Primer punto: concentración de la tierra

Considerando que la propiedad sobre la tierra y la concentración de la tierra han sido identificadas como causas estructurales del conflicto armado en Colombia, el Acuerdo Final de Paz entre el gobierno colombiano y el grupo guerrillero FARC-EP fue enfático en la necesidad de buscar una solución a dichas problemáticas a través de una Reforma Rural Integral -RRI- que propenda por la democratización y el uso adecuado de la tierra, para lo que se creó el Fondo de Tierras para la RRI que dispuso de tres millones de hectáreas para adjudicación a no propietarios y siete millones de hectáreas para formalización masiva de la propiedad, las cuales provenían principalmente de tierras de extinción judicial de dominio, baldíos indebidamente ocupados y recuperados, tierras inexplotadas, tierras expropiadas por motivos de utilidad pública y tierras donadas (Alto Comisionado para la Paz, 2016); pero, ¿en qué va la promesa del Fondo de Tierras para la RRI?

De acuerdo con la información publicada por el Observatorio de Tierras Rurales de la Agencia Nacional de Tierras -ANT- (2020), entre el 2016 y el 2020 se han adjudicado un total de 45.422 predios baldíos, que equivalen a 1.111.628 hectáreas, de los cuales 44.929 han sido adjudicados a personas naturales, cuya distribución por año y familias beneficiadas se muestra en la figura 5. No obstante, estas adjudicaciones no escapan a la lógica de la concentración y muchos menos son acordes con lo que, según la ley, necesita una familia para vivir de manera digna. Vale reafirmar que de acuerdo con la definición contemplada por la ANT, la UAF es el área mínima de tierra que una familia campesina requiere explotar para alcanzar los ingresos necesarios para su sostenimiento, y es medida en hectáreas (Agencia Nacional de Tierras [ANT], 2018). Al revisar las adjudicaciones a personas naturales, enfocándonos en familias con un predio, existen familias que tienen 0,01 hectáreas (100 m2) y familias que tienen hasta 113,2 hectáreas (1.132.000 m2), es decir, 11.320 veces más tierra que la familia que menos tiene. De los 259 registros de la base de datos de adjudicación de predios baldíos a personas naturales (Fuente: Observatorio de Tierras Rurales a cargo de la Agencia Nacional de Tierras -ANT), 239 tienen menos hectáreas que la UAF mínima media, con 1.104 hectáreas en total, es decir, 4,6 hectáreas promedio por familia; solo tres predios cumplen con la condición de estar entre 37,9 y 42,1 hectáreas (promedio por predio de 40,6 ha). Diecisiete predios tienen más de la UAF máxima promedio permitida, sumando 1.079,9 hectáreas (63,6 ha promedio por propietario), y de esos 17 predios, uno tiene más de 100 hectáreas (113,2 ha). Siguiendo el análisis previo, el 7 % de los propietarios de predios tienen el 45 % de la tierra, versus el 92 % que comparten el 46% de la tierra adjudicada; solo el 1 % cumple con las condiciones de la UAF. Si bien la ANT (2018) indica que se pueden adjudicar predios rurales por debajo de la UAF mínima, esta es la excepción a la regla; lo que se observa es que la excepción se ha convertido en la norma de adjudicación.

Fuente: Observatorio de Tierras Rurales a cargo de la Agencia Nacional de Tierras -ANT-.

Figura 5 Distribución de la adjudicación de predios baldías entre 2016 y 2020.

De acuerdo con la información publicada por el Observatorio de Tierras Rurales de la ANT, el 2018 fue el año de mayor registro en predios adjudicados con un total de 19.049; desde la firma de los acuerdos de paz, en el año 2016, era notoria la curva de crecimiento, llegando a su pico más alto en el 2018, después decrece considerablemente hasta llegar en el 2020 a tan solo 1.989 predios adjudicados.

Conforme se observa en la figura 6, del total de adjudicaciones, el 20 % de los predios fueron adjudicados en el 2016; 19,1 %, en el 2017; 41,9 %, en el 2018; 14,6 %, en el 2019; y 4,4 %, en el 2020; coincidencialmente, este descenso en las adjudicaciones se corresponde con los periodos de cambio de gobierno presidencial, pasando del mandato promotor del Acuerdo de Paz (Juan Manual Santos Calderón, presidente 2010-2018) al mandato de un presidente cuyo partido fue férreo opositor a dichos acuerdos (Iván Duque Márquez, presidente 2018-2022).

Fuente: elaboración propia tomando como fuente de datos el Observatorio de Tierras Rurales a cargo de la Agencia Nacional de Tierras -ANT-.

Figura 6 Porcentaje de participación por año en la adjudicación de baldíos.

En el caso de Urabá, entre el 2017 y el 2020 se han adjudicado tan solo 259 predios a personas naturales, es decir, el 0,6 % del total a nivel nacional. De estos, el 66 % fueron adjudicados en el 2017 (171 predios); el 32 %, en el 2018 (83 predios); el 1,2 %, en el 2019 (3 predios); y solo el 0,8 %, en el 2020 (2 predios) (ver figura 7).

Fuente: elaboración propia tomando como fuente de datos el Observatorio de Tierras Rurales a cargo de la Agencia Nacional de Tierras -ANT-.

Figura 7 Total de predios y áreas adjudicadas en el Urabá antioqueño entre 2017 y 2020.

Turbo es el municipio con mayor cantidad de adjudicaciones: 116 predios adjudicados entre el 2017 y el 2020, con un total de 923 hectáreas; seguido por Necoclí, con 59 adjudicaciones y un total de 406,3 hectáreas (ver figura 8). Solo en estos dos municipios, cada predio adjudicado tiene en promedio entre 6,9 y 8 hectáreas. El predio con menor extensión es de 2,7 hectáreas; el de mayor, tiene 15,1 hectáreas (promedio).

Fuente: elaboración propia tomando como fuente de datos el Observatorio de Tierras Rurales a cargo de la Agencia Nacional de Tierras -ANT.

Figura 8 Total de adjudicaciones por municipio entre 2017 y 2020.

Bajo el escenario anteriormente descrito, se pone a consideración, por un lado, el cumplimiento de los principios de la RRI, particularmente la igualdad y la democratización en el acceso a la tenencia de la tierra que, a todas luces, sigue siendo profundamente desigual; por otro, ¿qué pasó con los predios derivados de extinción de dominio? En las bases de datos de consulta de la ANT y del Observatorio de Tierras Rurales no hay información que permita conocer el estado actual de los predios que han sido objeto de esta figura, así como solicitudes, procedimientos y tiempos de respuesta. La única claridad que se tiene al respecto, según la Procuraduría Delegada para la Restitución de Tierras, unidad adscrita a la Procuraduría General de la Nación, de acuerdo con una intervención que un funcionario de dicha entidad realizó en la Cámara de Representantes en la audiencia pública sobre “El derecho al acceso y formalización de la tierra en el Urabá antioqueño”, que se llevó a cabo el 27 de noviembre de 2020, es que hay insuficiencia en la oferta de predios que jurídicamente estén saneados y puedan ser postulados para compra en el caso de que se deban realizar compensaciones a segundos ocupantes en los procesos de restitución de tierras; además, que sigue existiendo un alto grado de informalidad en la tenencia de la tierra. Esta declaración es contraria a la promesa del Fondo de Tierras para la RRI que, se supone, dispondría de siete millones de hectáreas para la formalización masiva de propiedad y tres millones para adjudicación y titulaciones nuevas, de las que bien podrían salir las compensaciones.

En consecuencia con esta aseveración, la misma Procuraduría considera como obstáculo para la implementación de la política agraria, en cuanto a la articulación para la restitución entre la RRI y la ANT, que, jurídicamente, el Fondo de Tierras solo tiene disponibles 6.380 bienes rurales, con un área de 1.023.515,76 hectáreas, de los cuales el 69 % corresponden a bienes fiscales patrimoniales y el otro 31 % son predios de naturaleza baldía, con el agravante de que realmente no están “disponibles” porque en la mayoría de los casos se encuentran ocupados, lo que implica un trámite de formalización o regularización de la ocupación en lugar de la adjudicación de tierras para campesinos sin tierra. Ligado a ello, otra de las dificultades que exponía la Procuraduría es que los trámites jurídicos para la compra de predios para segundos ocupantes son engorrosos y lentos, y los avalúos presentados por el convenio con el Instituto Geográfico Agustín Codazzi no satisfacen el precio comercial de los predios/propiedades por lo que los vendedores desisten (Procuraduría General de la Nación, 2020).

Específicamente para el Urabá antioqueño, el Fondo de Tierras solo dispone de 592⁴ predios con 11.582 hectáreas en 8 municipios:

Fuente: Procuraduría General de la Nación (2020, p. 13).

Figura 9 Fondo de Tierras. Urabá antioqueño.

De acuerdo con las alertas que expone la Procuraduría, de los bienes y hectáreas indicados en la figura 9, el 78 % de los predios presentan ocupaciones previas (1.147) y solo el 42,3 % son adjudicables (622). Otra de las alertas está relacionada a lo que advertimos en párrafos anteriores: no se está adjudicando lo correspondiente con la UAF, pues existe una tendencia a formalizar microfundios: “formalizaciones realizadas en Apartadó, Carepa, Chigorodó y Necoclí suman 416 predios que representan 231 hectáreas. Promedio por predio formalizado: 5.000 metros cuadrados [0,5 hectáreas]” (Procuraduría General de la Nación, 2020, p. 14).

Este dilema de “hay tierra” pero “no hay tierra”, hace recordar la canción popular que dice: “Óyeme Diosito santo, tú de aritmética nada sabías, […] por qué a unos les diste tanto, en cambio a otros no nos diste nada” (Montoya, 1976, 0:22-0:42 ). Y es que al Fondo Nacional de Tierra las cuentas no le dan por ningún lado: ni por lo que se supone debe conseguir para cumplir con el punto uno del Acuerdo de Paz ni por lo que tiene disponible, pero que en realidad no tiene porque debe comprar los predios, como quien trata de tapar un hueco haciendo otro. En la misma audiencia pública del 27 de noviembre de 2020, la Unidad de Restitución de Tierras -URT- dio un balance acerca de las sentencias proferidas que están en etapa de cumplimiento e indicó que a la fecha en cuestión había 7.369 hectáreas con sentencia que beneficiaron a 1.422 personas, y que se han apoyado 211 proyectos productivos. Preocupa también que no coincidan las cifras de la Procuraduría y la URT; en lo que sí coinciden es en que se deben articular acciones que permitan tomar medidas de protección a los líderes sociales reclamantes de tierra.

Son justo estos últimos aspectos los que nos permiten presentar el segundo punto, que tiene como eje problematizador la acumulación de la tierra por parte de empresarios que adquirieron grandes predios justo en los años de más violencia en el Urabá antioqueño, en connivencia con los paramilitares; una práctica que hoy se ve reflejada en los conflictos en torno a la restitución de tierras. ¿Acaso se trata de empresas que se han dedicado a acaparar, por cualquier vía, las tierras que durante años el Estado no ha sido capaz de administrar de manera equitativa para garantizarle acceso y tenencia en igualdad de condiciones a los campesinos sin tierra?; ¿serán oportunistas, testaferros o empresas fachada/fantasma de los “desmovilizados” paramilitares, creadas específicamente para titular bienes que pudieron haber sido objeto de extinción de dominio?

Segundo punto: tierra, violencia política y criminalidad corporativa

Decíamos que esta amalgama entre tierra, violencia y política se manifiesta en casos como los del Urabá antioqueño, una región en la que durante los años de más convulsión social causada por la violencia, muchas empresas y personas naturales se hicieron acreedoras a grandes extensiones de tierra (Zuluaga y Insuasty, 2020), lo que coincide con el dicho del barón de Rothschild: “Cuando veas la sangre correr por las calles, es tiempo de comprar propiedades” (citado en Insuasty, 2020, junio 23, párrafo 29). Es el caso de la empresa Agrícola El Retiro que, de acuerdo con Montoya (2020c , mayo 16, párrafo 22 ) tiene dentro de sus antecedentes el haber sido empresa fundadora de Banadex, compañía que fue filial de Chiquita Brands (EUA) y que según declaraciones de exparamilitares en el proceso de Justicia y Paz financiaron el Bloque Bananero de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá y el Bloque Elmer Cárdenas, cuyos contactos eran Raúl Emilio Hasbún y Freddy Rendón Herrera. Según una investigación realizada por la Universidad Javeriana (2016), las empresas bananeras tuvieron algún tipo de relación con los grupos paramilitares desmovilizados, en tanto los financiaron, les permitieron utilizar bienes para propósitos específicos, les pagaron favores o les proporcionaron seguridad privada. En la base de datos de las empresas que han sido mencionadas en las sentencias de Justicia y Paz, se encuentra con respecto a Banadex lo siguiente:

Un componente adicional a este caso es que actualmente Agrícola El Retiro tiene predios en el área de influencia de Puerto Antioquia, mega proyecto que prevé la construcción de un puerto mercantil exportación/importación en el Golfo de Urabá el cual ya avanza, igual que puerto Pisisí en el municipio de Turbo (zona de Urabá), de los cuales, por motivos de obra pública, deben ser adquiridos un total de cuatro (Candas, San Jacinto, Villa Alicia 2 y Sonsoles Limitada) (Montoya, 2020b, abril 16, tabla párrafo final).

Por otro lado, en la misma investigación de la Universidad Javeriana (2016), el Fondo Ganadero de Córdoba aparece en la sentencia condenatoria de Salvatore Mancuso Gómez, en la que se indica que esta empresa apoyó la creación de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá: “por medio del ganadero Rodrigo García Caicedo, quien sirvió como intermediario para contactar a otros empresarios industriales (Hernán Echavarría), se acordaron formas de cooperación para expandir los grupos paramilitares hacia el departamento del Valle del Cauca” (Universidad Javeriana, 2020, sentencia contra Salvatore Mancuso, registro 29).

De hecho, el Fondo Ganadero de Córdoba no solo salió a relucir en las declaraciones del proceso de Justicia y Paz, sino también en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), a la cual se acogieron seis exintegrantes del fondo que reconocieron haber participado en procesos de desplazamiento forzoso en el Urabá, en asocio con las AUC para despojar tierras:

Aunado a lo anterior, un informe fiscal del año 2012 para la vigencia de 2010 indica que a esa fecha el Fondo Ganadero de Córdoba tenía 27 predios por legalizar desde hacía más de 10 años, y que además se adquirieron sin estudios que soportaran la conveniencia de obtenerlos. Textualmente se expone que:

Lo anterior es consecuente con la información de la actividad económica que el Fondo tiene reportada en el RUES⁵ y que está relacionada con actividades de servicio financiero y no con temas de producción ganadera; a todas luces, hoy día no es claro a qué se dedica dicho fondo: ¿reforestación?, ¿servicios financieros?, ¿ganadería?, ¿cuál es el propósito de la acumulación de tierra en territorios estratégicos como el Urabá?

Finalmente, es relevante considerar los antecedentes de quien figura como representante legal del Fondo Ganadero de Córdoba: César Laureano Negret Mosquera. Según la información que reposa en Congreso Visible (s. f.), Negret fue representante de la Cámara de Representantes por el Partido Liberal Colombiano en los periodos de 1998-2000, 2001-2002; además, fue director regional del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, secretario general y vicepresidente de recursos humanos del Banco Popular, subsecretario general de la Presidencia de la República de Colombia entre1993 y 1994, subjefe de gabinete y asesor especial del secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y vicepresidente administrativo de Coltefinanciera S. A. A partir del 2005 empezó a militar en el partido Cambio Radical y recientemente ha sido involucrado en dos escándalos: uno por tratar de “banda criminal” a los funcionarios de la Alcaldía del Guachené porque estos decidieron cobrarle a la empresa Productos Familia S. A., de la cual Negret es apoderado judicial, los impuestos que le adeuda a la administración municipal por cuenta de ReteICA:

El segundo, porque, al parecer, sus hijos estaban realizando continuamente fiestas en la residencia que tienen en la ciudad de Bogotá, sin respetar las normas del edificio donde se ubica el apartamento y sin tener en cuenta las restricciones y precauciones por motivo de la pandemia de covid-19. Los vecinos se quejaban, además, de que cuando intentaban tomar medidas al respecto eran intimidados con el perfil de su padre (Correa, 2020, noviembre 9 ); bien podría ser un caso más de “¿usted no sabe quién soy yo?, soy el hijo de César Laureano Negret Mosquera, exgobernador del Cauca, exsubsecretario general de la Presidencia de la República, exparlamentario y exsubjefe de gabinete general de la OEA”.

Otro detalle de la vida pública de Negret es que es el liquidador de Navelena S. A. S., consorcio conformado para ejecutar el proyecto que le daría navegabilidad al río Magdalena y que era constituido en un 87 % por la firma Odebrecht (famosa por sus escándalos de corrupción) y el resto por Valorcon, empresa colombiana (Montes, 2019, agosto 12; Portafolio, 2018, enero 18).

Capital social perverso

Si bien De León Beltrán (2014) utiliza los conceptos de capital social y racionalidad criminal para explicar el fenómeno de la parapolítica en Colombia, acá pretendemos utilizarlos para explicar cómo se configura la criminalidad corporativa, donde se alinean los intereses de grupos empresariales, grupos ilegales/criminales y sectores gubernamentales o políticos. Esta alineación, De León Beltrán la denomina como cooptación (aunque él se refiere solo a intereses de grupos empresariales criminales junto con los intereses del gobierno). Dicha cooptación se produce gracias a la gestión del denominado capital social perverso.

El capital social se define como una ventaja social que tiene un individuo por pertenecer a una determinada red, es decir, los beneficios que recibe a partir de esa vinculación social y que dependen, precisamente, de los propósitos del individuo. Cuando dichos propósitos están en comunión con el ordenamiento jurídico vigente, se denomina sencillamente capital social, sin embargo, cuando el propósito del individuo no es coherente ni con la ley ni con la moral, recibe el nombre de capital social perverso.

Como la base del capital social es precisamente estar “mejor conectado” para tener las mayores ventajas posibles, dada su orientación al logro de propósitos u obtención de recursos, muchas veces las empresas y grupos criminales requieren de apoyo institucional o político para obtener todos los beneficios posibles (rentabilidad, crecimiento económico, visibilidad, legitimidad social, reconocimiento en el entorno…), así que proceden a llenar lo que De León Beltrán llama huecos estructurales. Un hueco estructural es cuando dos redes no tienen contactos entre sí (De León Beltrán, 2014, p. 92); en la triada criminalidad-empresa-Estado, la red que conforman grupos ilegales con capacidad de ejercer violencia, la institucionalidad y los grupos empresariales deben estar siempre cubiertos por contactos que les sirvan de puente a los individuos de la red para lograr sus cometidos.

En el caso de Urabá, por ejemplo, vemos como el Fondo Ganadero de Córdoba requería de un contacto lo suficientemente hábil que le permitiera despojar tierras socarronamente, pasando desapercibido; un funcionario del Instituto Colombiano de la Reforma Agraria -Incora- era esa conexión que le permitía al Fondo Ganadero de Córdoba saber cuáles eran las tierras que se podían adquirir, según se narra en una de las sentencias de restitución de tierras (Juez Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Apartadó. 05045 31 21 001 2014 00063 00; Magistrado Juan Pablo Suárez Orozco; 3 de febrero de 2014); el tercer enlace en la triada está representado por Sor Teresa Gómez, miembro “oculto” de los paramilitares, que tenía contacto directo con los hermanos Castaño y quien a través de poderes vendidos por los campesinos que el Incora tenía reseñados como morosos por no poder cubrir las deudas sobre la titularidad de los predios, “revendía” o escrituraba a terceros, en este caso, al Fondo Ganadero (Infobae, 2020, diciembre 10).

La vinculación de una institución del Estado, como el Incora, permite hablar de cooptación del Estado en los términos propuestos por Garay y Salcedo-Albarán (2012) . Según estos autores, la cooptación es un proceso que inicia con la captura del Estado, definida como la colusión entre un agente regulador y una empresa o industria, en el caso estudiado esa confabulación se da entre el Fondo Ganadero de Córdoba S. A. y el Incora.

A la captura del Estado, le sobreviene un estadio avanzado en el que a los agentes sociales, sean reguladores o empresas, se les suma un grupo ilegal con capacidad de ejercer violencia (paramilitares). No obstante, hasta este punto no podríamos hablar de cooptación, pues para que este evento se dé los agentes reguladores deberían cumplir con la tarea de cambiar y/o manipular las reglas de juego (normas, leyes, jurisprudencia vigente) a favor de los demás individuos de la red (empresas y grupos criminales). Este proceso es el que, al fin de cuentas, permite hablar de reconfiguración cooptada del Estado (RCdE).

¿Reconfiguración cooptada del Estado (RCDE), racionalidad criminal o ambas?

Hablar de RCdE en el caso del Fondo Ganadero de Córdoba no es tan claro, pero sí lo es en el caso de Agrícola El Retiro, filial de Banacol. Para nadie es un secreto que las empresas bananeras del Urabá, sobre todo las más grandes y con participación en los mercados internacionales, tienen intereses sobre la construcción del proyecto Puerto Antioquia. De acuerdo con la información reseñada por Montoya (2020a, b, c), grupos como la Asociación de Bananeros de Colombia -Augura-, de la cual hace parte Banacol, financiaron la campaña del actual gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria Correa, quien en varias ocasiones se ha visto comprometido judicial y administrativamente, porque él y su familia tienen acciones en empresas bananeras (Unibán) que se verán beneficiadas con dichos puertos, tanto así que el Estado tuvo que nombrar a un gobernador ad hoc para administrar lo referente a estos proyectos, dado el impedimento que tiene el mandatario local.

De hecho, al revisar las cifras, Augura y dos empresas bananeras aportaron un total de 130 millones de pesos a la campaña:

Si tenemos en cuenta que Augura (a la que pertenece Banacol y por ende Agrícola El Retiro) aportó 60 millones a la campaña y ahora, para efectos de la construcción del puerto en mención, la gobernación tendría que comprarles a las bananeras los predios declarados como utilidad pública, que, como vimos en apartados anteriores, en el caso de Agrícola El Retiro se trata de 4 predios de 405,4 hectáreas avaluados en 3.545.624.155 pesos, la financiación le salió barata y con muy buenos réditos, un excelente capital social (perverso), en tanto lo que obtendrá es 59 veces mayor de lo que “invirtió”. En este caso, se configura una cooptación indirecta que, desde la perspectiva de De León Beltrán (2014) , se define como aquella que se da a través de la financiación de campañas de personas que aspiran ostentar cargos públicos altos, como el caso de Aníbal Gaviria Correa.