La legislación aduanera colombiana y los cambios introducidos desde el 2016 hasta el 2019

Antes de dar paso al desarrollo de los temas propuestos, se plantean algunas consideraciones previas que de alguna manera deberían ser motivo de análisis por la incidencia que tienen los organismos multilaterales, los acuerdos internacionales, los tratados de libre comercio, así como los sistemas de integración económica en las modificaciones a la legislación aduanera colombiana, que impactan directamente el sistema aduanero y se convierten en el sustento jurídico de dichos actos administrativos.

A partir de la década de 1990 iniciaron una serie de transformaciones globales que han incidido directamente en el modelo económico y de desarrollo del país; entre otros, el desmonte de los mecanismos de protección y barreras al comercio internacional.

Es así como en esta década convergieron dos fenómenos que incidieron categóricamente en la transformación del comercio exterior colombiano: el primero fue la promulgación de la Constitución política que obligó al Estado a promover políticas económicas que transformaran el comercio exterior, así como las relaciones comerciales con el resto del mundo; el segundo fue la creación de la Organización Mundial del Comercio -OMC- en el año de 1995, que migró del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio -gATT- a este organismo de carácter multilateral, cuyo propósito fundamental es regular las condiciones que rigen el comercio de bienes entre los países miembros.

Quizás, el de mayor impacto a considerar de forma tangencial en este trabajo es el fenómeno de la apertura económica, anterior, incluso, a la promulgación de la Constitución de 1991, el cual redujo las barreras al comercio, tanto arancelarias -con el desmonte de porcentajes ad valorem, debido a que un importante número de posiciones del universo arancelario estaban en niveles superiores al 50 %- como no arancelarias; esto es la eliminación gradual de requisitos, permisos, vistos buenos, autorizaciones. Este proceso también implicó el desmonte del régimen de prohibida importación y la transformación del régimen de previa -que pasó del 99 %-, al régimen de libre importación (con o sin requisitos), transformando el sistema en sentido inverso; es decir, pasando de una economía que implementaba como mecanismo de cierre las barreras no arancelarias de tipo documental, a un sistema económico abierto en el que solo el 2 % está sometido al régimen de previa, el cual exige la aprobación de la respectiva licencia, antes de que se lleve a cabo la introducción de los bienes al territorio aduanero nacional, cuyo incumplimiento es causal de decomiso de la mercancía, sin lugar a recursos ni legalización a través del rescate.

Producto de lo anterior, en Colombia surgen una serie de transformaciones en cuanto a la regulación aduanera, tendientes a controlar el ingreso ilegal de mercancías, con el propósito de disminuir las graves afectaciones económicas producidas por el contrabando y de facilitar el ingreso de bienes; adicionalmente, estas modificaciones permiten evidenciar cómo se adapta gradualmente la fundamentación de las normas locales con base en los protocolos, convenios, convenciones y acuerdos de carácter internacional, algunos vinculantes; otros, carecen de tal fuerza, pero que, en la mayoría de los casos, son de obligatorio cumplimiento, lo que le exige al gobierno traerlos al ordenamiento jurídico, como se evidencia en el Decreto 2685 de 1999, cuyo sustento legal está contenido en el segundo inciso de los considerandos, estableciendo que: “con el propósito de brindar transparencia, claridad y certeza a los usuarios del comercio exterior, las operaciones aduaneras deben armonizarse y simplificarse a través de una legislación que las recoja en su integridad y consulte las tendencias legislativas internacionales” (Ministerio de Hacienda y Crédito Público, 1999, p. 1).

Si bien es cierto que esta norma reguló durante algo más de 16 años los procesos de importación, exportación y de tránsito aduanero, tuvo una gran cantidad de decretos modificatorios durante ese período que, como bien lo manifiesta Juan José Lacoste (2019) , especialista en derecho aduanero, en el texto El tortuoso camino de la nueva regulación aduanera: “hicieron de la misma un instrumento jurídico desarticulado, incoherente y difícil de aplicar”, documento en el que además realizó un análisis certero acerca de “la crisis en la que había entrado el dicho decreto, incluso por los defectos de fondo de los que adolecía, desde el mismo origen de la norma”.

Debido a lo anterior, es importante tener en cuenta que, con el paso del tiempo, Colombia ha venido adquiriendo grandes compromisos ante organismos multilaterales que le imponen el cumplimiento de obligaciones de carácter legal, lo que se puede evidenciar en los primeros cuatro incisos de los considerandos en el Decreto 390 de 2016, en los que se hace referencia a: “la necesidad de armonizar la regulación aduanera con los convenios internacionales, dando una mayor trascendencia a las normas que emanan de la Comunidad Andina de Naciones --CAN-, así como, al Convenio de Kyoto Revisado de la Organización Mundial de Aduanas” (Ministerio de Hacienda y Crédito Público, 1999, p. 76)

Llama la atención que aun cuando para la época en la que se llevó a cabo el proceso de construcción legal de la citada norma y como está contenido en el inciso segundo de sus considerandos, Colombia no hacía parte de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo -OCDE-, se acogiera y diera cumplimiento a sus condicionamientos, según lo indicado por ese organismo multilateral: “al revisar la política comercial del país, recomendó que se promulgara e implementara una nueva regulación aduanera” (Ministerio de Hacienda y Crédito Público, 2016, p. 1).

En relación con el Decreto 390 de 2016, se considera necesario detenerse un poco más en él, por lo que significa el hecho de que Colombia introduzca normas o modificaciones a las mismas, como resultado de: “la revisión de la política comercial del país”. Revisión hecha por el organismo multilateral al que Colombia fue invitada a afiliarse en 2018, esto es dos años después de emitirse el Decreto 390, sustentado en las recomendaciones hechas por la OCDE, cuya admisión fue reconocida en el 2020, máxime si se tiene en cuenta que dentro de dicho proceso existen condicionamientos establecidos a través de los comités para el estudio de la obligatoriedad de introducir estos cambios a la legislación aduanera colombiana, a pesar de que el país no era miembro activo, había presentado su hoja de ruta desde el 2013 y estaba en estudio.

El contenido en cursivas dice claramente: “En sus dictámenes formales, los comités pueden hacer recomendaciones para el seguimiento de Colombia después de la adhesión […]” (OECD, 2013, pp. 3-4).

Así las cosas, los comités técnicos de la OCDE le hacen recomendaciones y seguimiento a un país después de haber sido admitido como miembro de dicho organismo; en ese orden de ideas, las revisiones hechas a la hoja de ruta como requisito previo a la admisión no eran de obligatoria aplicación y cumplimiento para el gobierno colombiano, toda vez que las recomendaciones son directrices que no tienen carácter vinculante, más tratándose de países que no hacen parte formal de un organismo multilateral; adicionalmente, el gobierno colombiano estaría obligado a realizar una verificación profunda en cuanto a las transformaciones, tanto de fondo como de forma, que afectan el ordenamiento legal interno y alteran los procesos contenidos en el decreto que reglamenta las operaciones del sistema aduanero, como en este caso concreto.

De lo anterior, surge un interrogante frente a la legalidad de una medida que genera cambios a la legislación aduanera colombiana, sustentada en unos compromisos que para la fecha adolecían, como ya se dijo, de carácter vinculante.

Entre otras, los cambios introducidos mediante el Decreto 390 de 2016 afectaron la estructura de la legislación aduanera, que pasó de estar constituida por los regímenes de importación, exportación y tránsito, a contener uno adicional: el régimen de depósito aduanero, que coincide con lo establecido en el Convenio de Kioto, revisado en el capítulo 1, anexo específico d, que determina el funcionamiento de los lugares habilitados para el almacenamiento de mercancías, en este caso específico, la norma estableció, además de las operaciones autorizadas, el término de permanencia de un año prorrogable por igual periodo.

Puede observarse que en una misma norma inciden las imposiciones que emanan de diferentes organismos multilaterales, lo que le impide al país diseñar y consolidar la estructura del sistema aduanero, acorde con las necesidades de crecimiento y estabilidad para ambos subsectores del sector externo de la economía.

Trascienden las afectaciones no solo por los procesos que fueron desmontados por el Decreto 390 de 2016 y la implementación de nuevos sistemas, sino por la dificultad para la interpretación de la norma y su correcta aplicación por parte de los usuarios operadores del sistema aduanero.

Bien vale preguntarse qué tan favorables son para Colombia las condiciones que adopta y adapta en su regulación aduanera, que tienen origen en organismos como la OCDE, cuyos miembros, 37 en total, en su gran mayoría, son países con altos estándares de calidad de vida, desarrollos tecnológicos, niveles de empleo y un ingreso per cápita como el de Alemania que para el 2019 era de 46.445.25 dólares; mientras que el de Colombia era de 6.428.68 dólares. Se toma como referencia dicho año en consideración a la afectación causada a todas las economías del planeta durante el 2020, por efectos de la declaratoria de la pandemia de covid-19 por parte de la Organización Mundial de Salud -OMS-. Así las cosas, es evidente que no solo Alemania, que por décadas ha sido considerada la potencia industrial de Europa, sino Australia, Austria, Bélgica, Canadá, Dinamarca, Estados Unidos, Japón, Noruega, entre otros, han aplicado grandes desarrollos tecnológicos que les han facilitado implementar las transformaciones a sus sistemas aduaneros, tanto en el ingreso como en la salida de mercancías de sus territorios, cambios que le han sido impuestos a Colombia no solo en un lapso de tiempo muy corto, sino que son emanados de diferentes fuentes y con múltiples características que no permiten la debida aplicación al sistema aduanero colombiano.

Contrario a los decretos posteriores al 2685 de 1999, este es el único que hace referencia, en su sustento legal, a que se “consulte las tendencias legislativas internacionales”, no a la obligatoriedad de acogerse a las que le sean exigidas por otros estados, órganos, organismos, sistemas de integración económica u otros, para modificar la legislación aduanera interna.

Iguales imposiciones se evidencian en el Decreto 349 de 2018, modificatorio del Decreto 390 de 2016, emanadas, en esta oportunidad, de la Organización Mundial de Aduanas, que le exige a la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN-, incorporar las modificaciones a los modelos de datos que permiten el intercambio de información, tanto en lo normativo como en lo que al modelo de sistematización de la información electrónico aduanero se refiere, con el fin de: “dar cumplimiento a los compromisos internacionales de armonización, facilitación y control al comercio exterior adquiridos por el Gobierno nacional” (Ministerio de Hacienda y Crédito Público, 2016, p. 2).

Como puede observarse, el gobierno nacional se acoge a condiciones que tienen origen no solo en el sistema de integración económica del que hace parte en la unión aduanera, conocida como la Comunidad Andina de Naciones -CAN-, sino también en organismos multilaterales como la Organización Mundial de Aduanas -OMA-, la Organización Mundial del Comercio -OMC-, la Organización Marítima Internacional -OMI-, la Organización Mundial del Trabajo -OIT-, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico -OCDE, así como el cumplimiento a lo acordado en los tratados de libre comercio suscritos por Colombia y que le imponen al gobierno nacional ajustes a la normatividad aduanera.

La legislación aduanera

Desde antes de su ingreso a la OCDE, el gobierno colombiano acogió las recomendaciones hechas por dicho organismo para que se implementara un nuevo modelo que compilara en un solo documento la normatividad tan amplia que, sobre un mismo tema, expiden los diferentes ministerios y entidades del Estado; debido a ello, en el 2014, mediante el CONPES 3816, que tiene por objeto “sentar las bases para generar las capacidades institucionales para la implementación de la metodología de análisis de impacto normativo en el proceso de emisión de la normatividad en la Rama Ejecutiva del orden nacional”, se reglamentó, tal como está contenido en la página web del Departamento Nacional de Planeación, la hoja de ruta para la implementación de la política de mejora regulatoria en Colombia.

En cumplimiento a lo establecido en el documento CONPES 3816, se seleccionaron algunas entidades reguladoras, entre las que se encuentra el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, eje y articulador de las políticas comerciales de Colombia con el exterior, para la realización de las respectivas pruebas piloto de análisis de impacto normativo, conocidas como pilotos AIN OCDE, que darían lugar a la creación de los decretos únicos reglamentarios -DUR-, que tienen por objeto que el ejecutivo pueda compilar en un solo contenido reglamentario todas las modificaciones o derogatorias introducidas a dichas normas, evitando así la expedición de un sinnúmero de decretos, cuyo análisis, conocimiento y aplicación se hacen prácticamente inaccesibles a quienes está dirigida la normatividad específica e, incluso, para quienes estudian los temas relacionados con fines académicos o de investigación.

Es así, como surge el DUR 1165 de 2019 que contiene el régimen de aduanas colombiano. Este decreto regula todas las operaciones aduaneras de mercancías, desde y hacia el TAN, así como los lugares habilitados para realizar dichas operaciones; establece las condiciones, tanto antes, durante como después que se deben cumplir en los procesos de importación, de exportación y de tránsito aduanero; determina las responsabilidades y obligaciones de todos los usuarios del sistema, de acuerdo con las actividades que realizan en función del objeto para el que se crearon y fueron bien sea autorizados o habilitados por la Unidad Administrativa Especial DIAN, entre ellos se encuentran las agencias de aduana, las agencias de carga internacional, los depósitos habilitados -sean estos públicos o privados-, los importadores -en relación con la presentación y pago de las obligaciones, tributos, sanciones, intereses y demás cargas a que haya lugar, aun cuando sus actuaciones las realicen a través de un tercero-, así como los exportadores -en todas las operaciones y trámites previos a la solicitud de autorización de embarque, durante el traslado a puerto o aeropuerto para la salida temporal o definitiva de sus mercancías del TAN; al igual que sucede con los importadores, deben realizar los trámites de obligatorio cumplimiento, posteriores al proceso de exportación, aun cuando los hayan realizado a través de terceros-.

En su estructura, el DUR 1165 de 2019 está conformado por tres regímenes, a saber:

Además de otros asuntos, este decreto contiene la regulación de las zonas francas, así como el régimen sancionatorio, pero estos temas no serán motivo de estudio en este trabajo.

Las modalidades hacen referencia a las diferentes formas que pueden ser utilizadas para el ingreso -vía importaciones-, la salida -vía exportaciones- o el tránsito de mercancías.

En cuanto a las modalidades de importación, están contenidas en él:

Las modalidades de exportación están contenidas en:

En relación con las importaciones, es necesario aclarar que, contrario a lo que se piensa en forma generalizada, las negociaciones realizadas con los proveedores en el exterior, el tránsito de las mercancías en el trayecto internacional, conocido como transporte principal, las demás operaciones relacionadas con la gestión de importaciones y la logística o la distribución física internacional no hacen parte del proceso de importación, en consideración a que este realmente inicia con los trámites previos a la llegada de las mercancías al TAN, realizados a través del sistema aduanero, y finaliza con el levante de las mercancías, autorización otorgada por la autoridad aduanera en el lugar habilitado en el que se encuentran, que puede darse en una de dos condiciones:

En cuanto a las exportaciones, el proceso de exportación inicia con la solicitud de autorización de embarque, que tiene vigencia de un mes para que se lleve a cabo la salida efectiva de las mercancías del TAN.

Cabe resaltar que el DUR 1165 de 2019 solo aplica para la importación y exportación de mercancías, en consideración a que los servicios, salvo la energía eléctrica, no son susceptibles de clasificación arancelaria y están sometidos a otros procesos y condiciones legales que no hacen parte de este trabajo.

El sistema aduanero en virtud de los cambios que generan inseguridad jurídica

Es usual que las normas tengan un nombre que, además del número y la fecha, sirve para identificarlas, incluso, cuando se les introducen cambios. La forma como se llama el código o la ley prevalece; es el caso del Código de Comercio; del Código Civil, del Código Penal, del Código de Procedimiento Penal, del Código General del Proceso. No es así con la legislación aduanera colombiana:

No solo surge la incertidumbre en cuanto a qué norma regula el sistema aduanero y por cuánto tiempo estará vigente, hasta su nombre genera conflicto en el uso del lenguaje cotidiano en el ámbito de aplicación.

La normatividad aduanera establece la forma cómo se tendrán que llevar a cabo los procesos de importación, exportación y tránsito, dependiendo de la modalidad a la que se someten las mercancías en cada uno de esos regímenes, permitiendo al usuario del sistema tener claro en qué momento debe proceder y a qué condiciones estará sometido al momento de presentar las mercancías, bien sea directamente o a través de la agencia de aduanas que haya contratado.

Cabe resaltar que, en la actual norma aduanera, es decir, el DUR 1165 de 2019, luego de los cambios introducidos mediante el Decreto 390 de 2016, los tres regímenes retomaron nuevamente la estructura y contenido del derogado Decreto 2685 de 1999 (no puede ser considerado para ningún efecto como DUR), y lo único que los diferencia es que, en este último, las modalidades estaban identificadas con literales; para una revisión del tema, remitirse a:

En relación con el tema de seguridad jurídica, es fundamental que, desde la creación misma de las normas, los criterios de aplicación sean claros para que no quede ningún margen posible a interpretaciones erróneas, que seguramente conducirán a los usuarios del sistema no solo a la imposición de multas, sanciones, aprehensiones y decomisos, sino, incluso, a la pérdida de la habilitación, en el caso de los lugares, o de la autorización, cuando se trata de personas, bien sean jurídicas o naturales.

Una de las razones por las que se dio trámite a la creación y promulgación del Decreto 390 de 2016 fue, precisamente, que el Decreto 2685 de 1999, desde que entró en vigencia, es decir, del 1 de julio del 2000 hasta junio del 2015, tuvo:

La anterior compilación, de acuerdo con la información contenida en la página del Ministerio de Transporte, previa a los considerandos del Decreto 2685.

Incertidumbre jurídica en la aplicación de la normatividad

Con la entrada en vigencia del Decreto 390 de 2016 se generaron graves inconvenientes, especialmente en lo que a la aplicación de la norma se refiere, en consideración a que, como se puede observar en el artículo 674, el Decreto 2685 de 1999 no fue derogado plenamente, sino de manera escalonada, estableciendo tres reglas diferentes para su entrada en vigencia:

Entre tanto, mediante el artículo 675 se establecieron cuatro disposiciones adicionales relacionadas con:

Empero, adicional a lo anterior, la DIAN, el 22 de marzo del mismo año, es decir, a la par con la entrada en vigencia del Decreto 390, emitió la circular 003 mediante la cual dio a conocer públicamente la modificación al artículo 674, entre otros asuntos, en consideración a que este contenía artículos que fueron reconocidos como vigentes sin estarlo.

Bien valdría la pena preguntarse si dentro de las funciones generales que le fueron conferidas a la entidad, contenidas en el artículo 3 del Decreto 4048 de 2008, derogado por el artículo 84 del Decreto 1742 de 2020, están las de modificar decretos, como en este caso, mediante una circular u otra norma de carácter superior, toda vez que el numeral 18 de dicho artículo establece: “compilar, actualizar y divulgar las normas sobre regímenes (DIAN, 2004, p. 20).

Hay que considerar que la inseguridad jurídica no está enmarcada solamente en el hecho de que la nueva normatividad se promulgara de forma escalonada, no definitiva ni en su totalidad, lo que ya era una evidentemente falla en cuanto a la conexidad que hay en el articulado, porque si bien es cierto el sistema se ha sido diseñado de manera ordenada y secuencial en cuanto a la forma se refiere, su aplicación en cada proceso no necesariamente se ajusta a dicho orden, de tal manera que el usuario del sistema, llámese importador, exportador, agencia de aduanas, tenía que aplicar dos decretos, el 390 y el 2685, para poder realizar las actividades aduaneras correspondientes, elevando así las posibilidades de cometer errores que, como ya se expuso en acápites anteriores, conducen a sanciones, aprehensiones o incluso al decomiso de la mercancía, lo que genera, como era de esperarse, la ralentización de los procesos. También es necesario considerar que dicha inseguridad jurídica se vería manifiesta en los cambios, tanto de forma como de fondo, introducidos a través de dicha norma.

El Decreto 390 de 2016 modificó incluso parte de los términos, tratando de ajustarlos a las regulaciones aduaneras de otros países, ya que era una exigencia para el cumplimiento de acuerdos y tratados internacionales; modificaciones que también responden a la misma estandarización de procesos y procedimientos al interior de la Comunidad Andina de Naciones -CAN-, de acuerdo con lo dispuesto en la Decisión 618 de 2005; como ya se explicó, estos ajustes son promovidos por las condiciones impuestas por organismos multilaterales como la OCDE.

Entre los cambios más destacados por su impacto en la forma cómo se expresa la norma y que se introdujeron mediante el Decreto 390 de 2016, se encuentran los términos que los usuarios aduaneros deben adaptar a sus actividades cotidianas, lo cual, en el caso del desaduanamiento, no se logró. Sin desconocer la importancia que revisten todos, se registran para una mejor comprensión del asunto:

Ahora, en relación con la estructura, los cambios que impuso el Decreto 390 de 2016 fueron de la siguiente magnitud:

En relación con los procesos aduaneros, es necesario tener en cuenta que todos se deben presentar a través de los servicios informáticos electrónicos que están bajo control de la DIAN, por tal razón, cuando se introduzca alguna modificación en la forma como está establecido el cálculo del valor en aduana de las mercancías para la respectiva liquidación y pago de las obligaciones aduaneras, esto redundará en los correspondientes cambios a la estructura del sistema electrónico que almacena la información de todas las operaciones de ingreso, salida y tránsito de mercancías.

Bien vale detenerse un poco para explicar un asunto de trascendental importancia: la liquidación de la importación de mercancías introducidas al TAN bajo la modalidad de importación temporal para reexportación en el mismo Estado, ya sean de corto o de largo plazo, o como las denominaría el Decreto 390 de 2016 en los regímenes suspensivos: admisión temporal para la reexportación en el mismo Estado.

En el Decreto 2685 de 1999 la liquidación de las importaciones temporales se dejaba indicada en dólares americanos; al momento del pago, semestre vencido, contado a partir de la fecha del levante, la cuota se convertía a pesos, multiplicando el valor por la tasa representativa del mercado -TRM- para efectos aduaneros.

En el Decreto 390 de 2016, la liquidación de las operaciones se hacía en pesos colombianos -COP- y se convertía a la unidad de valor tributario -UVT- vigente en dicho momento. El pago de la primera cuota se hacía dentro del término de permanencia de la mercancía en el lugar habilitado al solicitar el levante; para el pago de cada una de las cuotas subsiguientes, se convertía nuevamente el valor de las UVT a COP.

Esta forma de liquidación condujo a un cambio no solo en el proceso, sino también en el sistema, toda vez que, en este caso específicamente, el Formulario 500 Declaración de Importación no contiene espacios en los que se pueda dejar indicado el valor en UVT correspondiente a cada cuota.

El DUR 1165 de 2019 implementó nuevamente la liquidación de las obligaciones aduaneras de las importaciones temporales, como estaban establecidas en el Decreto 2685.

Otra de las modificaciones introducidas por el Decreto 390, de acuerdo con el artículo 669, fue la autorización para que el declarante, el importador o el exportador, en las operaciones de tránsito de mercancías, actuaran sin la intermediación de una agencia de aduanas, siempre que las operaciones fueran por un monto inferior a FOB de treinta mil dólares americanos (USD30.000) en cada embarque; para el primer año de entrada en vigencia de dicha norma, en adelante, podrían representarse en todas las operaciones sin restricción en el monto; pero qué beneficio le trajo esta decisión a los declarantes citados: prácticamente ninguna, porque quien quiera realizar las operaciones, la liquidación, el pago, la inspección previa y el retiro de mercancías del lugar habilitado tendrá que hacerlo personalmente o a través de un apoderado en cada puerto, aeropuerto o zona de frontera por donde ingrese o salga la mercancía, asumiendo las sanciones por errores u omisiones, de acuerdo con el respectivo régimen.

Conclusiones

La seguridad jurídica no se puede predicar de las normas que se expiden invocándola, cuando en realidad los actos administrativos y la misma regulación van en contravía de dicha seguridad; tampoco depende de la actuación del juez que, como bien se sabe, está sometido al imperio de la ley, que no hace referencia solo a los contenidos que surgen del legislativo, en cumplimiento de sus funciones constitucionales, sino a la normatividad de diferente rango, decretos, resoluciones y demás de los que puedan surgir controversias y llevar a los sujetos a la búsqueda de una sentencia, que ambas partes pretenden les sea favorable.

En este asunto de la normatividad aduanera es necesario tener en cuenta que la interpretación surge en el primer interesado en que su aplicación sea correcta, es decir, en cabeza del declarante, ya sea importador, exportador o un tercero en su nombre que bien puede ser la agencia de aduanas o un apoderado que conozca no solo la normatividad aduanera, sino que sepa cómo debe ser aplicada en cada caso específicamente. Así las cosas, luego, estará en cabeza de la autoridad aduanera representada por el funcionario de la DIAN, de quien se pretende la máxima imparcialidad y objetividad tanto en la interpretación de la norma como en su aplicación, cuando surjan dudas respecto a la clasificación, la introducción o salida de las mercancía hacia o desde el TAN, así como de la declaración, presentación, liquidación y pago de las obligaciones aduaneras, pues es muy complejo el hecho de que las mismas normas puedan inducir a errores cuando no hay claridad, como ha ocurrido con la promulgación de los decretos que rigen el sistema aduanero colombiano, en el periodo comprendido entre el 2016 y el 2019.