismo (Montoya, 2014, p. 212 ).

El contexto problemático que propongo en este artículo se centra en procesos de renovación urbana en territorios denominados informales (bajo una racionalidad neoliberal), específicamente el caso del barrio Moravia de Medellín (Colombia), bajo la justificación del deterioro físico, social y ambiental (en el marco del Acuerdo Municipal 48 de 2014 del Concejo de Medellín y, específicamente, el Decreto 321 de 2018 Plan Parcial Renovación Urbana). En este escenario programado y planeado, la comunidad despliega diversos mecanismos para exigir justicia traducida en diferentes medidas, entre ellas la de ser reconocidos propietarios derivado del trabajo colectivo y exigir la permanencia en el barrio y mantener su materialidad barrial intacta, la de exigir el pago de precio justo por sus “propiedades”, lo que a la postre determina consecuencias no esperadas o inconvenientes para la lucha y la defensa por el territorio desde los moradores.

El referente jurídico-económico de la propiedad privada ha sido instrumento de lucha y defensa como lugar de enunciación que no acude necesariamente a valor de cambio, sino al valor de uso. De esa manera, los acuerdos negociados con la institucionalidad en el caso de Moravia implican un reconocimiento del valor de la propiedad no desde la relación comercial, sino desde el lugar político de la autogestión y la apropiación informal del espacio, principalmente.

LA CIUDAD PLANEADA VERSUS LA CIUDAD EXISTENTE

Para Milton Santos (1990) , el espacio es la estructura que genera transformación social, procesos económicos y políticos y de los medios de producción; también es útil como mecanismo de práctica de los grupos humanos. Por tal motivo, el espacio no juega un papel pasivo en la estructura y el cambio social, pues es condicionante variable por medio de sus factores de atracción, lo que le imprime una acción particular. Las dinámicas incipientes de acciones planificadoras sobre el espacio siempre exigieron una disciplina de fidelidad a los parámetros de la modernidad europea relacionados con el orden y con una visión cartesiana de los fenómenos asumidos como cosas de las cuales es posible apropiarse (Castrillón y Cardona, 2014, p. 20 ).

Para el caso de Medellín, las funciones de control, circulación dirigida, periferización, “higienización” y diferenciación, de modernización e innovación que influencian los primeros escenarios planificadores de la ciudad de Medellín a finales del siglo XIX, evidencian la necesidad de extender dichas premisas a sus habitantes con el fin de recrear un espacio más racional y estético (Castrillón y Cardona, 2014). Posteriormente, el éxodo asociado a la situación de violencia generalizada y a las promesas de la industrialización en Medellín durante la década de los setenta y ochenta estuvo marcado por las grandes cantidades de mano de obra no calificada que no encontraron puestos de trabajo y que habiendo renunciado a su tierra sin opciones de regresar, optaron (muchos de ellos) por acomodarse en los espacios que estaban disponibles (aparentemente libres para construir) en las ciudades; Medellín fue uno de esos centros urbanos que se empezó a construir a partir de la informalidad, al recibir las ingentes cantidades de personas que llegaban a los espacios citadinos para ocupar terrenos fiscales o privados a partir de los “tugurios”, los asentamientos informales y la “urbanización pirata”. Desde luego, esto generó territorialidades diversas y discordantes con la propuesta modernizante de planificación urbana que ahora se pretende “subsanar”.

A su vez, el nuevo marco de organización territorial de Colombia, denominado “planeación estratégica” a partir de la Constitución de 1991, y el enfoque en el desarrollo mediante la globalización económica, hicieron que los márgenes de actuación fueran altos y potencializables, por parte de las autoridades locales, con lo cual se fortaleció el marco de intervención municipal, metropolitano y regional con el fin de dotar de mejores herramientas a los instrumentos de planeación y hacerlos funcionales a los enfoques del desarrollo en el contexto del neoliberalismo. Consideraciones sobre las áreas metropolitanas, los planes de desarrollo, las normas sobre densidades y usos del suelo, la figura de la expropiación, la plusvalía, entre otras, emergen en la disciplina de la planeación urbana. Actualmente, la planificación del territorio pasa por la imperatividad de premisas como la competitividad y la sostenibilidad en términos de proyectos y gestión del suelo con fines económicos, que no dimensionan lo cultural y lo político con el impulso de “modelos de ciudad” compactos y densificados de manera vertical a partir de centralidades y proximidades.

Las normas (Ley 388 de 1997 a nivel nacional y desde el primer Plan de Ordenamiento Territorial de Medellín Acuerdo 62 de 1999) sobre planificación del territorio aseguraron la implementación del modelo de ciudad volcada a las dinámicas neoliberales por vía de los denominados planes parciales, que, en el discurso oficial, tienen como propósito “una racional mezcla de usos del suelo en la municipalidad”, pero que a continuación los enfoca en potenciar específicamente (de lo cual se asume que estas actividades adquieren la categoría de universales incuestionables para la gestión) el comercio y las actividades productivas (más que todo relacionado con la producción intelectual-tecnológica) y de servicios (clúster relacionados con los servicios médicos y turísticos).

La “revalorización” del río Medellín, que justifica el documento BIO 2030, parte de la “pérdida de atractivos” y la “desvalorización del suelo” que la institucionalidad asocia a “las funciones que la ciudad hoy demanda” (Alcaldía de Medellín y Área Metropolitana del Valle de Aburrá, 2011, p. 156), con ello ocurre una asignación de valor y legitimidad construida que no responde necesariamente a las intenciones de “la ciudad” (categoría carente de significado determinada por dinámicas comerciales preferentemente). Por el contrario, lo que se puede determinar del discurso de BIO 2030 es la intervención agresiva de lugares informales y la cualificación (como atractivo para el mercado) del territorio para dotarlo de nuevos significados concentrados en las márgenes del río Medellín y, especialmente, en las laderas y zonas marginadas, donde existen manifestaciones de subjetividad política de supervivencia, resistencia y relacionamiento estratégico con su territorio.

La estrategia-dispositivo renovación urbana es vista así como la necesidad de modernizar el espacio y asignarle nuevos valores (normalmente económicos). Esta racionalidad planificadora apela al consenso como fin último de sus acciones, sobreentendiendo que la planeación es en sí misma valiosa e inevitable y que sus objetivos, en cualquier ciudad y desde cualquier motivación económica o ideológica, son neutrales y necesarios. Se acude al consenso como base de la planificación en tanto sus instrumentos pretenden superar el caos mediante el logro de innovaciones en escenarios de conflictividad urbana (Medina, 1998, p. 3 ).

Así, el actual sistema de planificación urbana funciona a partir de la separación de las personas, atribuyéndoles una porción de espacio según un valor comercial; de esta forma, el espacio llega a los consumidores para efectuar un poder instrumental de compra sobre el espacio (Santos, 1991). Igualmente, las acciones planificadoras (planes de renovación urbana como objeto de estudio problematizado) se sitúan en el escenario del espacio (de lo) público y privado como lugares de manifestación de la democracia y de los valores de igualdad, justicia del liberalismo político y de la acción colectiva y los movimientos sociales.

En la sociedad contemporánea esa condición de ciudadanía se ha funcionalizado-traducido en la de ser propietario. El tratamiento como “propietario” que dispensa-ofrece el Estado a los moradores afectados por la renovación urbana (que serán finalmente desplazados) cumple una función racionalizadora y universalizante del papel del ciudadano que lo vincula al desarrollo como afectado. Para que este pilar del liberalismo y el capitalismo funcione, se diseñan complejos mecanismos jurídicos y ficciones legales que engloban cualquier condición moderna del ciudadano, el sujeto de derecho es el “culmen” de la condición liberal del ciudadano. Aquí, el derecho tiene el poder de nombrar o de nominar configurando realidades políticas como la de determinar un “adentro” y un “afuera” de lo permitido; el sujeto de derecho, que lo es en tanto puede apropiarse de un “bien jurídico” y, por ende, ser sujeto de derecho, se remite necesariamente al modo de producción capitalista. El concepto de propiedad privada (el predio o inmueble, el suelo-el bien particular) tiene un papel ideológico a partir de su aparente neutralidad, en la medida en la que le asigna una igual condición de ciudadano a todo aquel que tiene la capacidad de entrar a competir al mercado (como sujeto capacitado para apropiarse de algo o de las cosas). En el momento en que una familia es atendida por el Estado en los programas de renovación urbana como “propietarios” (o con la promesa de propietarizar, sea para incluir o excluir) se generan rupturas que exigen de cada morador afectado una solución individualista que altera el espacio de lo público y privado codiseñado y coconflictuado.

De acuerdo con lo mencionado hasta ahora, el espacio y el territorio son abordados como simples objetos-recipientes susceptibles de ser intervenidos desde modelos de planificación, que ordenan sus “usos” al margen de cualquier posibilidad política o relacional (Piazzini, 2004).

A esas perspectivas se oponen otras asociadas al “giro espacial” en los estudios sociales y geográficos que intenta constituir un “ontología del espacio” (Piazzini, 2004). Lefebvre (2013) incorpora reflexiones sobre el territorio en tanto “medio-mediación” de las relaciones sociales, con la idea de que el espacio es producido-productor de los sentidos, las representaciones y las relaciones de poder y jerarquías que existen al interior del territorio, entendido como territorialidad.

En este escenario, se hizo necesario construir un enfoque “del afuera” (Deleuze y Guattari, 1994, p. 381 ) y de las “formas de la exterioridad” (Pardo, 1992) que reconozca la constitutividad del espacio en la condición humana de las personas y los grupos sociales, es decir, que ocupamos un espacio y el espacio nos ocupa (Piazzini, 2004). En este sentido, los objetos también son determinantes como dispositivos, maquinas, símbolos que flu- yen y constituyen nuevas relaciones y espacialidades.

En la obra La producción social del espacio de Henri Lefebvre (1974, pp. 42-49, citada por Delgado, 2013), se expone la distinción entre práctica espacial (espacio percibido), representación del espacio (espacio vivido) y espacios de representación (espacio concebido). El primero se refiere a lo más cercano a los sujetos y la vida cotidiana, el espacio constitutivo de cada formación social, donde se despliegan las competencias ciudadanas como ser social determinado por un tiempo y un lugar. Este espacio remite a lo que ocurre en las calles y en las plazas, los usos que sus habitantes les otorgan y que posteriormente determinarán las relaciones sociales y espaciales. El segundo, el vivido, es el que envuelve el espacio físico y le asigna unos sistemas simbólicos complejos que lo codifican, y le entrega unas imágenes e imaginarios; este es también el de los habitantes y caminantes, pero más propio de artistas, escritores y filósofos que lo describen. El espacio de representación es el concebido, que corresponde al planificador, a códigos impuestos desde los poderes del Estado y de actores clandestinos o subterráneos a la vida social, es el que somete a las representaciones del espacio, pero del que también se alimentan y se constituyen desobediencias, suelo disponible que será desarrollado como proyecto inmobiliario sobre el cual se desplegará una “creatividad” propiamente capitalista que refleja intereses prevalentemente privados (Delgado, 2013).

A lo anterior se unen propuestas de estudios de la espacialidad que lo conciben como espacio-movimiento (Thrift, 2004 y 2008, citado en Lindón, 2017), también denominado “giro accional”, donde fluyen permanentemente la vida, los afectos y la existencia de las personas y los grupos humanos; la espacialidad también como proyecto existencial, así como el espacio que constituye y es constituido desde los afectos. El afecto como manifestación de esa espacialidad no se refiere simplemente a estados emocionales, sino a prácticas situadas de poder político que exhiben producción de sentido y agenciamiento político de las personas. Thrift (1983, p. 31, citado por Lindón, 2017) asocia el movimiento de la ciudad necesariamente con el “flujo” de la agencia, que es consecuencia del movimiento de los cuerpos que constituyen significados principalmente colectivos que constantemente interpela la ciudad planificada y su estructura social (Lindón, 2010, p. 383 y Musset, 2009).

Desde estos horizontes, las representaciones de lo público y lo privado a partir del territorio habitado despliegan un sinnúmero de mezclas e hibridaciones que chocan con las concepciones y reducciones juridicistas y normativas del territorio, que lo convierten en “suelo”, y en las que se despliegan las intervenciones de renovación urbana, los procesos de gestión predial y los procedimientos de expropiación y reasentamiento involuntarios.

El espacio (de lo) público y colectivo también es un lugar de exhibición de lo privado sometido a discusión públicamente. Dicho espacio permite la generación de relatos de interpelación y definición de categorías como la propiedad privada, donde el valor asignado a la vivienda combina valores comerciales, pero también sentido en función del espacio colectivo o de las negociaciones comunes entre habitantes (Lynch, 2015, p. 19 ). De esa forma, en el espacio privado se reinterpreta el espacio de lo público, y lo público se tramita desde lo privado.

Por ejemplo, en los casos de ocupación “informal” la inexistencia de una escritura pública como título registrado es reemplazada por la “compraventa” (o en el caso de Moravia los Bonos de Ayuda Mutua), que es entendida como el documento que ha permitido asentarse en el territorio y participar activamente de la construcción del barrio (lo público y lo colectivo), es decir, la compraventa, aunque no permite configurar jurídicamente (en el marco de la ciudad capitalista y neoliberal) una condición de titular del derecho real de dominio, sí permite entender su posición en la comunidad y el juego de intereses de los que hace parte y en los que participa activamente. En barrios informales esta frontera entre lo privado y lo público es porosa, la calle, el balcón y el andén surgen como lugar liminal donde transitan ambos ámbitos y se refuerzan mutuamente de manera dialéctica, el “cobijo” de la “casa” (la vivienda) es un lugar de autoridad con respecto a la calle, apropiada como manifestación de lo desconocido e incierto que va moldeando configuraciones del morador o poblador.

Por su parte, la espacialidad también se asocia a la estructura de principios de justicia que ordena las prácticas y demandas que justifican la crítica de los moradores al Estado y la institucionalidad. La exigencia y demanda de justicia, así como la subjetividad política, se derivan de prácticas que se sitúan en una espacialidad o están signadas por el contexto particular que se entreteje en las relaciones que constituyen el espacio. Tal y como analiza Boltanski (2002) , la justificación de la crítica y los pilares de justicia que operan en la cotidianidad de las personas también se configuran en un marco de “normalidad” y “validez” que remiten a estructuras sociales más cercanas como la vecindad y el espacio, donde se negocia y se conflictúan equivalencias de defensa del espacio existencial.

Desde la sociología pragmática (Boltanski, 2002) existe un trinomio fundamental para entender el ejercicio social: la justificación, la crítica y la justicia. Toda crítica encierra una visión ética sobre la justicia adoptada por sujetos y comunidades que encierran un cierto régimen de justificación de esa manifestación crítica y de qué forma los exhiben y los hacen inteligibles, es decir, cómo se racionalizan desde sus dinámicas (Guerrero y Ramírez, 2011). De esa manera, la práctica social cotidiana y espacializada está carga- da de politicidad que determina los marcos de pensamiento, representación y justificación para lo que consideran injusto, y que lo exhiben en acciones individuales o colectivas de rechazo, crítica o exigencias en las cuales se busca una adhesión de más personas a dicha expresión.

La morada constituye entonces una agencia política de discusión de- mocrática que el urbanismo de desarrollo neoliberal desestabiliza como un impedimento de consolidación de dicho sistema, y, por lo tanto, debe ser alienado como un elemento más de la producción económica, desprovisto de todo contenido político.

Con base en lo anterior, la producción del espacio y el control no se despliega solamente por parte del Estado, sino también de comunidades y habitantes mediante relaciones conflictivas de poder y jerarquizaciones.

El sentido común espacializado entra en tensión con respecto a la mediación institucional a partir de las intervenciones institucionales. De esa forma, la espacialidad constituida y movilizada desde las prácticas comunes ve suspendidos o sustituidos sus “flujos” de territorialidad por la puesta en marcha de la máquina del capitalismo, que por vía de la institución de la propiedad privada coopta el imaginario geográfico (Harvey, 1977), sustituye la memoria que se hace presente y va generando otras espacialidades que, a su vez, sustituyen la corporeidad practicada.

Precisamente, es en el sentido que le asigna la institucionalidad al espacio de lo público y lo privado lo que genera las “disincronías” (Gelacio, Martínez y Wolf, 2019) y las tensiones con las versiones y dimensiones colectivas construidas por los territorios denominados informales al momento de ser intervenidos estos territorios, es decir, el Estado se encuentra en el escenario ineludible de la configuración y apropiación social y colectiva del espacio. Esto es, la disincronía plantea escenarios discursivos diferentes desde objetivos diferentes sobre los mismos elementos conflictivos y problemáticos (Gelacio, Martínez y Wolf, 2019, p. 527).

El elemento que determina la disincronía urbana es entonces el territorio y sus funcionalidades. Para la institucionalidad existe una visión incrustada en un esquema del desarrollo económico a partir del territorio concebido como generador de riqueza, y desde los moradores (en las intervenciones que generan desplazamiento y amenaza de territorialidad), una concepción del espacio que parte no solo de la funcionalidad comercial, sino también de la valoración patrimonial desde el reconocimiento y la formación de una subjetividad política en relación con los lugares habitados. El Estado, de esa forma, intenta canalizar y racionalizar (para eliminar) la informalidad en el uso del espacio. Por el contrario, el morador, constantemente, apela a la tensión desde elementos de exigencia de justicia y escenarios democráti- cos; no obstante, también ocurre que el morador se adhiere (por estrategia, renuncia o posicionamiento de intereses) a las justificaciones ofrecidas por la institucionalidad.

LAS DINÁMICAS DE ESPACIALIDAD EN EL BARRIO MORAVIA DE MEDELLÍN (CONTEXTO ESPECÍFICO) Y LOS MECANISMOS DE JUSTICIA

En ciudades latinoamericanas como Medellín la planificación urbana y la “marca ciudad” enfrentan serios problemas relacionados con la segregación socioespacial, entre otras cosas, por el emplazamiento periférico a la que es condenada la pobreza y el repliegue deficitario que produce esto, pues los pobres son desplazados a los puntos más lejanos de la ciudad y son arrinconados a vivir en condiciones mínimas que no están acompañadas de urbanismo y espacios adecuados para generar lazos de vecindad, y aun así la territorialidad emerge. El espacio de la ciudad se convierte en fragmentado y segregado; por ejemplo, la vocación creciente de los centros de las ciudades a los servicios lo hace de difícil acceso para los más pobres, por cuanto se diseña de tal manera para que sea aséptico y carente de conflicto para permitir el comercio y el turismo que va desplazando vendedores ambulantes y los expulsa. Ocurre una “fractalización” como manifestación relacionada con la segregación (Álvarez, 2013, p. 271 ).

El barrio Moravia está ubicado dentro de la comuna 4 Aranjuez de la ciudad de Medellín (Colombia). Cuenta con 42 hectáreas y tiene como límites la carrera 52 Carabobo por el oriente, la antigua vía a Machado al nororiente, la “curva del diablo” por el noroeste, la avenida regional en el occidente y la calle 77 por el sur. Es uno de los barrios más densamente poblado en la ciudad con más de 45.000 habitantes a 2015 y colinda con la Terminal de Transporte del Norte, la Casa Museo Pedro Nel Gómez (barrio Aranjuez), la Universidad de Antioquia, el Jardín Botánico Joaquín Antonio Uribe, el Parque Explora, el Parque de los Deseos y el Planetario (Morales et al., 2015).

Para 1977, el Concejo de Medellín, por medio del Acuerdo 03 de 1977, decide la ubicación transitoria del depósito final de basuras de la ciudad de Medellín en Moravia, predios que inicialmente iban a ser destinados para el uso de un parque público (Parque Norte). A la par, crece el asentamiento informal para dedicarse igualmente a labores de recuperación y reciclaje. Entre 1983 y 1987 la administración municipal expide el Decreto 102 de 1984 para establecer el programa y las directrices para la “rehabilitación del basurero”. En 1991 se desplegó en Moravia, y otros lugares de la ciudad de Medellín, el Programa Integral de Mejoramiento de Barrios Subnormales en Medellín (PRIMED) mediante programas de cooperación internacional. En dicho programa se proyectaba la legalización de títulos de propiedad respaldados por los Bonos de Ayuda Mutua, apoyados por el trabajo comunitario mediante el Acuerdo 12 de 1985, modificado por el Acuerdo 44 de 2001, y el Decreto Reglamentario 463 de 1985 (Ortiz y Ríos, 2015).

De 1998 a 2000, por medio del plan de desarrollo “Por una Ciudad más Humana” y de la Corporación de Vivienda y Desarrollo Social (COR- VIDE), se recogieron los compromisos inconclusos y las problemáticas territoriales para ser desarrolladas desde el primer Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de Medellín Acuerdo 69 de 1999. Para 2002 se reglamenta el primer plan parcial, en el marco del POT vigente para ese momento, como tratamiento de mejoramiento integral de los barrios, y se generan, para los efectos de viabilizar este plan parcial, los subprogramas de regularización y titulación. Para estos momentos, también se crearon las llamadas Asambleas Barriales que ayudaron a concretar los acuerdos barriales como pactos para el Macroproyecto de Moravia (Ortiz y Ríos, 2015).

Dentro del diagnóstico socioeconómico elaborado por la Alcaldía de Medellín, que sirvió de base para la formulación del Plan de Mejoramiento Integral Decreto 1958 de 2006, se “reposicionan” los acuerdos con la comunidad; uno de ellos se refiere al asunto de los Bonos de Ayuda Mutua que constituyeron parte importante de los escenarios de discusión, debate y resistencia en Moravia y que simbolizan la capacidad de agencia y de influencia en la institucionalidad, pero también el carácter de propietarios que ostentan desde el lugar de enunciación de los moravitas.

En los determinantes socioculturales de este decreto y diagnóstico se concluye que los Bonos de Ayuda Mutua significan el reconocimiento de los derechos de los pobladores originarios de Moravia que asumieron el trabajo colectivo como contraprestación por la construcción de espacios y mejoramiento del barrio. Este programa nunca pudo finalizarse ni ejecutarse en proporción significativa porque los acuerdos y las disposiciones locales quedaron en el olvido y contravinieron la confianza legítima que los mora- dores depositaron en la administración. La tenencia se respalda en promesas de compraventa, declaraciones extrajuicio de posesión y los Bonos de Ayuda Mutua (Ortiz y Ríos, 2015, p. 38 ).

Moravia se fue poblando mediante la invasión y autoconstrucción en la década de los setenta. Los enfrentamientos con la policía fueron más frecuentes y violentos y fue evidente la ausencia del Estado en términos de resolución de problemas socioeconómicos graves. La comunidad se vio obligada a planificar mejor sus estrategias de invasión, resolver cómo llevar agua y otros servicios a los nuevos vecinos y buscar alianzas con diferentes organizaciones populares; de esta manera, emergió una nueva condición política del habitante derivada de su condición social y espacial de “invasor” (López, 2005).

La espacialidad en Moravia se relaciona con prácticas de autoconstrucción desde los materiales reciclados que ofrecía el botadero de basuras. De esa forma, el territorio esta signado de manera determinante por el uso de basuras y por las estrategias de la institucionalidad para intervenir este espacio. Los “tugurianos” se asentaron en este lugar para buscar vivienda y realizar trabajos informales, generalmente con el reciclaje de la basura (López, 2005, p. 24 ).

Las primeras formas de solidaridad estuvieron relacionadas con la cesión o distribución espontánea de pequeños lotes, y se les donaban materiales para la autoconstrucción; además, se desataban enfrentamientos con la policía para defender lo construido y permanecer allí (López, 2005).

También se identificaron mecanismos de acción y resistencia como:

Para el caso de Moravia, la profesora Nora Elena Mesa (2000) identifica el concepto de “densidad social” como manera de analizar la territorialidad más allá de lo obvio, donde lo popular, en la forma que se conoce el barrio, se relaciona también con la manifestación problemática-dialéctica entre lo privado y lo público; allí, en Moravia, se configuran procesos de habitar, hábitat, espacio social y cultural que brindan un fuerte sentido de lugar.

En Moravia, “la ciudad movimiento” determina la agencia del sujeto en términos del cuerpo encasillado con su espacialidad, en los márgenes y las fronteras con la ilegalidad e informalidad, que, a su vez, fue constituyendo una memoria colectiva geografizada que se hace presente constantemente en un factor ideológico fundamental como el de la propiedad privada.

Es aquí donde se presentan procesos de jerarquización y condicionamiento entre lo público y lo privado, que surgen como procesos sociales alternativos y no están sometidos a figuras normativas estatales. Allí, los niveles de participación son fuertes, influencian los significados sobre la justicia y dan paso a sentimientos sobre lo justo, con una relación estrecha con respecto al territorio.

En el caso de Moravia como escenario para investigación, esa identidad espacializada es una manifestación de múltiples tensiones y diversidades que juegan de manera normativa como rasgos identitarios y exigen ciertas prácticas, pero que también son constantemente sometidos a nuevos acuerdos y conflictos que van desechando anteriores anclajes. La historia del lugar relacionada con la basura, con el marginamiento al que fueron condicionados por extender la basura y los desechos a sus habitantes que utilizaron los residuos sobrantes de lo que se producía en la ciudad para construir un barrio, que después desde la autoconstrucción mediada por el Estado se generaron mecanismos situados de planificación definidos por intereses culturales como los religiosos, pero también la actividad del reciclaje. En definitiva, el rasgo determinante de la informalidad-ilegalidad en la ocupación ha configurado una identidad que se tensa entre lo homogéneo y lo heterogéneo de las diferentes manifestaciones culturales de los migrantes que han llegado a Moravia con todas sus expresiones, las personas migrantes del campo en la década de los sesenta y setenta, la migración del departamento del Chocó desde finales de los ochenta, la migración intraurbana por motivos de violencia, pero también de parentesco y cercanía, han ido estructurando un sentido del lugar que exige adhesiones, y que se transforma.

Pero también se trata de acciones que buscan el reconocimiento a partir de elevar sus reclamaciones políticas desde el lugar de enunciación de la institucionalidad, es decir, de la formalidad de la norma jurídica, especial- mente de reclamar su condición de “propietario”; de esa forma se exige desde la norma jurídica para defender el territorio que ha sido construido desde la informalidad. Aquí lo importante es determinar si la estructura social creada a partir de la autogestión del espacio (que hace prevalecer lo público sobre lo privado) ha sido sustituida por la defensa de la patrimonialización económica del habitar (por la exigencia de ser reconocidos como propietarios y formalizar su posición en el espacio), o se trata de una estrategia política que despliega el poblador para exigir ser reconocido políticamente bajo el ropaje de “propietario” ante la institucionalidad, con el fin de defender su espacio históricamente informal, en ese sentido, la categoría de “propietario” es una desde el Estado (agente jurídico-económico que racionaliza su patrimonio) y otra desde el poblador (la defensa de su “casa” y el cumplimiento de una deuda histórica-Bonos de Ayuda Mutua).

Actualmente, Moravia se encuentra ubicada dentro de la matriz espacial principal del modelo de ocupación, pues hace parte del macroproyecto norte, enmarcado en la “linealidad” (eje del río Medellín) de tratamientos de renovación que se ubican en el margen nororiental del río Medellín (Rincón y Correa, 2018, p. 60 ).

Precisamente, la lucha-disincronía por el espacio a partir del desencuentro entre pobladores e institucionalidad en espacios informales genera dinámicas diferenciadas de territorialidad, lucha por la permanencia, crítica a la planificación y el modelo de ciudad en Medellín.

La institucionalidad ha intervenido en Moravia a partir de la imposición de una constante zozobra sobre los moradores de ser sometidos a la expulsión del territorio como consecuencia del lugar discursivo, donde se ubica su forma de ocupación del territorio (la informalidad); esto se evidencia en las constantes amenazas de desalojo y la ocurrencia de algunos de ellos, especialmente en la década de los noventa y principios del siglo XXI. Sus territorios han pasado de ser considerados despreciados y de poco valor económico a ser fundamentales para la construcción de vías y la implementación de programas de renovación urbana. De esa forma, la tensión de ser expulsados es una constante que viven sus moradores, todo esto dentro del marco normativo planificador del POT (Betancur, Stienen y Urán, 2001, p. 330 ).

La mediación del Estado en los programas de renovación y reasentamiento poblacional opera mediante procesos de captura de legitimación ideológica que inducen su adhesión a partir de dispositivos discursivos como el hecho de ser “atendidos” como “propietarios” (esta es precisamente una de las herramientas del Estado para encausar la disincronía, sea para excluirlos de esa calidad a partir de argumentos jurídico-técnicos o para prometer esa condición que asegura su incorporación a la legalidad), es decir, se reconoce un estatus jurídico-normativo que implanta una apariencia de ser concebidos como sujetos privilegiados y que la norma exige que sea tenido en cuenta en tanto propietarios únicamente. En ese escenario, el morador-propietario se sumerge en la estrategia y eleva reclamaciones que aparentemente solo se circunscriben al valor comercial de su propiedad, e incluso olvida las configuraciones colectivas de su misma propiedad privada.

De acuerdo con lo anterior, para los proyectos de renovación urbana (en Moravia, contexto geográfico de investigación a partir del Plan de Ordenamiento Territorial Acuerdo 48 de 2014 y Plan Parcial de Renovación Urbana Decreto 321 de 2018) la propiedad privada se convierte, pese a estar mediada por luchas y resistencias más o menos organizadas, en una especie de tótem que es exigido de parte de los moradores, es decir, es una premisa de lucha que va desplazando a las resistencias iniciales de la lucha por lo colectivo con una fuerza inicial más poderosa que la individual, pero que a la postre se convierte en el foco central de la dispersión colectiva que es sustituida por el reclamo de mejores condiciones de pago y de reconocimiento del valor patrimonial y comercial de los moradores que resisten proyectos de renovación; aquí es donde aparecen las disincronías como desencuentro entre institucionalidad y moradores. De esa forma, la propiedad es la traducción de una “crítica reformista” (Boltanski, 2002) por parte de la comunidad que pone en juego en el escenario de la institucionalidad el sentimiento de justicia de su resistencia al plan de renovación mediante la exigencia de ser tratados como ciudadano-propietario (Boltanski, 2002).

Ocurre, entonces, un posible desplazamiento de los significados espaciales, sentimientos y demandas de justicia que operan en los sujetos, por factores económicos y de seguridad que otorga el capitalismo; sin embargo, este desplazamiento reduce las condiciones políticas del sujeto y sus posibilidades de emplazar nuevas formas de resistencia y sentidos de justicia a los que eventualmente se plegará. De esa manera, ocurre, según Boltanski (2002) una ausencia de “compromiso” de la acción con regímenes de justicia para ser remplazado por dinámicas de comercio y de subjetivación del lucro por medio de figuras y ficciones jurídicas donde el sujeto asume ya otro compromiso con el orden institucional, de poner en circulación la mercancía, pero con ausencia de compromiso con construcciones sociales inmediatas.

Por eso Boltanski (2002) menciona, dentro de sus explicaciones del nuevo espíritu del capitalismo, que este sistema (el nuevo capitalismo) debe construir y verse sometido constantemente a “pruebas” como evidencia de sus posibilidades de mutación y adaptación por vía de la crítica reformista, es decir, el mismo capitalismo con sus actores deben elaborar pruebas que exhiban que sus cimientos son fuertes y fácilmente acomodables a nuevas críticas, perspectivas y enfoques aparentemente democráticos (Boltanski, 2002).

Como manifestación de la “prueba” que el capitalismo asocia a nuevas formas de relegitimarse por vía de la crisis y la crítica está la flexibilidad que la institucionalidad ha asumido a la hora de reconocer nuevas formas de tenencia como sujetos de reparación de daños en procesos de reasentamiento poblacional (manuales de reasentamiento, política pública y decreto de compensaciones de 2017). De esa forma, la Alcaldía de Medellín entiende que la manera de estabilizar futuras manifestaciones de resistencia colectiva (como potencialmente subversivas con respecto al orden y las dimensiones que soportan el discurso del progreso asociado a la renovación urbana) es incorporar y ser “incluyentes” con sujetos que, pese a no tener título de pro- piedad sobre la vivienda que debe ser reubicada, sí deben ser reconocidos como poseedores y otorgarles un valor comercial a las mejoras construidas. Sin embargo, los pobladores de Moravia entienden que, desde las condiciones que impone el POT vigente y un grado relevante de desidia que históricamente ha caracterizado la actuación institucional en este barrio, salir del territorio no es una opción, de esa forma, la exigencia y demanda de titulación opera no solo desde el interés comercial, sino, prevalentemente (hipótesis que guía esta propuesta), desde el reconocimiento (no otorga- miento) de su ocupación como un habitar ya consolidado y que le pertenece a sus moradores.

Las técnicas de disciplina espacial y social como los planes de ordenamiento territorial, como herramienta jurídico-política, ejercen una fuerte influencia en las personas que habitan el espacio por vía de la expectativa de la “propietarización” del “invasor”; se trata de un mecanismo que para los programas de renovación urbana, los planes parciales y el reasentamiento va, aparentemente, diluyendo el sentido colectivo del espacio expresado en la resistencia a la renovación urbana. Sin embargo, la ausencia histórica de una relación jurídica homogénea de los habitantes de estos territorios con el espacio como objeto denominado propiedad privada produce una exigencia de reconocimiento como sujeto de derecho propietario en la medida en que todo el proceso social y cultural de configuración del espacio fue producto de la labor y el esfuerzo que no puede ser menospreciado por la institucionalidad, es decir, la resistencia colectiva del territorio, que se convierte o puede convertir en exigencia de la legalización de un título de propiedad, parte del reconocimiento que los moradores entienden debe existir por todo el tiempo que han habitado un lugar y por la necesidad de entrar en las mismas condiciones de todos los demás sujetos del derecho de propiedad, se trata de un reconocimiento político y social (no solo economicista).

CONCLUSIONES

Las formas contemporáneas de renovación urbana (y las intervenciones derivadas del “modelo de ciudad” en general), en este caso en Medellín con su modelo de “ciudad densa y compacta”, generan prácticas de segregación, desplazamiento y reubicación dirigidas a construir obras (privadas en la renovación urbana) que son necesarias para generar un escenario de competitividad neoliberal, que dejan como consecuencia la posible destrucción de significados políticos de los territorios y sus moradores con poca posibilidad de participación democrática de sus habitantes.

Actualmente, los modelos de planificación de la ciudad neoliberal flexibilizan y amplían sus mecanismos de intervención sobre la informalidad. Si bien ya no se despliegan mecanismos coercitivos directos (claro está que no se echan al olvido) en barrios informales consolidados (con más de veinte años de procesos de poblamiento), los mecanismos de gobernanza que combinan esquemas de intervención derivados de programas en red y cooperación aparentemente horizontal, terminan por implementar instrumentos de gestión del suelo (como los planes parciales de renovación urbana) muy agresivos que permitirán al final, para garantizar su ejecución, otros mecanismos como la expropiación administrativa (permitido para desarrollos de renovación urbana por la Ley 388 de 1997), que implican, eventualmente, disponer de estrategias como la expropiación y el desalojo, con lo cual el panorama se ha tornado más complejo por nuevas instancias de socialización, pero más efectivo en su amenaza de utilizar con el amparo de la ley la expulsión de moradores.

La espacialidad configurada desde la “informalidad”, si bien genera procesos relacionales particulares a partir de las condiciones apropiadas por sus habitantes, no posee unos atributos especiales por sí misma (una esencialidad), sino en relación con otros factores que desencadenan representaciones, prácticas y acciones politizadas como resultado de constitutividad del espacio. Uno de esos factores es la propiedad privada como determinante ideológico del tipo de relación que tienen las personas con el espacio.

Ocurren, entonces, dos situaciones, que la estructura social creada a partir de la autogestión del espacio (que hace prevalecer lo público sobre lo privado) posiblemente ha sido sustituida por la defensa de la monetización del habitar (por la exigencia de ser reconocidos como propietarios y formalizar su posición en el espacio), o, por otro lado, se trata de una estrategia política que busca ser reconocida para ser asumida como sujeto que es funcional políticamente ante la institucionalidad, como propietario para defender su espacio informal, igualmente, en caso de ser este segundo escenario, es interesante conocer si la defensa del territorio cambiará en sus estructuras que tradicionalmente se han enmarcado en la informalidad a partir de este nuevo hecho de la renovación urbana.

En Moravia, la ocupación del espacio, el título de propiedad (ausente, prometido, exigido, postergado) y el trabajo colectivo juegan como un trinomio que motiva la resistencia y la defensa del espacio, especialmente el público. El espacio de lo público se asume como el lugar autogestionado y planificado colectivamente en el que se configura no solo una subjetividad/intersubjetividad territorial, situada y específica, sino también un sentido de lo que significa la propiedad privada como no correspondencia, como patrimonio transable en el mercado comercial.