INTRODUCCIÓN

El conflicto armado interno en Colombia ha sido uno de los acontecimientos que más trascendencia política, económica, social y cultural ha vislumbrado nuestro país, puesto que ha dejado consecuencias que afectan e influyen de manera radical en infinidad de derechos violados y daños causados a las víctimas del mismo (Grupo Memoria Histórica, 2013).

En el presente artículo se realiza un especial énfasis en las violaciones a los derechos fundamentales de las mujeres víctimas del conflicto armado interno en Colombia y en la necesidad de la aplicación de las garantías de verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición a las que estas mujeres tienen derecho conforme a la aplicación de la Ley 1448 de 2011.

El estudio que se realiza se centra, en primer lugar, en una concepción del cuerpo de la mujer como símbolo dentro de la guerra y, en segundo lugar, como sujeto pasivo de tipos penales asociados todos ellos a violaciones de derechos humanos como tortura psicológica, tortura sexual, desplazamiento forzado y homicidio. Empero, la mujer vista como madre, esposa, hermana, hija o amiga lamentablemente también es concebida como un objeto dentro la guerra. De esta manera, se ha podido observar que el cuerpo de la mujer ha sido el foco de delitos sexuales que permiten la prolongación de un sistema patriarcal de dominación.

En nuestro país, bajo estos planteamientos, varios actores armados han utilizado el cuerpo de la mujer como representación de su poder. Esto se evidencia en las 2.683.633 mujeres que han sido víctimas del poder hasta la fecha según el Registro Único de Víctimas (2019). A pesar de la importancia y número de casos de violencia sexual, estos delitos suelen ser los más silenciados y difíciles de admitir (Fondo de Desarrollo de Naciones Unidas para la Mujer [Unifem], 2005).

De acuerdo con el informe del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) titulado La guerra inscrita en el cuerpo (2017), en muchos de los casos de delitos sexuales no se cumple con el derecho a la verdad de las víctimas. Esto se debe a que son muy pocos los procesos en los que algún actor armado admite haber accedido carnalmente, torturado o prostituido a una mujer. A diferencia de otros tipos penales, en donde los actores son más propensos a confesar sus delitos, la violencia sexual no permite que las víctimas conozcan la verdad (CNMH, 2017).

La falta de conocimiento e irrelevancia de la verdad es, en algunas ocasiones, el factor que genera más vericuetos en el proceso, no solo en la reparación de las víctimas sino también en la prevención de futuras vulneraciones de derechos humanos en especial de mujeres. Ya sea por su ubicación geográfica, por su etnia, por su procedencia o inclusive por el hecho de pertenecer a un grupo armado, las mujeres se consideran como una población propensa a sufrir este tipo de violencia e incluso se admite que la sufran (CNMH, 2017).

Con todo ello, el cuerpo de la mujer ha sido utilizado como un medio para impartir terror y poder por el hecho de ser aquel que da vida; que cuida y que guía a su familia, que amamanta; que lidera a las comunidades. Inclusive el cuerpo inocente de una niña era utilizado desde el siglo xii en las cruzadas para aterrorizar a las poblaciones y así obtener dominio. De esta manera, el cuerpo de la niña se convirtió en una estrategia de dominio del patriarcado (CNMH, 2017).

Este trabajo esta dividido en tres apartados. En el primero se plantea una contextualización de la victimización de la mujer de los últimos seis años. El segundo apartado se centra en los usos del cuerpo de la mujer como símbolo de la guerra, en este lugar se pretenden categorizar las violencias sexuales contra la mujer de acuerdo con el tipo de mujer que se utiliza como botín de la guerra y los derechos vulnerados. En el último apartado se presentan algunas discusiones y las conclusiones.

1. CARACTERIZACIÓN DEL CONFLICTO ARMADO EN COLOMBIA Y DE LA VICTIMIZACIÓN DE LA MUJER EN EL MISMO

El conflicto armado, y en general cualquier evento bélico, deja tras de sí consecuencias. Muchas de las cuales repercuten y ocasionan un daño directo a una persona o a un conjunto de estas, las cuales se denominan víctimas y tienen el derecho a ser reconocidas como víctimas y, además, deben de ser reparadas integralmente. En Colombia, de acuerdo con una investigación realizada por el Grupo de Memoria Histórica (GMH) (2013) entre el 1 de enero de 1958 y el 31 de diciembre de 2012, el conflicto interno ha causado la muerte de 220.000 personas. Si se toma como referencia ese número de personas equivale a la población de ciudades como Popayán o Sincelejo. Esto indica claramente que en nuestro país el conflicto armado ha dejado un gran número de víctimas, no solo directas sino de rebote. En muchos casos la violencia afecta a grupos de personas de especial protección; según el Registro Único de Víctimas (RUV) (2019) para el año 2018 se han registrado 8.708.664 víctimas de las cuales 2.365.997 son niños, niñas y adolescentes.

Es difícil establecer las dimensiones reales de la violencia en Colombia, pues la falta de voluntad política para reconocer y enfrentar el conflicto armado ha sido un gran inconveniente para que se pueda materializar la reparación integral de las víctimas y su debido reconocimiento. En varias ocasiones el desconocimiento de la magnitud de los daños ocasionados a las víctimas ha estado acompañada de vericuetos en la recolección y procesamiento de la información, proceso que –es importante mencionar– empezó tardíamente en Colombia.

Al iniciar la labor de recolección de información el país se enfrentóse a una serie de obstáculos no solo en el ámbito financiero, sino también en factores logísticos y metodológicos. Esto impidió que se efectuara una óptima recolección de datos, por ende, es posible que las cifras de víctimas que se han investigado hasta ahora sean solo un aproximado, y, en realidad, el número de víctimas sea mayor.

Empero, el GMH (2013), después de un árduo trabajo, recopiló una serie de estadísticas acerca del número aproximado de víctimas del conflicto armado en Colombia entre los años 1958 y 2012. Estos años son importantes para el conflicto interno, ya que se evidencia una victimización mayor en el conflicto armado. Por ende, con base en estos años, es menester realizar un estudio diferenciado de los diferentes tipos penales cometidos durante el conflicto armado, algunas consideraciones respecto de las víctimas relacionadas con el tipo de etnia a la que pertenecen, las regiones de origen y la edad de las mismas. Esto permite analizar las cifras y determinar cuál es el actor del conflicto armado que funge como sujeto activo; además, también permite analizar la edad, el género, el estrato social y el departamento en donde se cometió el delito.

En la tabla 1 se describen los delitos asociados a los tipos de mujeres que resultan afectadas dentro del conflicto armado interno. Además, se especifícan las edades de las mismas, los municipios de mayores violaciones en cada uno de los delitos y el grupo armado al que se atribuyen las violaciones.

Tabla 1. Asociaciones entre violencias de derechos humanos con edad, etnia, región y responsable

Hostigamiento y destrucción	Tortura física psicológica y sexual	Desplazamiento forzado	Violaciones al derecho a la vida
• Indígena, mestiza y afrodescendiente • Mujeres entre 30 y 59 años • Bogotá y Chocó • Mayor asociación a los paramilitares	• Indígena, mestiza y afrodescendiente • Mujeres entre 30 y 59 años • Bogotá, Chocó, Santander y Valle • Tortura física más asociada a agentes del Estado y paramilitares	• Familiar: mestizas • Colectivo: afro e indígenas • Mujeres entre 30 y 49 años • Bogotá, Bolívar y Risaralda • Mayor asociación a los paramilitares	• No hay diferencias étnicas o de región • Mujeres de 49 años en adelante • Antioquia, Chocó y Putumayo • Paramilitares, guerrilla y agentes del Estado

Fuente: Ruta Pacífica (2013).

El artículo 169 de la Ley 599 (2000) tipifica el secuestro como delito. Existen alrededor de 27.023 víctimas reportadas hasta el año 2010, de las cuales en el 90,6 % de los casos el sujeto activo fue un grupo guerrillero y en el 9,4 % de los casos fue un grupo paramilitar.

Para el GMH este tipo penal tiene una gran importancia para el análisis del conflicto interno, no solo por su gran número de víctimas, también por el tipo de conductas. En la conclusión que arrojó el estudio estadístico del GMH se señala no solo que entre 1996 y 2005, en Colombia, en promedio una persona era secuestrada cada ocho horas, sino además que el secuestro era una de las forma empleada por los grupos al margen de la ley para demostrar su fuerza o dominio sobre la población civil.

Con respecto a las masacres, entre los años 1980 y 2012, se presentaron cerca de 1.982 casos. Los autores, en 1.166 de los casos, fueron grupos paramilitares (un 58,9 %); en 343 de los casos, grupos guerrilleros (17,3 %); y en 158 de los casos, miembros de la fuerza pública (7,9 %). Además, 295 masacres fueron cometidas por grupos armados que no pudieron ser identificados y las últimas 20 fueron cometidas por diferentes autores o por grupos armados extranjeros.

Ahora bien, el desplazamiento forzado está descrito en el artículo 180 de la Ley 599, el cual prescribe que: “[e]l que, de manera arbitraria, mediante violencia u otros actos coactivos dirigidos contra un sector de la población, ocasione que uno o varios de sus miembros cambie el lugar de su residencia, incurrirá en prisión de 96 a 216 meses” (2000), siendo de este tipo penal sujetos pasivos alrededor de 5,5 millones de víctimas para el año 2012 (Ruta Pacífica de las Mujeres, 2013).

En Colombia, se calcula que hay alrededor de 100.000 minas antipersonales, las cuales ocasionan lesiones personales e inclusive la muerte de civiles. Entre 1988 y 2012, la cifra de víctimas ascendió a 10.189, de las cuales 2.119 murieron y las 8.070 restantes sufrieron lesiones. No obstante, para el año 2019, la cifra aumentó a 11.781, es menester manifestar que el 61 % de las víctimas han sido miembros de la fuerza pública y el 39 % corresponde a población civil (Ruta Pacífica de las Mujeres, 2013).

Por otra parte, para el reclutamiento forzado, el sujeto pasivo se caracteriza por ser un menor de edad. Según el GMH, entre el año 1.960 y 2016, fueron reclutados 16.879 menores. Este estudio encontró que en cerca del 54 % de los casos de victimización el sujeto activo fueron las FARC; el 27 % corresponde a grupos paramilitares y el 10 % al Ejército de Liberación Nacional (ELN) (Ruta Pacífica de las Mujeres, 2013).

En cuanto a los asesinatos selectivos, entendidos como aquella modalidad de violencia empleada por los actores armados que más muertos ha acarreado el desarrollo de conflicto armado y los cuales se pueden corroborar en las siguientes cifras del GMH.

Entre 1.981 y 2.012 se presentaron 16.346 casos. De este total, 8903 homicidios fueron cometidos por grupos paramilitares; 3899 fueron cometidos por las guerrillas. Entre los asesinados se encuentran 1.227 líderes comunitarios, 1.495 militantes políticos, 1.287 funcionarios públicos, 685 sindicalistas y 74 defensores de derechos humanos (GMH, 2013, p. 36).

Ahora bien, en cuanto a las cifras de mujeres víctimas del conflicto armado el RUV de 2013, determinó que entre 1985 y marzo de 2013, 2.683.355 mujeres han sufrido algún daño en razón y con ocasión del conflicto interno. De esa cifra, 489.687 han sido víctimas de violencia sexual; 2.601 de desaparición forzada; 12.624 han sido asesinadas; 592 han sido víctimas de minas antipersonal; 1.697 de reclutamiento ilícito y 5.873 de secuestro (Ruta Pacífica de las Mujeres, 2013, p. 305). No obstante, diferentes organizaciones de mujeres víctimas del conflicto armado, tales como la Ruta Pacífica de las Mujeres, afirman que la cifra es aún mayor y que en el marco del conflicto la violencia de género debe entenderse más allá de las cifras.

En el libro de la organización, titulado La verdad de las mujeres víctimas del conflicto armado en Colombia. Tomo II, se hace un análisis completo de la verdad y la memoria de las víctimas y, además, se recoge una serie de entrevistas de diferentes mujeres víctimas del conflicto armado. Estas entrevistas fueron examinadas y de ellas se obtuvo la siguiente conclusión: “casi la mitad de las mujeres expresó que la violencia tuvo consecuencias sobre su rol o participación en la vida privada y en la pública, además, tuvo incidencia en su entidad como mujeres” (Ruta Pacífica de las Mujeres, 2013, p. 84).

Tres de cada cuatro mujeres entrevistadas por la Ruta Pacífica fueron víctimas del desplazamiento forzado, de las cuales un 8,7 % corresponde a mujeres que pertenecen a alguna etnia. El tipo penal de desplazamiento forzado consagrado en el artículo 180 de la Ley 599 (2000) presenta tres modalidades. De acuerdo con el estudio, la mayor cantidad de casos corresponden a desplazamientos familiares, es decir, un 61,7 %, los desplazamientos colectivos ocupan un 8,7 % y los individuales un 5,8 % (Ruta Pacífica de las Mujeres, 2013, p. 62).

Los desplazamientos familiares se asocian con el lugar de residencia de las mujeres y con el desplazamiento del núcleo familiar. Los departamentos en donde se presentó el mayor número de desplazados fueron Bolívar, Cundinamarca, Risaralda y Santander.

Ahora bien, el desplazamiento colectivo recae sobre una etnia en específico. Es importante identificar a las personas que pertenecen a estos grupos, porque son un foco vulnerable en el marco del conflicto armado que, de manera lamentable, ha sido víctima del desplazamiento forzado en razón no solo de su pertenencia étnica sino de móviles inherentes a la ubicación geográfica y territorio que han ocupado. Estos lugares se consideran espacios que hacen parte de las costumbres y tradiciones de las diferentes etnias y por ende son intrínsecos a sus modos de vida.

En cuanto a la tortura en todas sus modalidades (psicológica, física y sexual), ocho de cada diez mujeres entrevistadas, es decir, un 82,6 % afirmó haber sido víctima de este tipo penal; un 54,4 % señaló haber sufrido diferentes formas de tortura y de maltrato psicológico, como recibir amenazas de muerte o ser obligadas a presenciar actos de tortura contra otras personas; el 15 % reportó haber sufrido torturas físicas; y un 13,2 % sufrió violencia sexual. Un 15 % de este tipo de violencia está asociada a factores como la edad y la región de procedencia de la mujer, y la tortura sexual se presenta en mujeres entre 30 y 49 años en departamentos como Antioquia, Bolívar, Chocó y Santander.

La tortura psicológica está asociada a factores como la etnia, predomina en mujeres mestizas, afrodescendientes e indígenas, y los departamentos de residencia, principalmente son Chocó, Santander y Valle del Cauca, así como la ciudad de Bogotá.

La tortura sexual al igual que la psicológica se asocia a dos factores: étnico y regional. Este tipo de tortura predomina en los testimonios de mujeres afrodescendientes y mestizas, y en departamentos como Antioquia, Chocó y Valle del Cauca, así como la ciudad de Bogotá.

Los actos que atentan contra el derecho a la vida y a la integridad personal, es decir, que abarcan el homicidio, las lesiones personales y las desapariciones forzadas predominan en tres de cada cuatro testimonios. El estudio de la Ruta Pacífica concluye que el sujeto pasivo de estos tipos penales se asocia con etnia, región y edad. De esta manera, es más frecuente que los sujetos pasivos sean mujeres indígenas y afrodescendientes de los departamentos de Antioquia, Chocó y Putumayo que se encuentren dentro del rango de edad de 50 a 60 años.

En resumen, del total de mujeres entrevistadas por la Ruta Pacífica, el 64 % sufrió hostigamiento y destrucción de sus bienes (mediante requisas, allanamientos, amenazas, etc.); un 59,3 % fue víctima de tortura física, psicológica y sexual; a un 10 % se le vulneró su derecho fundamental a la libertad por medio de detenciones arbitrarias, reclutamiento forzado y confinamiento; mientras que un 73,77 % de las mujeres fueron desplazadas de manera forzada y a un 72,6 % se les violentó el derecho a la vida, ya sea en ejecuciones extrajudiciales o en desapariciones forzadas.

Es menester advertir y traer a colación una de las conclusiones del ya citado texto de la Ruta Pacífica de las Mujeres (2013), que afirma que existen asociaciones estadísticamente significativas entre las violaciones de derechos humanos y la edad de las mujeres víctimas, al respecto es importante destacar que el documento en el que se menciona la edad es del año 2013. La mayoría de las mujeres desplazadas tienen entre 30 y 49 años; respecto a las mujeres hostigadas y torturadas su edad oscila entre los 30 y 49 años; y en cuanto a los atentados contra la vida, las edades están entre los 49 y 60 años. Con relación a la ubicación, en Bogotá se concentra un gran número de mujeres desplazadas de diferentes lugares del país; en Antioquia, Chocó y Putumayo se encuentra la mayoría de casos de violaciones al derecho a la vida; y las mujeres autoidentificadas como indígenas, mestizas o afrodescendientes predominan como víctimas de hostigamiento, destrucción y tortura. No obstante, las mujeres mestizas son con mayor frecuencia las víctimas del desplazamiento forzado.

Las mujeres han sido foco de vulneración de sus derechos fundamentales. El deterioro que trae consigo el conflicto armado y la implementación de estrategias indiscriminadas por parte de los grupos al margen de la ley han propiciado que se utilice a la mujer y su cuerpo como una forma de obtener poder y dominio sobre la población civil. De esta manera, atacan y destruyen el tejido social, y lo usan como instrumento de control del territorio. Esto marca la vida de las mujeres y sus familias e inclusive la de las comunidades.

Las cifras permiten llegar a la conclusión que las víctimas son en su mayoría mujeres. Estas son el sujeto pasivo de tipos penales, asociados a violaciones de derechos humanos como: hostigamientos; destrucción de bienes; tortura física, psicológica y sexual; desplazamiento forzado; y violaciones al derecho a la vida. Más que una cifra o una estadística, es una mujer, madre, esposa, hermana, hija o amiga que en infinidad de ocasiones vislumbra en su cuerpo y memoria las consecuencias de la guerra. Por ejemplo, la revictimización en el caso de mujeres que pertenecen a grupos étnicos, quienes por su ubicación geográfica han sido víctimas de delitos como el desplazamiento forzado y, por ende, tiene que trasladarse a una zona urbana en donde por su condición de desplazadas y de pertenecer a una etnia son sometidas a torturas y a actos de violencia sexual.

La violencia sexual está íntimamente vinculada con el cuerpo de la mujer, y de acuerdo con el tomo I de la Ruta Pacífica de las Mujeres (2013), es ejercida por hombres conocidos o desconocidos y se puede presentar en escenarios públicos o inclusive domésticos. La violencia sexual es también la mayor materialización de abuso y autoridad que ejercen los hombres en el marco del conflicto armado, y es que precisamente la violencia sexual es definida en el texto como: “la apropiación violenta y directa de los cuerpos y de la sexualidad de una niña, adolescente o mujer” (Ruta Pacífica de las Mujeres, 2013, p. 56).

Los actos de violencia sexual están directamente relacionados con el pensamiento patriarcal que se vive en el interior de muchos hogares en Colombia, en donde es común que este tipo de violencia suela transmitirse por generaciones. En otras palabras, los hombres de una familia son abusadores en la mayoría de los casos porque ya han tenido algún caso en su familia de maltrato. En palabras de Kate Millet (1995), el patriarcado se define como una institución en virtud de la cual una mitad de la población conformada por mujeres se encuentra sometida o bajo el control de la otra mitad, es decir, de los hombres. Esto se basa según Millet (1995) en dos principios fundamentales: el primero, en el cual el macho ha de dominar a la hembra; y el segundo, en el cual el hombre de mayor edad domina al más joven. El patriarcado entonces no se reduce a lo puramente económico, pero tampoco a los aspectos culturales o simbólicos.

En los escenarios y regiones en donde más ha penetrado el conflicto armado este tipo de violencia es aún mayor. Esto indica que un ambiente bélico repercute negativamente en los entornos domésticos de la mujer.

Un 15 % de las víctimas del conflicto entrevistadas afirmaron que en algún período de su vida sufrieron violencia sexual, y en lugares como Barrancabermeja (Santander) los actores armados agudizan la vulneración de la libertad sexual de las mujeres.

2. EL USO DEL CUERPO DE LA MUJER Y SUS REPRESENTACIONES EN EL CONFLICTO ARMADO

El cuerpo de la mujer ha sido utilizado en el conflicto armado interno en Colombia como botín de la guerra y bajo una cruel representación que esconde e invisibiliza el dolor de 2.683.335 mujeres que han sido víctimas según el RUV de 2013. Esto ocurre en una guerra en donde los hombres abusan constantemente de la población civil, en especial de las mujeres, niños, niñas y adolescentes.

En el análisis realizado en el apartado anterior, se evidenció que la mujer ha sido víctima de diversos tipos penales como el desplazamiento forzado, el homicidio, el secuestro, entre otros. Todos estos delitos son cometidos por actores armados en el marco del conflicto armado interno.

Si bien es cierto que la mujer, por ostentar la calidad de víctima, tiene de manera inherente un derecho a la reparación integral, a la verdad y a la justicia, en algunos delitos como aquellos asociados a la violencia sexual estos derechos no son obtenidos. Esto se debe a que la violencia contra la mujer ha sido silenciada. En muchos de los casos reportados por el Centro Nacional de Memoria Histórica en el informe La guerra inscrita en el cuerpo (2017) no se cumple con el derecho a la verdad. Esto en razón de que son muy pocos los procesos en los que algún actor armado admita haber accedido carnalmente, torturado o prostituido a una mujer. La situación es distinta cuando tienen lugar actos como el despojo, el desplazamiento forzado, entre otros, en los cuales confiesan. Esto, indudablemente, impide que las víctimas conozcan la verdad.

Los cuerpos de 489.687 mujeres quienes según el RUV de 2013 han sido sujeto pasivo de violencia sexual, se han convertido para los grupos al margen de la ley y, en algunos casos, para los miembros de la fuerza pública en estrategia e instrumento para ejercer dominio y control sobre la población civil. De esta manera, reducen a una persona a ser únicamente un objeto de guerra.

De acuerdo con el estudio realizado por Javier Juárez (2014) sobre las mujeres como objeto sexual de la guerra en México y Colombia, las mujeres son el botín de la guerra, sobre todo en aquellos lugares en los que no existe presencia institucional. En este sentido, es evidente la utilización del cuerpo de la mujer en la guerra. Además del silencio de las autoridades ante los abusos cometidos y la ausencia de responsabilidad que impiden tanto la verdad, como la justicia, la reparación y la garantía de no repetición a las mismas.

En la misma línea argumentativa, la investigadora Paula Guisao (2011) afirma que la violencia sexual es una constante dentro del conflicto armado en Colombia que, además, ha sido usada por todas las partes dentro del mismo: los paramilitares, el Ejército, la Policía Nacional y los grupos guerrilleros.

En este artículo se pretende analizar la figura del cuerpo femenino en el marco de la guerra. Este hecho se analiza a través de sus representaciones en la sexualidad y las implicaciones que tiene en cuanto a las vulneraciones a la libertad sexual de las niñas, adolescentes y mujeres bajo la lupa de varios derechos fundamentales como la vida y la dignidad humana.

2.1. El cuerpo de la mujer como vida

La violencia sexual se define como:

Todo acto sexual, la tentativa de consumar un acto sexual, los comentarios o insinuaciones sexuales no deseados, o las acciones para comercializar o utilizar de cualquier otro modo la sexualidad de una persona mediante coacción por otra persona, independientemente de la relación de esta con la víctima, en cualquier ámbito, incluidos el hogar y el lugar de trabajo (Contreras et al. 2010, p. 7).

En el momento en que un hombre constriñe a una mujer mediante actos de violencia sexual ejerce cierto dominio y poder sobre ella, por lo que esto ha sido usado de manera diferencial en términos espaciales y temporales. En este sentido, se ha convertido en una modalidad de violencia que se encuentra muy adherida e incrustada en las lógicas del conflicto armado.

La idiosincrasia de algunas mujeres –en especial de las pertenecientes a la etnia wayú– con referencia a su cuerpo está íntimamente relacionada con la figura matriarcal. Sin embargo, no es vista desde la perspectiva de autoridad, sino desde aquella en donde la mujer como madre representa la mayoría de las acciones encaminadas a la construcción de sus hogares y de su comunidad. De esta manera, las mujeres se identifican como sagradas por el hecho de dar vida y es por esto que se menciona que el cuerpo de la mujer está íntimamente relacionado con este derecho fundamental.

Esta es una de las razones por las cuales los grupos armados utilizan el cuerpo de las mujeres, en razón de la posición social asociada a la vida que asumen en sus comunidades generalmente étnicas. Allí la mayoría de las mujeres son lideresas y representan un cimiento muy significativo en la construcción del tejido social, en especial de comunidades indígenas y afrodescendientes.

La violencia sexual evidenciada en el cuerpo de la mujer por motivos de su condición de generar vida se puede vislumbrar en un testimonio dado por una víctima a la organización Ruta Pacífica. La mujer narra que en Barrancabermeja (Santander), varios soldados la retuvieron en contra de su voluntad en un plantón durante veinticuatro horas; ella en ese momento tenía ocho meses de embarazo y fue accedida carnalmente por catorce soldados. No existe motivo alguno por el cual se pueda pensar en realizar ese tipo de ultrajes a una mujer en estado de gestación, sin embargo, para los actores armados una madre representa vida, el crecimiento de una familia, de una comunidad, personas que ocupaban un territorio que por sus condiciones geográficas es de interés de los actores armados, por ende, deben desocuparlos o permitirles el acceso al territorio.

De acuerdo con el Centro Nacional de Memoria Histórica (2017) se identificaron cuarenta y cuatro casos de violencia sexual hacia las mujeres ejercida a manos de actores armados en escenarios de disputa territorial ocurridos en su mayoría durante los años 2000 y 2006. Durante este período los diferentes grupos armados generaron estrategias de expansión territorial que dieron lugar a corredores geográficos indispensables para el cumplimiento de las dinámicas militares y económicas, entre las cuales se encontraba la necesidad para los sujetos activos del conflicto de generar miedo y terror sobre las comunidades. De esta manera, desarrollaron acciones en contra de la libertad sexual de las mujeres con el objetivo de obtener el control territorial. Este hecho sucedió, sobre todo, en el caso de aquellas mujeres que eran madres, pues eran consideradas como figuras importantes para la cohesión social y familiar.

El cuerpo de la mujer, entendido como vida y como un ser, en algunas ocasiones sagrado para comunidades como las indígenas, ha sido en su mayoría vulnerado por grupos paramilitares con la intención de castigar, aleccionar y aniquilar al “enemigo” en este caso los grupos guerrilleros, los cuales tienen sus asentamientos en territorios cercanos a muchas cabeceras.

De una forma errónea y cegada por ideales machistas y paternales las mujeres han sido castigadas por considerarlas como enemigas en razón de los imaginarios creacionales de estigmas ocasionados por una mera cercanía geográfica con asentamientos guerrilleros. En este sentido, son señaladas como las compañeras sentimentales de miembros de las FARC, madres, hermanas, aliadas y muchas veces hasta son tildadas de guerrilleras. Así, por medio de actos de violencia sexual, justificados bajo el vínculo real o no con el enemigo, humillan y denigran el cuerpo de la mujer para el despojo en los procesos de incursión inicial a territorios. Esto también implica la comisión de otros tipos penales como el desplazamiento forzado, las masacres y la desaparición forzada.

2.2. El cuerpo de la mujer y la dignidad humana

La dignidad humana ha sido definida por la Corte Constitucional en la sentencia T-881 (2002), bajo tres postulados. El primero se entiende como la autonomía o posibilidad de diseñar un plan vital y de determinarse según su voluntad; el segundo se refiere a la dignidad humana definida como las condiciones materiales concretas de existencia, es decir, un buen vivir; por último, se entiende como la intangibilidad de los bienes no patrimoniales, la integridad física e integridad moral. No obstante, la dignidad humana es considerada como uno de los conceptos jurídicos y filosóficos que presenta mayores vericuetos para su definición, empero, la conclusión más acertada es que es inherente a la condición de ser humano.

Por su parte, el cuerpo está directamente relacionado con factores políticos y de poder que operan sobre él como una presa inmediata; lo cercan, lo marcan, lo doman, lo someten a suplicio, lo fuerzan a unos trabajos, lo obligan a unas ceremonias y exigen de él unos signos. El cuerpo en una buena parte está imbuido de relaciones de poder y de dominación. Si continuamos con la idea planteada por Foucault (2002) y estudiamos la figura de la mujer a través de la historia, concluimos que en la mayoría de los episodios bélicos la violencia se expande al cuerpo de la mujer bajo el ideal patriarcal, el cual se basa en dos conceptos fundamentales. El primero es el control sobre el cuerpo de la mujer como acto de dominio y poder, mientras que el segundo es el desprecio por el cuerpo mancillado, el cual es consecuencia de la destrucción del tejido social.

El cuerpo, la guerra y la violencia sexual han estado directamente relacionados. Por ejemplo, en el siglo xii cuando los cruzados accedían carnalmente a las mujeres en nombre de la religión, utilizaban el cuerpo de la mujer como un objeto para demostrar el poder que tenía la iglesia sobre la sociedad en general. Así mismo sucedió en el siglo xviii cuando los soldados ingleses, de manera continuada, violaban a las mujeres oriundas de Escocia. Todo esto permite advertir que en los conflictos sobre el poder del territorio es constante el uso del cuerpo de la mujer como símbolo de poder y dominio. Esta herramienta se usa de manera sistemática, como sucedió con muchas mujeres mestizas, indígenas y afrodescendientes en la Conquista de América.

La sexualidad es una característica que comparten todos los seres humanos, es decir, tal y como la dignidad humana es inherente a cada individuo por considerarse persona, por lo tanto, las manifestaciones de violencia sexual contra la mujer las despojan de su intimidad en términos de dignidad.

El sujeto activo de esta conducta crea la consciencia de ilicitud pues predetermina el acto, lo que adecúa un nexo de causalidad innegable con la intención de ocasionar un daño directo a la mujer. Esta intencionalidad depende de muchos factores, pero en esencia representa un pensamiento misógino. De a cuerdo con Elizabeth Wood (2012), la violencia sexual en contra de la mujer se puede clasificar en oportunista y estratégica, la primera corresponde a la que es realizada por motivos privados y no por objetivos grupales, mientras que la segunda sigue un patrón de violencia que puede denominarse como sistemático para cumplir con un objetivo ya sea político, militar o económico.

La Masacre de El Salado es un claro ejemplo de la intencionalidad para utilizar el cuerpo de la mujer como una herramienta de control sobre la población bajo actos de violencia sexual que vulneran la dignidad humana. El Salado es un municipio del departamento de Bolívar, ubicado en los Montes de María; esta zona estaba en disputa por parte de los actores armados, por lo que esa comunidad y en especial las mujeres fueron señalados de pertenecer al grupo guerrillero de las FARC. A causa de este hecho, entre el 16 y el 21 de febrero del año 2000, alrededor de 450 paramilitares del Bloque Norte al mando de Salvatore Mancuso y Roberto Tovar Pupo asesinaron a cincuenta y nueve personas. De esta manera, perpetuaron una cruel masacre sobre una población civil que no tenía vínculos con ningún grupo guerrillero. De acuerdo con el informe producido por la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, muchas mujeres de El Salado fueron obligadas a cocinar para los paramilitares durante su estancia. Adicionalmente, se documentan dos casos de violencia sexual acompañada por tratos indignos, inhumanos, crueles y denigrantes. Uno de los sobrevivientes narra lo siguiente:

A esa muchacha la acostaron boca abajo, entonces vino ese tipo y se le montó en la espalda, se le sentó en la espalda y la cogió por la cabeza y la jaló duro para atrás, la jaló duro, la estranguló y la desnucó, después de haberla desnucado, buscó unos palitos pequeños, le alzó la pollera, se la quitó y le metió unos palitos por el pan, a esa la encontraron así. (Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, 2009, p. 56)

En este caso, estas prácticas están marcadas por la crueldad y sevicia que sus actores interpusieron. Además, fueron perpetuadas frente a toda la comunidad. En este caso es notoria la intención de desacralizar el cuerpo de una mujer mediante su sexualidad, incluso después de ser asesinada.

2.3. El cuerpo de la mujer guerrillera y los actos de violencia sexual sobre este

Ahora bien, es indispensable incluir en este análisis a aquellas mujeres pertenecientes a las FARC que han sido víctimas de actos de violencia sexual. En algunos casos, esta es una muestra de revictimización hacia mujeres que han sido reclutadas de manera ilegal y en contra de su voluntad. Esto se debe a que cuando son encontradas por otros actores armados, como los grupos paramilitares, son foco de violencia y vulnerabilidad. De acuerdo con el Centro Nacional de Memoria Histórica (2017), un hombre desmovilizado de las Autodefensas Campesinas del Casanare hace referencia a una mujer de las FARC y afirma lo siguiente:

La china se dejó coger viva, fuimos a hacer un operativo y la china se dejó coger viva. Pobrecita. Yo digo que sí es guerrillera y todo, pero no tenían derecho de violarla tantos manes, pasaron como unos veinticinco manes por encima de ella y la mataron a cuchillo, pues lo enterraron en un dado de cuarenta por cuarenta (CNMH, 2017, p. 88).

En escenarios de confrontación bélica, las mujeres combatientes se encuentran en un riesgo mayor de ser agredidas sexualmente, en especial las mujeres pertenecientes a las FARC. Esto se debe a que hay un mayor número de mujeres en sus filas que en el Ejército y en los grupos paramilitares. El encuentro con el “enemigo” no solo implica violencia sexual sino también otros tratos indignos como la tortura, ser rehenes e inclusive la muerte.

Las mujeres guerrilleras que son capturadas en medio del combate se convierten para el bando enemigo en un botín de guerra y en un símbolo que se asemeja a la victoria, bajo el postulado machista de ver el cuerpo femenino como un objeto que genera miedo y terror a las demás mujeres. Este es el caso de Magaly, una excombatiente de las FARC que relató cómo su prima, quien también pertenecía al grupo guerrillero, fue víctima de violencia sexual por parte de soldados del Ejército Nacional en medio de un combate:

A los diez minutos […] suenan los primeros tiros y uno trata de saber qué es lo que pasa. Yo bajé, en el momento en que bajé la encontré herida, pues ella tenía sus tres tiros. […] entonces en el momento que ella me dice: no puedo más, yo ya me muero […] Yo intenté sacarla, pero no pude, pesaba mucho, entonces cuando yo le dije a ella que nosotras podíamos salir, ella me dice que es mejor que yo siga derecho y que no volviera a la unidad […]. En el momento en que ella me estaba diciendo eso ya venían tres soldados, yo le dije: “¿yo qué hago? No se vaya a dejar matar”. Ella dice: “váyase, déjeme”. A lo que ella me pegó el empujón, yo salí rodando y caí en un hueco. Yo ahí escondida en el hueco yo decía qué puedo hacer, pero no, a ella ya la habían cogido. […] Sí, en el momento en el que yo la dejé a ella, le echaron ácido en la cara y la violaron y después de violada ahí yo vi todo y estaba escondida y me daba una rabia de mirar las cosas que le decían, ellos le decían que ellos por ser el Ejército podían matar, violar, asesinar como si nada (CNMH, 2017, p. 89).

Aquí se evidencia la deshumanización y los alcances de la violencia contra la mujer y se evidencia un abuso y una extralimitación de los miembros de la fuerza pública. La desfiguración del rostro mediante el uso del ácido es una forma de deshacerse de la identidad de la víctima y el hecho de estar herida y ser violada es una forma de vulnerar su dignidad humana. Este mecanismo es implementado para manifestar el poder y control sobre el enemigo y para generar pánico, en este caso en las FARC.

Así mismo sucedió, según el GMH, en el municipio de El Placer en el Bajo Putumayo. En ese lugar, los paramilitares del Bloque Sur Putumayo se encontraron con un grupo de mujeres combatientes de las FARC, les mutilaron los órganos sexuales, las accedieron carnalmente y a una de ellas la empalaron (CNMH, 2017, p. 90). Este es un mecanismo recurrente en los grupos paramilitares para intimidar y debilitar la capacidad de lucha de las FARC. En este caso en concreto también se logra afirmar que el acto de violencia sexual está asociado al cuerpo de la mujer como forma de dar vida, puesto que con el empalamiento atacaron física y simbólicamente la capacidad de reproducción de la mujer.

La violencia sexual hacia las mujeres guerrilleras se caracteriza por presentar dos modalidades. La primera son violaciones grupales y la segunda es una forma particular de sevicia usada sobre cuerpos que fueron considerados pertenecientes al bando enemigo y, por esta razón, descartables. Este tipo de violencia sexual está asociada a la materialización de otras conductas punibles como el homicidio y la desaparición forzada, todo esto en representación de ideales machistas y misóginos para ratificar el predominio de los paramilitares y la fuerza pública sobre los grupos guerrilleros.

Según la Dirección de Acuerdos de la Verdad del Centro Nacional de Memoria Histórica, el Bloque Paramilitar Élmer Cárdenas que operaba en el norte de Urabá y en el Darién Chocoano, un excombatiente afirmó en medio de una entrevista:

A esa sí la cogieron como ochenta paracos […] Y después de eso yo me subí así pal cerro […] porque yo dije: “yo una cochinada de esas, yo no la como”; no es porque la muchacha había sido fea, sino que uno mezclando tantos, no, yo no. La halé a ella pa’ arriba, yo a ella no quería verla ni meterle, ni nada. Y después de que la violaron esos manes, le metieron una peinilla [machete] de esas ahí, una peinilla de doce centímetros por la vagina. […] todavía estaba viva porque ella por ahí aguantaba el culeo, la mujer por ahí no se muere, ¿sí me entiende? Ella sí estaba toda estropeada porque tantos manes cogiéndola. (CNMH, 2017, p. 91).

Este relato reafirma los ideales patriarcales y crueles de los paramilitares hacia las mujeres y las distintas formas de tortura y tratos crueles a una enemiga solo por el hecho de ser mujer.

2.4. El cuerpo de la mujer como niña y adolescente

Los niños, niñas y adolescentes son sujetos de derecho de especial protección. En este sentido, se debe abogar de manera permanente para que vivan dentro de las condiciones de cuidado y bienestar ajustadas a la dignidad humana, no obstante, la idea que se tiene de la niñez en Colombia depende de muchos factores como las regiones, sus culturas y tradiciones, y si el lugar de residencia es urbano o rural. Por ejemplo, en las zonas rurales y en algunos lugares de estratos muy bajos de las zonas urbanas, es frecuente encontrar familias que no consideran oportuno inscribir a sus hijos menores de edad para cursar el bachillerato. Este hecho sucede en especial con las niñas, ya que debido al rol de género al que pertenecen y que la sociedad injustamente ha creado, deben de abandonar los estudios para realizar labores domésticas. Esta situación claramente vulnera la dignidad humana no solo inherente al ser humano sino de especial protección por ser un niño, niña o adolescente (Escobar et al., 2012).

La violencia sexual hacia los niños, niñas y adolescentes no es una problemática que nació o surgió con el conflicto armado, se trata de la materialización de pensamientos permeados en el ideal de dominación masculina, que ha sido transmitida de generación en generación. Sin embargo, el conflicto armado y los hombres que sustentan su poder en el uso desmedido de la fuerza crean un ambiente propicio para que se puedan dar episodios de violencia sexual en esta población.

Los cuerpos de 471.061 niños y niñas entre los cero y cinco años, y 1.050.562 de adolescentes entre los doce y diecisiete años, según el RUV de 2013 han sido sujetos pasivos de delitos en contra de la libertad sexual y se caracterizan por el estado de indefensión y la fragilidad de sus cuerpos. Es por esto por lo que los grupos armados tanto legales como ilegales, es decir, desde el Ejército Nacional hasta las FARC y los grupos paramilitares han hecho uso de los niños, niñas y adolescentes en múltiples formas ya sea en tareas domésticas o labores de inteligencia, como mensajeros o informantes, o mediante el reclutamiento ilegal.

Los niños, niñas y adolescentes han sido obligados a quedar en estado de orfandad, desprotección y despojo, a causa del desplazamiento, homicidio o desaparición forzada de sus familias o cuidadores. Además, sus pequeños cuerpos han sido cruelmente apropiados de manera inhumana y utilizados bajo diversas modalidades de violencia sexual por parte de los grupos armados y de personas cercanas a su entorno.

De acuerdo con las historias de vida de 267 mujeres en el informe del Centro Nacional de Memoria Histórica (2017), 24 de ellas afirmaron haber sufrido violencia sexual cuando fueron niñas, y en algunos de los casos los sujetos activos fueron personas cercanas a su círculo familiar o con algún grado de parentesco. Según el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, en el año 2015 se reportaron 19.081 casos de violencia sexual hacia niños, niñas y adolescentes, (Cifuentes-Osorio, 2015, p. 363).

Las niñas, las adolescentes y las jóvenes son el grupo poblacional que más ha sido vulnerado y ultrajado en el marco del conflicto armado. De las siete sentencias expedidas en el marco de Justicia y Paz que fueron analizadas, en las cuales se documentaban alrededor de 57 casos de violencia sexual, 24 fueron ejercidos sobre niñas y adolescentes entre los nueve y 17 años, es decir, el 42 % de los casos. No obstante, se realizó la salvedad de que el porcentaje puede ser mayor teniendo en cuenta que hay 16 casos en los que no se conoce la edad de la víctima en el momento de los hechos (Ruta Pacífica de las Mujeres, 2013).

Una de las modalidades más frecuentes de violencia sexual ejercida por los grupos al margen de la ley y por el Ejército Nacional hacia las niñas es por medio de prácticas de coerción sexual. Mediante engaños y artificios para enamorar a las niñas y adolescentes, las somenten a relaciones de pareja “consentidas” lo que les permite en cierta medida ocultar y matizar la gravedad de la violencia sexual. La edad en la que más frecuentemente se presentan este tipo de situaciones en entre los 12 y 14 años. A esta edad las niñas acceden ya sea por la intimidación o con el deseo de estar con un hombre que tiene algo de poder para mejorear su estatus social (Coalición contra la Vinculación de Niñas, Niños y Jóvenes al Conflicto Armado en Colombia [Coalico], 2014).

En muchos de los casos, por estar en un estado de indefensión frente a actores armados, los padres de familia y los tutores se ven en la imposibilidad de tomar decisiones frente al cuidado y vigilancia de las niñas y adolescentes. Este fue el caso de una mujer de ascendencia embera quien narra a la Ruta Pacífica cómo ella y su hija de 12 años fueron víctimas de esclavitud sexual a manos de hombres pertenecientes a los grupos armados posdesmovilización en el año 2012 en la zona rural del Urabá antioqueño. Las dos mujeres fueron abordadas cuando iban camino a su hogar y fueron obligadas a dirigirse a una casa de dominio del grupo armado. Allí tuvieron relaciones sexuales durante dos días con varios hombres en habitaciones contiguas, tal y como lo afirma la madre:

Cuando nos llevaron así, por un callejón a una casa y apenas llegamos a esa casa a mí me tiraron a una casa y a ella en otra y yo oía a mi niña gritando y yo les decía: “ay, no le hagan nada a mi niña, hagan conmigo lo que sea, pero con mi niña no”. Quedaron dos hombres con la niña y quedaron unos afuera como vigilándome y a mí uno de ellos me cogió y me tiró al suelo y estuvo conmigo. De ahí yo no sentí más mi niña, yo no la sentí más. Luego al otro domingo, eso fue sábado amanecer domingo, al otro día domingo a mi niña no la sentía y el otro ya se quedó a fuera y entró el otro y me llevó un atún con un pan y me dijo: “vea, para que no diga que no la atendimos bien, coma para que tenga alientos, para lo que va a pasar”. Y yo no comía, yo qué iba a comer, yo era callada, no le recibía nada, yo lo único que le decía era: “ay, por favor, dígame de mi niña, mi niña”, “cállese que ella está bien, que lo mismo que usted está haciendo, está haciendo ella”. Y entonces vino ese man y dijo: “ay, yo tengo ganas de hacer” y vino y me hizo y el otro también estuvo conmigo y me tiró al suelo, pero yo no pensaba sino en mi niña, porque yo sentí los gritos de mi hija, sentí hasta lo último los gritos de mi hija, pero yo no volví a sentir más” (CNMH, 2017, p. 281).

Este es un claro ejemplo del poder que ejercen los hombres alzados en armas en las mujeres y niñas de zonas vulnerables como las cabeceras indígenas, y del uso de su cuerpo como mecanismo y estrategia de dominio y poder.

En los lugares que comprenden el Magdalena Medio, todos los actores armados desde miembros de la fuerza pública hasta grupos al margen de la ley son sujetos activos de actos de violencia sexual en contra de niñas y adolescentes. Sus crímenes son realizados en diferentes lugares como en los caminos de las zonas rurales, en sitios de tránsito y en espacios en donde se encontraban mujeres solas. La mayoría de mujeres pertenecían a una misma comunidad rural y esto era un medio de control sobre la población, tal como lo describe en este relato una mujer que sufrió de actos de violencia sexual cuando era una niña:

Yo estaba pequeñita, tenía no más 12 años, y me fui a bañar a la quebrada (…), en Barrancabermeja, para irme a la escuela, cuando llegó un hombre con una pañoleta en la cara. Él me amarró y me violó dizque por orden de la guerrilla. Yo le alcancé a notar una cicatriz y me pareció que era un vecino que era guerrillero y andaba por la zona (CNMH, 2017, p. 282).

En regiones como el Bajo Calima, en donde hay un gran número de asentamientos de afrodescendientes, las condiciones de vulnerabilidad y de pobreza propician de manera desafortunada que los episodios de violencia sexual se materialicen desde temprana edad. Este fue el caso de Mónica, una niña afrocolombiana que quedó en embarazo luego de ser violada por un guerrillero de las FARC:

Él se fue a vivir una semana a la casa y él se pasó a mi cama, me violó y ni muecas porque él me tenía un cuchillo por aquí, él decía: “grite y la mato”. De ahí yo mantenía donde mi tía todo el tiempo, pero yo no sabía que estaba en embarazo. Entonces yo mantenía donde mi tía, yo no comía nada […] Yo no hice nada. Yo me quedaba todo el día en la casa llorando por los rincones, o sea no volví a ser la misma, porque ni el rendimiento académico, yo era la mejor del colegio y de ahí ya no (CNMH, 2017, p. 283).

En este caso existe una completa violación de los derechos fundamentales de una niña y de su hijo. En especial el de la dignidad humana, puesto que una niña de 11 años de edad no se encuentra en las condiciones fisiológicas y psicológicas de ser madre, menos después de una situación tan trágica. Esta forma de violencia se puede asociar al cuerpo de la mujer y en este caso de una niña por el hecho de dar vida.