Los derechos humanos constituyen la única herramienta propicia para determinar la validez de las formas en que el Estado usa y legitima el poder, en este sentido, la sociedad colombiana se ha visto sumergida en sistemas de poder basados en mecanismos y dispositivos que pretenden violar sus propios derechos, esto a razón de numerosos sucesos que han dado cuenta del abuso de distintos gobiernos, la falsa democracia, un Estado fallido, el conflicto armado y las confrontaciones ideológicas que convierten los derechos fundamentales en comodines, herramientas en aras de un futuro imaginario; si bien los derechos son un constructo sociohistórico, un entramado que responde a épocas determinadas y a luchas por necesidades concretas, en muchas ocasiones pierden su carácter emancipador-transformador, debido a que se convierten en herramientas de dominio de un grupo sobre otro, por ende, la mejor manera de reconstruir la historia de la lucha por los dones sagrados del hombre en Colombia se da por medio de una narrativa de los derechos humanos que contenga las dinámicas cambiantes, profusas y contradictorias que nos han llevado a constituirnos como nación.

La presente investigación se enfocará en establecer las características de los métodos con los cuales el Estado ha violado los derechos fundamentales del pueblo colombiano; siguiendo el ámbito teórico, los derechos humanos conforman un conjunto de facultades y dones morales propios del sujeto, exigencias concernientes a su propio desarrollo y que escapan a toda lógica jurídica, estos son de carácter universal, por ende, no constituirían el producto de manipulaciones según una ideología o un territorio determinado, de modo que el fin de estos es velar por la libertad, la dignidad y la igualdad sin importar el territorio o sistema político. Sin embargo, la posmodernidad ha traído consigo fenómenos tan particulares como crueles, Estados fallidos, la globalización, el capitalismo, el poscolonialismo, el imperialismo, el totalitarismo, etc., procesos que a pesar de que surgen con promesas de democracia, participación y respeto por la vida, terminan llevándose consigo toda ilusión de un país mejor.

De este modo, el presente trabajo es producto de una investigación de tipo teórico, que realiza, de manera crítica, un análisis hermenéutico-histórico. Se analizarán diversas formas de negación de los derechos fundamentales en la nación desde 1980 ¹ hasta el 2018 y sus respectivas reflexiones, se determinará de qué manera se ha venido construyendo el concepto de derecho y las características que conforman su reconocimiento, protección y promoción; para tal empresa, se esbozarán el significado y la praxis de los mismos, en primer lugar, como elementos de confrontación política, y, en segundo lugar, como fines en sí mismos; es decir, se elaborará una investigación respecto a esta problemática que evidencia que, tanto en lo práctico como en lo teórico, los derechos no han encontrado una definición concreta y aplicable al contexto, lo que produce una constante tensión entre lo ético y lo político.

Derechos humanos y emancipación

El elenco de los derechos humanos se ha modificado y va modificándose
con el cambio de las condiciones históricas, esto es, de las necesidades,
de los intereses, de las clases en el poder, de los medios disponibles
para su realización, de las transformaciones técnicas, etc.

Norberto Bobbio

Como parte fundamental de los procesos históricos, el hombre de cada época ha construido una clara conciencia respecto a diversos valores y principios que, en primer lugar, conforman un grupo de características inherentes a su propia humanidad y, a su vez, son exigencias en tanto reconocimiento y protección, dirigidas hacia la realización de sus virtudes y potencias ubicadas dentro de un marco sociopolítico, en este caso un Estado de derecho; es decir, que la participación del sujeto inmiscuida dentro de los procesos políticos gira en torno a la validez y el respeto por aquellos dones que hacen parte de su propia integridad, de modo que cada sociedad debe recorrer su propia historia asumiendo sus luces y sus sombras a la luz de la verdad, con el fin de identificar sus carencias y luchar por aquello que los sistemas dominantes no reconocen.

Esta situación tan común en el territorio colombiano, evidencia, respecto al fundamento de los derechos humanos, un problema de carácter teórico, ya que considerar el derecho como arma de dominación ideológica abre una brecha insondable, en cuanto a la posibilidad de convertir los mismos en elementos de liberación, y, por otra parte, un problema de carácter empírico, pues la lucha en términos legales por los derechos humanos se apoya en una estructura normativa tradicionalista que busca favorecer las dinámicas de un determinado sector social, la comúnmente difundida, cuyos principios son herméticos y legalistas;

Así pues, al sistema se le considera un arma de dominación y explotación; en Colombia, por ejemplo, amparado en un aparato legislativo incoherente, el Estado no propicia espacios de desarrollo para el pueblo, el acuerdo de paz no trajo consigo los efectos esperados y el mismo Estado no protege los ciudadanos. El sistema de gobierno no vela por construir espacios propicios para la paz, el respeto, el crecimiento social, no cuida del pueblo, y presionado por exigencias económicas y diversos intereses se hace casi que imposible llegar a una comprensión de este, de ahí que en Colombia las acciones particulares del Estado se entiendan a partir de la bipolaridad, es decir, la explotación centro-periferia y los intereses particulares versus los intereses de los grupos sociales. Por consiguiente, “la pregunta no es cómo lo económico determina la estructura política, sino qué es peculiar acerca de las relaciones sociales del capitalismo que da origen a la rigidización de las relaciones sociales en la forma del Estado” (Holloway, 1993, p. 12).

En este orden, en el intento de construir espacios de búsqueda por la dignidad y por la transformación profunda de aquello que violenta lo sagrado, la situación abarca el campo filosófico, jurídico y a su vez político, ya que

En efecto, impunidad y violación son los términos comunes para abordar el tema de derechos humanos en el país; a este respecto, cabe preguntarse: ¿En Colombia los derechos humanos pueden considerarse un elemento de liberación y reivindicación? ¿Es posible consolidar una práctica que integre una visión crítica del derecho en tanto instrumento ideológico, con la defensa de la igualdad y el respeto por la vida para el pueblo colombiano?

En lugares como Irak, Bielorrusia, Azerbaiyán, Ucrania, Colombia, entre otros, los protocolos de atención cuyo fin es proteger sus poblaciones, intervenidas desde una reivindicación de los derechos humanos, terminan fracasando normalmente, esto debido a un factor determinante en las dinámicas sociales actuales, el capitalismo, que desplaza por completo la autonomía de los Estados y establece actores dominantes que velan por la conservación de los intereses económicos. Por ende, además de los abusos del poder y del derecho, en el horizonte cultural bajo el que cada pueblo asume los derechos humanos, pueden existir grandes diferencias, asunto que hace que su fin sea prácticamente inalcanzable; a este respecto, Gándara (2019) afirma:

De modo que los derechos humanos pueden ser instrumento de dominación ideológica, una forma de poder dominante de una sociedad sobre otra; se hace necesario entonces “reinventar el derecho más allá del modelo liberal y demosocialista sin caer en la agenda conservadora y, en efecto, cómo conseguirlo para combatir esta última de una manera más eficiente” (De Sousa Santos, 2009, p. 547). Para ello, se requiere un trabajo teórico-político acertado que se hallaría inmerso en las dos perspectivas, buscando “hacer efectivo el potencial emancipador que subyace a la narrativa de los derechos humanos y que exige reconocerlos como producto histórico de las luchas de los pueblos en busca de su liberación” (Gándara, 2019, p. 97). Apuntar hacia una comprensión que en su lucha por la estabilidad normativa no pierda de vista el carácter utópico de los derechos en tanto instrumentos de transformación.

Tal empresa lleva consigo cierto nivel de complejidad debido a la cantidad de factores que componen el proceso de reconocimiento, validación, protección y promoción de los derechos, precisamente porque

En concordancia con lo anterior, con el fin de profundizar en las formas en que se han llevado a cabo estos procesos en el país, es preciso tomar como punto de partida la década de los ochenta, período caracterizado por ser uno de los más conflictivos de la historia del país y en el que diversos actores, tanto sociales como institucionales, llevaron a la nación al borde del colapso político y al debilitamiento del tejido social. La historia del país permite descubrir que siempre ha existido una tensión entre dos perspectivas de los derechos, en primer lugar, pueden considerarse desde su carácter emancipatorio, es decir, como formas de acción que buscan contraponerse a los sistemas dominantes y cuyo fin es luchar por aquellos dones que no son respetados, y, por otra parte, se podría establecer un proceso de reconocimiento donde pueden verse como metas, ideales, fines altamente anhelados debido a los crímenes e injusticias sociales. La primera lleva consigo una manera determinada de proceder, y prevalece la denuncia de las constantes injusticias, mientras que en la segunda se prioriza el desarrollo de medidas o métodos que propicien un ambiente viable para el cumplimiento y respeto de los derechos.

En la época de Julio César Turbay Ayala (1978-1982) el continente latinoamericano se encontraba sumido en las dictaduras militares, infinidad de violaciones a los derechos se cometían con el pretexto de proteger la seguridad nacional; la situación no era favorable para el país, la insurgencia tomaba cada vez más popularidad en la población de estratos bajos en las ciudades, la lucha contra los movimientos insurgentes opacaba toda esperanza de un cambio profundo y se presentaba un gobierno permisivo respecto a los abusos hacia la población; sus principales problemas fueron las detenciones ilegales, abusos de las fuerzas militares por medio de prácticas de tortura y un sinfín de violaciones hacia la integridad de la población, incluso se presentaban muchísimas detenciones bajo la simple sospecha de pertenecer a la insurgencia (sesenta mil personas). Desde este panorama, la lucha por los derechos fundamentales se arraigó, de forma profunda, en las cloacas de la sociedad, es decir, aquellos carentes de recursos se agruparon manifestándose contra los grupos dominantes.

La gestión de Belisario Betancur (1982-1986) tuvo dinámicas distintas, especialmente en las relaciones con el Ejército; se vieron esfuerzos concretos para buscar la paz por medio de negociaciones con la insurgencia,no obstante, el paramilitarismo opacó tales intentos, pues estos “recibieron el apoyo de sectores de propietarios rurales vinculados al narcotráfico, representaron una forma de ajuste de cuentas y enfrentamiento contra una militancia de izquierda que seguía realizando secuestros y otras actividades delictivas” (cidh, 1995, p. 9), asimismo, por medio de los acuerdos de “la Uribe” se logró una tregua con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC); fruto de esto fue el surgimiento de la Unión Patriótica(UP), primer grupo político de izquierda conformado por reinsertados de la insurgencia. En noviembre de 1985 acaeció un hecho que marcaría un hito en la violación a los derechos fundamentales, la toma del Palacio de Justicia a manos del M-19, en la que fueron asesinadas más de cien personas y más de quince desaparecidas por los agentes de la fuerza pública; además, fueron asesinados algunos integrantes de la up. En el ocaso de esa gestión, tanto el intento por buscar la paz como las denuncias por las violaciones de los derechos humanos por parte de las fuerzas militares llegaron a buen término.

En el mandato del presidente Virgilio Barco (1986-1990) seguía la dinámica que obstaculizaba la restauración de una democracia acorde a las necesidades del pueblo, continuaron los ataques contra los miembros de la up, el paramilitarismo creció bajo los hombros del narcotráfico y en medio de la búsqueda por un sistema político alternativo la lucha y exigencia por el cumplimiento de los derechos humanos pasó a segundo plano; esto se debe precisamente a que cada vez aparecían nuevas formas de represión y violación a la población (desapariciones, asesinatos, limpieza social, detenciones ilegales, torturas, etc.); así pues, a medida que esta perdía su dignidad, su papel en los procesos políticos, las fuerzas paramilitares y los grupos dominantes de la esfera política tomaban fuerza y dominio.

Así mismo, como consecuencia de tantas situaciones de vulneración de los derechos humanos surgió la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos, la cual tenía el propósito de fortalecer la protección hacia la población. Con el fin de controlar las acciones militares del Estado, se nombró un procurador para las fuerzas militares, del mismo modo, se instauró una procuraduría encargada de resolver y vigilar temas concernientes a los derechos humanos. Ninguna de las medidas anteriores funcionó, el narcotráfico apeló al terrorismo para enfrentar al gobierno, fueron asesinados tres candidatos presidenciales: Luis Carlos Galán (1989), Bernardo Jaramillo (1990), Carlos Pizarro (1990) y el procurador general de la nación Carlos Mauro Hoyos (1988); este episodio quedó en la memoria como uno de los más violentos de la historia del país. En este panorama ni la vida estaba siendo respetada. A este respecto, las dinámicas del Estado se concebían del siguiente modo:

En 1990 fue elegido presidente César Gaviria Trujillo (1990-1994), la situación mejoró por las apresuradas negociaciones que se realizaron con diversos grupos insurgentes como el Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT), la organización guerrillera indígena Quintín Lame y el Ejército Popular de Liberación (EPL), incitándolos a que participaran en la Asamblea Nacional Constituyente. Por otra parte, Colombia padecía un estado de descomposición social notable, la guerra contra el narcotráfico llevó al gobierno de esta época a invertir sus esfuerzos en la creación de una nueva constitución, se planteó una apertura económica y se llevaron a cabo distintas reformas, lo que indicaba que se presentaba una transición hacia un sistema político alternativo. La constitución mostraba importantes cambios respecto al reconocimiento de los derechos humanos, sin embargo, estos procesos no dieron lugar a los resultados esperados, la confrontación armada no disminuyó, los abusos hacia la población por parte del Estado continuaban; el gobierno de Gaviria, carente de recursos políticos, pensaba que los medios militares podían acabar tanto con la guerrilla como con el narcotráfico, y que por medio de la fuerza se podía construir un ambiente propicio para el respeto de los derechos humanos, pero el orden público se encontraba en caos y de esta manera terminó dicho gobierno, falto de garantías e ignorando las recomendaciones de la cidh; cualquier acusación de violación de los derechos la atribuían al narcotráfico o a la guerrilla.

En el año 1994, la cidh afirmaba que

En este mismo año aparecieron cinco informes internacionales que manifestaban la grave situación del país: un informe de la cidh (enero), el informe “Estado de guerra: violencia política y contrainsurgencia en Colombia” realizado por Americas Watch (enero), “Colombia: Public Order, Private Injustice” elaborado por Lawyers Committee for Human Rights (febrero), el “Reporte sobre derechos humanos en Colombia” del Departamento de Estado (Estados Unidos) (febrero) y “Violencia política en Colombia: mito y realidad” a cargo de Amnesty International (marzo); asimismo, se presentó el informe de la conferencia episcopal respecto a la situación del conflicto en la nación (febrero) y el “Informe de la procuraduría general de la nación sobre Derechos Humanos” (julio). Respecto a lo anterior, diversos gobiernos con intereses económicos en Colombia pusieron en estado de alerta al gobierno de Gaviria conformando la campaña llamada “Colombia, derechos humanos ya”, su propósito era exigirle al Estado el cumplimiento y la clarificación respecto a numerosas situaciones de violaciones de los derechos humanos. Además, en 1995 el Estado colombiano sería condenado por el asesinato de Isidro Caballero y María del Carmen Santana en 1989; ² el Estado se vio en la necesidad de aceptar los delitos y abusos cometidos, con el fin de consolidar una destruida imagen internacional.

El gobierno de Ernesto Samper (1994-1998) se posicionó con muchas esperanzas de cambios inmediatos; aunque la deplorable realidad social fue la medida de las políticas públicas de su gobierno, el país pasaba por una crisis profunda, la violencia no cesaba y el fracaso de aquella administración se agravó con la crisis política del Proceso 8000, asunto que desvió totalmente los intereses sociales del gobierno, ya que debió centrar su atención en recuperar una imagen destruida a causa de sus estrechas relaciones con el narcotráfico; incluso, a los dos años de gestión se mantenían problemas que parecían no hallar solución: desempleo, crisis económica, violencia ³ (por parte de la fuerza pública, las fuerzas paramilitares, las farc, el eln), secuestro, narcotráfico, desplazamiento forzado ⁴ y el paramilitarismo en todo su vigor. Así pues, el mandatario aceptó la presencia en el país de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia, aunque la actitud del gobierno fue contradictoria porque siempre hicieron lo posible para impedir que la oficina publicara sus informes (Gallón, 1997, p. 222).

Con todo, la gestión de Samper carecía de políticas y programas sociales, por consiguiente, el Estado no tenía influencia nacional, departamental y mucho menos local, de modo que aquel plan que se denominaba el estandarte al principio de esa era ni siquiera estaba adecuado a la realidad colombiana y terminó siendo un fracaso rotundo.

Durante los años 1998-2002, en el gobierno de Andrés Pastrana, el país continuaba sumido en grandes crisis, especialmente de orden social y político; los mismos actores seguían ocupando papeles importantes respecto a violaciones en términos de derechos humanos (paramilitarismo, eln, farc, narcotráfico, fuerzas públicas, etc.), tal era el caos que el país fue denominado “Estado fallido” (González y Rettberg, 2010). El mandatario marcó una huella imborrable en la historia del conflicto al establecer diálogos con las farc, que terminaron siendo un fiasco en todo sentido, precisamente porque aquel grupo insurgente no tenía intención de abandonar las armas; con esto se demostró que el Estado priorizó la búsqueda de la paz por medio de negociaciones con grupos insurgentes sobre la protección de la población y la promoción de los derechos humanos.

El conflicto crecía de manera frenética. Al final de su gestión, en medio del fracaso de las negociaciones con las farc, las fallidas conversaciones con el eln y los ataques de las autodefensas paramilitares, el gobierno de Pastrana vio el derrumbamiento de todo el “Plan Colombia” frente a una creciente oleada de asesinatos y secuestros. Se considera una actitud ingenua de aquel gobierno establecer como punto de partida para el problema de la violación a los derechos humanos el fin de los grupos armados, ya que la perspectiva debe direccionarse hacia la construcción de medidas estatales, gubernamentales y locales que propicien un espacio de confianza entre el pueblo y el Estado. Gustavo Gallón (2002) aborda esta situación insistiendo en la problemática del país respecto a los derechos humanos, y afirma que

En los períodos de gobierno de Álvaro Uribe Vélez (2002-2010) el Estado se destacó por su estrategia errónea e insuficiente en materia de derechos; en sus dos períodos presidenciales se vislumbraron cuatro problemas fundamentales a este respecto: 1) la ley de justicia y paz que surgió en el contexto de desmovilización de los grupos paramilitares, medida muy criticada porque a partir de la desaparición de ciertos grupos surgieron las Bacrim, que abusaban de la población civil; 2) los falsos positivos (asesinato de civiles con el propósito de hacerlos pasar por miembros de grupos guerrilleros); 3) las interceptaciones ilegales, “chuzadas”, y 4) el desplazamiento forzado de civiles a causa del conflicto armado. La estratagema de este gobierno consistía, por un lado, en la negación rotunda de cualquier situación grave relacionada con los derechos humanos y mucho menos los abusos hacia la población, por otra parte, buscaba mantener una imagen impecable ante la comunidad internacional; esto se evidencia en una declaración ante la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas:

A pesar de que hubo una reducción en los niveles del conflicto y en las violaciones al Derecho Internacional Humanitario, con la política de la seguridad democrática se pretendía proteger la población y hacer respetar los derechos humanos; la supuesta seguridad evidenciada en la decadencia de los grupos armados hacía pensar que los derechos sí eran respetados, sin embargo, tanto la aceptación de los delitos como las supuestas medidas de protección efectuadas componían un entramado de estrategias para “protegerel Estado”, es decir, la clase política tradicional. De este modo, la gestión se basaba en clientelismo, y la corrupción y sus políticas de corte paternalista terminaron por crear un sistema inviable para el pueblo colombiano, porque a pesar de que hubo reducción en los niveles del conflicto, el espacio para una posible protección de los derechos se hizo inalcanzable. Hasta este momento es evidente que los derechos humanos no pueden considerarse solo desde una concepción de lucha, es decir, cuyo fin sea nada más que deslegitimar el orden establecido.

En la era de Juan Manuel Santos (2010-2018) Colombia llevaba más de cincuenta años sumida en el conflicto armado; los grupos al margen de la ley pretendían controlar parte del territorio del país, pero el más afectado por este vaivén de poderes ha sido siempre el pueblo colombiano; por esta razón, en la primera administración se vio la imperiosa necesidad de la implementación de la paz, para tal cometido se crearon programas para el posconflicto (desarme, desmovilización y reintegración de excombatientes), además, hubo una gran inversión para la consolidación de una cultura de paz para el pueblo colombiano. Asimismo, se crearon instituciones con el fin de fortalecer la justicia y el crecimiento económico (comisión de la verdad, tribunales de paz, salas de jurisdicción para la paz, etc.).

El segundo período se proponía mantener su imagen positiva frente a la comunidad internacional; Colombia se levantaba como un Estado supuestamente capaz de solucionar sus propios problemas, con espacios propicios para la protección y promoción de los derechos humanos. No obstante, el conflicto y las violaciones a la población continuaron, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) no daba los resultados esperados, las Bacrim tomaron el poder en las ciudades y permitieron que el conflicto pasara también al ámbito urbano, asimismo, los asesinatos a líderes sociales iban en aumento. Se convocó al pueblo a participar de un plebiscito con el fin de aprobar los acuerdos de los Diálogos de La Habana con las fa rc, que terminó siendo un fracaso, pues la sociedad colombiana manifestaba su desconfianza e inconformidad para con las dinámicas del Estado, y con el fin de reivindicar la imagen del gobierno y darle legitimidad al proceso de paz le concedieron al presidente Santos el Premio Nobel de la Paz. Con todo, es importante resaltar que los logros de la administración Santos no fueron conseguidos por ningún gobernante anterior, ya que los Diálogos de La Habana tuvieron un impacto positivo, pues el lenguaje de los derechos humanos, a pesar de que los casos de violaciones son significativos, tomó una connotación distinta, es decir, el conflicto no solo se abordó desde lo militar, sino que se le permitió participar a la sociedad civil dentro de esos procesos de integración.

Derechos humanos, el fin del camino

Pensar científicamente es criticar a las disciplinas, disolver las
formas, entenderlas como formas; actuar libremente es destruir formas

Joh Holloway

Los derechos humanos conforman un conjunto de facultades y dones morales propios del sujeto, exigencias concernientes a su propio desarrollo y que escapan a toda lógica jurídico-positiva, son de carácter universal; en definición, no constituyen el producto de manipulaciones según una ideología o un territorio determinados. De modo que el fin de estos es velar por la libertad, la dignidad y la igualdad sin importar el territorio o sistema político; no obstante, la exigencia de los derechos en Colombia constituye un proceso marcado por la tensión entre la lucha y la custodia del pueblo respecto a las incoherencias y los abusos por parte de los grupos armados y el Estado, a quien particularmente le corresponde el papel de representante de las necesidades de los ciudadanos; por ende, para que los derechos puedan llegar a una etapa de realización se establece un proceso donde ambas partes, tanto la ciudadanía como el Estado, entran en dinámicas de conciliación, “que requiere recíprocas renuncias, entran en juego las preferencias personales, las elecciones políticas y las orientaciones ideológicas” (Bobbio, 1991, p. 56).

Por esta razón, los derechos humanos deben ser contextualizados, porque tanto el Estado como los grupos al margen de la ley tienen responsabilidad en la destrucción del tejido social, esto no quiere decir que señalar a los culpables sea lo fundamental, antes bien, la denuncia no puede llevar solamente a establecer una responsabilidad directa, el hecho que se debe cuestionar es que la crisis del país en materia de derechos lleva consigo el cuestionamiento de si el Estado es competente y si tiene voluntad no solo con los problemas del conflicto, sino con los de carácter social, político, económico y jurídico.

La perspectiva debe partir entonces de que

Por ende, resultaría complejo afirmar que los derechos humanos sean fines en sí mismos, y sería más difícil aún pensar un modelo político donde estos se puedan materializar, una estructura social política y económica que los haga posibles. El meollo del asunto radica en que

En el caso de Colombia, partiendo de las constantes y diversas formas de negación de los derechos, surge la necesidad de fundamentar la lucha por su defensa en una definición concreta y aplicable al contexto, asunto que en la nación no se ha logrado abordar con pensamiento crítico, con total profundidad, sinceridad y convicción tanto políticamente como históricamente. Afrontar la historia del conflicto permite definir, con claridad, qué es violación, qué es insurgencia, qué es seguridad nacional, qué significa la jep y qué consecuencias han traído consigo los procesos de paz luego de una historia llena de violencia.

La carencia de actitud crítica frente a los procesos sociales se debe precisamente al voluntarismo o conformismo (De Sousa Santos, 2003, p. 298), o por la mediocridad de estar inmiscuidos en dinámicas estáticas, es decir, el papel activo solo les es conferido a ciertas esferas mientras que otros se limitan a observar. Es necesario establecer una ruptura con aquella visión universalista, que en realidad no es para todos, ya que, en la cultura oriental, por ejemplo, los derechos son vistos como algo de Occidente, es decir, se considera inconcebible delimitar según intereses particulares algo que es sagrado y “separar los derechos de los deberes” (Marlasca, 1998, p. 11). Así mismo, es evidente que “el reconocimiento de los derechos humanos es un proceso in fieri, que está en marcha, y nada ni nadie puede garantizar la continuidad y permanencia del consenso correspondiente (Marlasca, 1998, p. 11).

En efecto, lo que se debe atacar son los grupos dominantes, aquellos que mantienen al pueblo con funciones limitadas, restringidas, de modo que la estructura de la argumentación respecto a la narrativa de los derechos humanos debe cambiarse, puesto que si estos tomaron fuerza en la Revolución francesa fue más por razones éticas y políticas antes que jurídicas; no es lo mismo apelar a las armas con el fin de cambiar el sistema o manifestarse violentamente en las calles que imprimirle un fundamento moral al ejercicio político; de ahí que la legitimidad del poder no está dada por la concepción de soberanía moderna, sino más bien que encuentra sus principios en la protección de los dones sagrados de los hombres, donde lo ético y lo político son las llaves de los derechos humanos y las armas de la sociedad posmoderna.

De esta manera, se vislumbra con claridad que los derechos humanos antes que cánones de tipo jurídico lo que hacen es proponer un conjunto de normas éticas en el quehacer social y político, es por ello por lo que establecer una visión de estos solo como instrumentos de lucha, desde su carácter emancipador, sería limitar su propio poder transformador, precisamente porque no basta con que las confrontaciones pongan en evidencia quiénes son los culpables de las constantes violaciones. En este orden de ideas, la lucha por los derechos fundamentales se presenta en la medida en que la población y sus dones son violados, por tanto, cada grupo social debe transitar su propia senda de sufrimiento con el fin de reconocer mediante la historia qué es aquello que le hace falta; en consecuencia, se parte de una conceptualización, se recorre la historia, se reconocen las faltas y se debe crear un espacio propicio para la transformación, protección y promoción de los derechos humanos.

Conclusiones

Es contradictorio seguir a cabalidad la definición universalista de los derechos, ya que constituiría una interpretación forzosa del ideal ilustrado que surgió en la Revolución francesa y de muchos otros movimientos que se crearon con el propósito de cambiar las dinámicas sociales; la historia ha manifestado algo completamente distinto, porque aquello que en su momento fue el declive de la fe cristiana y el surgimiento de movimientos revolucionarios que prometían la emancipación universal, terminó convirtiéndose en aberraciones de la democracia, en totalitarismos y en crímenes sociales continuos. Un sinfín de ejemplos pueden destacarse especialmente en el siglo pasado y el presente, las guerras en una nación fracturada víctima de los procesos y las confrontaciones políticas, las misiones inquisitorias de algunos sectores por expandir sus dominios e ideologías, el éxodo constante de diversos pueblos que ya no tienen dominio sobre su territorio de origen, el asesinato de líderes sociales, etc. Como puede verse, tales situaciones demuestran el irrespeto y el maltrato por los valores y las condiciones fundamentales del pueblo colombiano.

La historia de Colombia, en términos de la lucha por los derechos humanos, permite descubrir que la nación constantemente experimenta cambios significativos económicos, de orden político y social; estos, a su vez, han causado numerosas situaciones de conflicto y ambientes de alta tensión, asuntos que se han solucionado acudiendo a las armas. Tal aseveración lleva a pensar en la importancia de la memoria histórica de los colombianos, pues existe un grave desconocimiento respecto a las acciones del Estado en el marco jurídico y político con que se ha reprimido al pueblo. De modo que resultará siempre cuestionable la manera en que se propician espacios para superar y garantizar los derechos sociales, económicos y culturales.