INTRODUCCIÓN
Se ha aprendido a reconocer que a través de las manifestaciones
artísticas y culturales se pueden romper las barreras y los límites
bélicos, proponiendo así un nuevo escenario de la política local que
reconoce la capacidad del ciudadano de autorrepresentarse y constituir
las condiciones para un bienestar común
(Alzate, 2012, p. 434)
En mi proyecto de tesis doctoral ha surgido la pregunta: ¿Cómo se
resignifica el derecho a la cultura mediante las acciones políticas de los
procesos de movilización Partido de las Doñas y Cuerpos Gramaticales del
colectivo Agroarte en la Comuna 13 de la ciudad de Medellín? Esta inquietud,
además, ha estado orbitada por otras dudas: ¿De qué forma el hiphop
agrario1 (quienes integran Agroarte bautizaron así a sus expresiones culturales
de MC —rap—, DJ —composición de sonidos y mezclas— breaking
—danza— y grafiti) puede proponer procesos comunitarios que emancipen?;
¿cómo, desde las expresiones culturales urbanas combinadas con las
actividades de tipo agrario, se activa la memoria y se desarrolla una agenda
política y hasta jurídica?, ¿cómo se hace posible que de la acción cultural devengan
ciudadanías emergentes que resignifiquen nuestra comprensión del
pasado signado por el conflicto?; ¿podrían existir en Agroarte condiciones
para lo que la abogada Yolanda Sierra llama el litigio estético2?
Pensar en la resignificación del derecho a la cultura lleva a interpelar
lo jurídico y su misma enseñanza. Por eso, mi propuesta de investigación
doctoral se plantea desde los estudios de conciencia jurídica que, según García
(2005, citado en Varón, 2014), se refieren a “las maneras como la gente
da sentido al derecho y a las instituciones jurídicas, esto es, a las concepciones
que dan sentido a las experiencias y acciones de la gente” (p. 125), de ahí que los estudios de conciencia jurídica tengan como propósito acercarse
y comprender cómo las personas perciben el derecho, para lo cual es imperioso
poner mayor énfasis en lo cotidiano, en las maneras como se tejen las
relaciones entre las personas (con el vecino, con el amigo, con el jefe), con
las diferentes instituciones, con el Estado (Varón, 2014, p. 125).
Así las cosas, lo que he estado buscando es comprender los repertorios
y las luchas de los raperos de Agroarte que también nos enseñan que el
derecho a la cultura va más allá de una ley o de los artículos de la Constitución.
Y es que, como lo señala Cançado (2006):
El despertar de la conciencia jurídica universal viene a sepultar en
definitiva la indiferencia de la miopía del positivismo jurídico, siempre
conveniente con el poder, y sumiso a este, inclusive cuando es
ejercido en grave violación de los derechos básicos inherentes a la
persona humana (p. 29).
Entonces, ese despertar de la conciencia jurídica también posibilita
develar que el derecho (y su enseñanza en ciertos contextos) no es imparcial,
tiene contradicciones internas, y que, en el tiempo, este se ha dado (normalizado
o naturalizado) como un instrumento desde el que (entre otras condiciones)
se adoctrina, se limita, se restringe, se aleja, se divide... y también
sostiene, en ocasiones, conductas sexistas, patriarcales y discriminatorias.
En este texto, desde lo que he construido (o deconstruido si se prefiere)
durante un año de formación doctoral, reflexionaré en una propuesta
de diseño curricular que vincule la música con el derecho. Es decir, propondré
una articulación entre la comprensión de lo jurídico con ritmos de
resistencia (como el hiphop agrario), con letras de denuncia, con melodías
de reclamación, con polifonías que siembran derechos y recogen memorias,
con sonidos que a la vez inviten a reconocer y emancipar. En virtud de lo
anterior, este artículo se compondrá de tres partes. En la primera, se abordan
algunas perspectivas teóricas que permiten comprender la resignificación
del derecho a la cultura mediante las acciones políticas de los procesos de
movilización del colectivo Agroarte. Posteriormente, se describe cómo una
investigación que busca comprender la resignificación del derecho a la cultura
puede incidir en la educación jurídica, pues en últimas, tanto la música
como el derecho pueden entenderse como construcciones sociales y culturales.
Finalmente, se presenta la propuesta para el curso “Derecho sonoro…
ritmo en la resignificación jurídica”.
ALGUNAS PERSPECTIVAS TEÓRICAS PARA COMPRENDER
LA RESIGNIFICACIÓN DEL DERECHO A LA CULTURA MEDIANTE
LAS ACCIONES POLÍTICAS DE LOS PROCESOS DE MOVILIZACIÓN
DEL COLECTIVO AGROARTE
Durante la propuesta de investigación he buscado establecer el derecho
desde las comunidades, lo que en palabras de García (2006, citado
en Varón, 2014) se entiende como: “[que] el Derecho no es visto como
una construcción puramente estatal, también puede nacer en las entrañas
de la sociedad civil. En este sentido, se hace una crítica al derecho como
fenómeno institucional con capacidad para determinar la realidad social”
(p. 124). Por ello, una de las primeras perspectivas que abordo es la de
conciencia jurídica.
Para Varón (2014): “el término conciencia deja de ser un estado mental
y reflexivo de introspección, porque se define como una práctica cultural
desde la cual se configuran unos repertorios de significados construidos por
los seres humanos” (p. 125). Su representación de conciencia jurídica la soporta
en las ideas de Patricia Ewick y Susan Silbey (1998, p. 278), con quien
coincide en que esta tiene como características el ser una práctica cultural
que corresponde o es producto de la construcción de las personas, que es
circunstancial, compleja y diversa, además, que no es posible hablar de una
única conciencia jurídica, sino de variantes de esta.
Es importante mencionar que lo que hoy se denomina como estudios
de conciencia jurídica (Gómez, 2008) es una nueva etapa del movimiento
Derecho y Sociedad (Law and Society), que nace en 1960 como una iniciativa
para reivindicar el derecho social. En el año 1980 se da una reformulación
de dicho movimiento y los académicos deciden asumir lo jurídico como una
construcción sociocultural construida en la cotidianidad. Es así como
la interacción de los ciudadanos con el derecho, sus necesidades frente
a él y la forma en la que lo jurídico representa variadas cuestiones
en la vida diaria de las personas motiva a los miembros del movimiento
a pensar en las relaciones entre el derecho y el poder y, de
esta manera, a explorar posibilidades emancipatorias en el derecho a
partir del concepto de resistencia (Gómez-Santamaría, 2009, p. 128).
La segunda perspectiva teórica con la que he tejido mi investigación es
el uso contrahegemónico del derecho, el cual he entendido desde las potencias
del litigio estético, toda vez que aporta en la reflexión de un derecho otro, que
interpela al derecho como un instrumento que en el tiempo ha dado (normalizado
o naturalizado) condiciones que limitan, restringen, privan, alejan, dividen...
y también sostiene conductas sexistas, patriarcales y discriminatorias. Pues,
el discurso jurídico encubre, desplaza y distorsiona el lugar del conflicto
social, se instala como legitimador del poder, al que disfraza y
torna neutral. Es un discurso que aparece como ordenado, coherente
y racional, cuya regla básica de formación es aquella que determina
quiénes están autorizados para imprimir sentido jurídico a sus actos o
palabras (Ruiz, 2008, pp. 116-117).
Piraneque (2020) señala que el derecho se ha movido en complejidades
como las desigualdades en todas sus formas, entre ellas, la acumulación de
riqueza y los niveles de acceso a diversos servicios y oportunidades, y que es
debido a ello que no ha resultado eficaz frente a las demandas de derechos y
reconocimientos. La desigualdad en las luchas, la violencia, la incapacidad de
la dirigencia política para proponer e implementar una reforma agraria, es lo
que hace dudar a los teóricos del carácter emancipatorio del derecho, de ahí
que se requiera un derecho contrahegemónico que sea apoyado por los sectores
populares.
Entonces, el uso contrahegemónico del derecho es una respuesta en perspectiva
crítica que expande el derecho hacia la emancipación, para ir visibilizando
y reconociendo nuevas posibilidades, nuevas acciones, nuevos derechos.
Así se entendió (por citar unos cuantos casos contrahegemónicos)
cuando la abogada Mónica Roa López emprendió la lucha en Colombia por la
defensa de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres a través de la
despenalización del aborto (Roa, 2006). Su activismo, en clave de resistencia,
permitió dimensionar el aborto como derecho y no como privilegio de clases.
Por otra parte, la abogada feminista Patricia Guerrero ha liderado desde 1999
la Liga de Mujeres Desplazadas, una organización que agrupa a las sobrevivientes
del conflicto colombiano. En su lucha contra la impunidad, esta defensora
de los derechos humanos diseñó lo que llamó una estrategia de resistencia
jurídica mediante la Agenda Justicia de Género, un trabajo que ha contribuido
a la judicialización de las violaciones al Derecho Internacional Humanitario
(dih) y al Derecho Internacional de los Derechos Humanos (didh), cometidas
contra las mujeres desplazadas.
Entonces, el uso contrahegemónico del derecho se lee desde abajo, en
las resistencias y en las luchas de los actores subalternos.
Lemaitre (2009), registra que, en los últimos veinte años, han surgido
numerosas organizaciones, redes y movimientos sociales para exigir derechos
en cortes tanto dentro del país como fuera de él; también aclara que no son solo
las personas individuales las que exigen derechos, sino que ha sido la abundancia
de leyes y de jurisprudencia progresista la que ha traído una “renovada
orientación de las organizaciones sociales hacia la movilización legal” (p. 24).
Al respecto, Santos plantea que el derecho puede ser emancipatorio,
dependiendo de las condiciones relacionadas con la práctica de grupos y las
clases socialmente oprimidas. Para el autor, luchando contra la opresión,
la exclusión, la discriminación y la destrucción del medioambiente, estos
grupos recurren al derecho o, más bien, a diferentes formas de derecho,
como un instrumento más de oposición. Lo hacen ahora dentro o fuera de
los límites del derecho oficial moderno, movilizando diversas escalas de legalidad
(locales, nacionales y globales) y construyendo alianzas translocales
e incluso transnacionales (Santos, 2012, p. 59).
Estas luchas son reconocidas por dicho autor como globalización contrahegemónica,
y son las que le devuelven al derecho su carácter insurgente
y emancipatorio. Al respecto, Lemaitre (2009) plantea que “son grupos de
mujeres, estudiantes, homosexuales, pacifistas, medioambientalistas, trabajadores,
desocupados, campesinos, indígenas, minorías raciales y étnicas,
por nombrar algunos, que quieren redefinir y cambiar la realidad social, que
necesitan hacerlo, y que buscan hacerlo a través del derecho” (p. 392).
Por otro lado, para Magoja (2016): “En virtud del ejercicio de la resistencia
el hombre fue ganando el reconocimiento de derechos básicos que
consideraba imprescindibles para el desarrollo de la vida: desde la libertad,
la igualdad, hasta los derechos económicos, sociales y culturales” (p. 3).
El autor plantea que los diversos instrumentos jurídicos que fueron
reconociendo los derechos humanos son testigos del proceso, entre ellos, la
Carta Magna de Inglaterra de 1215, la Petición de Derechos de 1628, la Declaración
de Derechos de 1689, la Declaración de los Derechos del Hombre y del
Ciudadano de 1789, la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948,
los cuales son considerados como “triunfos políticos” obtenidos a partir de la
lucha contra las injusticias y las diversas formas de opresión estatal.
Entre las razones que Magoja aduce como justificación para la resistencia,
está el hecho de que las democracias actuales no son perfectas y no
siempre se tienen en cuenta los intereses de todos, además de que las sociedades
se encuentran en un constante cambio y transformación. Para el autor:
También existen actos de resistencia permitidos y legítimos frente al
derecho injusto o ante la necesidad de que sean reconocidos nuevos
derechos que surjan de la dinámica propia de las sociedades y tengan
su anclaje en los bienes humanos básicos del hombre. Frente a la
imperfección de las democracias, la existencia de injusticas, la falta
de representatividad y la ineficacia de los medios legales para proteger
y garantizar los derechos esenciales, el derecho de resistencia
se alza como un modo apropiado en la preservación de la integridad
moral y social de la persona. Más que señal de abandono del orden
democrático, la resistencia debe verse como una forma legítima de
participación política en el interminable proceso de construcción de
la democracia en el Estado de Derecho y en el reconocimiento de
todas las voces en la esfera política (Magoja, 2016, p. 10).
Así, los procesos culturales que se realizan en las comunidades, las expresiones
artísticas colectivas, los repertorios con los que se dotan de nuevos
sentidos las realidades —especialmente las de contextos problemáticos—, nos
permiten leer las “partituras” del litigio estético, es decir, las estrategias o
prácticas para transformar lo normativo, para dignificar desde la cotidianidad.
Sierra (2015) sostiene que seis factores caracterizan al litigio estético:
- El origen social marginal.
- La incorporación de tradiciones culturales.
- La expansión cultural.
- La exención ideológica.
- El registro de derechos violados.
- La transformación social.
Sobre el primer rasgo (origen social marginal), Sierra (2015) afirma que:
Las comunidades marginales representan un grupo poblacional que,
por cuestiones históricas, geográficas, culturales o ideológicas, no
cuentan con una presencia real y del Estado, ni acceso a los derechos
mismos en sus territorios, o en sus campos de acción. Estas poblaciones
de borde, ajenas a la institucionalidad central, buscan solventar
esas carencias y para ello recurren permanentemente a sus tradiciones
autóctonas y a su idiosincrasia cultural para tramitar sus deseos y
aspiraciones (p. 8).
Justamente, esta dimensión del origen social marginal se sintoniza
con los integrantes del colectivo Agroarte, pues han sido desplazados, sobrevivientes
del conflicto armado, víctimas del abandono estatal y, como
diría Eduardo Galeano, ninguneados. Debe recordarse que el colectivo
Agroarte se gesta en la Comuna 13, una zona que ha sido poblada a causa de
sucesivas oleadas de inmigración generadas por la violencia y que aún hoy
sigue padeciendo las consecuencias del conflicto
En cuanto a la incorporación de las tradiciones culturales, la abogada
Sierra (2015) indica que:
El litigio estético es resultado de largas tradiciones culturales y no de
propuestas técnicas, profesionales o estatales coyunturales. En este
sentido nacen, son narradas, dirigidas, propuestas y desarrolladas por
las propias comunidades dolientes, que comparten una misma realidad
cultural y ethos, similar testimonio de vida y que, mediante representaciones
performativas de la realidad, logran entender el trauma y
construir memoria (p. 4).
En este sentido, quienes integran Agroarte han compartido experiencias
mediante la intervención artística de espacios públicos como el cementerio
de La América. Allí se encargaron de dejar claro que este lugar también
es una morada de la vida, pues la memoria por los seres queridos habita con
potencia en los jardines verticales que instalaron y que llevan los nombres
de quienes ya no están, así como frases que invitan a pensar en la resistencia,
la no repetición, la justicia y la verdad. Y no solo hay vida en esa decoración
sembrada en botellas, también el arte se hizo (re)existencia en lo figurativo
mediante los murales que representan a las luchadoras por la reconciliación
y la paz como Fabiola Lalinde y las Mujeres Caminando por la Verdad, y
otras personas que, aunque ya no están, permanecen en su legado, como
Elider Varela, más conocido como el Duke, el rapero que fue asesinado en
el sector La Torre de la Comuna 13, el 30 de octubre del 2012.
Además de resignificar un espacio como un cementerio, en Agroarte
la siembra de verduras, de plantas aromáticas y ornamentales, así como la
composición de canciones y la realización de encuentros para compartir,
abrazar, cantar, recordar, cocinar, se configuran como prácticas de tradiciones
culturales; cosa que ocurre con Cuerpos gramaticales, un performance
en el que un grupo de personas “se siembra” para honrar la memoria de
sus seres queridos y visibilizar aquel dolor y la injusticia de quienes siguen
enterrados.
Figura 5.1 Pintura en vasija, cementerio de La América
Fotografía de la autora.
Ahora bien, por expansión cultural Sierra (2015) entenderá
un primer momento, donde las víctimas construyen por sí y para sí,
un ejercicio comunitario, una memoria episódica o memoria local,
que paulatinamente se despliega a otros sectores de la población no
directamente afectados, y en ultimo estadio, incluso llega hasta los
mismos perpetradores (p. 9).
En esa expansión, bien puede entenderse la incidencia que ha tenido
Agroarte en sectores diferentes a la Comuna 13, con su Partido de Las Doñas.
Desde esta iniciativa, también ha llegado a territorios como La Honda
(muy arriba de la zona nororiental) y el barrio Medellín sin Tugurios (conocido
popularmente como barrio Pablo Escobar). Pero, ¿qué es el Partido
de Las Doñas? Es una integración de mujeres y hombres de la tercera edad,
cuyos cuerpos (las arrugas de la cara, las manchas de las manos, la hinchazón
de las piernas) son también territorios de resistencia. Muchos de sus
familiares están desaparecidos o fueron asesinados, pero nunca olvidados.
Las doñas también cantan rap para clamar justicia, siembran para perdonar,
tejen para transformar y cocinan para invitar a que no se repita el horror.
Doñas y doños han buscado, a ritmo de hiphop, persistir en la memoria
y hacer política comunitaria desde el compartir, urdir colectivamente sueños y
derechos. Derecho a crear, a reparar, a recordar, a dignificar, a cuidar.
De la exención ideológica, Sierra (2015) dice que:
El litigio estético no está asociado a ideología o ismo, actúa bajo un
interés comunitario, que puede eventualmente identificarse con un
credo o afinidad política, o puede convertirse en una organización
religiosa, pero esta condición varía de acuerdo a las características de
cada comunidad, territorio o condición étnica (p. 9).
Figura 5.2 Integrantes de la agrupación La Mamá Rapera. Lugar: Medellín sin Tugurios.
Fotografía de la autora.
Lo que se ha podido identificar en el colectivo Agroarte es que no hay
militancia política ni afiliación con ideales de centro, extrema izquierda o
extrema derecha.
Del registro de derechos violados, establece que:
El litigio estético incorpora los hechos victimizantes al contenido del
patrimonio cultural o de las prácticas artísticas o culturales, sea como
punto de encuentro o como vehículo donde se confunde el medio con
el fin, donde el medio es la práctica cultural y el fin la demanda de
derechos (Sierra, 2015, p. 10).
Acá podríamos decir que ese hiphop agrario que se siembra en
Agroarte suena a denuncia y a exigencias de justicia y no repetición. Esa polifonía
agraria musicaliza el conflicto y la resiliencia. Así lo dice El rigor de
la gente, una de las canciones de Margoth Yepes, la Mamá Rapera: “En las
calles de Medellín se vive y se siente el rigor de la gente. Somos una comuna
valiente... Cuando pasamos y miramos de frente, vemos la cruda realidad de
nuestro ambiente: los niños corriendo, las balas cayendo” (2014).
Por su parte, otros integrantes de Agroarte, como Ghido Alma, el Aka
y el Metan-o, en su Soldados de juguete, entonan: “las reglas son para todos
y hay que cumplirlas sin embatirlas. En este perímetro te asesinan las esquirlas.
Juguete y marioneta manejada por el Estado, la ley del más fuerte te ha
tenido subyugado” (2017).
Y finalmente, sobre la transformación social, explica que el litigio
estético,
es una herramienta para la transformación social, desde las propias
comunidades, tan o más relevante que las formas judiciales estatales
para acceder a los derechos históricamente negados, sin los tradicionales
requisitos procesales del derecho, pero que permean e involucran
a personas indiferentes o insensibles, contribuyendo activamente
a modificar comportamientos sociales, que favorecen la violación
a los derechos humanos, y que dadas sus particularidades, no son
incompatibles con los medios judiciales ordinarios y tradicionales,
y por consiguiente, son ideales para servir de instrumento mediador
dentro de programas de justicia restaurativa (Sierra, 2015, p. 11).
De acuerdo con lo anterior, se puede interpretar cómo en Agroarte
se urden colectivamente sueños y derechos. Derecho a crear, a reparar, a
recordar, a dignificar, a cuidar, a construir cultura como expresión de no
repetición.
Figura 5.3 Doña Ruby (la mamá del Duke) cocinando en Agroarte
Fotografía de la autora.
¿Cómo una investigación que busca comprender
la resignificación del derecho a la cultura puede
incidir en la educación jurídica?
Una concepción de cultura que procura su criterio de verdad, no en
alguna pretensión de objetividad que permita un análisis científico-neutral
de los productos culturales y sus formas de transmisión entre generaciones,
sino de su capacidad de generar indignación frente a las injusticias y las
explotaciones que sufren y han sufrido los seres humanos a lo largo de la
historia (Herrera, 2005, p. 18).
Para el etnomusicólogo y antropólogo social John Blacking, la misión
de la música consiste en reforzar ciertas experiencias que han resultado significativas
para la vida social. Al coincidir con él en que la música es sonido
humanamente organizado y que expresa aspectos de la experiencia de los
individuos en sociedad, entendemos que: “Las formas que adoptan la música
y los efectos que produce en la gente son generados por las experiencias
sociales de cuerpos humanos en diferentes medios culturales” (Blacking,
2006, p. 143).
Justamente, esas experiencias sociales orbitan también alrededor del derecho,
que puede definirse igualmente como una construcción social y cultural.
La música es imaginación, es creatividad y es transformación. Y estos
elementos también son válidos (necesarios) en la enseñanza jurídica. Pues
como lo advierten Alviar y Jaramillo (2012): “Hay que ver al derecho como
más que las pocas normas que directamente se refieren a un problema dado”
(p. 175).
Y es que ya lo había dicho el magistrado Carlos Gaviria Díaz (2018):
La imaginación juega un papel grande dentro del derecho […] si concebimos
al derecho como pensamiento aporético, como pensamiento
cetético, hace parte de él la imaginación. No es únicamente ya un
discurso lógico, sino la imaginación, la cultura, es decir, de cuántos
elementos tiene que estar dotado un juez, de acuerdo con la teoría jurídica
contemporánea, para desempeñar su tarea de una manera cabal,
de una manera satisfactoria (p. 79).
Entonces, si entendemos que el derecho va más allá de las constituciones,
las leyes, los códigos y los tribunales, una investigación que se
pregunta por la resignificación del derecho a la cultura puede conversar con
la enseñanza jurídica, proponiéndole que se sintonice con los repertorios de
acción colectiva de quienes hacen exigencias de justicia mediante la música
y la siembra. Igualmente, un trabajo de grado como el que se ha descrito
anteriormente le puede sugerir a la educación jurídica que posibilite encuentros
académicos elescuchar
las narrativas de la memoria de las víctimas del
conflicto y que aborde casos de litigio estético. Víctimas que, como las de la
Comuna 13, han emprendido luchas por la no repetición mediante intervenciones
artísticas en espacios públicos. Desde un trabajo investigación como
el que he planteado, la educación jurídica se conjugaría en esas emociones
políticas que despliegan los sonidos de las resistencias.
En la enseñanza del derecho también es viable construir (tejer) comprensiones
que interpelen al formalismo. Esa enseñanza jurídica bien puede
recorrer los caminos de la imaginación moral, aquella que nos propone una
firme creencia y búsqueda del acto creativo (Lederach, 2008). Dicha enseñanza
jurídica concebiría un derecho sentipensante, y en ese sentipensar
emerge la tierra, lo agrario, la afirmación y la reafirmación del ser, de lo
comunal, de los otros modelos civilizatorios, de las formas de organización
no capitalistas (Escobar, 2018)
Ese derecho sentipensante puede musicalizarse con ritmos de resistencia
(como el hiphop agrario), con letras de denuncia, con melodías de
reclamación, con polifonías que siembran derechos y recogen memorias,
con sonidos que a la vez inviten a reconocer y emancipar.
Derecho sonoro… ritmo en la resignificación jurídica
En una entrevista que le hice al maestro Álvaro Marín Vieco, me dijo
que, si por él fuera, implementaría en el primer semestre del Pregrado de
Artes de la Universidad de Antioquia un curso de gastronomía “para que
no se pierda el sabor” (Muriel, 2006, p. 135). En ese momento pensé que
ser estudiante de ese profe de escasa cabellera y abundantes ideas debía ser
una delicia. Lo del sabor me quedó sonando. Y desde hace muchos años, en
ciertas ocasiones, les digo a mis estudiantes de periodismo y de derecho: a
ese texto le falta sabor.
No sé muy bien cómo definir el sabor, pero creo que el no tenerlo provoca
un vacío incómodo y algo de desazón. Ahora bien, cuando estoy en el
rol de estudiante procuro que mis trabajos no sean muy insípidos. Me gusta
narrar en primera persona, me arriesgo con juegos de palabras, cito letras de
canciones y le apuesto a las metáforas.
La experiencia de la enseñanza y el aprendizaje me ha puesto a reflexionar
en muchos retos que tienen que ver con el pensamiento crítico, la
creatividad, la solidaridad. Ahora que me adentro en las comprensiones de
un saber distinto al de mi profesión, cuando hago un doctorado en derecho
y tengo un módulo para explorar la enseñanza jurídica, me habita de nuevo
la categoría de la resignificación, y surgen preguntas como: ¿Es posible interpelar
la enseñanza del derecho para que se den experiencias sentipensantes?,
¿servirá en la formación de quienes estudian derecho una cátedra sobre
imaginación moral?
Responder esas preguntas puede tomar tiempo, pero más allá de dar
una contestación, se puede empezar generando una provocación: si tal vez
en un pregrado de artes se necesite un curso de gastronomía, tal vez en un
pregrado de derecho se necesite un curso que ofrezca comprensión sobre
lo que Blacking llamaría “sonido humanamente organizado”, es decir, un
curso en el que la música (sí, la música) lleve la batuta.
No estoy diciendo que para estudiar derecho sea necesario aprender a
leer partituras, que se deban tener fundamentos de acústica o que sea necesario
el solfeo. Cuando hablo de un curso en un pregrado en derecho que tenga como columna vertebral la música, pienso en la enseñanza del derecho en
la que también puede haber espacio para la interpretación de repertorios sociales
que han encontrado en ciertos ritmos unas expresiones dignificantes.
Un curso que podríamos nombrar “derecho sonoro” sería un encuentro
para pensar en resistencias, un espacio para identificar identidades, una
oportunidad para abrazar los relatos de comunidades que, con el canto, han
transformado su territorio.
Ese curso de derecho sonoro ofrecería diálogos con quienes luchan
desde los acordes, además, propondría análisis de litigios estéticos.
Aventurándome a construir un (borrador de) microcurrículo, el curso
sonaría así:
Tabla 5.1 Propuesta de microcurrículo
| Unidad |
Tema |
Subtemas |
| 1 |
El flow de las luchas latinoamericanas
y el derecho a
un espacio para ser |
Jallalla en Abya Yala:
somos nuestra música
y nos definimos desde
la resistencia |
Al ritmo del siku
El cantar de la minga
El antimilitarismo
también tiene sonido |
| 2 |
El entramado comunitario.
Los códigos (otros) para
sentipensar el derecho con
ritmo y litigio estético |
La música como
expresión política |
El hiphop agrario
Las alabaoras
Las motilonas rap
Musicalizando la objeción
de conciencia |
| 3 |
Entre marimba y bombos el
derecho al ejercicio
del ser |
Combatividad sonora |
Plu con pla en el Pacífico
Sara Curruchich Cúmez |
Fuente: elaboración propia.
La justificación de este curso estaría en lo potente que sería construir
una comprensión de lo jurídico con ritmos de resistencia, con letras
de denuncia, con melodías de reclamación, con polifonías que siembren
derechos y recogen memorias, con sonidos que a la vez inviten a reconocer
y emancipar.
